La demora no es decisión, es sistema

La escena ocurrió en un centro de salud de barrio Limache, en la zona sur de la capital salteña, y quedó fijada en la memoria de Gabriela Burgos, dirigente del movimiento social Unidad Popular, porque condensaba, en apenas unos minutos, una transformación que venía observando desde hacía tiempo. Mientras esperaba ser atendida, escuchó cómo una joven de alrededor de 20 años se acercaba a la farmacia para pedir preservativos. 

Una trabajadora le explicó que para retirar preservativos necesitaba una receta emitida por una ginecóloga. La joven respondió que ya había sido atendida el mes anterior y mostró una prescripción previa. Le dijeron que necesitaba una nueva, correspondiente a ese mes, que debía volver a sacar turno y realizar otra consulta.

La situación podría parecer menor frente a otros problemas del sistema sanitario, pero para Burgos tuvo una dimensión mucho más profunda.

“Yo me quedé sorprendida. Antes todos sabíamos que uno se acercaba al centro de salud y los preservativos se entregaban de manera gratuita, sin ningún tipo de intervención médica previa. Había una caja donde los chicos iban, metían la mano y retiraban preservativos. Ahora resulta que una mujer tiene que conseguir un turno con una ginecóloga para que le autoricen algo tan básico como un preservativo”, recordó.

Burgos observó además otro aspecto que considera significativo: mientras el preservativo es un método utilizado principalmente en el pene, la exigencia de una consulta ginecológica trasladó la responsabilidad únicamente a las mujeres, cuando debiera ser compartida. “Hasta para eso parece que tenemos que pedir permiso. Estamos hablando de poder tener una relación sexual segura, de prevenir enfermedades, de prevenir embarazos no deseados. No debería ser un trámite ni una autorización especial”, sostuvo. Incluso recordó que previo al desabastecimiento, tanto varones como mujeres recogían de manera gratuita preservativos que estaban colocados en un dispenser en la entrada del centro de salud. 

El relato aparece en un contexto donde distintas organizaciones feministas y territoriales de la provincia de Salta comenzaron a advertir dificultades crecientes para acceder no sólo a preservativos sino también a otros métodos anticonceptivos y a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Y es justamente allí donde los testimonios individuales empiezan a dialogar con los datos.

La denuncia pública y el silencio estatal 

Cuando Julia Valencia Donat asumió como subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad en diciembre del año pasado, la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta presentó un extenso documento construido a partir del trabajo cotidiano en barrios populares, asentamientos, comunidades indígenas y zonas rurales donde advertían sobre una serie de incumplimientos vinculados con la salud sexual y reproductiva.

Entre los puntos señalados aparecían el incumplimiento de la Ley Nacional N° 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, la falta de preservativos y otros anticonceptivos, obstáculos para acceder a ligaduras tubarias, dificultades para garantizar plenamente la Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), faltantes de misoprostol y la ausencia de implementación de la técnica de Aspiración Manual Endouterina (AMEU), también recomendada internacionalmente para abortos seguros.

El documento, además, denunciaba incumplimientos en la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI), en las instituciones educativas y falta de articulación institucional entre los distintos ministerios y las organizaciones sociales. Además de distintos mecanismos de violencia institucional que, según las organizaciones, terminan profundizando situaciones de vulnerabilidad ya existentes, por ejemplo, al momento de radicar una denuncia en un centro policial o durante una consulta médica. 

Más de un año después, buena parte de aquellas advertencias reaparecen en los testimonios recogidos para esta nota sin haber encontrado hasta ahora respuestas oficiales. 

Cuando el acceso deja de ser una opción

Débora Castro, integrante del Grupo de Trueque Autogestivo, el colectivo de intercambio comunitario liderado por mujeres salteñas, asegura que el deterioro del acceso a anticonceptivos y a la interrupción del embarazo no comenzó este año: “Hace más de tres años que venimos viendo esta situación. Acercarse a un centro de atención primaria para buscar anticonceptivos, preservativos o medicación ya no es una opción real para muchas compañeras. Entonces todas esas demandas terminan llegando a nuestros grupos”, explicó.

Gran parte de las mujeres que integran el grupo comenzaron a organizarse antes de la sanción de la Ley IVE, cuando brindaban acompañamiento a quienes buscaban interrumpir embarazos o acceder a métodos anticonceptivos. Lo que nació como una red de intercambio y circulación de anticonceptivos fue ampliando sus objetivos al calor de las distintas crisis económicas y sociales. Con el tiempo, el espacio se transformó en una comunidad de más de 3 mil integrantes que sostiene estrategias colectivas para garantizar el acceso a bienes esenciales, especialmente aquellos vinculados a la salud.

A través de grupos organizados por zonas de la ciudad de Salta, las participantes intercambian y redistribuyen medicamentos, insumos médicos, elementos ortopédicos y productos necesarios para tratamientos de enfermedades crónicas o patologías complejas. La red funciona bajo principios de autogestión y ayuda mutua, ya que quienes tienen medicamentos o insumos que ya no utilizan los ponen a disposición de otras personas que los necesitan y no pueden acceder a ellos por sus propios medios. De este modo, el espacio se convirtió en una respuesta comunitaria frente a las dificultades crecientes para sostener tratamientos y garantizar el derecho a la salud.

“Ya no es solamente anticoncepción. Hoy hay compañeras compartiendo medicación oncológica porque la gente no consigue respuestas por otras vías”, relató. Se trata, en muchos casos, de medicamentos que quedaron sin utilizar tras cambios en tratamientos, altas médicas o fallecimiento y que encuentran una nueva utilidad a través de las redes de ayuda mutua. 

En materia de interrupción del embarazo, Castro sostiene que las dificultades son aún mayores. Según explicó, muchas mujeres reciben únicamente una receta y entonces deben adquirir la medicación por cuenta propia. A ello se suman faltantes periódicos del medicamento en farmacias, que en algunos casos se extienden durante semanas o meses, y cuando finalmente está disponible, su costo resulta inaccesible para muchas personas. 

«La mifepristona, que es para hacer un buen esquema estándar de aborto, sale 96.000 pesos al día de hoy. Y cuatro misoprostol, para completar el esquema, te salen 126.000 pesos», detalla Castro. 

El Estado, que debería proveer esos insumos, dejó de hacerlo. Lo que queda es la autogestión: “La mifepristona y el misoprostol tienen costos que para muchas personas son imposibles de afrontar. Entonces terminamos organizando rifas con premios puestos por nosotras mismas para recaudar dinero y comprar medicación. No es un aborto de calidad porque muchas veces sólo se consigue una parte del esquema recomendado, pero es la respuesta que podemos construir frente a la ausencia del Estado”, señala.

El recorrido que empuja hacia la semana 14

Los datos más recientes sistematizados por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta permiten observar otro fenómeno: la mayor cantidad de interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en Salta son en el tramo final permitido por la ley, fijado en la semana 14. La información corresponde a 2023 y 2024, ya que no existen datos públicos posteriores. 

En 2023 fueron 100 casos. En 2024 fueron 105. No se trata de cifras aisladas.

La acumulación de casos precisamente en el límite legal aparece acompañada por otro fenómeno: la existencia de interrupciones legales del embarazo registradas en semanas muy avanzadas de gestación. Es decir, interrupciones que ocurren bajo la forma de ILE pasada la semana 14, tal como lo prevé la ley para determinados casos, pero que perfectamente podrían haberse resuelto dentro del plazo de IVE. 

De acuerdo a relatos de las organizaciones sociales y de mujeres, muchas de las consultas llegan durante las primeras semanas, lo que lleva a preguntar, ¿qué ocurre durante el recorrido institucional para que los plazos se agoten sin que la mujer pueda resolver su situación? 

En uno de esos recorridos aparece el testimonio que reconstruye Débora Castro, integrante del Grupo de Trueque Autogestivo y ex participante del colectivo Socorro Rosa en Salta. Castro recordó el acompañamiento brindado a una mujer del interior provincial que terminó siendo atendida en el hospital público Materno Infantil. La paciente ingresó al sistema de salud para acceder a una interrupción del embarazo, pero lo que debía ser una práctica garantizada por la normativa vigente derivó, según relató, en una experiencia marcada por la exposición, la vulneración de su privacidad y la falta de contención dentro del propio establecimiento sanitario. 

“Me dejaron el feto, ahí, en una balanza, para que yo pudiera verlo durante 3 o 4 horas. No vino nadie, yo no tenía el celular, no estaba acompañada, no me dejaban pasar con nadie”, relata Castro que le contó la mujer. 

La escena no se limita al momento puntual de la exposición, sino a todo lo que la rodea: la ausencia de personal durante un período prolongado, la falta de acompañamiento emocional y sanitario, y la imposibilidad de la mujer de contar con una persona de confianza dentro del proceso. En ese lapso, según el relato, la atención no se dio por completo, dejando a la paciente en un estado de vulnerabilidad absoluta dentro de una institución que debía garantizar cuidado.

Para las organizaciones que trabajan en territorio, este tipo de situaciones no aparecen como hechos aislados, sino como parte de un modo de funcionamiento más amplio del sistema de salud cuando se trata de interrupciones del embarazo.

“Primero te hacen esperar”

A pesar de que la ley establece un plazo de 10 días, Castro asegura que las demoras forman parte habitual de muchos recorridos para las salteñas. “Hay personas que consultan con seis semanas de embarazo y les dicen que vuelvan cuando tengan siete. Después les piden una ecografía actualizada. Después otro turno. Después les dicen que tienen que esperar a que haya un profesional disponible. Y así siguen pasando las semanas”, explicó.

Según relata, muchas mujeres terminan atravesando procedimientos más complejos simplemente porque el acceso oportuno nunca llegó. “Las compañeras quedan a merced de los tiempos institucionales. No importa si trabajan, si tienen hijos, si tienen otras responsabilidades. El sistema sigue demorando y el embarazo sigue avanzando”, sostuvo.  

Las organizaciones también denuncian que las dificultades no se reducen a los faltantes de insumos. Persisten además situaciones de violencia institucional durante la atención.

Castro sostiene que muchas personas continúan enfrentando interrogatorios, cuestionamientos y prácticas que generan sufrimiento adicional. “Cuando una persona llega con un aborto en curso muchas veces lo primero que hacen es preguntarle qué se tomó o qué se puso. No la acompañan ni le explican qué va a pasar. La situación sigue siendo profundamente violenta para muchas compañeras”, afirmó, sobre todo en el Hospital Materno Infantil de Salta, como principal receptor de los casos en la capital salteña. 

La advertencia de Amnistía Internacional

Las denuncias de las organizaciones encontraron un fuerte respaldo en el relevamiento realizado por Amnistía Internacional durante abril de 2026. Tras recorrer la provincia, reunirse con autoridades sanitarias, profesionales de la salud, organizaciones feministas y personas usuarias del sistema público, la organización concluyó que el retiro del Estado nacional de políticas públicas vinculadas con la salud sexual y reproductiva está teniendo consecuencias concretas sobre el acceso a derechos.

Entre los hallazgos más relevantes aparece la drástica reducción en la disponibilidad de métodos anticonceptivos. Según informó Amnistía, durante reuniones con autoridades sanitarias provinciales se indicó que quedarían apenas 300 implantes subdérmicos para todo el año y que no había preservativos disponibles en cantidades suficientes para responder a la demanda.

La organización también documentó faltantes de medicación para garantizar interrupciones voluntarias y legales del embarazo, demoras en la atención, derivaciones innecesarias y barreras económicas para acceder a tratamientos que deberían estar garantizados por el sistema público.

Otro dato significativo fue la confirmación de que ningún efector público o privado de la provincia realiza actualmente prácticas de AMEU, pese a que años atrás se habían capacitado profesionales específicamente para ampliar esa prestación.

Los datos que faltan

Existe además otro elemento que dificulta el análisis: no hay información pública disponible sobre las interrupciones voluntarias y legales del embarazo correspondientes a 2025, tanto a nivel nacional como provincial. Tampoco existen datos publicados sobre los primeros meses de 2026. 

La ausencia de estadísticas actualizadas impide conocer si las tendencias observadas en 2023 y 2024 se profundizaron, se estabilizaron o comenzaron a revertirse. Tampoco es posible saber cuánto tiempo transcurre entre la primera consulta realizada por una persona y la práctica efectiva de una IVE o una ILE.

Ese dato, que permitiría medir con precisión la existencia de dilaciones institucionales, no forma parte de los informes públicos actualmente disponibles.  

Para esta nota se realizaron consultas al Ministerio de Salud Pública de Salta sobre la disponibilidad de anticonceptivos, preservativos, medicación para IVE/ILE, implementación de AMEU y estadísticas actualizadas. Al cierre de esta edición no habían dado respuesta.

La ausencia de información oficial contrasta con un escenario donde organizaciones territoriales, organismos de derechos humanos y datos estadísticos parecen converger en una misma conclusión.

Porque detrás de cada caso registrado en la semana 14, detrás de cada mujer que debe comprar una medicación que debería recibir gratuitamente, detrás de cada persona que pasa semanas esperando un turno o una derivación, emerge una pregunta que todavía no encuentra respuesta institucional: ¿Qué pasa con quienes no tienen dinero, contactos ni organizaciones que las acompañen cuando el sistema falla? 

No parece tratarse únicamente de personas que decidieron interrumpir un embarazo en el último momento previsto por la ley. Los relatos, los datos y los relevamientos sugieren que muchas veces llegaron tarde porque el sistema las demoró. Y que la persistencia de esos casos tardíos no habla tanto de decisiones individuales como de accesos cada vez más obstaculizados a derechos que, en el papel, siguen plenamente vigentes.