Rosario: el parque acuático que divide aguas

El gran conflicto urbano de Rosario de los últimos tres meses tiene un vocabulario bastante original: toboganes, juegos de agua, reposeras. La disputa tiene como eje un proyecto de parque acuático para Costanera Norte, que la Municipalidad y la provincia de Santa Fe presentan como la pieza más visible de una reconversión integral de la costa del río Paraná, mientras que vecinos, grupos ambientalistas y parte de la oposición cuestionan el modo en el que se decidió, el lugar donde se emplaza y sus implicancias en términos de acceso público.

En las últimas semanas, la discusión escaló hasta volverse un debate político y judicial, con un componente urbanístico nada menor que intentaremos explicar en este espacio de la manera más clara posible.

De juzgados y cautelares

El 23 de abril, el gobierno rosarino, a cargo del intendente Pablo Javkin, publicó el decreto 715/2026 que llamaba a licitación pública para “Parque Acuático – Costanera Norte”. En paralelo, publicó el pliego en su portal de compras con un presupuesto de 12.600 millones de pesos, con la apertura de sobres prevista para el 14 de mayo. La corta distancia entre ambas fechas es un dato importante: muestra que no era una idea preliminar sino una obra con financiamiento previsto y un cronograma de contratación en marcha.

Días más tarde, la Municipalidad salió a promocionar el futuro parque acuático, un predio de unos 10.000 m² con espejos de agua, sector infantil, torre de toboganes, solárium, nuevos accesos, senderos, bicisendas, áreas gastronómicas y una intervención más amplia sobre el frente costero. La comunicación oficial lo vende como una pieza de renovación urbana y turística de la ribera, una estrategia para “jerarquizar” la costa rosarina.

Los renders difundidos por la Municipalidad ayudan a entender por qué el proyecto llamó tanto la atención. La imagen más repetida es la de una torre de varios pisos desde la que descienden grandes toboganes de colores, acompañada por un parque con juegos infantiles, chorros interactivos, espejos de agua de baja profundidad, piscinas recreativas, además de un solárium con reposeras y sombrillas y nuevos edificios de servicios y locales gastronómicos. El complejo ocuparía alrededor de una hectárea y sería administrado mediante un acceso pago para utilizar las atracciones acuáticas.

Aparecieron allí las primeras objeciones públicas y una crítica política de doble vertiente. Por un lado, desde un punto de vista urbanístico-ambiental, el excandidato a intendente Juan Monteverde (Ciudad Futura) hizo foco en el uso del suelo y el carácter público de la costa. Por el otro, y un poco más tarde, un reclamo en torno a la supuesta falta de transparencia del proyecto, más visible en las declaraciones del concejal Juan Pedro Aleart (La Libertad Avanza), quien exigió mayores estudios y documentación de la iniciativa, si bien finalmente no acompañó el llamado a una sesión extraordinaria para tratar el tema.

En junio, Monteverde consiguió frenar la ejecución de la obra mientras se definía qué juzgado debía intervenir en la causa. Pero a principios de este mes, el juez que lleva adelante la causa consideró que no estaban reunidos los requisitos para mantener paralizado el proyecto. Y si bien Ciudad Futura apeló, fuentes judiciales explicaron que la Municipalidad podrá “continuar la obra” hasta que haya un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión.

¿Afectación al ecosistema?

El Poder Judicial ahora deberá decidir si el Ejecutivo puede avanzar por decreto sin la intervención del Concejo Municipal, si el proyecto cumplió con los requisitos (ambientales, urbanísticos y de participación ciudadana), y la validez de los distintos planteos promovidos por concejales opositores, vecinos y organizaciones ambientalistas.

El planteo de Monteverde y su equipo se apoya en el hecho de que el predio forma parte de un Área de Reserva (ARD 23 Costa Deportiva) y, por eso, una intervención de este tipo exigiría un Plan de Detalle aprobado por el Concejo, algo que el Ejecutivo habría evitado al avanzar por decreto.

En un sentido similar, colectivos ambientales y náuticos –incluyendo la Asociación de Guías e Instructores de Kayak (AGIKS)– concentraron su crítica en la posible afectación del ecosistema ribereño, la pérdida de uso democrático de la costa y el el riesgo de privatización funcional de un tramo valioso del borde del Paraná, además de la ausencia de estudios ambientales y mecanismos de participación pública previstos por el Acuerdo de Escazú.

Renaturalizar vs. privatizar

Federico Fritschi es creador del podcast Circulantes y un gran conocedor de los temas urbanos de la ciudad de Rosario. Cuando le consulté sobre el proyecto del oficialismo, se mostró crítico con la idea de montar un parque acuático en esa zona de costa pública y gratuita. “No estoy en desacuerdo con que exista un parque acuático en Rosario, pero sí con que sea puntualmente en ese lugar. Existen en la costa del Paraná otras opciones”, dice Fritschi. 

La iniciativa oficial abarca un área del balneario La Florida, en la zona de la Costanera Norte y Rambla Catalunya. Fritschi cree que se trata de “la zona típica de ingreso a la ciudad, con esa postal de pescadores” y que un proyecto que modifique su naturaleza terminaría restando “algo que Rosario defendió durante mucho tiempo, una impronta propia de ciudad, pensada estratégicamente a muchos años”.

Como explicó Fernando Bercovich en esta nota de Cenital, ya en 2008 se había puesto en marcha el Plan Estratégico Rosario Metropolitana que avanzaba con un plan de recuperación del frente costero y se convertiría en un ejemplo de cómo ampliar espacio verde público en una ciudad que hasta aquel entonces tenía uno de los peores índices en la materia a nivel país. “Rosario se convirtió en una ciudad compacta, con una cuadrícula que permite llegar de forma bastante rápida a todos sus barrios e integrada con su paisaje ribereño”, explicó Bercovich. Esto es lo que podría correr riesgo si se avanza por decreto con planes parciales.

El oficialismo argumenta que no se “privatiza” la costanera, sino que se crea un parque acuático pago dentro de un plan que amplía la playa pública, mejora los accesos y recupera espacios degradados. La oposición y numerosas organizaciones sostienen que aunque el paseo permanezca abierto, una parte del borde costero pasará a destinarse a un complejo cerrado y con entrada paga.

“El proyecto oficial plantea otras cuestiones más atendibles, como el hecho de tumbar algunos bares de la zona para generar más metros de playa pública (N. de la R.: el plan de Javkin incluye la demolición de estructuras existentes, como los bares Paraíso y Mordisco y el antiguo ingreso de La Florida). Pero no sabemos si el resto del proyecto tiene que ver con esa búsqueda de renaturalizar la zona o si se queda en una serie de instalaciones con colores brillosos y plásticos”, cierra Fritschi. “Es un tema que merece un debate profundo, algo que hasta el momento no se ha dado”.

Más allá del render

El debate de fondo va más allá de la foto (o el render) de un parque acuático: pone en juego qué tipo de relación debe tener Rosario con su frente costero. El oficialismo (municipal y provincial) argumenta que el proyecto es la última etapa de una política iniciada hace décadas para recuperar terrenos degradados que sigue la línea de la transformación de antiguos sectores portuarios e industriales en parques públicos, como Parque de España o Puerto Norte. De acuerdo con esta mirada, el parque se va a erigir sobre una explanada ya urbanizada y formará parte de una intervención más amplia que suma espacios verdes, paseos peatonales y una mejor conexión con el Paraná.

Los críticos, en cambio, señalan que, aunque el paseo siga siendo público, introducir un recinto de acceso pago sobre la ribera modifica el carácter del borde costero, porque reserva una parte del espacio frente al río para un uso comercial y controlado. También se cuestiona la falta de información detallada sobre la superficie cercada, el modelo de gestión y el impacto sobre el acceso libre al Paraná, motivo por el cual el Concejo aprobó un pedido de informes por unanimidad. ¿No se estará privilegiando una lógica de parque temático por sobre una integración más directa con el paisaje fluvial? Mientras la Justicia define su futuro, el parque acuático sigue dividiendo las aguas.