El riesgo de cuidar: la vida de las mujeres que sostienen el Barrio 31

«Te regalaste, gata. Sos boleta. ¿Te hiciste la piola? Mirá», le gritó un hombre a Felicidad Salinas, mientras le mostraba un arma de fuego frente a un kiosco del barrio Padre Carlos Mugica. Eran las 11 de la mañana, y había vecinos mirando. 

Dos días antes, como promotora de género del barrio 31, había resguardado en su domicilio a una mujer y su hija de 10 años que habían escapado de su casa tras sufrir una de las tantas golpizas de su pareja en “más de veinte años de violencia”. “Su hijo, de 20 años, lo agarró a trompadas a su padre y le dijo a ella: ‘Este no te golpea más’”, cuenta Salinas con naturalidad, entre mates para “entrar en calor” en un centro cultural de Almagro, aun sin muebles ni calefacción, donde recibe a Punto de Encuentro.

«Tirá, dale», recuerda haberle respondido. «No disparó. Se fue porque se dio cuenta que yo no iba a achicarme. Hay que ser valiente para ser promotora de género», dice la sobreviviente que ejemplifica con esta anécdota la labor de las 70 promotoras de género y salud que hay en el barrio. 

Luego del violento episodio, Salinas acompañó a la víctima a denunciar y conseguir un botón antipánico, del mismo modo en que acompaña a otras mujeres a realizarse estudios médicos y ginecológicos, acceder a métodos anticonceptivos o practicarse abortos.

Son ellas quienes llegan donde el Estado no entra. Los cuerpos de las mujeres en barrios populares sostienen, a costa de su salud física, mental y reproductiva, las redes comunitarias que dan de comer a niños y niñas en merenderos, que alimentan a cientos de vecines en ollas populares, que maternan y salen a trabajar.

Preguntas sin respuesta 

La crisis castiga especialmente a los sectores más vulnerables que son, casualmente, quienes más tareas se ponen al hombro.

“Preocupa al Comité (…) las modificaciones regresivas a normas claves como la Ley Micaela, la Ley de los 1.000 días y la legislación sobre derechos sexuales y reproductivos”, advirtió la jurista relatora Yamila González Ferrer durante el octavo examen periódico de Argentina ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el órgano de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de los derechos de las mujeres y diversidades realizado el 10 de febrero, en Ginebra, Suiza. 

“¿Qué medidas adopta el Estado para prevenir la persecución y violencia institucional contra defensoras de derechos humanos, periodistas y lideresas sociales?”, cuestionó Ferrer al Estado argentino, retomando algunos de los planteos incluidos en un informe elaborado por organizaciones argentinas y presentado ante la CEDAW.

Sin respuestas concretas, a miles de kilómetros de distancia, en los pasillos de barrios populares como la Villa 31, las mujeres y disidencias se organizan y sostienen redes de cuidado, incluso cuando muchas de ellas enfrentan los mismos obstáculos que intentan resolver para otras mujeres: controles médicos postergados, dificultades para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, mala alimentación, falta de atención psicológica, sobrecarga de tareas, reducción de presupuesto para merenderos y condiciones de vida cada vez más precarias. 

Pero Ferrer tenía una pregunta más: “¿Y para evitar la criminalización de las mujeres cuidadoras comunitarias que sostienen los comedores en los barrios y otros servicios sociales de base, y asegurar que las medidas judiciales no afecten el derecho a la alimentación de las poblaciones más vulnerables ni impliquen un castigo correctivo?”.

La relatora hacía referencia a que la creación de causas penales contra mujeres que generan redes de asistencia comunitaria es un “problema creciente” en barrios vulnerables, ya que enfrentan “acoso judicial y estigmatización”. Al respecto, Salinas comenta: “Actuamos de psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales en los barrios. Este trabajo no es reconocido ni remunerado, y es justamente el que nos vuelve blanco de criminalización”.

El crimen de cuidar

«Hay un uso indebido de los procedimientos judiciales para la demonización de nuestras compañeras. Buscan que una mujer que cocina en un comedor deje de ser alguien bien vista», expuso la abogada Nadia de Rosa, que lleva algunas de estas causas contra trabajadoras comunitarias. Fue durante una conferencia realizada el 29 de abril en la sede porteña de la CTA Autónoma.

La abogada denunció que desde la asunción de Javier Milei y bajo la conducción del Ministerio de Seguridad se impulsó una persecución contra cuidadoras comunitarias y organizaciones sociales a través de dos mecanismos: el protocolo antipiquetes y la línea 134.

En el primer caso, señaló: “se criminaliza la protesta” y “se nos saca de la calle”. En el segundo, una línea destinada originalmente a denunciar narcotráfico y trata se convirtió en un canal de “denuncias anónimas” contra comedores, merenderos y referentes barriales. 

“De unas 20 mil denuncias a esa línea, el Poder Ejecutivo sólo envió 1.685 a la Justicia: 1.102 son contra mujeres y 583 contra varones de barrios populares”, acusados de presuntas extorsiones vinculadas a la gestión de programas sociales y asistencia alimentaria.

De Rosa denunció además «violaciones al debido proceso y a las garantías constitucionales»: denuncias anónimas nunca ratificadas, allanamientos «a la pesca» en comedores, restricciones de acceso a la prueba y medidas cautelares extremas. 

«Las acusaban de ser organizaciones criminales, y tomaban como prueba una rifa solidaria. Aun así, estas causas avanzaron. Tenemos compañeras procesadas y expedientes que llegan primero a los medios que a las personas investigadas», apuntó.

Norma Morales, dirigente Nacional de Barrios de Pie y secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), tomó la palabra en la misma conferencia: “Nos daba miedo hacer ollas populares porque la policía nos podía pegar o gasear. Pero nos daba mucho más miedo llegar a nuestros barrios y tener que decirles a nuestros hijos que no había nada para comer”.

Morales milita desde hace 25 años en el campo social y, sin embargo, aseguró que nunca había presenciado un allanamiento. Según ella, esta persecución no recae principalmente sobre dirigentes o punteros políticos, mayormente hombres, sino sobre el «corazón del barrio»: los comedores, refugios para mujeres en situación de violencia y las casas de las promotoras de salud. «Nosotras abrimos las puertas de nuestros hogares para cuidar a nuestra comunidad. Somos nosotras las que ponemos el cuerpo. Nos capacitamos, construimos datos, estadísticas, propuestas. Somos las que le armamos ollas vacías a modo de protesta a Milei y Sandra Pettovello”. 

Quién cuida a las que cuidan es, precisamente, la pregunta que la relatora Ferrer le hizo al Estado argentino. La criminalización, sostuvieron las expositoras, trae aparejado un cambio de discurso y de percepción social sobre las cuidadoras comunitarias: convertirlas en criminales para justificar el recorte de derechos, presupuesto y políticas públicas.

Poner el cuerpo

«Tenemos muchos casos de cáncer de ovario. No estamos acostumbradas a cuidarnos ni a hacernos chequeos ginecológicos», asume Salinas, también integrante de la Asamblea Feminista de la Villa 31 y militante de Barrios de Pie. Cuenta que las promotoras articulan con Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) y otros centros médicos, que les otorgan “un puñado de turnos cercanos en el tiempo” para que las vecinas del barrio se hagan el PAP, colposcopías y otros estudios de control. Si no, conseguir un turno es “una carrera de obstáculos” dado a un sistema de salud pública colapsado. Es que en el barrio, las promotoras de género suelen ser también promotoras de salud, dada la conexión inseparable entre ambos ámbitos.

Ángeles Hernández, promotora de salud en el CeSAC 21, explica: “La dinámica local tiene sus particularidades. La gente mayormente trabaja por día. Si le das un turno de acá a un mes, por ahí le surge una changa, no puede tomarse el día, o no tiene con quién dejar a los chicos”. 

Son las mujeres las que están a cargo del 89% de los hogares monoparentales en barrios populares porteños, mientras que sólo 4 de cada 10 de ellas tiene trabajo pago, según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). 

Para Albina Espinoza, vecina del barrio, esa sobrecarga de tareas tiene consecuencias concretas: «Muchas no pudieron decidir cuántos hijos tener porque viven resolviendo urgencias. Otras postergan tratamientos, estudios médicos, ejercicio, o su propio bienestar para sostener a sus familias. Todas hacemos malabares».

“Nosotras desde el CeSAC también hacemos lo que podemos, ponemos el cuerpo todos los días a situaciones terribles. No podemos darle una solución a todos. Faltan insumos, ya no nos entregan SIUs (sistemas intrauterinos) o preservativos como antes. Es agobiante”, descargó Hernández. 

La alimentación, el buen descanso o el tiempo de recreación “no existen” en los barrios populares para las mujeres: todo es “urgencia y supervivencia”. “Acá hay muchas personas viviendo en una misma casa, hay familias numerosas, no tenés plazas ni lugares de distensión”, señala Ángeles. No tener tiempo ni espacio personal empeora la situación de la salud mental en barrios populares: estrés, ansiedad, violencia, poca empatía, suicidios y dificultades para la fertilidad: “Hacer terapia es casi un lujo acá”. 

Hace años que una vecina de Salinas, no pisa una clínica. Tuvo siete hijos, todos en su casa. Nunca se hizo un estudio ginecológico ni un control preventivo. No era solamente una cuestión económica, tampoco quería que “médicos desconocidos vieran o tocaran su cuerpo”. Cuando las promotoras de salud intentan convencerla de hacerse un chequeo, se encuentran con una combinación difícil de romper: desconfianza, falta de información, experiencias previas de maltrato y un sistema sanitario cada vez más difícil de transitar.

Salinas fue testigo también de cómo el hambre, la crianza monomarental, la violencia machista y la invisibilidad ante la Justicia pueden atravesar el cuerpo en niveles extremos: “Tengo un caso de una trabajadora sexual de 32 años y 7 hijos. Los dos primeros fueron producto de violación de su propio padre, que los hicieron pasar como hermanos suyos”. Salinas explicó que la joven encontró en el trabajo sexual la única forma de mantenerles, a pesar de que la condujo a “problemas de consumo y salud mental”, incluyendo “tres intentos de suicidio”. Un día, la encontró llorando: tenía un retraso. Ella  tenía contactos con personal de la CeSAC que, rápidamente, le dieron un turno para practicarse una IVE con misoprostol. “La médica me dijo que estaba hecha pelota, llena de golpes. Si ese cuerpo hablara…”, lamenta. Inmediatamente, la joven retomó su trabajo sin tiempo de recuperación: era trabajar o no comer. “Son cada vez más las mujeres que, por necesidad, han tenido que recurrir al trabajo sexual o vender contenido (erótico) online para sostener económicamente a sus familias. Cuando no hay opción, no es una decisión”, concluye Espinoza. 

El origen de la desigualdad

“Tengo 17 hijos”, dice Carmen Villafañe y hace una pausa, para la sorpresa, “también tengo nietos”, cuenta la fundadora de Mujeres al Frente. 

“Hoy soy una mujer empoderada, que logró sobrevivir y que creó un espacio para que a otras mujeres no les pase lo que me pasó a mí”, afirma la mujer que se convirtió en el tipo de persona que, años atrás, la ayudó a ella: promotora de género en el Barrio Mugica.

Villafañe nació en un campo al norte de Jujuy. Fue dejada al cuidado de sus abuelos maternos y, a los 13 años, adoptada legalmente por sus tíos, quienes le gestionaron un DNI y la inscribieron en una escuela rural. Dos años después conoció a su madre biológica, pero aquella relación condicionaría su historia: “Se enteró que yo tenía un pretendiente. No era mi novio, pero ni ella ni nadie me preguntó si yo quería estar con él: me entregaron como se entrega un objeto, para que se hiciera cargo de mí”. 

A los 18 años dio a luz a su primer hijo, y todo cambió. Comenzaron los maltratos. Buscó ayuda en su casa, donde justificaron la violencia porque “él la mantenía”: “A partir de ahí, empecé a ser mamá todos los años. Si yo no le daba hijos era porque ‘no lo amaba’. Si no me embarazaba, me insultaba y me pegaba”. Tiempo después, su pareja y sus tíos decidieron mudarse a Buenos Aires. En el barrio porteño de Retiro Carmen encontraría “otra clase de vida” y nuevas amistades. Comenzó a trabajar, en los tiempos libres se dedicaba a aprender a leer, escribir y miraba noticias. Fue así que en Buenos Aires encontró, por primera vez, algo de autonomía. 

También conoció a promotoras de género de la Fundación El Pobre de Asís, que la ayudaron con la alimentación de sus hijes y a comprender que no podía seguir viviendo en una relación atravesada por la violencia. “Ellas me ayudaron a salir de ahí, estoy tan agradecida”, rememora Carmen, cuya organización hoy concentra 30 promotoras de género que arman ollas populares, charlas, meriendas, espacios de recuperación para chicos y chicas con consumos problemáticos, entre otras funciones. 

“Armé este Frente porque siempre son otras mujeres las que te ayudan a salir adelante”, comenta Carmen, haciendo referencia también a las Abuelas de Plaza de Mayo que, en 2017, la ayudaron a buscar a una de sus hijas. 

«Mamá, te aviso que D. no llegó a casa», le dijo una de sus hijas por teléfono. D. tenía 12 años cuando desapareció. Había ido a la escuela y nunca regresó. La familia la buscó durante años hasta que, en 2017, la adolescente logró contactarse con una hermana a través de Facebook. Carmen recurrió entonces a las Abuelas de Plaza de Mayo, que ayudaron a difundir el caso y acompañaron las gestiones para localizarla. En 2019 lograron encontrarla en Perú. Había sido captada por una red de trata. «Un cliente del cabaret donde la hacían trabajar la ayudó a comunicarse y salir de ahí», contó Carmen. “Con la ayuda de las Abuelas hicimos el primer juicio”, recuerda Carmen. Tras aportar información sobre el lugar donde había estado cautiva, la Justicia peruana allanó el sitio y condenó a 30 años de prisión al hombre señalado como su captor y a integrantes de su familia.

Madre e hija dedican hoy gran parte de su tiempo al trabajo comunitario y a la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades. Sus trayectorias muestran cómo las desigualdades que atraviesan los cuerpos desde la infancia condicionan, muchas veces, el acceso efectivo a la autonomía, la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

Las historias de Carmen, de Salinas y de tantas otras promotoras condensan trayectorias que se repiten en los barrios populares: trabajo sexual y maternidades forzadas, chicas que desaparecen, violencias naturalizadas, obstáculos para acceder a la salud y la contracara: redes comunitarias construidas por mujeres para sostener a otras. Felicidad Salinas lo explica: “La dignidad de las mujeres no siempre viene dada, hay que salir a lucharla. Por eso en el barrio hoy tenemos una red. Por eso nos tienen tanto miedo. Por eso nos atacan, pero vamos a resistir. No tengan dudas”.

Esta nota pertenece a Punto de Encuentro — un especial de Amnistía Internacional Argentina junto a CENITAL. Podés leer todos los artículos acá.