Cuando el Congreso aplaudió el default: crónica de la Argentina embravecida

En diciembre de 2001 la Argentina estaba dada vuelta. El modelo político y económico neoliberal expulsaba a miles del sistema todos los días, a toda hora y en todas las provincias. El gobierno de Fernando de la Rúa, incapacitado para resolver una crisis —tal vez no provocada, pero sí profundizada—, insistía con sostener la convertibilidad a pesar de que la economía ya daba muestras de agotamiento. En todo caso, decidió resucitar a Domingo Cavallo —el padre de la criatura— quien, sin respaldo político y mucho menos capacidad de injerencia en el poder económico, no logró salvarla y terminó por ahogar lo que había creado una década atrás. 

La demora del FMI en hacer un desembolso de 1.400 millones de dólares complicó aún más el escenario y contribuyó a  la implementación del corralito (ver entrevista a Cavallo), que fue la gota que rebasó el vaso de la indignación social y derivó en la mayor revuelta popular del siglo XXI en la Argentina. La respuesta de De la Rúa fue la peor posible: declaró el estado de Sitio y ordenó una represión que terminó con la muerte de una treintena de personas en varias ciudades del país y aceleró el inevitable final de su gobierno. La sublevación callejera y multiclasista parecía anticipar un desmoronamiento social e institucional total. En ese contexto, Adolfo Rodriguez Saa asumió la presidencia de la Nación y en su acto de investidura frente al Congreso de la Nación declaró el default más grande de la historia local en medio de una ovación de los legisladores presentes. Esta es la historia. 

Una gesto inesperado

Sucedió en una madrugada, la del domingo 23 de diciembre de aquel 2001. Luego de intensas negociaciones, el entonces gobernador de San Luis, el sempiterno Adolfo Rodríguez Saá, ocupó la poltrona de la presidencia de la Cámara de Diputados convertida en sede de la Asamblea Legislativa, para jurar como el nuevo presidente. Desde allí leyó su discurso, donde buscó detallar las principales medidas de austeridad, como las denominó. En esa línea dijo: “Vamos a tomar el toro por las astas. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa”. Los aplausos y vítores no lo dejaron continuar mientras el puntano asentía con la cabeza. 

Entre esa algarabía también había rostros que expresaban sorpresa y, en algunos casos, molestia y hasta preocupación. La deuda externa fue durante varias décadas el origen de las crisis, pero hasta ese 23 de diciembre siempre se había intentado evitar el  incumplimiento de vencimientos. Lo que nunca había pasado era que el ahogo financiero fuera tan grande (la deuda externa equivalía a más del 50% del PBI) ni que la cesación de pagos se festejara como aquella vez. 

“El default era una situación de hecho, en la calle no había un peso”, recuerda Jorge Yoma, que en ese complejo fin de año era senador nacional y conducía la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales. Al mismo tiempo, destaca que en las extensas reuniones que se realizaban en las diferentes oficinas del Congreso, e incluso en algunos domicilios particulares, “nunca se habló de default”. Tampoco se habló, afirman varios protagonistas de esos tiempos, de que el nuevo presidente elegido por la Asamblea Legislativa tenía que cumplir el mandato del renunciante. Dos datos que se reiteran en los testimonios.

Los hechos previos

Se podría poner como fecha del inicio de la crisis terminal del gobierno de la Alianza el 6 de octubre de 2000, cuando renunció el entonces vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez. Se fue luego de denunciar la existencia de sobornos en el Senado para la votación de la ley de reforma laboral. Fue un golpe debajo de la línea de flotación del gobierno que integraba. Su salida dejó a De la Rúa debilitado al extremo.

Para colmo, la crisis económica se profundizaba. El famoso blindaje, que había representado unos 39 mil millones de dólares provenientes del FMI y otros organismos internacionales, se diluía. De la Rúa buscó dar una señal de autoridad y desplazó a José Luis Machinea de Economía. Lo reemplazó con Ricardo López Murphy, eyectado en pocas horas luego de anunciar un plan de ajuste feroz. 

Era marzo de 2001 cuando desembarcó Cavallo. Los principales colaboradores de Chacho Álvarez sorprendían al justificar esta designación: “Es un shock de confianza”, decían mientras aseguraban que Chacho retornaría al gobierno vestido de canciller.

El ministro, que se creía todopoderoso, implementó medidas de reducción del gasto público —como la quita del 13% a jubilados y empleados públicos—; pero no dieron el resultado esperado. A todo esto le siguió la derrota en las elecciones legislativas de octubre, de las que De la Rúa intentó desentenderse. 

En eso llegó el 30 de noviembre. Ese día Cavallo congeló las cuentas corrientes, las cajas de ahorro y los depósitos a plazo fijo. Solo se podían extraer 250 pesos por semana, que todavía equivalían a 250 dólares. La plaza se secó, los cuentapropistas se hundieron en la desesperación, las pymes cerraban y crecía el desempleo. Todas estas decisiones incrementaban la tensión social que estallaría el 19 y 20 de diciembre.

“Piquete y cacerola, la lucha es una sola”, fue la consigna que más se escuchó esos días y que se transformó en un grito contra el estado de sitio y la represión que ordenó De la Rúa. 

La renuncia

La represión sangrienta dejó a De la Rúa al borde de la renuncia. Intentó evitarla con una última propuesta que se la dirigió al PJ: un gobierno de unidad nacional que no incluía la ruptura del esquema económico de la convertibilidad. Para los peronistas, esto podría detonar una nueva escalada hiperinflacionaria y las consecuencias serían peores.

La idea solo entusiasmaba a De la Rúa. La conducción del bloque de senadores de la UCR, en manos de Carlos Maestro, consideraba que todo lo que se hiciera sería agrandar el desastre. “Era lo peor que nos podía pasar: morir aferrados a Cavallo y la Convertibilidad. No nos echó el Fondo, ni el PJ. Nos echó la clase media”, reconocía por esos días un estrecho colaborador de De la Rúa.

Yoma recuerda aquella propuesta de gobierno de unidad nacional. “La estábamos analizando con los integrantes del bloque y con el gringo Roggero (titular del bloque del PJ en Diputados) cuando llegó a mi despacho el senador Maestro”. La idea del chubutense era convencer a los peronistas de que rechazaran el convite. El peronista por Misiones y presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, era quien negociaba con De la Rúa y la propuesta no le disgustaba. 

Al final, consideraron que si la UCR le quitaba el respaldo a su presidente, no tenía sentido que el PJ continuara la negociación de un cogobierno. “Esto demuestra la falacia que representaba la versión que decía que el peronismo había echado a De la Rúa”, sostiene Yoma.

Finalizado ese encuentro, Maestro citó a los periodistas acreditados a su despacho para confirmarles que la renuncia era un hecho. Los periodistas de las agencias de noticias solo atinaron a preguntarle si era una declaración o un comentario. Cuando el senador reiteró su declaración, saltaron de las sillas y corrieron a escribir el despacho. Todo había concluido. 

La sucesión

No había vicepresidente que reemplace a De la Rúa. El que estaba en la línea sucesoria era el peronista Puerta. El misionero tembló, pero no tenía alternativa. Se hizo cargo del Poder Ejecutivo y conminó a sus compañeros a que sea otro el que asuma luego. Solo quería estar un máximo de 48 horas al frente del gobierno. El tema era quién se animaba a tomar ese toro embrabecido que era la Argentina. 

Surgieron nombres como el de José Manuel de la Sota, Carlos Reutemann y Carlos Ruckauf, todos gobernadores que tenían aspiraciones a poder competir en unas elecciones por la presidencia. Por ese motivo dijeron que no.

El otro nombre que sonaba era el de Eduardo Duhalde, senador recién asumido y que había competido sin suerte en 1999 contra De la Rúa. El bonaerense se corrió con un argumento sorprendente: “Chiche no quiere”, dicen que dijo. Los que conocen a Hilda “Chiche” González de Duhalde sabían que el dicho del senador podía ser verdad.

“Hay uno que quiere agarrar”, fue la frase que se le adjudica a De la Sota. Ese uno también era gobernador. Estaba al frente de la provincia de San Luis: Adolfo Rodríguez Saá. 

El puntano aceptaba estar tres meses para convocar a nuevas elecciones. Se comprometió durante una reunión en la que varios mandatarios provinciales participaron en la ciudad de Merlo, San Luis. Los gobernadores del PJ representaban un polo de poder importante. El peronismo gobernaba 12 de las 24 provincias y entre ellas estaban las más importantes: Córdoba, Santa Fe y provincia de Buenos Aires.

En ese encuentro había un solo tema que no se tocó: qué hacer con la convertibilidad. Se concentraron más en cómo sería la elección. Estaba la propuesta de una ley de lemas —un mecanismo electoral en el que se postulan varios candidatos que suman votos para un mismo partido y termina asumiendo el más votado dentro del partido ganador—. Una idea que Duhalde rechazaba porque decía que el próximo presidente llegaría con 15 por ciento de los votos. Demasiada fragilidad para los tiempos que corrían.

El encuentro terminó con la decisión de que Puerta asuma y en 48 horas convoque a una Asamblea Legislativa para proponer al “Adolfo” como nuevo presidente por tres meses. Así lo hizo.

La Asamblea Legislativa

Poco antes de las 11 del sábado 22 de diciembre comenzó a sonar el timbre de la Cámara de Diputados, donde se desarrollaría la Asamblea Legislativa. El peronismo negociaba los votos necesarios para ungir al puntano. La asamblea era presidida por el senador del PJ cordobés, Juan Carlos Maqueda. El debate se extendió durante todo el resto del sábado. 

“Era interminable. Yo había estado ayudando a Puerta con el Ministerio de Economía y estaba realmente cansado de tantos discursos”, recuerda Jorge Capitanich, que en esos días, como ahora, era senador por Chaco. Cerca de las 6 de la mañana ya del domingo 23, sonó el teléfono del chaqueño. Era la bonaerense Mabel Müller la que le insistía para que bajase al recinto porque se estaba por votar.

Maqueda puso el nombre de Rodríguez Saá a consideración. Fueron 169 votos a favor y 138 en contra. Algunos legisladores del todavía oficialismo advirtieron que el voto contrario no era un rechazo al puntano, sino que pretendían que el elegido complete el mandato de De la Rúa, llame a elecciones en 2003 y no en marzo con un sistema de lemas. 

Capitanich considera que esa elección, que representaba como la salida política a la crisis que ya se había cobrado más de 30 vidas, fue “la mayor expresión de cooperación interpartidaria legislativa”. No resolvía los problemas, pero la política y las instituciones buscaban la alternativa.

Con la votación resuelta, solo restaba que Rodríguez Saá prestara el juramento de rigor y diera su discurso de asunción. Un discurso que incluía una sorpresa para todos los presentes.

El discurso y después…

Rápidamente, Rodríguez Saá comenzó a dar señales que preocuparon a más de un legislador y a varios gobernadores. Sobre todo porque el que leía no parecía alguien que iba a estar apenas tres meses y en ese lapso llamar a elecciones. 

Primero  anunció que enviaría un proyecto de ley para indemnizar a las familias de las víctimas de la represión. Luego vino el congelamiento de los salarios de funcionarios, la venta del parque automotor, la prohibición de sumar nuevos puestos de trabajo en la administración pública, fusionar ministerios (como Educación y Salud),

“Somos perfectamente conscientes de que hoy alumbra una nueva República, hoy comienza la transformación de nuestro querido país. A partir de hoy ya nada será igual. Gobierna otra generación”, dijo y los aplausos le impidieron continuar. 

Incluso cuestionó al capitalismo, que “no puede dar respuestas al desempleo, la marginación, la exclusión y la pobreza”. Siguió con la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil y la aplicación de un plan alimentario. 

El discurso leído por el puntano iba desarrollándose por temas. Cuando pronunció “deuda externa” se hizo silencio. Rodríguez Saá cuestionó la tradicional frase de “honrar los compromisos asumidos” y ponderó su preferencia por otra definición que considera a la deuda como “el más grande negociado”. Desde allí, entre aplausos cada vez más intensos, el flamante presidente se fue deslizando hasta el histórico anuncio. “Se trata del primer acto de gobierno que tiene carácter racional para darle al tema de la deuda externa el tratamiento correcto. Nuestro gobierno abre las puertas a este Congreso para tomar conocimiento de todos los expedientes y los actos administrativos”, aclaró para algarabía de buena parte de los legisladores.

El default, sostienen las crónicas de la época y los consultados para esta nota, no fue una sorpresa para los mercados internacionales. La cesación de pagos era prácticamente un hecho y, por ejemplo, los importadores locales ya habían comenzado a pagar por anticipado. El crédito ya no existía y los fondos buitre, no tan conocidos en esos años por estas tierras, habían comenzado a comprar deuda para luego accionar legalmente. 

Las negociaciones, los canjes de deuda, el pago al FMI del kirchnerismo, el arreglo con los fondos buitres por parte del gobierno de Macri iban a ser parte de la historia que se desarrollaría en los siguientes 15 años.

Principio y fin

Las medidas anunciadas por Rodríguez Saá, si bien necesarias y urgentes, también representaban un programa que iba mucho más allá de los tres meses que tenía como plazo para el llamado a nuevas elecciones. Entre los gobernadores peronistas de las provincias más grandes— Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe—, sostenían que “el Adolfo debía dedicarse a gobernar y cumplir con lo acordado”, porque la candidatura presidencial del peronismo se iba a resolver entre ellos tres, a través de una ley de lemas.Pero no eran los únicos aspirantes a ser parte de esa competencia. Néstor Kirchner era uno. Menem y Duhalde, con variantes, eran otros.

A poco de andar, se conformó un movimiento sísmico que acabaría desbancando a Rodríguez Saá, que no supo contener el entusiasmo por la oportunidad que le había otorgado la crisis argentina.

Oraldo Britos, histórico dirigente del peronismo puntano, supo afirmar que el Adolfo era como aquel que “si alguien le presta un sulky, luego no hay Dios que lo obligue a devolverlo”. Lo decía en referencia a lo improbable que era que solo estuviera tres meses en la Casa Rosada. No se equivocaba.

Una semana duró el puntano el sillón de Rivadavia. El plan de generar empleo a través del programa de plantar un millón de árboles y la creación de la moneda “el argentino” quedaron en la nada. Ni la promesa de mantener la convertibilidad impidió los cacerolazos. Solo las negociaciones por la deuda continuarían.

Quince años más tarde, Rodríguez Saa afirmaríaa que la gente lo recuerda más como “el presidente que se animó, en un momento trágico nacional, a hacerse cargo del país y a salvar las instituciones”. Sobre el default, señalaría que “lo que hice fue suspender el pago de la deuda externa”.

Duhalde llegó a la Rosada como el quinto presidente en apenas una semana y con mucho más respaldo, al menos en los votos, de la Asamblea Legislativa. Tenía que completar el mandato de la Alianza hasta 2003.

A poco de andar, el bonaerense anunció el fin de la convertibilidad. “No fue algo improvisado”, señala Capitanich y asegura que desde 1997 el ahora expresidente convocó a una serie de economistas, entre los que se encontraban Jorge Remes Lenicov y Rodolfo Frigueri, con el objetivo de responder un par de preguntas. La primera era: ¿Tiene salida la convertibilidad? Si la respuesta era sí, quería saber cómo. Con el correr del tiempo se sumaron radicales a ese equipo.

El resultado fue la ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario que se sancionó el 6 de enero de 2002. Con esta norma se declaró la emergencia en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria hasta el 10 de diciembre de 2003.

Sobre todo, la ley dio por concluida la experiencia del 1 a 1 con el dólar. A partir de allí, con otras normas, se buscó salvar a las empresas privadas nacionales que estaban endeudadas en la moneda norteamericana, el freno a la recesión que daba cuenta de una caída de casi el 20 del PIB en el período entre 1998 y 2002 y la aplicación de políticas para reducir el 20 por ciento de desempleo promedio que tendría ese año 2002. La fuga de capitales, que se expandió en 2001, nunca se detuvo.

Las políticas aplicadas por los gobiernos menemistas y el de De la Rúa fueron, de alguna manera, el resultado de cumplir ciegamente los planes de los organismos multilaterales de créditos. Un modelo que favoreció solo en los años de esos dos gobiernos la fuga de 120 mil millones de dólares. Un resultado que generó el peor escenario para las clases populares, que solo mejoraron sus condiciones de vida a partir de 2003.

Con Duhalde también apareció en escena Roberto Lavagna, el ministro que tuvo a cargo las dos negociaciones más importantes en materia de desendeudamiento de este siglo: la de reestructuración de la deuda privada con una significativa quita y la del pago completo al FMI (ver entrevista a Roberto Lavagna). Pero esa es otra historia, la que sigue al día que el Congreso aplaudió el default.

Esta nota es parte del especial Te amo, te odio, dame más, por los 70 años de Argentina en el Fondo. Podés leer el resto de las notas acá.