Todo lo digital se desvanece en el aire

Algunas ironías son tan exquisitas que parecen mentira. En 2009, miles de personas que habían comprado la novela 1984 (1949) de George Orwell amanecieron con el hallazgo de que sus copias digitales habían desaparecido de su Kindle.

Resulta que Amazon, que se había cruzado en un conflicto de derechos de autor con la editorial, decidió borrar el archivo de las bibliotecas personales de sus usuarios de manera remota. Algo parecido fue anunciado hace algunas semanas por Sony: debido al vencimiento de un acuerdo con Studio Canal, unas 551 películas compradas por usuarios europeos ya no estarán disponibles desde el 1 de septiembre.

En todos estos casos el botón decía claramente “comprar” y no “alquilar” o algo parecido. En otras palabras, todas estas personas tenían una legítima expectativa de poseer estos bienes, aunque solo fuera de manera digital. Pero en la práctica se trata de una desgastada chantada a la que nos acostumbramos: cuando compramos algo digital en la mayoría de los casos no hemos adquirido más que una licencia de uso condicional, revocable y sujeta al capricho de los términos de un tercero.

Las analogías con lo físico quedan a mitad de camino entre el absurdo y la exageración, pero cuando ocurrió lo de 1984 se repitió hasta el hartazgo la misma imagen: fue como si Amazon hubiera entrado durante la noche para llevarse un libro de la biblioteca.

Propiedad cultural

El punto es que este mecanismo de desposesión no es en absoluto novedoso. En 2016 Aaron Perzanowski y Jason Schultz explicaban en The End of Ownership que la transición de la propiedad privada al mero acceso digital representa una transferencia masiva de poder desde los individuos hacia quien posee la propiedad intelectual. Bajo la comodidad de catálogos de apariencia infinita se nos ocultó la trampa de hacer pasar un alquiler continuo como la adquisición de un bien. Con ello se suprimió nuestra autonomía como consumidores, nuestra capacidad de preservar la cultura y nuestro derecho a modificar, compartir y reparar aquello que supuestamente nos pertenece.

La adopción de esta forma de consumo se promociona desde hace más de una década como un posible avance hacia economías circulares, eficientes, ecológicas, enmarcadas en las posibilidades de lo digital. El Foro Económico Mundial, que nunca pierde oportunidad de vender visiones utópicas e ingenuas, tiene decenas de artículos respecto del “fin de la propiedad” y de cómo la “servitización” —vender el uso en lugar de la cosa misma— podría permitir optimizar la producción, reducir el impacto ambiental y dejarnos a las puertas de una economía circular virtuosa, con arcoíris y unicornios.

Uno de los argumentos favoritos es el fin de la posesión de vehículos privados. Según esta visión, gracias a las apps de movilidad como Uber, el número de vehículos en las calles debería disminuir porque en vez de procurar tener uno podríamos pagar por el tiempo en que lo usamos, con el beneficio de que incluso maneje alguien más. Los datos, por el momento, contradicen la promesa: la irrupción de empresas como Uber no redujo en absoluto la cantidad de vehículos por hogar en los principales centros urbanos estadounidenses durante los últimos diez años.

Rentismo corporativo

Este modelo, sin embargo, lejos de arrimarnos a la utopía consolida una brutal asimetría económica. El economista Guy Standing la define en The Corruption of Capitalism (2016) como un sistema dominado por el rentismo corporativo que, en lugar de generar ingresos a través de la producción o el trabajo asalariado tradicional, extrae rentas perpetuas a partir del control de plataformas, algoritmos y licencias. De este modo, las corporaciones se posicionan como intermediarios ineludibles que cobran peaje.

Aunque esta lógica extractiva es prácticamente trivial en un entorno digital, permea cada vez más nuestra relación con bienes esenciales, como la vivienda. El investigador Richard Ronald escribe sobre la “Generación Alquiler”, un estrato demográfico que se ve forzado a depender de propietarios a largo plazo. La misma lógica alcanzó al alquiler de ropa y llevó a IKEA a proponer en 2019 el “Furniture-as-a-Service” (FaaS), que consistía en pagar una suscripción por los muebles de casa, ideal para nuestro permanente estado de precariedad. Aunque el modelo no prosperó, la oferta mutó hacia empresas y alojamientos estudiantiles.

El DRM

En el caso de lo digital, el abandono de la propiedad en favor del acceso o la suscripción se apoya en una pieza tecnológica fundamental: el DRM o “gestión de derechos digitales”, un mecanismo diseñado para evitar la piratería de películas y música limitando el acceso. Pero este mecanismo rápidamente fue aplicado a objetos físicos, desde impresoras diseñadas para evitar que los usuarios recargaran los cartuchos hasta maquinaria agrícola que no puede ser reparada.

Por ejemplo, los tractores de John Deere operan con un sistema cerrado y cifrado, que los fabricantes defienden bajo una premisa bien conocida: los agricultores no compran el vehículo sino una licencia para operarlo. Cualquier intento de reparación debe pasar por el servicio técnico oficial.

A los señores granjeros esto no les cayó muy bien y luego de años en disputa la empresa tuvo que pagar 99 millones de dólares. No pasaron un par de años más hasta que volvieron a enfrentar un juicio similar, esta vez por maquinaria para la construcción.

Amnesia histórica planificada

En el plano cultural, la mediación y restricción del acceso —que puede modificarse a posteriori— deriva en una especie de amnesia histórica planificada. Las plataformas tienen potestad sobre sus catálogos, naturalmente, pero en algunos casos el control sobre la disponibilidad de ciertas obras hace que estas puedan quedar prácticamente eliminadas para el público.

Por ejemplo Willow, la serie que Disney estrenó en 2022 como secuela de la famosa película, costó más de cien millones de dólares y fue eliminada por completo apenas seis meses después de su estreno. Como nunca fue vendida en formato físico, hoy la única forma de verla es de forma ilegal.

El motivo fue ahorrarse algunos millones en impuestos, lo mismo que hizo HBO Max al eliminar decenas de series y películas de su catálogo, en algunos casos también sin que existieran copias materiales. Esas obras desaparecieron del acceso público.

Algo parecido está pasando en la industria de los videojuegos, aunque era esperable. Sony anunció que desde 2028 no se venderán más títulos en formato físico y que en cierta medida la culpa es nuestra: más del 80 por ciento de las ventas son digitales. Microsoft fue pionero en esto: desde 2013 nos hizo saber que no poseemos un juego sino una licencia.

Al forzar esta transición hacia las descargas y el consumo en la nube, se destruye cualquier posibilidad de préstamo y reventa, pero también la conservación en archivos culturales. Y no quedan buenos en esta historia: incluso Steam advierte explícitamente que lo que adquirimos es una mera concesión temporal de uso y no un producto duradero.

A merced de las empresas

El famoso diseñador de videojuegos Hideo Kojima lleva años llamando la atención sobre el riesgo que corremos. A principios de julio, en Roma, expresó nuevamente su extrema preocupación por el estado de un ecosistema dominado por servicios centralizados. Kojima argumenta que carecer de soportes físicos se traduce en que cualquier cambio político, crisis financiera o incluso problema técnico podría cortar el acceso a las obras de manera irreversible o sin posibilidad de reclamo. Bajo este modelo, las sociedades dejarían de tener acceso directo a los libros, la música y las películas que formaron su identidad, quedando a merced de quien administra la infraestructura tecnológica.

Detrás de esta fragilidad estructural de los bienes culturales, defendida en virtud de la comodidad del acceso, hay también una degradación del trabajo artístico. Cuando hace tantos años se trenzaron los muchachos de Metallica con Napster, la industria repetía que cada reproducción ilegal equivalía a una venta perdida. Hoy sabemos que la institucionalización del streaming legal es el motor de la precarización de la actividad artística, apalancada en métricas opacas y una dependencia forzada de las giras en vivo y la venta de merchandising.

En oposición a todo esto aparece el descubrimiento, por parte de personas que nacieron y crecieron con conectividad total, de las virtudes de aquello que podemos sostener, tocar, oler, sentir. Como cuenta Romina Zanellato, la Generación Z impulsó las ventas de cassettes, vinilos, CD e incluso viejos reproductores MP3. Esto no parece responder a la mera nostalgia de una época que prácticamente no conocieron, sino a una estrategia consciente para escapar del algoritmo y, en la medida de lo posible, conocer la experiencia de poseer una fracción de cultura de forma segura, sin el temor de que venga alguien a la noche y se la lleve.

Recuperar el agotamiento

Perzanowski y Schultz sostienen que, al desplazar la propiedad hacia el acceso temporal, se modifica la relación de la sociedad con los objetos cotidianos, pero también con el valor del trabajo y la estabilidad del legado intelectual. Según argumentan, esta pérdida de derechos se apoya en una asimetría de información: las plataformas utilizan diseños engañosos, términos y condiciones ilegibles, y palabras imprecisas (como “comprar”) cuando en realidad están disimulando un alquiler ajustado a medida de sus intereses comerciales.

Como respuesta, proponen recuperar el concepto de “agotamiento”, propio del derecho de propiedad intelectual, y extenderlo a los bienes digitales. Este principio dicta que, una vez que compramos algo, el derecho de control del titular sobre esa copia específica se “agota”, otorgando total libertad para revenderlo, prestarlo o regalarlo. El problema aparece ante la posibilidad de modificarlo: nadie puede impedirnos tomar un libro de papel y convertirlo en un sombrero, pero cuando se trata de un libro electrónico muchas veces ni siquiera es legal convertirlo de un formato a otro para que sea compatible con algún dispositivo.

Empatar nuestras legítimas expectativas como consumidores de bienes digitales con aquello que podemos hacer con los bienes físicos sería apenas un primer paso. Mientras tanto, sin importar cuánto DRM se nos eche encima, el ingenio humano siempre podrá con él. La cultura libre no retrocede aunque lleguen amenazas de personas con trajes caros.

Defender la vigencia de la propiedad en nuestros entornos digitales supone defender algo aún más amplio: la autonomía individual frente a modelos extractivos que buscan convertir la totalidad de la experiencia humana en un servicio por suscripción.