Santa Fe fabrica lo que Nación recorta

Las cajas grandes, blancas, ocupan los estantes de madera y hierro del piso al techo en el depósito del Laboratorio Industrial Farmacéutico, en el norte de la ciudad de Santa Fe. Es una mañana fría. Las medidas de seguridad son estrictas. El sello celeste del LIF se distingue en las grandes etiquetas, que llevan además el rótulo de cada medicamento. Metformina, antibióticos, anticonceptivos orales, tuberculostáticos, todos preparados para ser trasladados a las farmacias de hospitales y centros de salud de la provincia. 

Allí están las cajas de misoprostol, y atrás de unas rejas –le dicen “jaula”– hay algunos que requieren recaudos especiales. A ese espacio entra Martín Pérez, uno de los encargados del sector, a buscar las pastillas de mifepristona. La combinación de misoprostol y mifepristona, producida en Santa Fe (por ahora en dos blisters diferentes) se distribuye a los 798 centros de salud de la provincia para garantizar las interrupciones voluntarias y legales del embarazo. 

La mifepristona, bautizada “la mágica” por las activistas feministas que acompañaban abortos antes de que fuera legal, sólo circula en la provincia, porque la Administración Nacional de Medicamentos (ANMAT) no autorizó hasta ahora su tránsito interprovincial, solicitado en 2023. La mifepristona mejora el proceso, porque no genera efectos secundarios, y lo acorta, porque prepara el útero para la interrupción. 

Con una pastilla de mifepristona y cuatro de misoprostol se puede interrumpir un embarazo hasta la semana 14, el plazo establecido por la ley 27610. También se pueden hacer sólo con misoprostol, pero el proceso es más largo, ya que requiere al menos 3 dosis de 4 comprimidos cada una, tiene menos eficacia y más efectos secundarios, como vómitos, fiebre y diarrea. 

En Santa Fe, las dos drogas están preparadas para llegar a lo que se llama la última milla: la mujer o persona con capacidad de gestar que manifiesta su voluntad de abortar en el Centro de Salud. De no mediar alguna condición médica específica, la gran mayoría de las veces, la práctica se resuelve con medicamentos suministrados en los centros de salud. De forma ambulatoria, pueden tomarlas en sus casas o donde ellas prefieran.   

Soberanía sanitaria

Daniel Teppaz es parte de esa historia desde hace décadas. Y lo que ocurre hoy tiene un nombre: soberanía sanitaria. “Fue una tarea ardua y de enorme importancia”, dice ahora, como integrante de la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas). 

Teppaz lleva más de 25 años en la salud pública, y tuvo diferentes responsabilidades, entre ellas, fue Director de Salud Sexual y Reproductiva en la provincia de Santa Fe. Recuerda perfectamente cómo era antes de tener lo que se llama “un producto dedicado”. 

Durante años, la forma de contar con misoprostol era comprar Oxaprost que contenía en su interior una pastilla de diclofenac. “Incluso antes de la ley de IVE, tener la monodroga nos sacaba de esa pastilla que había que partir, sacar el pedacito, sacar el corazón de diclofenac, tirarlo y que era un problema, realmente un problema”, cuenta Teppaz. 

Ese medicamento, que se usaba oficialmente como protector gástrico, fue detectado por su capacidad de provocar abortos como efecto secundario. En los primeros años de este siglo colectivos de mujeres como Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto y Socorristas en Red comienzan a difundír su uso y el precio comienza a aumentar, por la posición monopólica del laboratorio Beta que lo producía

En 2005, la Organización Mundial de la Salud había declarado a las dos drogas –el misoprostol y la mifepristona– como medicamentos esenciales, y el activismo feminista impulsó que las mujeres y personas con capacidad de gestar pudieran acceder con lo que circulaba en el país hasta entonces. 

En 2012, después del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, la provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario comenzaron a comprar misoprostol para garantizar lo que se llamaban abortos no punibles, luego Interrupciones Legales del Embarazo. 

Y la provincia empezó a planificar la producción propia. “Fue una negociación muy ardua para conseguir los excipientes, los insumos, la droga, el lugar que se necesita para fabricar el misoprostol no es un lugar como cualquier otro. Necesita todo un mecanismo de fabricación bastante más difícil”, rememora Teppaz. 

A partir de 2019, el medicamento se fabricaba, pero sólo se podía proveer en los centros de salud provinciales. La ley de interrupción voluntaria del embarazo se aprobó el 30 de diciembre de 2020 y a partir de 2021, Santa Fe pudo vender misoprostol a otras provincias. 

“Luego se hizo todo el desarrollo de la mifepristona, al poco tiempo. Había el know-how, así se llama más técnicamente, cómo hacerlo, cómo fabricarlo y bueno, hasta que se aprobó en la gestión anterior y también lo aprobó Nación porque tampoco estaba aprobado a nivel nacional”. Recién en marzo de 2023, ANMAT autorizó al laboratorio privado Domínguez para la comercialización del medicamento Mifepristona (bajo el nombre comercial MIFEP) en comprimidos de 200 mg.

Unos meses después, el LIF anunció la producción pública de mifepristona. 

Que no haya faltantes

¿Por qué es importante que el LIF produzca esos medicamentos? “Lo principal es que permite mejorar no solamente el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, sobre todo mejoramos la calidad. El uso de la mifepristona junto con el misoprostol es el “gold standar” en la atención del aborto medicamentoso”, dice Paula Botta, secretaria de Género de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario y responsable de la cátedra electiva sobre aborto. 

“Si uno lo compara con épocas anteriores, incluso previo a la sanción de la ley, siempre fue un negocio el acceso al misoprostol”, sigue Botta. “Hoy en día, con la producción pública se garantiza una continuidad, que no haya un faltante, que no dependa de una compra específica sino que viene directamente desde el laboratorio provincial LIF”. 

La distribución se hace en el circuito estatal. Cada centro de salud, ya sea municipal o provincial, pide una cantidad y de acuerdo a esa previsión se provee. 

La ley garantiza el acceso gratuito en todo el sistema, ya sea de gestión pública o privada. Además, en las farmacias también se consigue misoprostol y una presentación llamada Mifep de Laboratorio Domínguez, que combina una pastilla de mifepristona y cuatro de misoprostol. El Mifep cuesta 238 mil pesos y el misoprostol oscila entre 121 mil y 145 mil pesos. 

El laboratorio público

El LIF es un laboratorio público fundado en 1947. En su edificio de French 4950, todas las personas subrayan que la producción pública es una inversión, y el medicamento, un bien social. Se nota el orgullo en los ojos de Silvina Mujni, gerenta de planta, que ingresó por primera vez como estudiante y hace 27 años trabaja en el laboratorio público. 

Para ingresar al sector de producción es imprescindible cumplir algunos pasos, hay una zona gris, de circulación no tan restringida y una zona blanca, a la que sólo entran las personas que intervienen en el proceso. Además de las cofias, los guardapolvos y los cubrezapatos, para entrar hay que habituarse a los cambios en la presión atmosférica que requiere el proceso. 

Lo primero que llama la atención son las bolsas con los polvos, los principios activos. Mujni se esmera en explicar los procesos de medición, control de calidad y monitoreo que requiere cada producción. 

En el laboratorio se mejoran las fórmulas y se desarrollan nuevos productos. 

A la máquina mezcladora entra la materia prima de la fórmula exacta. Está funcionando, de allí saldrán 500.000 comprimidos de paracetamol. 

En el espacio de la llamada “blistera”, que recibe las pastillas a granel y las ubica en las tabletas, hay dos hombres que trabajan con máscaras y trajes blancos, recuerdan a El Eternauta. 

Cada año, el LIF produce 120 millones de comprimidos de 45 especialidades. “El estatuto dice que cualquier producto que salga de acá debe tener una distribución final gratuita”, subraya José Berardo, miembro del directorio de esta Sociedad del Estado, y empleado del LIF desde hace 20 años. 

Lo que ocurre en la provincia de Santa Fe va a contramano de las políticas sanitarias nacionales. El decreto 70/2023 de Javier Milei eliminó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos y, desde el 1° de abril, el Ministerio de Salud de la Nación dejó sin efecto el plan Remediar, que distribuía una canasta de medicamentos básicos a los centros de atención primaria de la salud en todo el país. El LIF proveía algunos fármacos a ese programa.

En cambio, en Santa Fe, el proyecto es aumentar la capacidad de producción pública, con la vista puesta en el acceso universal. Para Berardo, si se compara con los 10 millones de comprimidos anuales que se fabrican de ibuprofeno, los volúmenes de misoprostol y mifepristona son pequeños. De acuerdo a lo distribuido entre enero y junio, producirán 50.000 comprimidos de misoprostol y 6000 de mifepristona. 

La producción del LIF, con un precio del 20% del valor de venta en farmacias, también aporta a la soberanía sanitaria de otras provincias. Entre 2020 y 2026, le vendieron 2 millones 300 mil comprimidos de misoprostol a la provincia de Buenos Aires. Esas cajas tienen otra etiqueta: “Medicamentos bonaerenses”. 

El 70 por ciento de las ventas de misoprostol del LIF fueron a Buenos Aires. También hubo ventas, entre 2020 y 2023, al Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Pero eso se cortó. Con la asunción de Javier Milei, Nación dejó de comprar y distribuir a todo el país. Cada provincia, entonces, hace lo que puede. Y Santa Fe puede más que otras provincias. 

Berardo asegura que el LIF está en condiciones de vender misoprostol y misopristona a todo el país, tanto en misoprostol como de mifepristona. “Estamos abiertos y queremos cumplir con la ley y queremos ser pioneros en esta producción, pero no estamos empoderados en el programa Salud Sexual Reproductiva. No es nuestro eje”, afirma. Las decisiones están a cargo de la ministra de Salud Silvia Ciancio. 

Los insumos son todo

“No existe política de salud sexual y reproductiva sin insumos”, dice el director provincial de Salud Sexual Integral de la provincia de Santa Fe, Facundo Peralta. Lo sabe bien porque, como funcionario, le tocó un contexto inédito desde la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en 2003: el recorte drástico de la distribución que ha encarado el actual gobierno nacional. Cuando desgrana los datos del retiro del Estado Nacional, tanto en la provisión de insumos como en la rectoría de políticas, recuerda que en dos años, Santa Fe invirtió 4.400 millones de pesos en insumos de salud sexual y reproductiva. Un recurso que antes se financiaba desde Nación. 

Según los números oficiales, en 2025 se realizaron 2900 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sistema público de salud de Santa Fe. Esto no incluye la atención en prepagas y obras sociales. 

Y algo tiene que ver aquella decisión pionera. “Nosotros tenemos la particularidad, a diferencia del resto de Argentina, de que la producción pública de misoprostol es previa a la sanción de la ley. Entonces, la resolución de las interrupciones por vía medicamentosa era una práctica que estaba instalada”, plantea el funcionario provincial. 

“En noviembre del 2024, la mifepristona del LIF logró atravesar todo el periodo de estabilidad del medicamento y estaba en condiciones de tener circulación en la provincia. A nosotros nos permitió emitir una recomendación técnica a todos los equipos para priorizar la utilización del tratamiento combinado de producción pública provincial”, dice Peralta. 

Y saca pecho: “Somos la única provincia de Argentina que garantiza en materia de calidad y seguridad de atención el estándar más alto para resolución de interrupciones voluntarias y legales del embarazo”, afirma. Lo considera “un lograzo”. 

Tener o no tener

El año pasado faltó mifepristona durante tres meses. Así lo consignan profesionales de la salud y también activistas de Socorristas en Red de la provincia. Además, algunos equipos de salud todavía no incluyen el tratamiento combinado. 

“Hay un poco de todo, los actores provinciales tienen su circuito y estos medicamentos son por pedido especial, tienen que llenar un formulario en sus sistemas informáticos y a partir de ahí reciben la medicación. O sea, tienen un stock, pero tienen que llenar esos formularios para reponerlo”, describe Botta. 

Reconoce dificultades para la provisión de mifepristona en equipos menos comprometidos. “No deja de ser un insumo relativamente nuevo. El año pasado hubo tres meses en donde se discontinuó, por una cuestión de la producción que no tuvimos, y eso empezó a generar a veces un poco de olvido en los profesionales de la salud, de no saber si está disponible”, sigue su relato.

El amor por lo público

Nerina Azpeitia también integra la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Para ella, la importancia de la producción pública es incalculable. 

Todavía recuerda cómo era cuando empezó a garantizar los abortos. “En ese momento, teníamos que ver qué escribir en la historia clínica, cómo protegernos, cómo conseguir el misoprostol, en qué farmacias los vendían y en ese momento nos encontrábamos con gente en una esquina”, recuerda los malabares para sortear la ilegalidad. 

También se convirtieron en “pedigüeñas”: “Quien tenía misoprostol que le había sobrado nos daba a nosotras y ahí se garantizaba”. Es que entonces, la presentación de Oxaprost era de 16 comprimidos, y el procedimiento, si todo salía bien, requería 12. 

“Era una completa informalidad, con recetas que hacíamos a nombre de varones, para que las chicas no tuvieran problemas y las  iban a comprar en las farmacias que sabíamos que vendían, pero había que conseguir la plata”, recuerda. 

Eso la vinculó con “el socorrismo”, activistas que brindan información y acompañamiento en abortos mucho antes de la sanción de la ley en 2020. 

“Había mucho miedo. Entonces, las socorristas nos escribían a quienes sabían que garantizábamos: ‘Necesito zapatillas rojas’. Yo no sé por qué era esa frase, pero era el modo de saber que necesitaban acompañar a una mujer y que se necesitaba misoprostol”.

Desde 2012, pudieron sacarlo de la farmacia del hospital o centro de salud, registrarlo en la historia clínica con la fecha y, todavía entonces, con la causal según se había establecido por el fallo de la Corte Suprema que dio un marco a la interpretación del Código Penal. 

En 2019 llegó el “miso” del LIF. “Como equipo de salud nos cambió totalmente nuestra práctica, veníamos todavía sin ley, muy mirados por el resto del equipo, la mayoría objetores y encima no teníamos las herramientas para trabajar como correspondía. Cuando el gobierno lo empezó a producir, fue un respaldo muy importante”, rememora Nerina.

Para las usuarias también fue más sencillo. “Simplificaba las consultas. La verdad que, cuando uno lo recuerda, yo pensé que no iba a vivir para acceder a ese tipo de tratamiento”, dice con el corazón. 

“Si vos haces solo misoprostol, la droga no es tan inteligente, no va sólo al útero. La mifepristona, al contrario, es un antiprogestágeno, bloquea las hormonas del embarazo. Va directamente al objetivo que queremos. Y prepara al útero para que responda más rápido al misoprostol”, explica de una manera muy didáctica. 

La mifepristona significa “el aborto de calidad” y al principio, el acceso “era un lujo”. Por eso, antes de la autorización de la ANMAT, la llamaban “la mágica”. 

“Para quienes habíamos acompañado solo con misoprostol, de golpe tenías una mife y dos dosis de miso y ya estaba”, grafica. Por eso, considera que “todo tratamiento” debe hacerse con las dos drogas combinadas. 

El aborto con medicamentos democratizó un acceso que –si bien requiere de acompañamiento y asesoría– depende menos de la participación médica. Autonomía es la palabra clave. 

Nerina tuvo la oportunidad de visitar el LIF. 

–Pude ver el amor en la producción de los medicamentos. Había un chico todo vestido de blanco, con su cofia, y estaba pesando cada uno de los comprimidos de mifepristona. Y yo pensaba: «Ay, si este pibe supiera lo que va a significar esto en la vida de las mujeres”.

Esta nota pertenece a Punto de Encuentro — un especial de Amnistía Internacional Argentina junto a CENITAL. Podés leer todos los artículos acá.