Milei y el peronismo, entre el bolsillo y la batalla cultural

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Universidad Torcuato Di Tella —probablemente el mejor predictor disponible del comportamiento electoral de los argentinos— mostró una caída significativa de Javier Milei respecto del mes anterior. A esta altura de su mandato, Milei exhibe un nivel de confianza algo inferior al que tenía Mauricio Macri en el mismo tramo de gestión, sensiblemente por debajo del que registraba Néstor Kirchner y apenas por encima del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Esta última comparación exige una advertencia y es que ese período estuvo atravesado por el conflicto con la Mesa de Enlace, un episodio de una intensidad política excepcional que vuelve poco lineal cualquier paralelo. 

La novedad de julio es que el deterioro alcanzó precisamente a los sectores que habían funcionado como sostén estructural del Gobierno. La confianza entre los hombres cayó un 11,3%, hasta 2,10 puntos, mientras que entre los jóvenes de 18 a 29 años se desplomó un 23% y quedó en 1,68, por debajo del promedio nacional. Las mujeres, tradicionalmente más reticentes al oficialismo, registraron en cambio una pequeña recuperación, aunque continúan expresando niveles de confianza inferiores a los de los varones. Territorialmente, el interior sigue ofreciendo el mejor resultado relativo, mientras que el Gran Buenos Aires permanece como el punto más débil. 

Los datos del ICG dialogan bien con dos ideas que rivalizaron en buena parte de la conversación pública de los últimos dos años: que Milei había producido un cambio cultural irreversible entre los jóvenes frente a que la situación económica iba a hacer “volver” a esos mismos jóvenes a los brazos peronistas. Un trabajo del Instituto Universitario CIAS sobre 964 jóvenes de entre 16 y 24 años que viven en barrios populares del AMBA sugiere que la economía cotidiana sigue teniendo una capacidad extraordinaria para moldear las preferencias políticas, pero que la nitidez de Milei podría llevar a los debutantes en las urnas del año que viene a comportarse de una manera que los acerque más a los de 2023 que a los de 2026. Una reversión actualizada: con el clima de época o la identidad ideológica no alcanza, pero sin ellas no se puede. 

Los números económicos del estudio son difíciles de ignorar. Tres de cada cuatro jóvenes consideran que la economía empeoró durante el último año. Seis de cada diez afirman que en sus hogares debieron reducir consumos y el recorte más frecuente no fue en bienes prescindibles sino en alimentos. A la vez, el 57% sostiene que su familia tomó deuda para afrontar gastos corrientes, con un dato especialmente revelador: la principal fuente de financiamiento no son los bancos sino familiares, amigos y prestamistas del barrio. 

Ese deterioro económico tiene una traducción política: entre los jóvenes de barrios populares, el peronismo aparece claramente primero en intención de voto, mientras que La Libertad Avanza conserva un segundo lugar. Es importante hacer una salvedad: en el universo social y etario sobre el que se paró el estudio, LLA alcanzó un 32% hace tres años. Es decir, cayó, pero no de manera vertical a pesar de la situación económica. 

También resulta interesante observar qué ocurre con quienes votaron a Milei en 2023: el 58% repetiría su voto, mientras que el resto se dispersa entre otras opciones, la indefinición o el voto en blanco. Donde los hogares no sufrieron ajustes, la retención del voto libertario sube al 64%. Cuando hubo recortes, baja al 53%. Este es un factor preocupante para el gobierno si uno lo mirara aislado porque retiene solo 6 de cada 10 votos de jóvenes de barrios populares en relación a 2023.  

Hay, finalmente, un dato que no aparece en el informe, pero al que tuvo acceso #OffTheRecord y es que, si bien LLA pierde apoyo respecto de 2023 entre quienes ya habían votado aquella elección, los jóvenes que se incorporarán al padrón por primera vez en 2027 parecen tener perfiles y preferencias mucho más parecidos a los votantes libertarios de 2023 que a los jóvenes relevados hoy. Es decir, mientras una parte del electorado juvenil que acompañó a Milei empieza a mostrar desgaste como consecuencia de la situación económica, otra camada llega con una predisposición que podría compensar parcialmente esa pérdida.

Esa hipótesis podría tener un límite. Como suele recordar el politólogo Andrés Malamud, las elecciones no las deciden solamente las preferencias sino también quiénes efectivamente concurren a votar. Y, en términos generales, los votantes de mayor edad participan más que los más jóvenes. Por eso, aun si esa nueva generación mantuviera un sesgo más favorable al oficialismo, su peso electoral dependerá también de su nivel de participación. 

Durante la campaña presidencial de 2023 esta entrega publicó una experiencia de focus groups con jóvenes de barrios populares del primer cordón del conurbano bonaerense que, vista a la distancia, adquiere otro significado. Ante la pregunta de si creían en la justicia social, prácticamente todos respondían que sí. Sin embargo, cuando se les pedía que explicaran por qué, las respuestas se orientaban a que era el derecho a recuperar por la fuerza un teléfono, una billetera o cualquier objeto que les hubieran robado. No estaban hablando de la justicia social como tradición política del peronismo, sino de la justicia por mano propia. 

Algo parecido empezó a aparecer con otras categorías clásicas de la política. En distintos trabajos cualitativos, cuando se les pregunta por el Estado, algunos jóvenes asocian espontáneamente la palabra con el “estado” de WhatsApp antes que con el aparato público. No se trata necesariamente de un rechazo ideológico sino de conceptos que durante décadas organizaron la conversación política dejaron de formar parte del lenguaje cotidiano de una parte importante de esta generación.

La precariedad económica hace que buena parte de ellos organice su vida alrededor del consumo inmediato, sin expectativas demasiado claras de movilidad ascendente o de proyectos de largo plazo y, al mismo tiempo, mantienen una mirada extraordinariamente crítica sobre los planes sociales y sobre quienes identifican como sus intermediarios. Según los trabajos cualitativos y cuantitativos que vienen realizándose en estos sectores, el rechazo a ese sistema ronda el 85%, cifra que no contiene a la Asignación Universal por Hijo (AUH) que goza de una enorme aprobación en la población estudiada.

Es decir, el malestar económico no implica automáticamente una reivindicación de los mecanismos tradicionales de asistencia estatal. La demanda parece ser otra: mejorar las condiciones materiales sin volver a un esquema que muchos de estos jóvenes consideran agotado, ineficiente o capturado por intermediarios. Es lo que parece estar vivo de la elección de 2023: la crisis económica vuelve a ordenar el voto, pero ya no lo hace sobre las categorías culturales con las que la Argentina discutió durante las últimas décadas.

En materia internacional, nuestra política exterior tuvo un capítulo de oprobio en la visita de Milei a Brasil. En Brasilia, diversas fuentes del gobierno de Lula da Silva –enteradas de la participación del presidente argentino en un acto en apoyo a Flavio Bolsonaro– habían enviado un mensaje claro, destinado a la convivencia bilateral; la línea roja eran los ataques personales. No hace falta decir que fue cruzada sobradamente. El presidente insultó estridentemente no sólo a Lula, su contraparte, sino también al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, responsable de la investigación por la que Jair Bolsonaro fue condenado por actos golpistas, por la que permanece en prisión ahora domiciliaria por cuestiones de salud. El pronunciamiento fue repudiado de manera extendida. Recibió respuestas públicas de ambos poderes, el Judicial y el Ejecutivo. 

En el caso del Ejecutivo, se llamó a consultas al embajador Julio Bitelli. El gesto es inédito en la historia de la relación estratégica entre ambos países, construida desde la recuperación de la democracia. La crisis diplomática es la más seria en el período. Es poco probable, sin embargo, que escale más allá durante las próximas semanas. Bitelli tiene la confianza del canciller Mauro Vieira, conoce bien al país y a sus actores políticos, y la relación bilateral tiene numerosos elementos que Brasilia valora más allá de cuestiones coyunturales, en términos de su posición internacional. Desde la cooperación nuclear hasta el Mercosur, parte del liderazgo aspiracional brasileño tiene un puntal en la relación con Argentina que, además –más allá de la política– había encontrado un status quo a partir de intereses compartidos, como la conexión energética, donde la relación avanzaba sin la política.

Los exabruptos del presidente se agravan en la medida en que su participación en el acto de Flavio Bolsonaro se dio en el contexto de un viaje oficial a San Pablo, el principal motor económico de Brasil, un estado que, por sí sólo, es muy similar a Argentina en cuánto a su población y riqueza. Allí fue recibido con honores por el gobernador Tarcisio de Freitas, exministro de Infraestructura con Bolsonaro padre, y posiblemente la figura institucional más importante entre los opositores a Lula. Del acto de recepción también participó el alcalde de la Ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes. Es decir que Milei no sólo dio su apoyo a Flavio Bolsonaro –los apoyos transfronterizos se volvieron razonablemente comunes entre familias políticas– sino que completó una verdadera gira diplomática de oposición al gobierno, en un momento en el que los brasileños temen por la injerencia externa en su proceso electoral. No la argentina, claro, sino la estadounidense.

El gobierno de Trump anunció hace algunos días aranceles del 25% sobre la mayoría de las exportaciones brasileñas, en lo que es visto como una medida de presión de cara a las elecciones. El estadounidense espera llevarse el premio mayor regional en un continente donde la estrategia de seguridad nacional de EE. UU. define como prioritario, luego de los triunfos derechistas en Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Argentina, y del giro de 180 grados del gobierno venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. A diferencia de Europa, Australia o Canadá, donde el apoyo estadounidense significó derrotas para los candidatos conservadores o ultras apoyados por la Casa Blanca, en Sudamérica Trump está invicto. 

Lula, si bien es favorito, está lejos de tener la reelección asegurada, y es consciente del arsenal de herramientas con las que dispone Trump, lo que lo llevó a una respuesta relativamente sosegada a las agresiones estadounidenses. Sabe también que, incluso si gana, deberá negociar. Milei, que es algo así como un delegado del trumpismo a nivel regional, apuesta a quedar bien parado en caso de un triunfo de la derecha y a no perder su propia centralidad frente al peso específico de Brasil. 

La forma elegida, el insulto y el desafío “de estado” al presidente brasileño, es peligrosa ahora, pero tiene potencial para serlo todavía más. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y ocupa un lugar mucho más importante para nuestro país que el que nuestro país ocupa recíprocamente. Así como incluso un Lula reelecto no tendrá otra opción que negociar con Trump, Milei probablemente no tenga opción que negociar con Brasil en términos que en lo estructural son relativamente favorables a los vecinos. Con todo, posiblemente Lula no vaya a comportarse como Trump incluso si fuera reelecto y el mayor daño al país causado por el comportamiento de Milei quede ceñido al menguante prestigio internacional.

Last but not least, esta semana, y en coincidencia con la visita de la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, que vino a dar su apoyo al gobierno, el diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para pautar y condicionar la negociación con el Fondo Monetario Internacional y limitar el endeudamiento futuro. El proyecto se distancia de las posiciones que, incluso en su propio espacio, proponían desconocer esa deuda o impugnarla en su totalidad, sino que retoma el núcleo de la propuesta formulada por Daniel Kostzer y mencionada en su momento por Emmanuel Álvarez Agis. Un préstamo político no encontraría una solución adecuada mediante una negociación financiera convencional, sino a través de un acuerdo político entre los Estados que participaron de su aprobación. La propuesta original de Kostzer consistía en pagar dentro del Fondo la parte correspondiente al acceso normal de la Argentina y trasladar la discusión sobre el excedente al Club de París. 

El proyecto de Kirchner conserva esa distinción conceptual, aunque en lugar de sacar la negociación del FMI, propone reformar sus propias reglas. Se reconoce el financiamiento que la Argentina podía recibir de acuerdo con su cuota en el organismo y el excedente otorgado mediante los mecanismos de acceso excepcional. Ese segundo componente es caracterizado como el resultado de una decisión política del Directorio del FMI, adoptada a pesar de las dudas existentes sobre la viabilidad del programa de 2018 y de la salida de capitales que acompañó sus desembolsos. La iniciativa plantea establecer condiciones diferentes para la parte de la deuda cuya concesión considera excepcional. Propone una “Facilidad de Recuperación Soberana” que permita refinanciar las exposiciones extraordinarias a plazos de entre veinte y treinta años, con períodos de gracia de siete a diez años y sin sobrecargos. 

También propone que los pagos puedan vincularse con la evolución de las exportaciones, el producto y la acumulación de reservas; que los controles de capital sean obligatorios cuando los recursos del Fondo estén vinculados a una salida considerable de divisas; y que el organismo asuma alguna forma de corresponsabilidad cuando un programa haya sido aprobado incumpliendo sus propios criterios. El proyecto supone dos vías, una, un mandato parlamentario obligatorio de negociación de mejores condiciones para la Argentina de acuerdo a estas pautas, y otra, una propuesta de impulso de reforma en el seno del Fondo, para alterar en sus propios reglamentos el modo en que distribuye los costos y riesgos de sus préstamos excepcionales. 

El proyecto contiene además otras reglas internas: aprobación legislativa de cada operación, prohibición de recurrir a decretos, una comisión bicameral permanente, reconocimiento de los controles de capital como herramienta macroprudencial y un techo a la deuda externa equivalente al 200% del promedio de las exportaciones de los últimos tres años. Es conveniente, sin embargo, distinguir esos dos planos. Las reglas sobre intervención del Congreso, publicidad, supervisión parlamentaria o los límites al endeudamiento pueden ser establecidas unilateralmente por la Argentina y ordenar la conducta de sus propios gobiernos, algo que, con estas u otras pautas, aparece como algo conveniente y que debería ser tratado. 

Las propuestas sobre refinanciación del excedente sobre la cuota del país, la eliminación de sobrecargos, la creación de una nueva facilidad y el reconocimiento de responsabilidad institucional del FMI, en cambio, dependen de la aceptación del organismo y de sus principales accionistas. En este segundo terreno, la probabilidad de que la propuesta sea tomada como base de negociación parece baja. Supondría una reforma profunda del organismo que limitaría la discrecionalidad de su Directorio y trasladaría hacia el acreedor una parte de los costos que actualmente recaen sobre los deudores, reduciendo además el poder del organismo. Aún con la cuantiosa deuda argentina, su posición negociadora respecto de la masa total de recursos prestables del organismo, que supera el billón de dólares, es débil, y la propia excepcionalidad de la situación argentina hace difícil un agrupamiento.

La importancia que el proyecto concede a la articulación privilegiada con las propuestas e instituciones de BRICS+ expresa la intención de convertir el caso argentino en parte de una discusión más general sobre la representación y el funcionamiento del sistema financiero internacional. Esa coalición, que podría servir para instalar una agenda, también podría llevar al choque con Estados Unidos, que por sí sólo puede vetar cualquier reforma del Convenio Constitutivo del Fondo. Aún con estas limitaciones, el kirchnerismo asume una de las críticas que, en general, se le prodigaron durante estos años en la oposición y asume una posición concreta sobre el plan de acción que llevaría adelante si tuviera que asumir la responsabilidad de gobernar el país.