Estuvo presa y la absolvieron: recuperó la libertad, pero no su vida

“Me tiembla todo el cuerpo cuando recuerdo lo que me pasó”, cuenta Ana. Es su nombre real, pero no quiere decirlo completo: un mínimo intento por preservar su intimidad después de todo lo que le cuesta recordar: a fines de 2021 fue criminalizada por una emergencia obstétrica. 

Ana dio a luz en su casa de Esquina, Corrientes. El bebé nació muerto.  

Su mamá la denunció a la policía. Cuando llegaron a detenerla la encontraron en mal estado de salud. Tuvieron que trasladarla al hospital San Roque, el único de la ciudad. Permaneció esposada a la cama sin saber exactamente qué había pasado. Tenía algunas pistas por un enfermero que la trataba mal. 

La acusaron de homicidio agravado por el vínculo y alevosía. Le negaron la posibilidad de esperar el proceso judicial libre, incluso una prisión domiciliaria. Adujeron riesgo de fuga aunque no tenía ningún recurso. 

Los medios locales se ensañaron con ella: titularon que el bebé había sido “descuartizado” y que “aún respiraba cuando le seccionaron sus brazos y sus piernas”. La información, decían, era “trascendidos de manera extraoficial”. Nada de eso sería probado luego en el juicio. 

Cuando pudieron darle el alta, Ana fue trasladada a la Comisaría de la Mujer de Esquina. Acababa de sufrir una emergencia médica, pero asegura que no le permitían descansar. “Me mandaban a barrer. Con todo el lío que había de las noticias, la gente pasaba y me gritaba cosas. Sentía que era un animal en exhibición, que me sacaban para que la gente me mirara y gritara. Decían: ‘Sí, es ella, la asesina. Ésta es de la que todos hablan’”. El patio al que le permitían salir era el de la comisaría contigua, donde estaban detenidos varones. “Me sacaban al patio de ellos porque yo necesitaba salir al sol, estaba muy débil. Además, la única ventana que tenía donde estaba detenida era un ventiluz, bien arriba, que daba justamente a ese patio”, recuerda. 

Ocho meses después en un juicio de apenas cuatro días en la ciudad de Goya fue absuelta. La defensa logró demostrar que Ana sufrió una emergencia obstétrica y, crucialmente, que «la criatura que gestaba nació muerta». La liberaron, pero no ha podido volver a su vida anterior. A cuatro años después, todavía le cuesta salir de su casa. 

Un efecto en el tiempo 

“Viví situaciones que hacen que no quiera volver al hospital, no lo quiero pisar. Allí me trataron muy mal. Recuerdo entrar a la guardia y que un médico me dijera: ‘¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no lo diste a alguien? Sos una asesina’. Mucha gente diciéndome cosas sin saber en realidad lo que había pasado, sin conocerme”, cuenta Ana un mediodía en el patio de su casa, en la periferia de la ciudad, a pocos metros de la Ruta Nacional N°12. Es un terreno amplio con una casa sencilla, varias personas comparten una misma habitación. Tiene gallinero, huerta y árboles cítricos: limón, mandarina, naranja y pomelo. 

La entrevista debió ser afuera porque a su familia “aún le afecta escuchar lo que sucedió”, comenta.  

Dice que el personal actual del hospital San Roque es el mismo que la atendió entonces y luego declaró en su contra en el juicio. Tiene malos recuerdos. Confusos, de hecho. Recuerda la lámpara del quirófano, despertar de la anestesia, pero aún hoy no sabe si fue operada, ni de qué. “No me explicaron nada”, sostiene. Tenía que ir sola al baño, “iba con el suero y una bolsa de sangre”. No se permitió el  ingreso de ningún familiar a ayudarla. 

Lógicamente, ahí no quiere regresar y no tiene otro lugar al que pueda ir. “A controles médicos no voy. Fui una sola vez al hospital porque me dolía un montón el período. Cuando estuve presa tuve muchos problemas y me duraba como dos meses y jamás cortaba, entonces me ponían inyección anticonceptiva para regular. Cuando salí, ya no me atendí más”, explica. 

Libre pero no tanto 

Pasó su detención en una celda con cama, inodoro, ducha y un muro que le cubría solamente hasta la cintura. Estuvo un mes sin ver a sus hijos, quienes en ese entonces tenían 11 y 6 años. “No podía calmarme, no dejaba de llorar. No podía comer de la angustia. No podían llevarme a mis hijos, no quería que me vieran así”, explica. 

Recuerda que podía pasar varios días sin salir al patio, incluso los últimos meses no salía porque había muchos hombres detenidos y la convivencia no era la adecuada. Asegura que entonces la mandaban a barrer a la vereda o lavar el patrullero. 

La libertad no fue exactamente una sensación de libertad: las primeras semanas afuera no se animaba a buscar a sus hijos del colegio. Tampoco podía ir a trabajar. Hoy subsiste con 10 mil pesos por día que gana como repositora en un minimercado, con los que no logra cubrir ni los gastos más básicos. “Lo que me dan en el día traigo para comprar la comida de mis hijos”, relata y agregó que “trabajo para sobrevivir todos los días, tengo dos hijos que necesitan también libros y ropa. Vivo pidiendo prestado y trabajo para devolver”. 

Preguntarle por un tratamiento psicológico parece ridículo. Contesta lo obvio: “No tengo dinero para pagar una psicóloga”. La tuvo justo antes del juicio en su contra, durante dos meses. Luego, su madre consiguió pagarle algunas sesiones dos meses más. Ahora, ya no es posible. 

Ana dice que necesita hablar con una profesional sobre lo que le pasa, necesita “descargarse”. “Quizás algunas personas piensan que ya pasó mucho tiempo, que ya está, pero no es así, no es algo que se termina. Te afecta. Duelen todavía las injusticias y los recuerdos”, relata con una voz baja pero segura, mirando al barro de su patio.  

Mientras los perros ladran y Ana se adelanta caminando bajo los limoneros, dice: “Muchas veces caigo, muchas veces tengo ganas de llorar. Todavía tengo miedo de salir a la calle, que me reconozcan, que asocien mi nombre con lo que pasó, y me griten algo”.  

El estigma

Rosana Fanjul es integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El caso de Ana no estaba enmarcado dentro de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada en 2020, pero no era una novedad para la militancia feminista que ha visto otros casos de mujeres criminalizadas por abortos involuntarios, partos fallidos y toda clase de eventos obstétricos como el que se determinó que sufrió Ana. Como el que había sufrido antes Belén en Tucumán, cuyo caso se transformó en campaña nacional, luego en libro y en una película de éxito internacional. 

Para las protagonistas de estas historias la absolución no suele ser el final de la historia: “Por lo general, están en una situación de vulnerabilidad alta, antes y después de la criminalización”, asegura Fanjul que acompañó la movida por la liberación de Ana y asistió a las jornadas del juicio en Goya. 

Señala una falta de acompañamiento psicológico, social y estatal que es común a otras sobrevivientes de la violencia de género. La penalización transforma a cómo ellas ven los centros sanitarios. Después de la criminalización, aparece el miedo a buscar asistencia médica y con ello el incremento de complicaciones físicas evitables.

Su experiencia le ha mostrado que el “triunfo” judicial no alcanza a reparar los efectos del señalamiento social. “Es su propio entorno el que las culpa y eso tiene un peso doble”, explica. Ana confirma: relata que muchos insultos vinieron de personas muy cercanas a ella. Por eso quiere mudarse, pero nuevamente el factor económico es determinante. 

“Tuve muchas situaciones que me hicieron sentir no querer vivir más. Pero pensaba: ¿cómo voy a dejar a mis hijos? Entonces me quedo a luchar por ellos, a acompañarlos. Eso es lo que me mantiene fuerte”, expresa. 

“El pensamiento suicida es muy recurrente porque después de la cárcel se enfrentan a otras situaciones”, dice Fanjul. La recuperación es un proceso lento y la mayoría de las víctimas lo atraviesa en soledad. 

El interior del interior

Las desigualdades en cuanto al acceso a derechos humanos se agudizan  en el interior del país y más aún hacia adentro de las provincias. Las mujeres de los pueblos y de sectores rurales, cuentan con escasas o nulas herramientas para prevenir o salir de diferentes tipos de violencia.

“Las mujeres del campo son católicas, apostólicas, romanas. El tema de la IVE no se toca, es tabú. Hace tres años estoy trabajando en esto y muy pocas se me acercaron a hablar. Piden que no se enteren los maridos o los padres. Hay un miedo total”, cuenta Miriam Gauto, enfermera comunitaria y referente guaraní en salud de la Fundación de Derechos Humanos, Equidad y Género (FunDheg) que trabaja en la quinta y tercera sección de Corrientes. 

Ella, relata que en la zona rural, “no se habla mucho de la salud sexual y reproductiva, cuando consultamos sobre qué conocimientos tienen sobre métodos de barrera sólo mencionan la pastilla anticonceptiva”, que de hecho no lo es. “Tampoco saben de Infecciones de Transmisión Sexual o de violencia obstétrica. A todo esto, se suma el alto número detectado de casos de abuso sexual intrafamiliar”, enumera. 

“Hay mucho silencio y el patriarcado está muy presente”, sostiene la referente sanitaria y remarca, “esta falta de información sobre sus derechos, los diferentes métodos anticonceptivos, las ITS y hasta dónde tener acceso a la salud sexual y reproductiva define cómo se manejan las mujeres y lo que deben soportar”. 

Ana vive en un lugar así: en un barrio lejos del centro de la ciudad de Esquina, una localidad con poco más de 30 mil habitantes a cuatro horas de la capital correntina. Ahí mismo, en su casa, pasó por un evento obstétrico, una situación involuntaria y traumática, que terminó en acusación penal grave.  

Es un rasgo común entre las mujeres criminalizadas: estructuras familiares complejas, a veces contextos de abuso. Fanjul recuerda los casos de memoria: “En Misiones, una chica docente, que fue judicializada, nunca más ejerció la docencia, hubo un cambio total en su vida”. Otra, denunciada por su marido, retomó el vínculo al salir de prisión. 

El juicio y la absolución

Ana fue a juicio por homicidio doblemente calificado por el vínculo y alevosía. “Cuando llegamos a Esquina, vimos que Ana no tenía ningún derecho. No tenía celular, no le permitieron eso mientras que a otros presos sí. El castigo que recibía era superior al de un varón”, asegura Fanjul. Según un informe de diciembre del 2020 de la Campaña por el derecho al Aborto junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones, había un total de 1.532 mujeres criminalizadas luego de atravesar abortos o eventos obstétricos. Conformaron el espacio “Libres las Queremos” para acompañar casos como el de Ana. 

“Tuvo una interrupción no voluntaria en su casa. Le dieron carácter de persona a un feto sin vida y, por eso, la criminalizan, desoyendo el peritaje médico. Hay una ficción construida entre la prensa y quienes forman parte de la Justicia», denunciaron entonces. Cuando finalmente fue liberada en agosto de 2022, fueron ellas las que la acompañaron del tribunal en Goya de regreso a Esquina. 

“No existe el principio de inocencia cuando se trata de una mujer y de un niño, está el principio de culpabilidad y no de inocencia. Todo se focaliza de manera contraria a lo que debería ser. Nosotras colocamos la mirada feminista, y así como sucedió con Ana, logramos liberar a unas 20 chicas. Tenemos estrategias de la militancia feminista que tienen que ver con el respeto al género”, sostiene Fanjul. 

En Corrientes, todavía hay dos detenidas por eventos obstétricos en el Instituto Pelletier –única unidad carcelaria para mujeres en la provincia– y una tercera con un proceso abierto. Ana ya está en casa, pero el Estado que la apresó tiene una deuda con su bienestar. La rescataron las feministas, le salvaron la vida y hoy ella le sigue agradeciendo. 

Si bien fue liberada hace cuatro años, a veces siente que aún está presa. Su casa es su refugio, pero a veces no le alcanza; también de ahí siente el impulso de huir. La detienen sus hijos y el no poder darles otro techo. 

Aún es esa mujer introvertida, todavía le cuesta hablar. Es frágil, porque así la educaron, pero también fuerte porque elige vivir pese a las adversidades.

Esta nota pertenece a Punto de Encuentro — un especial de Amnistía Internacional Argentina junto a CENITAL. Podés leer todos los artículos acá.