10 años de Ni Una Menos: ¿dónde están las feministas?

A medida que se empezó a tomar nota del movimiento de mujeres como un movimiento político (no partidario, pero sí político) en el sentido de uno que identifica problemas colectivos, que se plantea objetivos comunes, que busca articular recursos públicos y privados transformando las vivencias personales en acción colectiva y proponiendo respuestas en clave de políticas públicas, el feminismo se consolidó como el movimiento político más interesante, transformador y activo de los últimos años. Digo que se empezó a tomar nota porque las mujeres sabemos que la historia no empezó hace 10 años y no nació con esa manifestación maravillosa, de desgarradora esperanza, que impulsaron un grupo de periodistas y comunicadoras que nos llamaron a unirnos para exigir “Ni Una Menos”.

Las mujeres lo sabemos porque lo vivimos desde siempre. Lo vemos en los espacios de amigas, hermanas, en las conversaciones escolares, en los grupos de estudio y hasta en las rondas de madres. Siempre sobreocupadas y activas en las miles de tareas de cuidado y apoyo de nuestras familias. Lo vivimos allí donde siempre supimos que podíamos encontrar fuerza, sostén, comprensión.

Lo que empezó a cambiar profundamente con la movilización Ni Una Menos que unió a millones de personas en cada ciudad y en cada pueblo de Argentina, que trascendió las fronteras para expandirse por toda la región, fue la comprobación del sentido ampliamente colectivo de esa lucha. Se condensó en el pedido de “Basta de femicidios” una demanda por mostrar la indiscutible dimensión pública de un drama privado: la mayoría de las mujeres son asesinadas por personas conocidas, generalmente en las casas, y en 6 de cada 10 casos, a manos de una pareja actual o pasada. La persona que prometió amor y compañerismo puede ser el agresor y el lugar de mayor peligro puede ser la casa.  

Femicidios: mucho más que números

Hace 10 años, Argentina ya tenía una Ley de protección integral para abordar las violencias por razones de género, la Ley 26.485 aprobada en 2009. Y aunque establecía la obligación de impulsar coordinadamente políticas públicas y generar estadísticas (entre muchas otras cosas) no había un plan de abordaje coordinado a nivel nacional ni datos públicos que pudieran informar siquiera cuántos femicidios se producían en Argentina. 

El impacto positivo de la movilización social puede medirse de muchos modos, pero hay dos muy concretos e importantes: a partir de allí se articuló un Plan Nacional de Acción contra las violencias y se creó un Registro de Femicidios con datos oficiales.  

En una época en que las burbujas de información dejan a las personas encerradas en nuestras propias creencias, los datos se usan intencionadamente muchas veces para tergiversar los argumentos contrarios y afirmar ideas sesgadas, sin un real interés por el diálogo basado en evidencias. Los datos de femicidios (el uso mismo del término ‘femicidio’) no escapa a este lamentable fenómeno.  

A quienes nos importa conocer los datos sobre la violencia en general y los femicidios en particular, nos mueve el deseo de querer entender como único mecanismo útil para poder hacer algo respecto de un problema que sigue allí y que no desaparece, aún cuando desde algunos sectores insistan en pelearse con la evidencia. 

El Gobierno nacional difundió hace poco los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) con los que afirma que los homicidios de mujeres bajaron un 14,3% y eso demostraría (en su mirada) que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad malgastaba recursos públicos y que fue ineficiente en su trabajo.

Afirmar que la violencia de género bajó porque bajaron los homicidios es incorrecto. El dato de homicidios no es un indicador riguroso para hablar de violencia de género en términos amplios y el homicidio de una mujer no es sinónimo de femicidio, que solo es tal cuando se da en un contexto de violencia de género.  

Para poder analizar tendencias es importante ver los datos a lo largo del tiempo. La institución que registra los femicidios de manera rigurosa desde hace una década es la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, que publicó su informe de 2024 hace pocos días: 247 víctimas letales de violencia de género, 228 de ellas víctimas directas de femicidio, que dejan más de 200 niños, niñas y adolescentes sin madre.

Si bien la cantidad de femicidios es menor a la de 2023, los datos muestran una relativa estabilidad de la cifra, con algunas variaciones año a año. Esto muestra que se trata de un problema estructural que necesita mucho más trabajo de prevención y acompañamiento, antes de que la violencia adquiera formas más graves que pueden llevar al desenlace fatal. 

Si bajan las víctimas directas de la violencia machista, antes que vanagloriarse por el supuesto éxito (de una gestión que no termina de entenderse cuál sería por parte del Estado nacional) bueno sería examinar por qué seguimos teniendo cinco veces más asesinatos de mujeres en contextos de violencia de género que países como España, donde sí hay políticas sostenidas desde hace más de 20 años y así y todo consideran que 48 casos anuales es un número inaceptable que les interpela.

Lo cierto es que en nuestro país no hay datos públicos, completos ni confiables para afirmar que la violencia de género bajó. Los femicidios son la expresión más extrema de la violencia. Afortunadamente, la mayoría de las mujeres que viven en relaciones violentas no es asesinada pero eso no quiere decir que la violencia haya disminuido.

Con el desmantelamiento de muchos programas y espacios de atención, es posible que haya menos mujeres buscando ayuda aunque, por el momento, la información de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema no parece indicar una disminución en los pedidos de asistencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional, el sistema de medición dejó de relevar la información de todo el país y se dejaron de publicar las estadísticas que podrían echar alguna luz sobre la cantidad de denuncias.

Más allá de las cifras, lo cierto es que el discurso y la práctica de vaciamiento de las políticas públicas de prevención de las violencias y de las que buscan la igualdad de género tiene un efecto dominó en todo el país.  

Sin el liderazgo y la rectoría del Estado nacional, sostener estas políticas en los últimos 18 meses ha representado un desafío significativo para provincias y municipios. Esta dificultad se debe tanto a la escasez de recursos como al menor espacio que estas problemáticas ocupan en la agenda pública, así como a la creciente difusión de discursos contrarios a los derechos de las mujeres y personas del colectivo LGBT. Así lo relevamos en un estudio reciente de ELA, donde una de las entrevistadas lo expresó de este modo: 

“La instalación [de un discurso público señalando] no solo que la problemática ‘no es tan grave’, sino que ‘ las niñas y mujeres mienten’ [es muy problemática]. Y así queda la idea de que ‘al final, si no hacemos nada no matan tantas mujeres’, ‘al final son unas mentirosas’. Y eso es lo profundo, me parece, de esta crisis que estamos atravesando. El Estado [según ese discurso] no servía para prevenir la violencia de género. Y terminamos destruyendo al Estado con alguien que encarnó ese discurso de derecha y de izquierda. Si el Estado no sirve, saquemos al Estado de aquí.”

Puede resultar agraviante e inverosímil, pero lo cierto es que ya en la campaña electoral de 2023 se anunció desde La Libertad Avanza que este era el mensaje y el objetivo: consideran que no existe tal cosa como la violencia de género y por lo tanto anunciaron que no habría políticas ni instituciones para atender este problema. Lo sorprendente, al menos para mí, es que más allá de una minoría intensa que apoya abiertamente esa posición, esta destrucción pueda llevarse adelante con la aparente indiferencia de sectores que no comparten ese mensaje.

Tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires, la información relevada a lo largo de los últimos años indica que el 50% de las mujeres argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o anterior. Parece claro que lo que se busca es negar una realidad que no se entiende a quién ayuda, pero sin duda no a las niñas, adolescentes y mujeres que siguen viviendo esa realidad de manera cotidiana. 

Ni Una Menos: ¿dónde están todos los demás?

Cuando se tomó nota de este movimiento potente en el mainstream de la política y de la comunicación, con las muchas formas que fue adoptando ese movimiento que no tiene un solo liderazgo ni una sola manera de pensar problemas y soluciones, empezaron también los cuestionamientos. “¿Qué tienen para decir…?”, “¿Cómo no dijeron…?”, “¿Y sobre esto qué responden…?”. Como si hubiera un mandato para expresarse siempre sobre todo y como si hubiera una única manera de mirar los problemas y de entender el mundo.  

No hay tal verticalismo o uniformidad de estrategias dentro de los feminismos, como en ningún otro espacio transversal, plural e intrínsecamente democrático.  

¿Dónde están las feministas? Estamos donde estuvimos siempre. Estamos acá y allá, ocupadas en buscar respuestas a los problemas de la sociedad que impactan de manera desproporcionada y brutal en las mujeres. En algunas mujeres y personas del colectivo LGBT mucho más que en otras porque son mujeres la mayoría de las personas pobres de Argentina, la mayoría de las desocupadas y las que seguirán cuidando a otros en la edad adulta cuando ellas sean las que necesiten de cuidados y apoyos y no haya una política pública que las ampare. 

La pregunta no debería ser dónde están las feministas, que estamos donde siempre estuvimos. La pregunta es dónde están los demás. Porque la violencia sigue siendo un problema urgente y así es visto por una parte importante de la sociedad.

En un estudio reciente de Equipo ELA y CEDES, vemos que la sociedad argentina cree en las mujeres y en los problemas que las atraviesan, y creen que el Estado tiene un rol que cumplir. El 62% considera que la asistencia a mujeres en situación de violencia tiene un impacto positivo y un 79% expresa que prefiere un Estado que brinde protección ante violencias.

Claro que se valora el progreso en relación con la igualdad entre varones y mujeres lograda en la última década, pero seis de cada diez personas todavía considera que las desigualdades entre varones y mujeres son grandes y la amplia mayoría (85%) considera que aún queda mucho por hacer para asegurar la igualdad de derechos.

Si el problema subsiste, si a la sociedad le sigue pareciendo un tema preocupante donde el Estado tiene un rol que cumplir, debiéramos poder llegar a un acuerdo sobre cuál será la mejor estrategia para abordarlo. Discutir el mejor uso de los recursos públicos y de la organización del Estado es un debate legítimo y necesario para una mejor democracia. Hay una mayoría que sigue creyendo que la sociedad es mejor cuando no hay violencia, cuando el Estado se ocupa de los problemas de las personas.

A 10 años de Ni Una Menos, exigir políticas públicas para dar respuesta a la violencia de género no es ideología, no es de casta ni de privilegiadas. Pedir un compromiso político para que el Estado haga todo lo que tiene que hacer y que utilice los recursos públicos para llevar adelante todo lo que está a su alcance para que no nos maten no es, ni debiera ser, sólo una demanda del feminismo. Esta es, sigue siendo, tiene que ser, una lucha de todas y todos.

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