Fumigaciones: el cuerpo también es territorio

Facundo Fernández estaba en el último año de la facultad. Era 2016, tenía 25 años y le quedaban por delante diez meses de práctica para recibirse de médico. Las residencias consistían en aprender a dar atención primaria, formarse en emergencias y construir conocimiento. Y en ese último punto había una herramienta fundamental: la entrevista. 

En una cátedra de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) habían armado un proyecto. Los llamaban campamentos sanitarios. En el último cuatrimestre, estudiantes y tutores salían de la ciudad durante una semana y relevaban casa por casa a toda la población de pueblos de la llanura pampeana de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba. 

En las entrevistas conocían las condiciones habitacionales, el acceso a servicios, el tiempo que llevaban viviendo en el pueblo y los problemas de salud agudos y crónicos. A las mujeres les preguntaban por su salud reproductiva. Y ahí, en esas entrevistas, Facundo se dio cuenta de algo. 

–Las mujeres no solo eran quienes estaban a cargo del cuidado de las personas, sino que sabían cuáles eran los problemas en los que había que hacer foco. Eran la voz cantante para resguardar la salud de la comunidad. 

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En esos relatos conocieron de cerca cómo había cambiado la vida desde que a mediados de los noventa se había instalado el modelo de cultivo extensivo de soja. Las mujeres hablaban de abortos espontáneos, problemas de tiroides, cáncer y alergias. Y los futuros médicos y médicas escuchaban. 

En los años siguientes, desde un grupo de investigación de la facultad rosarina publicaron estudios que prueban lo que las comunidades decían. Un primer paper de 2023 mostró que las personas jóvenes de los pueblos fumigados tienen 2,5 veces más probabilidad de padecer y morir de cáncer que quienes viven lejos de los agroquímicos.

Este mismo mes de agosto salió una nueva investigación que pone el foco en la salud sexual y reproductiva. A partir de más de 10.700 entrevistas a mujeres, registraron un aumento de 2,4 veces en la cantidad de abortos espontáneos en nueve localidades santafesinas atravesadas por la actividad agrícola. 

Combo tóxico 

–En las entrevistas preguntamos a las mujeres por embarazos, si habían llegado a término, como había sido el parto o la cesárea. Hablar de aborto era difícil pero cuando entendían por qué era importante lo contaban. La pérdida de embarazo no era un hecho menor para ellas, lo identificaban claramente. 

El grupo analizó más de 6 mil embarazos y determinó que el 77% de los abortos espontáneos había sido en el primer trimestre. En las últimas décadas el número de pérdidas había crecido pero no de manera homogénea. En el segundo y tercer trimestre eran estables pero se duplicaban en el primero, cuando el embarazo es más vulnerable a factores ambientales como los plaguicidas. 

–Y esto pasaba en menores y mayores de 30 años, lo que hace que sea más fuerte el vínculo con la contaminación ambiental.  

El otro problema de salud que registraron fue el hipotiroidismo. El sistema endocrino regula gran parte de las funciones del cuerpo y los agrotóxicos pueden alterarlo. 

–Muchos plaguicidas fueron definidos a nivel internacional como disruptores endocrinos y uno de los principales efectos es el hipotiroidismo, una enfermedad que es un factor de riesgo a la hora de tener una pérdida de embarazo. Es un combo sumamente tóxico. 

Ese combo fue demostrado en la investigación: para las mujeres que tenían hipotiroidismo la posibilidad de tener una pérdida de embarazo era un 40% mayor que las no tenían esa enfermedad.

Facundo aclara que en salud la relación entre la exposición a un tóxico y la manifestación de una enfermedad no es lineal ni inmediata, tiene que ver con la exposición crónica y en distintos momentos de la vida. Por eso, es clave hablar de comunidades. 

–No podemos aseverar que alguien expuesto a un plaguicida va a tener un problema de salud. Pero sí podemos hablar en términos poblacionales: si exponemos a una comunidad a plaguicidas aumenta la posibilidad de que más personas sufran estos problemas. 

En el cuerpo 

Norma Cabrera odia el viento norte. Apenas lo siente llegar cierra todas las puertas y ventanas y se mete para adentro. El dolor de cabeza la ataca y le recuerda las marcas que le quedaron en el cuerpo por respirar durante años el aire de las fumigaciones. Norma se acuesta, cierra los ojos y espera. Recién cuando el viento se calma, sale al patio. 

«Tengo 52 años, seis hijos, un marido y una artrosis de una mujer de cien años», dice. Vive en la última cuadra de la calle La Plata al 1700, en Cañada de Gómez, una ciudad de 35 mil habitantes a una hora de Rosario. Su casa es el límite entre la ciudad y el campo. Cruzando la calle, a 15 metros, hay un terreno donde se cultiva soja. No siempre fue así. Cuando apenas se mudó, hace más de 30 años, el dueño de las tierras rotaba los cultivos entre distintos granos y las vacas. Se llamaba Pelagagge y fumigaba cuando había viento sur. En 2015, su hijo le alquiló las hectáreas a otro productor agropecuario, Jesús Mosca. Y ahí todo cambió. 

–Era impresionante. Sacaba el ala del mosquito terrestre y fumigaba afuera de la cuneta de punta a punta con viento norte. Iba todo para mi casa. Al principio mirábamos y no tomábamos conciencia de lo que hacía. Y después sentimos. Si mata a los insectos, si mata el pasto, a nosotros también nos hace mal. 

Norma tenía animales y una huerta orgánica con 8 mil plantines. Fertilizaba con aserrín y bosta de caballo. Y las fumigaciones fueron matando todo. «Se murieron mi chancha, mis ovejas, mis vacas, mis pavos reales, mis gallinas ponedoras. Cuando se preñaban, abortaban», agrega. 

Norma cerraba todo pero el aire con olor a podrido entraba igual. Y mientras veía cómo se secaba el sauce y todas las plantas, empezaron las dolencias. Alergias, brotes en la piel, problemas de tiroides, diabetes. 

–Sentía como si tuviera sarna, me picaba todo. 

Las alergias fueron un problema para su salud sexual. Las tetas, sobre todo los pezones, le picaban y ardían. Se le agrietaron y sangraban más que cuando amamantó. Y lo peor fue la vagina, que se le hinchó y nunca más volvió a ser como era antes. Hasta dejó de tener relaciones con su marido. 

––Hoy no aguanto ni deseo tenerlas. Fue muy doloroso y todavía tomo medicación y calmantes. Fue un dolor inaguantable y además me daba mucha vergüenza por la picazón. Hasta me tuve que sacar fotos para tener pruebas.

Apenas empezaron las fumigaciones, Norma hizo la denuncia en la Fiscalía de Cañada de Gómez. También se acercó al municipio y la comisaría. Nunca tuvo respuestas. En esos años, el límite legal para fumigar era de 3.000 metros de las viviendas. Esa distancia entre la zona urbana y la rural era la que tenían que respetar los productores agropecuarios. Y cuando Norma empezó a hacer ruido, el Concejo Municipal modificó la ordenanza para bajar a 150 metros. 

La ley que regula las fumigaciones en Santa Fe es la 11.273. Fue sancionada en 1995, cuando apenas empezaba el modelo de cultivo extensivo y con los años su legitimidad fue cuestionada. Los artículos 33 y 34 establecen distancias diferenciadas entre el fin de la urbanización y el comienzo de los campos según la clase toxicológica del producto. Fija 500 metros para fumigaciones terrestres, aunque hay excepciones según la peligrosidad del plaguicida. Las fumigaciones aéreas solo pueden aplicarse a 3.000 metros de las zonas urbanas, aunque también hay salvedades de hasta 500. El tema es que las distintas clases toxicológicas quedaron en desuso. 

En 2025, la Corte Suprema de Santa Fe dictó un fallo a favor de un caso de Piamonte, un pueblo de 3.500 habitantes en el departamento San Jorge. La causa había empezado en 2016 y tenía como protagonista a la familia Córdoba, que denunció problemas de salud por las fumigaciones cerca de su casa. La más damnificada era Abigail, una niña de 9 años con un daño genético probado en su ADN. La Corte declaró inconstitucionales los artículos 33 y 34 y prohibió la fumigación manual, terrestre y aérea con cualquier tipo de agroquímico a menos de 1.000 metros de distancia del ejido urbano de esa localidad. El fallo sentó un precedente para toda la provincia. 

No hay una legislación que ampare a todas las provincias. En 2025, el exdiputado nacional por Entre Ríos, Atilio Benedetti, propuso una cantidad de metros escandalosa: 10 metros para fumigaciones terrestres y 45 metros para aéreas. Benedetti, que llegó a ser legislador por el radicalismo, es empresario y productor agropecuario. 

Salir al patio y disfrutar 

Después de tres años sin respuesta, Norma Cabrera empezó a buscar ayuda por otros medios. Encontró a la organización Paren de Fumigarnos y se dio cuenta de que no estaba sola ni era la única afectada. Colgó banderas en su casa y le llegaron amenazas. 

–Y en el pueblo decían: “Esta negra de mierda busca plata”. Pero no era mi intención. Lo único que quería era salir al patio y disfrutar con mis animales. 

El caso tuvo resolución en la Justicia. En 2021, dos abogados de la Asociación de Abogados Ambientalistas consiguieron una medida cautelar que prohíbe que fumiguen a menos de 500 metros de su casa. La medida se dictó en la misma audiencia en la que imputaron al productor Jesús Mosca. 

«Sistematizamos la información de cada una de las fumigaciones con tiempo, modo, lugar, registros audiovisuales y actas de denuncia», explica Rafael Colombo, uno de los abogados. «Denunciamos penalmente al arrendador, al propietario y los empleados. Detectamos que se fumigaba en cualquier momento del día. No había consideración respecto de las altas temperaturas, el viento, ni se le daba aviso previo a los posibles afectados». 

También presentaron pruebas del impacto en la salud de Norma, con muestras de orina y sangre. La Policía tomó muestras de tierra y agua que fueron analizadas por el Instituto de Salud Socioambiental. Los resultados mostraron la presencia de glifosato en todo: en el cuerpo de Norma, en la tierra donde vive y en el agua que consumen ella y su familia. Los abogados también denunciaron a la intendenta Stella Clérici. 

–Fue una situación escandalosa porque jamás atendieron sus reclamos. Le negaron el acceso a la justicia y no cumplieron con el deber de controlar las fumigaciones que afectan a todos los vecinos. 

Con el amparo, Norma pudo seguir viviendo en su casa. Desde el patio ve los yuyales que la separan del campo de Mosca. En cinco años, el productor agropecuario no más cortó el pasto. Aparecieron ratones, zorritos, comadrejas y cuis. En el patio de Norma crecieron de nuevo las plantas y la huerta. También volvió a tener animales. Vive de la jardinería y de los productos que vende. «Todo orgánico», aclara. 

Hace poco empezó en una escuela nocturna para hacer la secundaria. Fue una manera de salir de la amargura que le dejaron las fumigaciones. «La escuela me dio un lugar para aprender más del ambiente. Queremos una naturaleza a la que no la lastimemos y la cuidemos», dice. 

El modelo va por dentro 

Teresa Suárez empezó a preguntarse por los efectos de las fumigaciones en 2003. Es santafesina y ese año su ciudad vivió una de las peores inundaciones de la historia de la provincia. Las lluvias no paraban. El río Salado se desbordó y entró a la ciudad por una defensa no terminada durante la gestión del gobernador Carlos Reutemann. Un tercio de Santa Fe quedó bajo el agua, 130 mil personas inundadas. 

Esos días en los que la ciudad parecía en guerra, con gente deambulando por las calles, ruido de helicópteros y hasta tiros, Teresa escuchó a la entonces directora del Instituto Nacional del Agua decir que había un factor más para explicar el desborde del Salado. 

–Además de crecer, el río se veía afectado por las fumigaciones, que endurecían el suelo y dañaban su carácter de esponja. Por eso inundaba y resbalaba haciendo imparable su recorrido. 

Teresa tiene 79 años, es historiadora, docente e investigadora de Conicet jubilada, además de militante feminista y ambiental. Forma parte de la organización Paren de Fumigarnos y del Comité de Cuenca Popular del Paraná Santafesino, que busca proteger el río del acuerdo de la Hidrovía. 

«Este modelo cambió la vida de todos los pueblos ribereños. Santa Fe es la que tiene el recorrido mayor de la Hidrovía, 30 pueblos viven a sus orillas», dice. Teresa opina que las investigaciones como la de la UNR son fundamentales para tener datos sobre el impacto de las fumigaciones en el cuerpo de las mujeres. 

«Como el agronegocio va adelante y es lo mejor que tenemos para pagar la deuda externa, no se mira el costo que tiene en la salud de quienes quieren tener un hijo y en el primer trimestre pierden el embarazo -señala Teresa-. El patriarcado levanta la banda de la reproducción y se alarma por la baja de la tasa de natalidad, pero lo que pasa en el cuerpo de las mujeres parece que es un problema de ellas mismas. No es ni del sistema económico, ni del patriarcado, ni nada». 

Para Teresa, hay un modelo de medicina basado en el cuerpo masculino como universal que hay que cuestionar. Cecilia Bianco opina lo mismo. Vive en Capitán Bermúdez, en el cordón industrial del Gran Rosario, es ingeniera mecánica y referente del Taller Ecologista, donde creó y coordina el Área de Tóxicos. Llegó a la organización a partir de una lucha ambiental, cuando a comienzos de los 2000 se movilizó junto a vecinos y vecinas contra la instalación de incineradores de residuos peligrosos.

–No se puede estudiar el efecto de los plaguicidas sobre la población en general como si hombres y mujeres fueran iguales. El cuerpo femenino tiene características particulares, como los ciclos hormonales. Hay que incorporar la diferencia como una dimensión propia de la investigación.

Para Cecilia faltan datos que permitan vincular la exposición a sustancias químicas con problemas concretos de salud. Y ve un problema más. Que no exista esa información genera también una falta de evidencia para que los gobiernos tomen decisiones políticas. Y suma: «Hay que convertir ese conocimiento en una herramienta para discutir el modelo productivo. La universidad puede generar evidencia pero esos datos tienen que ser tomados después por las gestiones». 

Una ciencia para el pueblo 

Daniela Madanes conoció los campamentos sanitarios en 2015 y le cambió la manera de ver a los pueblos fumigados. Ya tenía conciencia ambiental pero estar ahí fue otra cosa. 

–Conocer a los vecinos que están denunciando lo que pasa delante de sus ojos fue muy fuerte. Una vecina decía que cuando llovía en vez de ponerse más lindas las plantas se marchitaban. Otra que el gato salía unos días y volvía con una dermatitis. 

Daniela es bióloga y forma parte del grupo de investigación que publicó el estudio sobre abortos expontáneos e hipotiroidismo. Estuvo a cargo de procesar y analizar los datos de las entrevistas médicas y elaborar los informes que salieron en revistas científicas. Su tarea fue clave para que las historias individuales se convirtieran en indicadores comunitarios. 

Tiene 35 años y trabaja en el Instituto Nacional de Parasitología, en la parte de Chagas. Estudió en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e hizo el doctorado en salud reproductiva, donde investigó compuestos naturales para tratar la endometriosis. 

Ya desde la facultad, Daniela era crítica con la ciencia hegemónica y buscó la forma de “hacer una ciencia para el pueblo”. Empezó a militar en Gesta Colectiva, una organización que hacía encuestas en pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires. Ahí tomó contacto con el grupo de Rosario, que venía haciendo lo mismo desde la medicina. 

–Ellos tenían una cantidad de datos abismal. Trabajar en cómo el ambiente influye en la salud es una pequeñísima revolución. Y más con las pérdidas gestacionales. Cuando se habla de salud reproductiva se pone la responsabilidad en las mujeres y en sus decisiones, y no se piensa en las condiciones en las que vivimos. Este estudio aporta información sobre el ambiente y responde preguntas sobre la salud de las mujeres no de manera individual sino comunitaria. 

Para ella, el rol de la ciencia no es aportar evidencia sino escuchar lo que dicen esas comunidades. «Si vos tenés un conjunto de vecinas y vecinos que están diciendo que hay un daño, ellos son quienes más conocimiento tienen del tema y a quienes más habría que escuchar», dice. 

Ese rol apareció también en el histórico juicio por fumigaciones de Pergamino, que se hizo este año. Las pruebas más importantes fueron estudios producidos en universidades e institutos públicos. Para el tribunal no fueron suficientes: absolvió a siete productores agropecuarios, un ingeniero agrónomo y un aplicador. Solo condenó a dos exfuncionarios municipales a dos años de prisión condicional. 

Así como el cultivo de soja no entiende fronteras provinciales y corre cada vez más sus límites, las investigaciones sobre sus efectos también cruzan provincias. El estudio fue realizado por un grupo formado por Damián Verzeñassi, María Agustina Etchegoyen, Guillermo Hough y Alejandro Vallini, además de Facundo Fernández y Daniela Madanes y participaron las universidades de Rosario, Mar del Plata y Chaco Austral, la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires y otras instituciones científicas del país.

Daniela explica que fue hecho por militancia y a pulmón. Trabajaron prácticamente ad honorem. «Es muy difícil conseguir subsidios y respaldo institucional.  Y más en este momento con los recortes y los sueldos bajísimos». 

Construir epidemiología 

Los campamentos sanitarios duraron diez años. Durante ese tiempo, unos 200 residentes y tutores relevaron más de 30 pueblos de menos de diez mil habitantes. Cada vez que pasaban por una localidad, hacían talleres de salud comunitaria y le entregaban al gobierno local un informe con datos epidemiológicos. Para esos gobiernos, no era fácil tener indicadores. 

«El sistema sanitario en Argentina está fragmentado y tiene un subregistro, tanto de problemas de salud como de acciones de los médicos y médicas», explica Facundo Fernández. Y agrega: «Y eso es por la falta de tiempo dedicado a la construcción de información». 

Facundo llegó a estudiar a Rosario desde una de esas localidades rodeadas de campo. Viene de Pergamino y para él los campamentos eran una forma de devolverle algo: «Fue poner el conocimiento de la universidad en gratitud de los pueblos que permiten que estudiemos acá». 

Cada vez que publicaban datos surgidos de los campamentos, la sociedad los tomaba con fuerza y salían en todas las noticias. 

–Producir información sobre el modelo agroindustrial y las fumigaciones es un tema conflictivo. De parte de los Estados, tanto nacional como provinciales, ocultan el problema o le restan importancia. 

En 2019 se hizo el último campamento. Con la pandemia, las autoridades de la Facultad los suspendieron y nunca más volvieron a habilitarlos. Pero el grupo de investigación encontró la manera de seguir. Desde entonces, trabajan con la información que juntaron durante una década. Es un trabajo más complejo, lleva tiempo y se hace sin recursos. Facundo dice que, si tuvieran financiamiento, lo que les llevó tres años lo harían en uno. 

Lo cierto es que los datos hablan. Esta vez para mostrar cómo las mujeres viven en sus cuerpos un modelo económico cada vez más concentrado. 

Esta nota pertenece a Punto de Encuentro — un especial de Amnistía Internacional Argentina junto a CENITAL. Podés leer todos los artículos acá.