Un gran poder sin responsabilidad: Donald Trump no es Peter Parker

A las 00 horas del viernes 24 de julio vencieron los aranceles globales del 10% impuestos por la administración Trump para atender una teórica situación de emergencia que afectaba la balanza de pagos. En vez de simplemente permitirles expirar, y aún bajo cuestionamientos de la Corte Suprema, el gobierno reemplazó estos aranceles por otros de similar orden de magnitud, con fundamentos incluso más débiles. Ese mismo día fue el primero desde que Irán y los Estados Unidos retomaron las hostilidades hace poco más de dos semanas en el que no hubo ataques estadounidenses reportados en suelo iraní. Vistas en conjunto, ambas noticias dicen algo sobre el estado del unilateralismo personalista estadounidense que caracteriza la segunda administración Trump.

El arancel que no quiere morir

Ya desde la campaña, Donald Trump había prometido un arancel transversal para las importaciones estadounidenses. La idea fue ridiculizada por los demócratas, que lo trataron (correctamente) como un nuevo impuesto sobre los consumidores estadounidenses y relativizada por sus partidarios, que bajo el adagio de que hay que tomar a Trump “seria pero no literalmente”. Trump ganó, y el 2 de abril de 2025, el que bautizó como “Día de la Liberación”, anunció gravámenes de entre el 10% y el 50% para todas las jurisdicciones del mundo con excepción de México y Canadá, cubiertos por el tratado T-MEC y con sus propios conflictos arancelarios.

El fundamento fue la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia (IEEPA por su acrónimo en inglés), una norma de 1977 que permite regular el comercio exterior frente a amenazas extraordinarias. Trump declaró que el relativamente alto déficit comercial constituía una emergencia nacional de cara a todo el mundo, haciendo una utilización de la norma sin antecedentes en ninguno de sus predecesores.

El 20 de febrero, la Corte Suprema resolvió por seis votos contra tres que la IEEPA no autorizaba esos aranceles. La Constitución asigna al Congreso la facultad de establecer derechos sobre el comercio exterior, y la ley no contiene ninguna referencia a aranceles ni concede al Ejecutivo facultades ilimitadas en cuanto al monto, duración y alcance de las sanciones. Si bien el fallo no eliminó todos los gravámenes –quedaron vigentes los relacionados a la seguridad nacional–, cerró la principal vía que el gobierno de Trump había elegido para imponerlos en forma discrecional y diferenciada.

La respuesta de la administración no fue volver atrás completamente, sino que apeló a otra norma. La Ley de Comercio de 1974, que permite establecer por hasta 150 días un recargo general frente a problemas graves de balanza de pagos. Impuso un 10% generalizado, sin ventajas o desventajas relativas para ningún socio, mientras buscaba una habilitación legal para aplicar aranceles con carácter permanente. En marzo, la oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos inició sesenta investigaciones bajo la sección 301 de la Ley de Comercio, que autoriza represalias contra prácticas extranjeras que perjudiquen al comercio estadounidense. En julio, la investigación concluyó que sesenta economías –que representan más del 99% de las importaciones estadounidenses– no impedían eficazmente la importación de bienes producidos mediante trabajo forzado. 

El instante exacto en que caducó el gravamen transitorio, lo reemplazó por uno nuevo de entre el 10% y el 12,5%. Argentina integra el grupo alcanzado por el 10%, las economías que tenían pre-acuerdos con el gobierno de Trump. China, Brasil y la mayoría de las economías investigadas recibieron el 12,5%. La cobertura es casi universal. Las excepciones preservan al petróleo, el gas, los fertilizantes y algunos alimentos cuyo encarecimiento podría provocar una disrupción interna. 

Estados Unidos prohíbe desde 1930 la entrada de bienes producidos bajo trabajo forzado, y la legislación permite utilizar legítimamente su mercado contra esas prácticas. El problema es que, con el diseño de los aranceles, la cuestión laboral no es más que una excusa. Mientras que una política dirigida a eliminar el trabajo forzado distinguiría productos, empresas, regiones y trazabilidad, los nuevos aranceles dividen a casi todo el mundo en apenas dos grupos y castigan todos sus bienes con tasas similares. Países con legislaciones avanzadas reciben un trato semejante a otros que carecen de normas, y la sanción no alcanza a bienes que fueron producidos mediante trabajo forzado, sino contra países que “no hacen lo suficiente para combatirlo”.

La amplitud y discrecionalidad en la aplicación de la ley, casi con seguridad, volverá a ser discutida ante los tribunales. Su diseño revela un objetivo principal proteccionista, alejado de los fines de la legislación; conservar el piso arancelario casi universal del 10% y sustituir su fundamento cada vez que una institución queda limitada. La emergencia comercial mutó milagrosamente, de un problema de balanza de pagos a una campaña global por los derechos laborales. 

Más allá del pronóstico que tenga esta nueva ronda de aranceles ante un eventual desafío frente a la Corte Suprema de Justicia —y la administración parece, con el cambio de fundamento, dispuesta a correr una carrera entre los tiempos administrativos, más ágiles, y los judiciales, más lentos y limitados por la necesidad de que exista un caso concreto sobre el cual expedirse—, la decisión confirma una apuesta proteccionista que excede largamente la preocupación por China y las consecuencias de la dependencia del gigante asiático o de su industrialización acelerada.

Una preocupación de este tipo podía abordarse con medidas dirigidas específicamente a China, al modo el primer mandato de Trump o se la administración Biden. Un arancel generalizado, en cambio, encarece los insumos para toda la producción y los productos de consumo para toda la ciudadanía. Economistas de la Reserva Federal de Nueva York calcularon que cerca del 90% del costo de los aranceles de 2025 recayó sobre empresas y consumidores estadounidenses, y no sobre los productores extranjeros. Según coinciden las encuestas, el costo de vida es la principal preocupación de los estadounidenses.

Las guerras no se ganan sin soldados

La combinación de unilateralismo, desprecio por la normativa legal interna y externa y resultados menos que mediocres aparece, más trágicamente, en Irán. Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero una operación militar bajo la premisa de que una campaña de bombardeos y la eliminación física del liderazgo iraní permitiría destruir el programa nuclear, degradar a las fuerzas armadas, y forzar un cambo de régimen. Los ataques fueron, tácticamente, un éxito. Destruyeron instalaciones militares, mataron a buena parte de la conducción iraní y permitieron obtener rápidamente superioridad aérea. Irán no puede disputar el dominio militar de los Estados Unidos sobre sus propios cielos, algo que Rusia no logró en cuatro años de guerra en Ucrania. 

La respuesta asimétrica iraní, atacando objetivos en países vecinos y, especialmente, negando el acceso al estrecho de Ormuz, por el que circulaba una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo, compensó esa desventaja. Minas, drones, misiles de corto alcance y pequeñas embarcaciones alcanzan para encarecer el costo de los seguros, impedir el tránsito y elevar el precio del petróleo. 

Estados Unidos respondió bloqueando los puertos iraníes. Una disputa de desgaste económico que, sin embargo, padece un desequilibrio en contra de los estadounidenses. Mientras Trump está peleando con la paciencia de los votantes estadounidenses, que irán a las urnas en noviembre, el régimen iraní se encuentra en una batalla existencial. El tiempo favorece a quien aguante. En junio, las partes alcanzaron un entendimiento provisorio por sesenta días que confirmó la ventaja iraní. Irán aceptó reabrir parcialmente el estrecho y discutir su programa nuclear, a cambio de un alivio de sanciones, el descongelamiento de activos y recursos para la reconstrucción. En el memorando, Irán se reservó la administración del tránsito por el pasaje, y sólo renunció provisoriamente a la pretensión de cobrar peajes.

La tregua se desarmó a principios de julio. Tres buques comerciales de Catar y Arabia Saudita fueron atacados por intentar transitar por una ruta distinta a la establecida por Irán. Estados Unidos lo tomó como una violación de la libre navegación provisoria que, aseguraba, establecía el memorando. En respuesta, bombardeó posiciones iraníes. Irán respondió contra bases y posiciones estadounidenses en países del Golfo. Trump declaró terminado el cese del fuego y sugirió que podía “terminar el trabajo”. 

Restableció el bloqueo sobre Irán, amplió los blancos apuntados por las fuerzas para incluir infraestructura civil, con la idea de forzar la posición iraní. Trece noches de bombardeos no la modificaron. Teherán volvió a declarar cerrado el estrecho. El viernes, los mandos militares informaron que se agotaban los blancos y advirtieron sobre el consumo de interceptores para defender tropas y aliados. El almirante Brad Cooper consideró que los ataques habían alcanzado el límite de su eficacia. 

Trump ordenó una pausa; Irán dejó de atacar mientras Estados Unidos hiciera lo mismo; y la diplomacia regresó al punto de partida anterior a la escalada, pero con los bloqueos vigentes. El petróleo Brent superó los cien dólares y apenas cayó cerca del 4% con la pausa en los ataques. Una vez más, Trump choca con la dificultad de imponer su voluntad a Irán, luego de haber pasado por encima del Congreso y la legislación internacional para iniciar la guerra. 

El límite de la fuerza irracional

La capacidad de daño estadounidense, ya sea por el tamaño de su mercado o el de su fuerza militar es evidente. A esta altura, sin embargo, también aparecen obvios los límites. Las líneas rojas que impone la voluntad de los votantes a las medidas unilaterales estadounidenses hacen que la eficacia de esos daños evidentes sea relativa. La victoria militar sin tropas terrestres sólo es posible si del otro lado la amenaza no es vista como existencial. Venezuela, el caso de “éxito” en los propios términos de Trump, sólo fue tal porque la cúpula del chavismo, excluido Maduro, aceptó hacer la tarea que Estados Unidos le encomendó a cambio de mantener su posición de dominio. Cuando Irán decidió tomar otro camino y apelar a herramientas asimétricas, la estrategia estalló por el aire. 

Los aranceles como pequeñas disrupciones del comercio para los socios de los Estados Unidos también se probaron posibles, pero cuando quiso utilizarlos para dañar irreversiblemente a socios como China y la Unión Europea, las respuestas forzaron rápidos acuerdos por las consecuencias posibles para la economía estadounidense. 

El ejercicio unilateral del poder debería, además, enfrentar las dificultades del sistema estadounidense de frenos y contrapesos. Pero Trump controla el Partido Republicano de manera casi absoluta. La polarización, el diseño institucional del Senado y el sesgo en la Cámara de Representantes hacen el resto, y la mala calidad de candidatos demócratas hacen difícil que los republicanos pierdan el control de las dos cámaras en la elección legislativa de medio término en noviembre. 

Trump llega a sus grandes batallas insistiendo en la fuerza de su propia voluntad para torcer el rumbo del mundo, pero con un mundo que, cada vez más, le encuentra los límites. Acaso aplique a Estados Unidos la máxima que se repetía sobre Rusia en sus momentos más flacos: nunca es tan fuerte como aparenta, ni tan débil como parece.

Qué más estoy leyendo:

• Atentado Islamista en un evento del Orgullo en el centro de Berlín. El ataque dejó una persona muerta y el terrorista, un alemán de origen libanés fue abatido por la policía. El ataque se produjo en la ciudad más tolerante de Alemania, en momentos de auge de la ultraderecha de AfD.
• El gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina, tras las críticas e insultos del presidente Milei a Lula da Silva y al juez Alexandre de Moraes. Se trata de la medida más severa entre ambos países desde la recuperación de la democracia.