Los movimientos apenas perceptibles en el peronismo

Hay un dato que empieza a insinuarse en el peronismo y que contrasta con la imagen de desorden permanente que muchas veces proyecta hacia afuera. A medida que se acerca el calendario electoral, distintos movimientos sugieren un principio de reencauce político, todavía incipiente, pero perceptible. No implica que las diferencias hayan desaparecido ni que exista una estrategia completamente consolidada, pero sí que algunos de los principales actores parecen haber concluido en que prolongar indefinidamente la confrontación interna tiene más costos que beneficios.

En las últimas semanas cesaron los cuestionamientos provenientes del entorno de Cristina Fernández de Kirchner hacia Axel Kicillof. En distintos sectores del kirchnerismo admiten que la presión para que el gobernador visitara a Cristina en San José 1111 o las críticas más o menos explícitas de algunos de sus principales referentes no solo no generaban, en la magnitud buscada, el efecto hacia afuera sino que empezaban a producir uno tóxico hacia adentro del propio espacio.

En paralelo, también aparecen actualizaciones positivas en el discurso de Máximo Kirchner, impulsados, en parte, por la incorporación de dirigentes y figuras provenientes del mundo privado con miradas diferentes en su entorno. Ese rediseño puede identificarse, al menos por ahora, en tres movimientos concretos de las últimas semanas. El primero fue la entrevista concedida a Alejandro Bercovich en C5N. Allí, Kirchner adoptó un tono considerablemente más componedor y evitó marcar diferencias sustanciales entre su proyecto político y el de Kicillof. La definición tiene lógica política: más allá de las tensiones personales y de construcción, Kicillof sigue siendo el heredero ideológico y electoral más natural de Cristina. 

Acá conviene detenerse un momento. Ambos –Kicillof y CFK– exhiben un nivel de pragmatismo bastante mayor al que suelen reconocer tanto ellos mismos como sus adversarios. Si bien en el discurso tienen resabios del partido estatal estatista, también es prudente hacer historia reciente y recordar el acuerdo con Chevron, la negociación con Repsol, la resolución del litigio en el CIADI, el acuerdo con el Club de París, la devaluación de 2014 o la actualización tarifaria de aquellos años. Ese recorrido convive, naturalmente, con las fuertes distorsiones que marcaron la política económica del gobierno de Alberto Fernández, en particular en el área energética y las declaraciones posteriores de las poleas de transmisión de CFK, que ponen serias dudas no solo en si ese encuadre es útil para ganar una elección sino para gobernar un país que tuvo, desde 2015, las experiencias de Mauricio Macri, Fernández y Javier Milei. Es decir, las evocaciones a los 12 años de kirchnerismo pueden o no ser útiles electoralmente, pero difícilmente haya ahí una experiencia política que pueda repetirse después de los tres mandatos mencionados.

El segundo movimiento fue la presentación de un proyecto de ley sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional. A diferencia de posiciones que proponían el desconocimiento de la deuda con el organismo, la iniciativa de Máximo plantea abrir una discusión más realizable, que fue tratado en profundidad en la última entrega de este newsletter.

El tercer hito fue el acto compartido con Ricardo Quintela en La Rioja. Allí volvió a percibirse un desplazamiento en el discurso de Máximo con menos énfasis en las disputas internas del peronismo y más foco en los problemas cotidianos de la sociedad, en la economía doméstica y en las preocupaciones concretas de los potenciales electores de la oposición. Todavía es temprano para saber si se trata de un cambio estructural o apenas de una adaptación táctica frente al año electoral –algo, vale decirlo, bastante habitual en el kirchnerismo: abrirse en los años electorales y cerrarse en los no electorales. 

Podría empezar, así, a delinearse un recorrido político y discursivo orientado a reconstruir la unidad del peronismo, a suturar diferencias con distintos sectores —desde el espacio de Juan Manuel Olmos y Guillermo Michel hasta el universo que representa Juan Grabois— y a reducir la centralidad de las disputas palaciegas en favor de una agenda más vinculada con la vida cotidiana. Lo que todavía resulta más difícil de interpretar, y abre distintas hipótesis sobre el proceso en marcha, son algunas de las definiciones formuladas por Quintela que no terminan de encajar del todo con este movimiento general de moderación y convergencia.

Tras su encuentro con Máximo, el gobernador riojano sostuvo que los inversores “no deben confiarse” porque todo aquello que un eventual gobierno peronista deba expropiar o revisar será efectivamente expropiado y revisado. La afirmación admite, al menos, dos lecturas. La primera es la más literal: que Quintela efectivamente considera que ese debe ser un eje programático de un futuro gobierno peronista y que, además, cree que resulta política y socialmente viable. De ser así, supondría no solo una lectura discutible del momento económico argentino, sino también sobre el humor de una sociedad que, en los últimos años, parece haber mostrado una creciente demanda de estabilidad y previsibilidad.

La segunda interpretación podría redundar en que Quintela esté desempeñando el papel que los principales referentes del espacio prefieren no asumir públicamente: tensionar el clima político y económico en la antesala de las elecciones. En esa hipótesis, declaraciones de ese tipo buscarían introducir incertidumbre entre los actores económicos, con la expectativa de que esa incertidumbre se traduzca en tensiones cambiarias, financieras o inflacionarias que deterioren las condiciones en las que el oficialismo llegará a las urnas, como ocurrió en otros procesos electorales recientes.

Si esa fuera la lógica, el Gobierno enfrenta una paradoja. El oficialismo pasó de garantizar que el kirchnerismo no iba a volver al poder a recordar que la idea de que un eventual regreso constituye un riesgo para la economía y para las inversiones. En este loop insoportable que vive la Argentina hace 15 años, esa estrategia tiene un límite evidente: cuanto más eficaz resulte en instalar ese temor, mayor puede ser el efecto sobre las expectativas de los propios inversores que busca atraer mediante el RIGI, las privatizaciones y otras iniciativas orientadas a incrementar la inversión privada. Es una tensión recurrente en los oficialismos no peronistas: cuando la economía pierde dinamismo, reaparece la apelación al fantasma del kirchnerismo como herramienta de campaña, aunque esa misma búsqueda puede terminar generando costos para el programa económico que intenta sostener. Desde esa perspectiva, incluso podría argumentarse que Quintela no necesita sobreactuar posiciones. Los mercados suelen incorporar por sí mismos un mayor nivel de cautela cuando perciben que el peronismo incrementa sus posibilidades de regresar al poder. 

Fue en ese marco que el Ejecutivo envió también un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una mejora importante respecto de la intención inicial de dinamitarlo o prenderlo fuego que el presidente había impulsado durante la campaña y unos días después de asumir, que el proyecto entierra definitivamente. Otro triunfo del Teorema de Baglini que, además puede sostenerse en sus propios méritos, ya que recoge una serie de principios que forman parte de las buenas prácticas de la mayoría de los bancos centrales de la región y del mundo, y se adapta además, a un país en el que la última reforma trajo –vinculada o no necesariamente– un período de alta inflación persistente, que va camino a las dos décadas.

En ese marco, es razonable que el mandato del Banco Central, en un contexto de inestabilidad persistente, se enfoque en preservar el valor de la moneda como principal responsabilidad, eliminando otros objetivos que quedan en cabeza de las autoridades políticas, como el pleno empleo o el desarrollo con equidad. Esta formulación es la que adoptan los bancos centrales latinoamericanos y el Banco Central Europeo.

Lo más importante del proyecto es que cierra las vías de financiamiento directo del Tesoro por parte del Banco Central, es decir, prohíbe financiar el gasto público con emisión monetaria directa, algo que puede funcionar en otras situaciones y en otros países pero que en el contexto argentino fue combustible de procesos inflacionarios. En línea con las normas que aplican los países latinoamericanos, la legislación cierra todos los canales de financiamiento directo al Tesoro, incluyendo los adelantos, la compra de deuda en el mercado primario, las letras intransferibles y el giro de utilidades puramente contables. 

La reforma distingue y preserva en cambio la posibilidad de operar con títulos públicos en el mercado secundario, una herramienta habitual de política monetaria que cumple funciones relevantes para la estabilidad financiera. En un documento publicado en apoyo de la reforma, aunque con algunas señales de alerta, FUNDAR señala que es en ese mercado donde la mayoría de los países del mundo financian sus déficits fiscales, con un mercado de capitales y deuda emitida en moneda doméstica a plazos razonables. La normalización del rol del Banco Central es indispensable para recuperar esas capacidades.

En cuanto a la autonomía del Banco Central, la normativa argentina vigente no se aleja de las prácticas de los países vecinos. Sin embargo, la experiencia demuestra problemas serios en la aplicación de las reglas formales. Todos los gobiernos recurrieron a nombramientos en comisión y el Senado suele evitar tratar los pliegos, dejando a las autoridades del BCRA sujetas a la voluntad presidencial. El proyecto pone umbrales de dos tercios para remover autoridades, que seguramente tampoco van a blindar las posibilidades de que la ley sea modificada y eliminada esa mayoría calificada en caso de un nuevo gobierno. En la medida en que no haya una baja sensible de la inflación que la coloque en línea con otros bancos centrales latinoamericanos, donde los cambios de autoridades no vienen con modificaciones  de normas por la propia legitimidad de la baja inflación entre la población. A diferencia del financiamiento con emisión, cuya inconveniencia fue aceptada por la sociedad y la política, la independencia institucional del Banco Central aún no genera consensos. 

En este marco, las reformas que fortalezcan el diálogo institucional –el proyecto elimina la posibilidad de que el Ministerio de Economía participe de las reuniones de directorio– no deberían interpretarse como contrarias a la autonomía de la entidad monetaria y, en cambio, deberían fortalecerse. El tratamiento en el Congreso podría mejorar la reforma con mandatos escalonados que impidan a cada gobierno renovar íntegramente el directorio (en línea con la FED y la mayoría de los bancos de la región) y mecanismos periódicos de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo. Por lo demás, una nueva Carta Orgánica no va a resolver los desequilibrios económicos ni blindará al país frente a la inestabilidad externa, pero puede contribuir a racionalizar el financiamiento del Estado, limitando sus formas más perniciosas.

Last but not least. No hay certezas sobre la redacción final del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, enviado por Milei y con dictamen de mayoría en el Senado, que se trataría el jueves. La legislación proyectada modifica sustancialmente el régimen de la Ley de Tierras Rurales y eliminaría casi cualquier límite que la ley vigente impone a la adquisición de propiedades por parte de extranjeros, en un movimiento que busca facilitar algunas inversiones relevantes, a costo de entregar potestades soberanas que después difícilmente puedan recuperarse. 

La ley vigente limita al 15% la propiedad extranjera en el país, cada provincia y cada municipio; reserva como máximo el 30% de ese cupo a una misma nacionalidad; impone a cada extranjero un techo de mil hectáreas en la zona núcleo o su equivalente regional; y restringe la adquisición de campos ribereños y en zonas de seguridad de frontera. 

Es cierto que el esquema tiene algunos problemas, particularmente para proyectos grandes, de larga maduración. Si bien se señalan como objetivo de la legislación los centros de datos, la industria de mayor potencial que aparece amenazada por este tipo de legislación es la forestal. Una planta de celulosa puede comprometer entre dos mil y tres mil millones de dólares de inversión y necesita garantizarse décadas de abastecimiento forestal. En Uruguay, UPM gestiona unas 459.000 hectáreas para abastecer sus plantas. Una compañía extranjera nueva debería depender de arrendamientos, asociaciones o contratos con numerosos proveedores. Esas modalidades son posibles, pero introducen riesgos contractuales y financieros que hacen más difíciles los desarrollos que florecen en países vecinos, con el agravante de que generan, además, desigualdades serias. 

Como la ley vigente mantuvo los “derechos adquiridos” antes de 2011, empresas como Arauco, que gestiona más de 250 mil hectáreas propias en el país, tienen ventajas respecto de nuevos actores. El problema es que las modificaciones respecto de este tipo de situaciones podrían resolverse de manera relativamente sencilla, sin necesidad de las eliminaciones totales que plantea el gobierno, que pueden agravarse muy seriamente a partir de la confluencia entre la modificación de esta ley y las garantías de tribunales extranjeros que contienen tanto el RIGI como el súper RIGI, que también busca tratar y aprobar el gobierno.

El proyecto con dictamen elimina los límites para las personas y empresas extranjeras privadas y sólo mantiene una prohibición para Estados extranjeros y sociedades en las que éstos participen, que podrían comprar si lo solicita la provincia y lo autoriza el Poder Ejecutivo. La derogación del techo del 15% de tierras sobre los totales municipal, provincial y nacional aparece como el punto que genera mayor polémica, pero al que Federico Sturzenegger –autor intelectual del proyecto– insistía todavía anoche por mantener. Patricia Bullrich, en busca de garantizarse una mayoría viable, negociaba –y quería anunciar hoy– elevar el límite nacional al 25% y dar potestad a las provincias a establecer precisiones más estrictas. El tope, incluso del 15%, es generoso para los totales nacionales y provinciales. Hoy, apenas el 5% del total de la tierra está en manos de extranjeros, y no parece que ningún boom inversor productivo vaya a triplicar esa proporción, y mucho menos a quintuplicarla. Las suspicacias, entonces, aparecen a la orden del día. 

Acaso más grave, dejando de lado los escenarios más extremos y conspirativos, es la cuestión de las tierras de frontera y los accesos a cuerpos de agua significativos. Aquí, la eliminación de prohibiciones supone otorgar a los privados extranjeros las muchas potestades de exclusión que vienen con el derecho de propiedad sobre accesos con potencial estratégico. Se trata de uno de los pocos casos donde la legislación vigente se queda corta, pues la regulación sobre el acceso a bienes que deberían ser del dominio público como lagos y ríos debería alcanzar a todos los propietarios, independientemente de su nacionalidad. En cuanto a los límites respecto de territorios de frontera, y más allá de trabajar excepciones –por ejemplo, en la explotación forestal vinculada al aprovechamiento de ríos fronterizos– la regla de la preservación estratégica de la propiedad en manos de argentinos es de sentido común.

El dictamen además contiene un nuevo abandono de los pisos legislativos federales, algo que ya sucedió con las modificaciones a la Ley de Glaciares, donde deja librado a cada provincia “la jurisdicción plena” para regular restricciones a la propiedad sobre su territorio, desentendiéndose de una política nacional que concilie fines estratégicos en materia de soberanía y política de inversiones. Una delegación cuanto menos extraña en un país donde el dictado de la legislación de fondo está en manos del Congreso de acuerdo a la Constitución, que también garantiza derechos para los extranjeros. En ese marco, la delegación supone garantías y restricciones débiles, que pueden provocar competencia entre las jurisdicciones en una carrera hacia el fondo en términos (des)regulatorios.

El oficialismo llegará al debate con una movilización contra la legislación cuyas causas conjugarán su torpeza y su desprecio ideológico por cuestiones vinculadas a la soberanía nacional, a la que el presidente y el coloso consideran poco más que una entelequia irrelevante. Cuestiones que podían resolverse trabajando sobre el límite municipal y el mandato individual de mil hectáreas terminan en un debate sobre si es razonable permitir que la mitad de las tierras del país queden en manos extranjeras, como si Argentina fuera una microjurisdicción para millonarios, al estilo de Mónaco o Dubai, y no el octavo país más grande del mundo por superficie.