La ideología de la dictadura: qué hicieron las derechas ante el golpe

El 12 de noviembre de 1983 apareció una solicitada en uno de los principales periódicos porteños, con la firma de las grandes asociaciones empresariales del país: Sociedad Rural Argentina, Unión Industrial Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Cámara Argentina de Comercio, Cámara Argentina de la Construcción, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Asociación de Bancos Argentinos y el Consejo Empresario Argentino. El texto no dejaba mucho espacio para la ambigüedad: agradecía las políticas llevadas a cabo por la dictadura, en particular, el clima de libertad económica que se había instalado en el país desde marzo de 1976. 

El mensaje de la solicitada resulta muy iluminador en varios puntos. Primero porque deja en claro que, a esa altura del proceso de transición al gobierno democrático que sería encabezado dos semanas después por Raúl Alfonsín, el gran capital criollo creía que era importante testimoniar su gratitud a la dictadura saliente. Es que durante el régimen autoritario fue tal el cúmulo de ventajas que el empresariado logró respecto del control estatal y de la otrora poderosa clase obrera sindicalizada, que el agradecimiento guarda un pleno sentido, una absoluta conciencia de clase. 

De hecho, la solicitada se interesa mucho menos en saludar la llegada de un nuevo régimen que por condicionarlo de entrada. De hecho, en los siguientes años el enfrentamiento entre el gobierno radical y esas asociaciones empresariales fue permanente y agudo, al punto de que finalizó entre 1988 y 1989, cuando ese empresariado pensó para sí que ya no valía la pena seguir desgastándolo: su victoria y la de la economía sobre el alfonsinismo y la ilusión democrática era apabullante.

Pero, en segundo lugar, y esto es lo que nos interesa aquí, en la solicitada no hay firmas de organizaciones políticas, ni una. Ni un partido, ni un ateneo, ni una revista doctrinaria ni una banda paramilitar. Ni una. ¿Dónde estaban? ¿Dónde habían quedado todas las fuerzas que habían escoltado –como mínimo, dejado hacer– el golpe de 1976, entusiasmadas por la eliminación de la “subversión” y “el cáncer marxista”? 

Aquello parecía la habitación de un enfermo intocable, nadie con alguna conciencia de cómo se jugaría la política a futuro quería acercarse de manera visible, permanente ni desinteresada a un régimen militar  de salida apurada. Para decirlo en jerga peronista, “todos te acompañan, pero sólo hasta la entrada del cementerio”. ¿Había desaparecido la derecha y sólo hablaba el empresariado, o qué?

Derechas y dictadura (1973-1983)

En un libro reciente, con el politólogo Sergio Morresi defendimos la idea de que a lo largo del siglo XX en Argentina existieron dos grandes tradiciones de derecha. La primera de ellas responde a una sensibilidad liberal-conservadora e incluye a numerosos partidos provinciales y nacionales que se manifestaron, en general, promotores de la libre empresa y más interesados por la república que por la democracia. Esa tradición incluye desde el decimonónico Partido Autonomista Nacional al PRO, pasando por el centenario Partido Demócrata Progresista (PDP) y el autonomismo correntino. Esta derecha no recelaba de la democracia, pero sí de lo que consideraba sus abusos o sus derivas demagógicas o populistas, expresadas en la ampliación de la política social o laboral, el control de los precios o la promoción de la lucha sindical. 

La segunda familia de derechas es la nacionalista-reaccionaria que abarca a fuerzas partidarias, grupos de intelectuales y periódicos identificados con la idea de que Argentina es hija de la espada y de la cruz más que de la constitución de 1853. Esta derecha es, desde ya anti-izquierdista, en muchos casos antisemita, pero también antiliberal. Los cultores de esta derecha consideran que la democracia de partidos es ajena al alma nacional, a la que estiman que sería mejor guiada por caudillos providenciales y paternalistas, por las Fuerzas Armadas o por una élite probadamente católica. Si la primera tradición es sólidamente antiperonista, la segunda ostenta zonas de convergencia o de tolerancia con ciertos principios y consignas del peronismo clásico.

Entre 1973 y 1976 ambas tradiciones de derechas vivieron una suerte de pesadilla que las convenció no ya de apoyar la instauración de una nueva dictadura sino sobre todo de aceptar una particular modalidad represiva: amplia, clandestina y letal. La pesadilla en cuestión tenía varias caras. El regreso triunfal del defenestrado general Perón, algo que se habían dedicado a evitar por casi dos décadas, fue la más visible de ellas. Pero a ello se le sumaron los desafíos de las organizaciones armadas que comenzaron a tomar como blanco de sus operaciones a empresarios y a doctrinarios de la derecha nacionalista tales como Jordán Bruno Genta o Carlos Sacheri (asesinados en 1975) o de la derecha peronista, como José Ignacio Rucci o Rogelio Coria (ultimados en 1974). La movilización callejera de las izquierdas, su presencia en las fábricas, las aulas y la Iglesia se le antojó una forma del infierno. 

El desmadre de los últimos meses del gobierno de María Estela Martínez de Perón terminó convenciendo a las derechas de apoyar la salida militar, por razones distintas aunque compatibles. Por el lado liberal-conservador, las expectativas eran refundar el capitalismo argentino de manera autoritaria, reducir el poder sindical e imponer una mentalidad económica nueva, basada en la iniciativa individual. Pero entre las derechas nacionalistas reaccionarias, los propósitos buscados tenían que ver con instaurar una fuerte disciplina social (entre los géneros y entre las generaciones). Para ambas agendas, la prioridad debía darse a una represión inevitablemente de largo alcance, refundacional y capilar, que reorganizara el país. 

Si la familia liberal-conservadora parecía excitada ante la posibilidad de que una ola liberalizadora arrastrara la legislación laboral y la vida sindical, la contraparte nacionalista-reaccionaria se lamentaba de la falta de planificación estatal, del alejamiento de la doctrina social de la Iglesia y de la desindustrialización. Los vínculos entre las dos tradiciones de derecha durante la dictadura tuvieron muchas tensiones, salvo en lo referido a la represión y el espíritu anticomunista. 

Una nueva clase (de) política 

La dictadura fue un régimen conducido por militares. Los partidos no fueron convocados orgánicamente, pero algunos de ellos proveyeron hombres para puestos en la administración pública y la diplomacia, como fue el caso de Américo Ghioldi, del Partido Socialista Democrático. 

Figuras provenientes del liberalismo empresarial se sumaron a las áreas de economía y finanzas, desde donde desarrollaron políticas destinadas a desregular la actividad económica y desmontar lo que entendían que eran regulaciones costosas y populistas. 

Para la familia nacionalista reaccionaria quedaron las áreas de cultura y de educación, desde donde se dedicaron a recuperar la juventud y la familia argentina supuestamente atenazadas por la subversión. 

Las organizaciones de derecha existentes en 1976 como la Fuerza Federalista Popular (FUFEPO) que reunía a 15 partidos provinciales no se sumaron orgánica ni institucionalmente a la dictadura, pero cientos de sus hombres participaron de diversos niveles de la administración, sobre todo a nivel provincial y municipal.

En 1978 un informe de Inteligencia señalaba que 1527 de los 1697 municipios del país eran gobernados por civiles: es cierto, se trataba de los municipios menos populosos de Argentina, pero estamos hablando de que el 90% de los intendentes eran civiles. Un 12% de ellos eran del PDP y un 9% de la FUFEPO, mientras que los afiliados al radicalismo eran 35% del total. En la provincia de Buenos Aires, uno de cada 4 de esos intendentes ya había ocupado ese cargo en 1955 o en 1966 según una muy interesante investigación de Paula Canelo y Juan Pablo Kryskowski.

De hecho, la dictadura hizo una apuesta explícita y sistemática por crear una nueva clase política a partir de los niveles municipales, que fuera capaz de gestionar la Argentina futura. Esa clase política se entrenaría en la administración antes que en el campo de los debates y los programas electorales. Con la designación de los intendentes y de sus gabinetes entre los cuadros civiles amigos, el régimen pretendía a la vez puentear, alinear y absorber a los cuadros de la derecha que tuvieran alguna representatividad social (miembros de las conocidas “fuerzas vivas”) que a posteriori deberían encarnar y gestionar el futuro del país. 

La Junta Militar dedicó muchas palabras y muchos recursos a promover la descentralización y municipalización de servicios públicos, decisiones y facultades, convencida de que sería desde el nivel local que se iría constituyendo un gobierno, paradójicamente, no político. 

En esto no hay necesariamente una originalidad argentina. El politólogo James Loxton mostró que otras dictaduras sudamericanas intentaron tener su descendencia política, pero con otros medios y con más fortuna. En efecto, hay figuras y partidos que en los años ochenta y noventa no sólo se reconocían y eran reconocidos como herederos políticos de las dictaduras, sino que eran exitosos. Se trataba de albaceas que conseguían gestionar un patrimonio legítimo: Chile y Brasil son los casos más claros. 

Allí, distintos partidos podían ostentar a fines del siglo XX no sólo una considerable porción de la torta electoral, sino también el respeto del resto de  buena parte de la clase política. Los hijos orgullosos de la dictadura podían ponerse una escarapela en la que se encontraban consignas, episodios y valores compartidos incluso por quienes no los votaban: la estabilidad macroeconómica y la solidez de las instituciones políticas (Chile), el crecimiento económico y la enorme inversión en infraestructura pública (Brasil).

En Argentina esto no fue posible. Ni los promotores iniciales de la dictadura en 1976 ni la prole política que el régimen había producido quisieron hacerse cargo de la herencia del régimen. No había allí nada para el cartoneo político, al menos en el nivel nacional. El balance económico en 1983 era muy negativo en materia de actividad, desempleo, inflación y endeudamiento. Las denuncias sobre la masividad y letalidad de las operaciones clandestinas alcanzaron muy alto nivel de difusión y de credibilidad social nacional e internacional: resultaba muy difícil para los posibles “hijos del Proceso” hacer otra cosa que pedir que la sociedad diera vuelta la página. Y, finalmente, la frustración acumulada tras la Guerra de Malvinas de 1982, se llevó puesta toda exigencia de respeto a la profesionalidad de las Fuerzas Armadas. 

La nueva democracia argentina se desplegó a partir de 1983 sin herederos explícitos de la dictadura (promoción no válida en las provincias de Tucumán, Salta y los municipios de Tigre y Escobar). La dictadura devino una suerte de Fuenteovejuna: nadie había reclamado el golpe, nadie había estado en los gabinetes municipales, nadie vio los cuerpos en el río de la Plata, nadie vio un secuestro y nadie había festejado los goles de Mario Kempes contra Holanda.

1983: sin hijos, con H.I.J.O.S.

La dictadura no tuvo hijos, pero la democracia tuvo Madres, Abuelas e H.I.J.O.S., en cambio. En los primeros 40 años de democracia ningún actor relevante de la política amagó con celebrar los “logros” de la dictadura. Entre los partidos de tradición liberal-conservadora como el PRO, había más incomodidad y desinterés que deseo de establecer una narrativa alternativa (dejando de lado los reiterados brulotes del recientemente fallecido Darío Lopérfido). El fracaso económico de la dictadura los privaba de una “edad de oro” a la cual promover su retorno. Siempre proponían un nuevo futuro, desregulado, eficiente, de méritos, sin dádivas ni populismo. 

Por el lado de las derechas nacionalistas y católicas, hubo más empeño por salvar algo del naufragio dictatorial. Había allí varios grupos marginales, ligados al mundo militar, como Familiares de Muertos por la Subversión y la revista Cabildo o, posteriormente, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, apadrinado por la actual vicepresidenta Victoria Villarruel.  

Pero el incombustible vínculo faccioso entre las dos tradiciones de derecha de Argentina les impidió mayores aventuras conjuntas, por lo menos hasta la pandemia de Covid-19. A partir de entonces consiguieron dialogar, marchar juntos, compartir presentaciones de libros y boletas electorales; personas y agrupaciones que vienen del ultra-liberalismo, el conservadurismo, el neonazismo y los nostálgicos del general Videla. 

Ese “fusionismo” de las derechas permitió el triunfo en las urnas y en la fijación de la agenda por parte del mileísmo en 2023 y en 2025. El punto de unión de todos ellos es el rechazo entero a muchos de los acuerdos que habían sostenido la vida democrática argentina desde 1983. En ese marco es que tenemos que entender que, tras la asunción de Javier Milei como presidente, asistimos a los primeros intentos oficiales de rescate y justificación de la herencia dictatorial. No se trata ya de exigir la vuelta de la página, perdonar y dejar atrás, sino de justificar la actuación militar. 

Por un lado, el coqueteo se hace explícito por el establecimiento de una supuesta tradición histórica de libertad económica argentina representada por el régimen oligárquico a fines del siglo XIX, la dictadura, el menemismo y La Libertad Avanza.Y por el otro, por las filiaciones que el presidente fija en su discurso con la lucha trasnochada contra un comunismo global al que cree ver en cada pañuelo verde y cada organización ambientalista.