Todo sigue igual

Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Me gustaría arrancar recomendándoles este video del comediante australiano Aamer Rahman, este pasaje de Browser Ballett y estas notas de Marcelo Leiras y Natalia Aruguete publicadas en Cenital.

Gerardo Morales llamó a Cristina Kirchner “en nombre del radicalismo” para solidarizarse y manifestar su apoyo. Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti le escribieron a Máximo Kirchner. Hasta el cierre de esta entrega, ningún otro dirigente de la oposición se había comunicado con la familia Kirchner luego del atentado sufrido por la vicepresidenta en las afueras de su casa. En su lugar, el discurso fue mutando de la condena sin agregados hasta poner en duda el episodio que, por motivos todavía no aclarados, no terminó con la Recoleta regada de masa encefálica. Colaboradores de Horacio Rodríguez Larreta tuvieron el reflejo de sugerir un contacto con Cristina, pero en el cálculo del costo interno esa opción quedó descartada. A juzgar por el inmediato comportamiento de su electorado, fue un acierto.

El pasaje más interesante del recorrido discursivo fue el de quienes lo recortaron como un hecho “policial” o de “inseguridad”. Si suponemos que quienes plantearon esta hipótesis no tienen acceso a los medios de comunicación masiva e incluso a internet, igualmente el razonamiento es el de alguien que tendría muchas dificultades para atravesar la instancia del psicotécnico que, aparentemente, no es necesaria para ser diputado o diputada nacional: a CFK no le gatillaron a la cara para robarle el celular o por ser hincha de Gimnasia de La Plata sino por su condición de dirigente política.

Una hipótesis de tal comportamiento es la que semantizó el lilito Juan Manuel López: “Patricia es de una generación para la que la violencia era una opción, lo lamento por ella”. López tuvo un paso por el CIAS del sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga. En esa escuela de formación política convivió varios días por semana con figuras jóvenes de todos los espacios. Los primeros pasos de Bullrich en la política fueron distintos. Habría que preguntarse por qué los medios impugnan a algunos ex Montoneros y promueven a otros. Al final el problema no era lo que hicieron en los 70 sino qué hicieron con lo que hicieron en los 70. Otra desilusión.

Un episodio inquietante se dio el 18 de agosto. Gerardo Milman, asesor de Bullrich, presentó un proyecto. Uno de los co-firmantes fue Francisco Sánchez, relacionado con el grupo Revolución Federal del que participaba la novia de Fernando Sabag Montiel e impulsor del pedido de pena de muerte para Cristina. A continuación, los párrafos finales del premonitorio texto presentado por los legisladores de la oposición:

La aparición de testigos protegidos en el juicio contra las maniobras fraudulentas de Milagro Salas, hace que se nos ponga la piel de gallina de solo recordar aquél jubilado de gorra que testificó contra otros demonios de la época.

También, o casualidad, aparecen las amenazas a periodistas independientes, por parte de otros que se autoperciben periodistas pero que en realidad son mercenarios de la palabra, pretendiendo acallarlos con la misma intención de poder tapar el sol (de la Verdad) con la mano (de la Mentira).

Las fuerzas de seguridad, y el ministro que las comanda, deben estar atentos, y no pueden hacerse los distraídos como en el caso Nisman, y actuar preventivamente en la preservación de la integridad física de fiscales, jueces, testigos, periodistas y hasta la Vicepresidente de la Nación.

No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores.

Me pregunto si esa violencia se concretaría como la respuesta de las falanges kirchneristas ante la posible sentencia adversa de su líder enjuiciada. El 17 de octubre de 1945 es historia y no tiene paralelismos con la actualidad, salvo por el peronismo.

Sin Cristina, hay peronismo.
Sin peronismo, sigue habiendo Argentina.

Hay un elemento que hay que tener en cuenta para analizar lo sucedido. Argentina vive un clima de tensión política a veces irrespirable -donde los insultos y agresiones cruzadas son diarias-, pero siempre canalizado institucionalmente. Cristina y su dispositivo de cercanía tienen mala suerte: son los únicos con quienes el sistema hace excepciones. El ataque a su casa de Santa Cruz, las ocho indagatorias en un día, la vigilia con insultos en su departamento de Juncal, los piedrazos a su despacho en el Senado, el explosivo en un local de La Cámpora en Bahía Blanca o el intento de asesinato del jueves reflejan que es la vicepresidenta la receptora de esas medidas de acción directa. Cristina, en privado, responsabiliza a una parte del periodismo y al tándem Mauricio Macri-Patricia Bullrich.

La sociedad no sabe -por suerte- dónde viven Horacio Rodríguez Larreta, Cristian Ritondo, Bullrich o Macri. Sí María Eugenia Vidal porque multiplicó los dólares como Jesús los panes. Y -otra vez: por suerte- los medios no difunden la dirección de sus casas como sí ocurre con la vice. Esa situación irregular y permitida por acción u omisión por todo el sistema político y empresarial encontró un límite el jueves. Ni la oposición ni en el establishment parecen advertir que, en algún momento, el peronismo va a empezar a defenderse. Hay urgencias vinculadas al incendio que se evitó por una milagrosa y afortunada torpeza en la manipulación del arma que apuntó a CFK. La competencia por responder a una base cada vez más radicalizada en la oposición no es gratuita. La pregunta sobre lo que podría haber pasado si el desenlace del jueves hubiera sido otro debería llamar a la reflexión. El asesinato del líder liberal y candidato opositor Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, fue atribuido a un desequilibrado. Eso no evitó que el episodio, en un escenario de hostilidad extrema entre los partidos conservador y liberal, diera inicio a una revuelta popular, el Bogotazo, que luego daría lugar a una guerra civil que duraría diez años, hasta 1958, y terminaría por derivar en la fundación de las FARC, la guerrilla más longeva del continente, y un conflicto de millones de desplazados. El fuego, si te acercás mucho, quema.

Ernesto Semán es profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad de Bergen, en Noruega, y antes fue profesor en la Universidad de Richmond, en Estados Unidos, y antes periodista en los diarios argentinos Página/12 y Clarín. Esto dijo en un reportaje con el diario El País de España hace algunos días:

P. En los últimos años, en América Latina se ha usado la idea de “polarización” como una explicación casi tautológica para todo, en especial para hablar de procesos electorales y del surgimiento de candidatos insospechados. ¿Le parece que la idea de polarización puede servir para explicar algo de la realidad argentina actualmente?

R. En el caso de Argentina yo no sé que sería la polarización. Lo que veo más es una marcada radicalización de la derecha en sus agendas, en su discurso, y en el tipo de identidad política, social, y en algunos casos racial, que se va construyendo alrededor de esa radicalización. Pero, ¿cuál sería la contraparte de izquierda que justificaría hablar de polarización, que implique un mismo nivel de radicalización y de confrontatividad? ¿La Cámpora? ¿Cristina Kirchner? Que son, en el mejor de los casos, movimientos que han impulsado diagnósticos más o menos radicales para el desarrollo de políticas extremadamente moderadas. ¿La izquierda, que hizo razonablemente buenas elecciones en algún lugar, pero que ni remotamente apareció y, lamentablemente, no aparece como una opción verosímil de poder? En Argentina, el año pasado, hubo que dejar jirones ¡jirones! de identidad política y de poder político para aprobar la ley del etiquetado frontal de los alimentos. Fijate de lo que estamos hablando: una puta etiqueta. No te digo la reforma agraria, la eliminación de la policía, la socialización de los medios de producción… No, una puta etiqueta que dijera: “Esto tiene cosas que pueden matar chicos si se come en exceso”. Eso fue el nivel de radicalización.

P. Pero existe la sensación de que Argentina vive en permanente conflicto.

R. Me parece que hay altos niveles de confrontatividad, pero frente a eso, frente a esa radicalización marcada y empíricamente comprobable de la derecha, lo que hay es todo lo contrario. A veces me parece milagroso y a veces frustrante: lo que ves son movimientos sociales, millones y millones de personas, metidas en negociaciones insoportables con el Estado, con los brokers en el medio, con los partidos políticos, con sus propias organizaciones para sacar tres pesos con veinte de acá, para extender un subsidio que permite tal cosa, para evitar la vulneración de tal otro derecho… pero nadie le voló la casa a nadie. Lo más terrible que hacen es un piquete. Hablamos de un país donde hay un 37%, un 40% de pobres. O sea, 20 millones de pobres. Y lo único que hacen son piquetes… Millones y millones que se cagan de hambre y aun así deciden canalizar la forma o el intento por remediar eso a través de organizaciones políticas, de prácticas públicas… No sé, mi impresión en el caso de Argentina es que lo que hay, de momento, es mucho más una radicalización de la derecha en niveles importantes y crecientes, más que una polarización.

La única figura totémica que tiene la Argentina estuvo a nada de ser asesinada en televisión abierta y el kirchnerismo no prendió fuego ni un tacho de basura. El discurso leído en Plaza de Mayo por Alejandra Darín hizo un llamamiento “a la unidad nacional”, pero no a cualquier precio: “El odio, afuera”. A Cristian Ritondo, que manejó la Policía Bonaerense, eso le pareció un discurso de odio.

La crítica al escaso ecumenismo de la movilización -y al del discurso del gobierno- olvida que la percepción sobre el contexto del intento de homicidio contra la vicepresidenta -y quizás su factor de ignición al menos parcial- se encuentra en lo que casi todos los sectores del peronismo coinciden en caracterizar como una persecución. Una idea que excede la de los dirigentes que, como Pablo Moyano o José Mayans, lo mencionaron de forma explícita sino que es común a las convicciones de la enorme mayoría de las miles de personas que llenaron la Plaza en repudio al ataque y en apoyo a la vice. ¿Cuál era el espacio para que estuvieran allí los referentes de la oposición, incluso los que se posicionaron de forma clara y sin matices en la defensa de la convivencia democrática? Mauricio Macri, Elisa Carrió, Martín Lousteau y el propio Horacio Rodríguez Larreta apoyan políticamente, con mayor o menor intensidad y responsabilidad, un proceso al que se le imputa con elementos concretos parcialidad y ánimos persecutorios. No debería interpretarse de estas ausencias que la marcha no fuera democrática. No hay tal incompatibilidad entre representar a un sector y el carácter democrático de la movilización en esas condiciones, aunque haya una sensación transversal de oportunidad perdida.

El ejemplo brasileño resulta en este sentido interesante. La defensa de Lula ante una persecución judicial arbitraria y parcial -reconocida tardíamente por el Superior Tribunal Federal- fue, a la vez, una bandera del Partido de los Trabajadores y una bandera de defensa del sistema democrático en Brasil. Sin embargo, como el viernes en Argentina, por fuera de algunos sectores de la izquierda, difícilmente fuera percibida de ese modo por otros espacios de la vida democrática, sin que eso los convierta en similares al bolsonarismo. La excepcional fórmula entre Lula y su antiguo rival presidencial Geraldo Alckmin cristaliza los dos reconocimientos. Tanto de la importancia de Lula para la democracia brasileña, como del carácter de actor democrático de Alckmin que, sin embargo, apoyó de modo entusiasta tanto el impeachment contra Dilma como los primeros años de la Operación Lava Jato que comandó el ex juez de Curitiba Sergio Moro.

Brasil es un ejemplo de interés, también, para aquellas expresiones que, posiblemente especulando con algún rédito electoral, decidieron evitar el repudio al ataque contra la vicepresidenta en su carácter de acción motivada políticamente. Antes de que, con buen criterio, la periodista Luciana Geuna interrumpiera la diatriba de Martín Tetaz negando los elementos de gravedad política del ataque, el diputado repasó expresamente la analogía con la puñalada que sufrió, durante la anterior campaña presidencial, Jair Bolsonaro, para negar que el hecho de “violencia individual” reflejara un clima de violencia política que escala. En frío, vale la pena recuperar el argumento. No sólo en Brasil hay signos preocupantes de grave violencia política sino que estos han sido recurrentes desde que, seis meses antes del gravísimo episodio sufrido por el actual presidente, desconocidos “individuales” balearon la caravana del ex-presidente Lula, en un hecho que de milagro no dejó heridos. Otro episodio inolvidable es el asesinato de Marielle Franco. A pesar del tono de suficiencia de Tetaz, los riesgos para la democracia han sido, desde aquel momento, muy concretos. Brian Winter, uno de los periodistas extranjeros que mejor conoce Brasil, e insospechado de inclinaciones populistas, advierte en la última edición de Americas Quarterly sobre la posibilidad de una crisis electoral inminente en caso de una derrota de Bolsonaro. Señala Winter que muy difícilmente un Bolsonaro derrotado, pero con apoyo de algún sector de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad, entregue el poder de forma armónica y voluntaria, y apueste en cambio por denuncias de fraude análogas a las que realizó Donald Trump tras ser derrotado por Joseph Biden.

En una nota del 11 de mayo en La Nación, Candela Ini y Matías Moreno perfilaron al nuevo “gurú” comunicacional que Mauricio Macri acercó a la mesa chica del PRO, Guillermo Raffo. Estas son algunas reacciones del nuevo asesor comunicacional del espacio que lidera el ex Presidente.

Lejos del reproche ético a la burla sobre un intento de magnicidio está la condena social. La repetición en contra de “los discursos del odio” probablemente no hagan carne en una sociedad que está mal predispuesta para escuchar cualquier narrativa que provenga del oficialismo. “El gobierno activó todas las resistencias y prejuicios que ya existen sobre él y los reforzó. Creo que no supieron aprovechar que Macri, Clarín y La Nación condenaron. Y quedarse ahí. Eso era ser víctima indiscutible”, explica Juan Courel ante la consulta de #OffTheRecord. Para el consultor, que trabajó en la campaña del Frente de Todos en 2019, “probablemente la conmoción emocional impidió pensar con frialdad”. “Es como si cuando se murió Néstor nos hubiéramos quedado discutiendo con Mirtha Legrand. La agenda contra el discurso del odio no prende en ningún lugar del mundo. En vez de dar esa pelea me hubiera quedado en la condena que era ampliable. No hacía falta escandalizarse por Milei o Bullrich sino encapsularlos. Estratégicamente, eso hubiera sido problema para la interna de Cambiemos, no para el FDT”, reflexiona.

El paso de los días ha dado lugar a un regreso del ritual de lo habitual acaso demasiado rápido. Del lado del oficialismo, las manifestaciones de la titular del INADI, Victoria Donda -sobre una posible “ley del odio” que criminalice expresiones sociales indeterminadas-, fue, a la vez, un error brutal y una excusa para la victimización. Cualquier regulación del debate público debe distinguir entre algunas expresiones que pueden ser criminalizadas como apología de delitos como el genocidio, el racismo o el terrorismo -a ejemplo de, por señalar alguna, la normativa que prohíbe las expresiones de apoyo abierto al nazismo en Alemania-, lo que debe tener un criterio restrictivo, y las que suponen discursos a los que sería bueno abordar desde la presión social que fije los límites aceptables del debate democrático. Una ley del odio amplia e indefinida, destinada a un clima de opinión, por más repudiable que resulte, corre el riesgo de convertirse en una herramienta de persecución como la que existe en Venezuela, aplicada contra comediantes y ciudadanos de a pie de la oposición política.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Sergio Massa, inició su viaje por los Estados Unidos con una agenda que incluye el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y la ciudad de Houston, centro neurálgico de la industria petrolera estadounidense, la más desarrollada del mundo a nivel tecnológico y de capital en materia de extracción no convencional de hidrocarburos.

Si bien el eje del viaje se centra en la atracción de inversiones en sectores de la economía real, los encuentros a nivel institucional serán protagónicos. Además de las reuniones con las petroleras Chevron, Exxon, Shell y Total, la automotriz Volkswagen, las mineras Rio Tinto y Livent -dueña de la principal explotación de litio en actividad en el país- y el grupo Amazon, mantendrá también encuentros con figuras del gobierno de Biden, como el coordinador para Infraestructura, Inversión y Energía, Amos Hochstein, el asesor de seguridad nacional para América Latina, Juan González, con quien ha construido hace tiempo una relación cercana y con autoridades del ente recaudador estadounidense, a efectos de avanzar en un acuerdo de intercambio de información entre nuestra AFIP y su contraparte estadounidense, el IRS.

La búsqueda de financiamiento tendrá sus patas más importantes en los encuentros con el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, con quien buscará aprobar el desembolso de 800 millones de dólares ya aprobados por el organismo pero nunca ejecutados -por una polémica decisión del propio titular del organismo- y el Fondo Monetario Internacional. Los interlocutores del Fondo con los que buscará aprobar la segunda revisión y avanzar hacia la tercera serán el representante para el hemisferio occidental, el brasileño Ilan Goldfajn, el responsable para Argentina, Luis Cubeddu, y otra autoridad que podría ser la número dos del organismo y principal interlocutora del gobierno estadounidense en este momento, la india Gita Gopinath. La idea de un nuevo acuerdo y desembolso aparece de momento congelada, aunque está abierta para más adelante. La búsqueda de apoyos en el Tesoro estadounidense, tanto respecto del acuerdo vigente con el Fondo como en forma directa, se tratará en la reunión con Juan González, que tendrá lugar en la residencia del embajador, Jorge Argüello, y de la que también participará el embajador en la Argentina, Marc Stanley.

La búsqueda de dólares se completa en Buenos Aires donde evalúan como un éxito el primer día del lanzamiento temporal del dólar soja de 200 pesos. Las cerealeras registraron compras por más de un millón de toneladas -casi el doble de las 600 mil que esperaba el equipo económico- que representarán 380 millones de dólares a liquidarse durante septiembre. ¿Servirá esta devaluación temporal y sectorial para evitar una generalizada? Está por verse, y las cartas son difíciles de sostener, pero la apuesta del equipo económico es a llegar a fin de año con una fortaleza mayor a la actual. El proceso lo lideró Viterra, que tiene el 15% del mercado pero hizo el 25% de las compras. La ex Glencore es, además, la que le compró a Vicentín el 17% de Renova y se convirtió así en accionista mayoritario. La tabla la completaron Cargill, Cofco y Molinos en las primeras posiciones.

Bonus Track:

El triunfo del “rechazo” a la nueva Constitución en Chile dejó algunas certezas que convendría repasar de este lado de la Cordillera. La primera, sobre el lugar de las demandas de mayorías y las que no lo son. Cuestiones como el reconocimiento de una plurinacionalidad que muy pocos reclamaban, en forma amplia y con límites poco claros a nivel territorial, de administración de justicia y de recursos naturales generaron preocupaciones en un enorme sector de la población sin sumar apoyos relevantes. La segunda, sobre la importancia de la adaptación a los cambios para quien busca representar al pueblo. Una constituyente representativa del estallido y sus circunstancias no necesariamente es adecuada cuando las demandas son de normalización y de superación de las dificultades económicas y sociales cotidianas, como la inseguridad y la inflación. No percibirlo supone una desconexión imperdonable en quienes se reivindican como dirigentes políticos. La última, que acaso deba mirar en espejo la derecha argentina, es sobre los riesgos asociados al uso maximalista de algunas ventajas coyunturales. Las circunstancias especiales de la elección permitieron excluir a la derecha de la negociación de las normas. Un reconocimiento del peso real de todos los sectores y la necesidad de darles un lugar de conversación y participación más allá de la coyuntura seguramente hubiera permitido avanzar en las garantías ligadas a los servicios públicos, los derechos sociales y el avance de los derechos a la salud y educación públicas que la Constitución pinochetista, aún reformada, obtura en gran medida. Cualquier avance concreto vale más que mil programas.

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Iván