Milei contra sí mismo y el dilema de Cristina y Kicillof
El presidente compite contra su propia economía. El peronismo intenta encontrar su diagonal.
El trumpismo tiene consecuencias que exceden el alineamiento oficial y el eventual respaldo financiero a activarse “en caso de necesidad”. La imitación consciente de La Libertad Avanza de los pasos y movimientos de Donald Trump pueden terminar por contagiar, también, las dinámicas del sistema en su conjunto. Más allá de las diferencias en las políticas que uno y otro aplican a nivel interno, cuando Javier Milei se empeña en ser una suerte de Trump criollo, desde la oposición se reproducen dinámicas que son identificables en sus pares estadounidenses.
En su newsletter semanal de Cenital, Martín Schapiro identifica un fenómeno que tomó fuerza en las primarias demócratas de las últimas semanas, pero que acompañó toda la gestión de Trump desde su asunción en enero de 2025 e, incluso, puede detectar su origen en su primera gestión de gobierno: la radicalización –en espejo– del espacio opositor. Los triunfos entre el electorado demócrata de candidatos con posiciones muy duras –e inversas a la del presidente de Estados Unidos– sobre inmigración, seguridad, economía y política exterior, que cuestionan a la oposición más institucional por ser insuficientemente combativa.
En Argentina, a diferencia de los Estados Unidos, la dinámica tiene un protagonismo de figuras opositoras ya consolidadas –junto a espacios emergentes– pero retiene la característica central. Las que concitan los mayores apoyos no confrontan con Milei para corregirlo, para cambiar el rumbo de algunas políticas, sino que lo rechazan de manera integral. Economía, política, alianzas internacionales. No hay espacio para prácticamente ninguna coincidencia en el disenso y la moderación aparece como impotencia o, peor, como complicidad; el electorado opositor demanda de sus dirigentes, antes que nada, voluntad de enfrentamiento.
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La encuesta de Atlas Intel realizada a finales de junio registra una relativa recuperación de la imagen del gobierno nacional respecto de la de abril, con un notable avance de Patricia Bullrich –convertida luego de su masacre pública de Manuel Adorni en la dirigente con mejor imagen del país. El orden de los opositores se sostiene, con Myriam Bregman encabezando el ranking, seguida por Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. La persistencia de Bregman implica un posicionamiento nítido que, si bien no se transforme necesariamente en votos, muestra las preferencias de los electores.
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SumateLa cercanía que comparten los votantes en su percepción de los principales dirigentes nacionales del peronismo se traduce en las posturas irreductibles de fondo que compartieron con la referente de la izquierda, aún inmersos en una tradición mucho más amplia y contradictoria. En cuestiones de gasto, deuda externa, tarifas y regulaciones, relación con el Fondo Monetario Internacional o los Estados Unidos y relación con el gran capital, los puntos de posible convergencia con el oficialismo son nulos y prevalecen las posturas de confrontación. Como sucede con la izquierda, estos cuestionamientos, muchos de ellos fundados, a las políticas oficiales, tienen dificultades para traducirse en un programa concreto de gobierno. El correlato de la política de confrontación aparece en las mediciones sobre el resto de la oposición –o del oficialismo– de mayores matices, cuyos dirigentes son rechazados de uno y otro lado. Horacio Rodriguez Larreta o Juan Schiaretti aparecen con diferenciales de imagen abismales.
La principal diferencia con Estados Unidos es institucional. La política partidaria nacional estadounidense tiene una traducción territorial clara, con distritos abrumadoramente demócratas o republicanos de maneras que en Argentina sólo se comparan con el rechazo al peronismo nacional en la provincia de Córdoba. En nuestro país, los territorios son objeto de mayor disputa y su gobernabilidad aparece muy atravesada por las relaciones con el gobierno nacional. Sin aspiraciones de proyección hacia el país en su conjunto, donde serían devorados por la polarización dura del electorado, los gobernadores logran sostener una relación ambigua con la Casa Rosada que se traduce en acuerdos parlamentarios flexibles y confrontaciones ocasionales, sin que la falta de posicionamiento ideológica ponga demasiado en riesgo sus posibilidades de acordar con el oficialismo o la oposición, en función del signo político dominante en cada provincia. Esto da como resultado una gobernabilidad relativamente más sencilla desde las mayorías parlamentarias, cuyo principal riesgo es la política pendular a nivel nacional.
El péndulo supone complejidades para la proyección de niveles de seguridad jurídica y certidumbre social esenciales para un desarrollo mínimamente equitativo del potencial que aparece en el futuro cercano para la Argentina a partir de sus recursos naturales todavía no desarrollados en plenitud –los hidrocarburos y la minería– de los que tanto oficialistas como opositores esperan beneficiarse. Con el objeto de reducir los márgenes de incertidumbre, Luis Caputo presentó el lunes –junto a José Luis Daza y Federico Furiase– el programa financiero para 2026 y 2027, para despejar dudas sobre la capacidad del Tesoro para atravesar el año electoral sin una crisis de deuda.
Para lo que resta de 2026, Economía calculó necesidades en dólares por USD 19.200 millones, que de acuerdo al cálculo de Economía serán afrontados con fuentes de financiamiento por más de 22.000 millones. Entre ellas, se destaca una emisión para el mercado local que superaría los 6 mil millones. En 2027, los vencimientos de capital e intereses sumarían USD 24.900 millones y serían cubiertos mediante el excedente de 2026, compras de divisas al Banco Central, emisiones en el mercado local, desembolsos del FMI y otros organismos, refinanciaciones dentro del sector público y unos USD 1.500 millones provenientes de privatizaciones.
Caputo envió dos mensajes centrales. Por un lado, que el Gobierno no necesita volver rápidamente al mercado internacional de bonos, donde considera que todavía debería pagar tasas elevadas. Destacó que la nueva deuda se utilizará únicamente para refinanciar capital, mientras que los intereses se atenderán con el superávit fiscal y presentó una apuesta por el desarrollo del mercado local como una fuente de dólares cualitativamente diferente de la inversión internacional. A más largo plazo buscó seguir alimentando el proceso de caída del riesgo país que, sumado a la baja de la inflación y la acumulación de reservas, permita seguir comprimiendo el costo del financiamiento hasta poner al país en línea con sus vecinos. El ministro, hiperbólico, habló de alcanzar la categoría de grado de inversión “al final del segundo mandato de Javier Milei”. El riesgo país siguió cayendo y se ubicó en 408 puntos básicos, el nivel más bajo desde abril de 2018.
Las buenas noticias para el oficialismo tienen una lógica circular. Cuanto más clara resulte su capacidad de pago, menor será el riesgo país; y cuanto más baje el riesgo, más barato será refinanciar la deuda. El punto débil para sus certezas se sigue ubicado en la política, donde ninguna encuesta lo ubica con certezas de reelección, no aparecen indicadores que permitan anticipar una mejora de la economía real y donde la mayor apuesta a un triunfo contundente proviene de la división de la oposición. La incertidumbre electoral se refleja en la diferencia que pagan los bonos de deuda que vencen en 2027, bajo el actual gobierno, y los que pagará –o no– la próxima gestión. La baja sostenida del riesgo país incluso durante los meses más aciagos para el gobierno en términos de opinión pública, sin embargo, puede llevar a pensar que los inversores ven un gobierno que, de estar en dificultades, podría volver a contar con la asistencia del tesoro estadounidense o el apoyo de los Estados Unidos ante organismos internacionales, con un Trump enfocado en la región y electoralmente invicto en ella hasta el momento. Si así fuera, estamos ante una gigantesca oportunidad de arbitraje.
En ese sentido, hay otro dato que conviene tener presente. A pesar de las críticas que recibió el autor de este newsletter, los indicadores disponibles muestran que la desaprobación de Milei en el conurbano bonaerense prácticamente duplica la que registraba cuando ganó las elecciones de 2023. Dicho de otro modo: de quienes lo votaron hace tres años en esos distritos, alrededor de un 55% afirma que no volvería a hacerlo. La pregunta es si esa pérdida puede compensarse con el crecimiento que el oficialismo exhibe en buena parte del interior del país, impulsado por el dinamismo de sectores vinculados a la explotación de recursos naturales y por los incentivos del RIGI. La respuesta más probable es que con esta economía no alcance.
En ese contexto, la principal apuesta estratégica de Milei parece depender menos de ampliar su propia base electoral que de que el peronismo continúe consumido por una interna que hace tiempo dejó de ser una discusión táctica para convertirse en una disputa existencial. Es claro que cualquier candidato opositor que sea un interrogante para el electorado sería más competitivo que cualquier opción peronista en un ballotage. De la misma manera que esos análisis sin contexto son ciencia ficción: a la segunda vuelta, de haberla, llegan los que pueden, no los que quieren.
De eliminarse las PASO –y, no lo sabemos, obligado el peronismo a ir dividido–, la alternativa de Cristina podría ser volver a ensayar una estrategia ya conocida: elegir un postulante considerado más competitivo hacia el centro del electorado. Los antecedentes son claros: primero Martín Insaurralde como proyecto, después Daniel Scioli, más tarde Alberto Fernández y finalmente Sergio Massa. Tres de esas cuatro experiencias terminaron en derrota.
El problema es que cualquier nuevo candidato de esas características tendría, paradójicamente, menos pureza ideológica en relación al rígido kirchnerista que es Kicillof. Recuerda al chiste en el que dos amigos se encuentran con un oso en el bosque. El primero se tira al suelo y se ata las zapatillas. El segundo le dice: «¡No vas a correr más rápido que el oso!». Y el primero responde: «No necesito correr más que el oso. Solo necesito correr más rápido que vos”. En la primera etapa de la contienda electoral el escenario es similar. Con o sin primarias, el objetivo de los candidatos peronistas, de haberlos, será ganarle al otro candidato peronista.
Las demandas bienintencionadas hacia Kicillof de acelerar una diferenciación con Cristina tienen sentido emocional, pero no necesariamente estratégico. En primer lugar, porque es la búsqueda de La Cámpora. Válida o no, la táctica de la organización que lidera políticamente Máximo Kirchner es forzar el error para gritar que el rey está desnudo y confirmar las sospechas: “Kicillof es un traidor”, “Kicillof es un hombre del mercado”, “Kicillof es empleado de las energéticas”. O del Fondo. O de Clarín. Da igual. De alguien.
Esa diferenciación, que probablemente le valiera al gobernador elogios de periodistas en canales de cable, sería el fin de su sueño presidencial si lo hiciera a destiempo –todo esto en el caso que quisiera hacerlo. Al no conocer el diseño electoral del año que viene ni tener la certeza o no de la eliminación de las PASO, poner el carro delante del caballo solo respondería a ansiedades periodísticas. En un escenario posible con un candidato kirchnerista competitivo –Máximo, Wado de Pedro– en una alianza con Myriam Bregman y Juan Grabois –o sin ella, pero con ambos presentes en una elección donde Bregman aparece como la dirigente con mayor imagen positiva– y un outsider de centro –Jorge Brito–, ¿hacia donde crece Kicillof si no puede ir a competir por el voto K?
La estrategia kirchnerista hoy es incómoda para todo el peronismo porque la realidad incluye una condena injusta a Cristina. Por eso es prudente revisar los argumentos previos a la sanción legal a CFK. Naturalmente, son similares a los actuales. El “candidato por default” que Kicillof no puede ser, sí valía para Alberto Fernández. El ajuste tarifario prohibido para Martín Guzmán le fue permitido a Massa. Emmanuel Álvarez Agis es “un empleado de Marcelo Mindlin”, pero Massa no tiene impugnaciones por trabajar para Greylock Capital Management. Es por eso que la discusión, en algún momento, deberá volverse política y correrse del terreno personal.
Esa miscelánea habla del kirchnerismo, pero no de Kicillof que, a diferencia de lo que dicen sus rivales internos, parece –lamentablemente– no haber modificado su mirada sobre la economía. O eso, al menos, es lo que recogieron los inversores que conversaron con el equipo económico del gobernador en un viaje a Estados Unidos. Se impone una pregunta incómoda para todos en ese escenario. Si Kicillof parece ser para el mercado el líder del partido estatal estatista, pero sobrevuela un señalamiento por “liberal” por parte de La Cámpora, ¿quién devaluó en el último mandato de CFK cuando la brecha era del 30%? ¿Quién resolvió los litigios con el CIADI y el Club de París? ¿Y Repsol? La actualización tarifaria, ¿también es huérfana? Paradójicamente –excepto el acuerdo con los españoles como esquirlas de la reestatización de YPF–, esas medidas, correctas todas, no son reivindicadas por ninguno de los protagonistas. Una comedia de enredos. Tal vez, secuestrados por un electorado al que ellos mismos –todos– formatearon y del que ahora no pueden salir. Lo que le permite al peronismo, de ir unido, asegurarse un lugar en el ballotage, pero transforma en inverosímil cualquier proyecto económico que tenga incluido un programa antiinflacionario.