El aguante de las migrantes en la Argentina actual

“Si tuviéramos que buscar una palabra para describir lo que sentimos, sería miedo”, dice Elidora, una mujer boliviana de 56 años que vive en la Argentina desde hace más de veinte. “Miedo y enojo”, añade su hija Sabrina, de 22, que hoy la acompaña. Ambas viven en el barrio 17 de noviembre de Ingeniero Budge, muy cerca de Villa Celina; uno de los sitios donde el pasado enero la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal realizó un operativo migratorio para localizar lo que llaman “extranjeros ilegales”. No fue el primero ni el último: en los meses siguientes estos operativos se extendieron por todo el país. 

“Miedo” también es la palabra que menciona Mirelle, haitiana, cuando piensa en lo que ella y algunas de sus conocidas sienten en los últimos dos años al caminar por la calle. Lo que escucha en su consultorio Kathia Díaz, psicóloga boliviana que atiende a mujeres migrantes víctimas de abuso sexual. Y también lo que una médica del Centro de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) de Ciudad Oculta ha visto en la cara de algunas adolescentes bolivianas, paraguayas y peruanas embarazadas que cruzan las puertas del centro de salud para ser atendidas. Ella prefiere no decir su nombre en esta nota.

La sensación que parece orbitar sobre la población migrante no surge de la nada. El 29 de mayo de 2025, el presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025 que modificó drásticamente la Ley de Migraciones, una ley pionera en la región por su enfoque de derechos. El decreto consolidó una narrativa que la ultraderecha y el Gobierno intentan instalar desde que llegaron al poder: que los extranjeros representan una amenaza para los argentinos, que delinquen y colapsan los servicios públicos.

La nueva modificación restringe algunos derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la salud, y elimina la gratuidad de la atención médica para residentes no permanentes. “Solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio, de conformidad con las condiciones que establezca el Ministerio de Salud”,  establece el DNU. Está consignada solo una excepción: la emergencia. 

Paradójicamente, el decreto también limita las posibilidades de acceder a la regularización migratoria. Para obtener la residencia permanente, la Dirección Nacional de Migraciones exige demostrar solvencia económica mediante recibos de sueldo. Y si estos requisitos son difíciles de conseguir para un argentino promedio, para una mujer migrante son casi imposibles. Según la Encuesta Migrante 2023, más de la mitad de ellas se dedica a tareas de cuidado no remuneradas y al trabajo informal. “Esto hace que muchas sean forzadas a la irregularidad”, asegura Gabriela Liguori, directora de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF). De acuerdo con las cifras recopiladas por la organización, en el último año las residencias otorgadas cayeron en un 54% respecto al promedio anual de los años anteriores. 

Aunque ya existían obstáculos en el acceso a la salud para las mujeres migrantes, —según las estadísticas, apenas el 7,3% acudía por temas vinculados a salud sexual y reproductiva—, la entrada en vigencia del DNU, sumado al desmantelamiento de políticas de género y a las narrativas cada vez más criminalizantes impulsadas por el Gobierno nacional, profundizan la situación de vulnerabilidad de miles de ellas.

“¿Tenés DNI?”

“Nosotros ya desde hace tiempo venimos observando que a muchas mujeres embarazadas provenientes de Bolivia, Chile y Paraguay les ponen montón de requerimientos, entre ellos aranceles, para poder atenderlas. También cobros para poder tener un parto en el hospital. Es algo principalmente situado en las provincias fronterizas”, explica Liguori.

El arancelamiento de los servicios de salud no es algo nuevo. Un año antes de que entrara en vigor el último DNU, provincias como Salta, Santa Cruz, Mendoza y Jujuy ya habían aprobado otros decretos para que extranjeros paguen por la salud. Eso afectó principalmente a las mujeres y a las personas gestantes. En la televisión, algunos titulares festejaban que se les cobrara a “bolivianas que cruzaban la frontera para parir a sus hijos”, aunque según los registros de varias organizaciones sociales, en general quienes buscaban ser atendidas eran migrantes, mujeres que viven en el país pero que aún no tenían un DNI que pudiera acreditar su residencia. 

Pero todavía no es la realidad en todas las provincias. Incluso con la vigencia del DNU 366/2025, la política de arancelamiento aún no se ha extendido a todo el país. En Córdoba, Santa Fe y en el AMBA, los hospitales y centros de salud públicos no implementan protocolos de cobro y la atención parecería seguir siendo gratuita para mujeres que llegan a controles ginecológicos, prenatales, partos y, en algunos casos, interrupciones legales y voluntarias del embarazo.

“Las transformaciones y las prácticas llevan mucho más tiempo, entonces yo creo que en estos lugares todavía no vemos cambios importantes, pero eso no significa que no vaya a haber”, dice Constanza Lupi, coordinadora de Redes de la Fundación Huésped que hoy forma parte de la Red Golondrinas, para garantizar el acceso a derechos sexuales y reproductivos para las personas migrantes. Varias de las mujeres que prestaron su voz para esta nota confirman lo que dice Lupi.

Y es que pensar que el arancel es la única barrera para las mujeres migrantes es, quizás, una de las trampas más comunes. En la práctica, los obstáculos para acceder a estos derechos implican mecanismos más sutiles. Las mesas de entrada son uno de los ejemplos silenciosos pero efectivos para la exclusión. 

En Córdoba, por ejemplo, el equipo de Marta Guerreño, migrante paraguaya que dirige el Área de Atención Integral a las Mujeres migrantes y sus familias en la Secretaría de la Mujer, ha recogido algunas denuncias. “Hospitales en donde le dicen a algunas mujeres que para dar el turno tienen que escanear el DNI. Entonces muchas que solo tienen la residencia precaria o lo tienen vencido porque están esperando la residencia permanente, no pueden acceder y no les dan otra opción”, explica. 

En la Ciudad de Buenos Aires la historia parece repetirse. Hace unas semanas el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció la creación de más de 30 obras sanitarias financiadas con “lo que se cobra por la atención a extranjeros en los hospitales”. Sin embargo, para esta nota consultamos con varios médicos y personal de salud de distintos centros sanitarios de la ciudad, así como mujeres migrantes que se han atendido en el servicio público: ninguno de ellos reportó cobros en los establecimientos. Lo que sí se han registrado son casos en los que piden un DNI vigente como requisito para la atención.

Portación de rostro

Si algo dejaron en evidencia los operativos migratorios que buscaron emular una suerte de ICE argentino es que, para las mujeres racializadas, indígenas y afrodescendientes, el racismo también es una de las bases sobre las que se sostienen muchas políticas antimigrantes; y eso permea en los servicios de salud. “No es que te dicen ‘no te atendemos porque sos negra o migrante’. Simplemente te dicen que no hay turnos”, cuenta Mirelle, que migró desde Haití hace 14 años y hoy elige atenderse en un servicio privado para sus controles mensuales.“Soy privilegiada”, señala, porque tiene un trabajo formal y puede pagarlo. Pero sabe que muchas de sus compatriotas no tienen esa posibilidad.

Frente a las resistencias, la mayor parte de las médicas del CESAC de Ciudad Oculta (Villa 15), uno de los barrios con mayor población migrante, insisten: no se le puede negar la atención a ninguna niña, adolescente o mujer adulta. Aunque en esta crisis, reconoce que cada vez es más difícil lograrlo: “Y ahí es donde dan ganas de llorar, porque podés atender (en primera consulta), pero estás con las manos atadas”. Esa atadura se refiere a que no hay suficiente presupuesto ni voluntad política para llevar a cabo una atención integral que implica campañas de prevención o seguimiento cuando hay complicaciones más graves. Es como trabajar para apagar el incendio, pero no lo que lo provoca. 

Según la médica de Ciudad Oculta, allí en el centro de salud donde trabaja no recibieron nuevas directrices específicas sobre el cobro a personas extranjeras, pero sí comenzaron a aparecer obstáculos al momento de derivar casos que requieren atención especializada en otros hospitales, muchas veces por cuestiones de “geolocalización”. Y es que la lógica detrás del lema “salud porteña para los porteños” impulsado por Jorge Macri implica que, quienes no tienen registrada una dirección dentro de la Ciudad en su DNI, quedan fuera de los sistemas de salud informáticos y, en consecuencia, de la atención. El problema excede a la población migrante, es también un problema de los argentinos. “Con la crisis habitacional que hay hoy, ¿qué DNI coincide con la dirección de vivienda actual?”.

El silencio y la clandestinidad aún rondan en las vidas migrantes

En las estadísticas públicas sobre acceso al aborto en Argentina, elaboradas tras la aprobación de la IVE en 2020, todavía hay pocos datos desagregados que permitan conocer la situación específica de mujeres y adolescentes migrantes. Sin embargo, el informe Derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes migrantes en Argentina, publicado por CAREF en 2024, sí arroja un dato interesante: según el documento, en las entrevistas realizadas “hay pocos casos de adolescentes migrantes que hayan solicitado una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y algunas situaciones de interrupción legal (ILE) vinculadas a embarazos producto de violación”. En esos pocos casos, “las formas de consulta y acceso no presentan diferencias relevantes respecto a las adolescentes argentinas”. 

El informe marca una particularidad entre adolescentes migrantes bolivianas. En la mayoría de los casos, las decisiones sobre su salud sexual y reproductiva no pasan enteramente por ellas, “sino que quedan condicionadas por padres, madres o parejas, en entornos atravesados por fuertes mandatos conservadores sobre la maternidad”. Entre el relevamiento aparecen familias que presionan para continuar embarazos no deseados, adolescentes que los esconden por miedo a decepcionar a sus padres o perder apoyo económico y emocional, y casos en los que los embarazos producto de abusos son minimizados dentro del entorno familiar. En algunos relatos, las propias madres comparan la experiencia de sus hijas con las violencias que ellas mismas atravesaron y esperan que continúen el proceso, tal como ellas lo hicieron.

Elidora reconoce que dentro de su comunidad el silencio es algo normalizado. “Nuestros antepasados siempre dijeron: ‘El problema que tengas vos y yo o la familia muere acá’. Y entonces cualquier cosa que me pasara de joven, si tenía problemas, los guardaba aquí”, dice mientras se señala el pecho. 

Su hija, Sabrina, coincide en que ese silencio aún atraviesa generaciones enteras. Pero también vio cómo el acceso a la información puede abrir otras posibilidades. Recuerda el caso de una amiga del barrio que todavía era adolescente cuando se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Primero intentó abortar con tés caseros. Después se enteró de que podía exigir ese derecho y fue a un hospital público donde la atendieron sin problemas. En ese entonces le costó llegar, pero lo hizo. Ella pudo reclamar ese derecho porque alguien le contó que existía. Pero lo que Sabri observa hoy es otra cosa: menos información circulando, menos espacios de acompañamiento y más temor. “Yo lo que siento es que la situación migratoria actual agrava el silencio y el miedo que ya de por sí se vive en las comunidades y entonces hay más chicas que ni siquiera van al centro de salud”. 

Kathia Díaz trabaja en el colectivo Yanapakuna acompañando a mujeres migrantes que atravesaron situaciones de violencia de género. Muchos de los casos que recibe involucran a adolescentes abusadas dentro de sus propios entornos familiares. Denunciar suele ser difícil: por miedo, por mandatos culturales y porque muchas familias prefieren callar antes que exponer el conflicto. “Dentro de la colectividad boliviana hay una construcción muy fuerte sobre lo que una mujer debería hacer y permitirse”, señala. En el CESAC de Ciudad Oculta también atienden casos similares. “Hay adolescentes que cuentan que el tío abusó de ellas o que alguien las tocó en una fiesta”, relata una de las médicas. En gran parte de los casos son los propios trabajadores de la salud quienes terminan interviniendo.

Resistir y persistir

En medio de la fragilidad que viven cientos de mujeres migrantes y de políticas que las empujan cada vez más al margen; de los operativos que buscan sembrar temor, de los recortes presupuestarios, de la criminalización y del arancelamiento, quienes resisten son las redes comunitarias que sostienen redes de cuidado.

Son mujeres como Elidora, que se anotó para ser delegada de su barrio y pasa el día enviando mensajes para ayudar a su comunidad. Que cuando se entera de que una mujer no fue recibida en un centro de salud, activa sus contactos de WhatsApp para buscar una solución. Como Sabrina, que le dedica algunas horas a la semana a militar en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE): a cuidar chicos mientras sus madres trabajan. Son organizaciones como CAREF o la Red Golondrinas, de Fundación Huésped, que acompañan denuncias y trabajan en la promoción y el acceso a derechos. Es el personal de salud, como Kathía Díaz, que pese a las narrativas oficiales y al vaciamiento del sistema, siguen atendiendo y acompañando con los insumos que tienen a mano.

“Entonces, me parece que eso es lo valioso también de pensar en esta red creada por organizaciones con diferencias, pero que buscamos eso, ¿no? Llegar a poblaciones que todavía no están llegando al sistema de salud formal, estatal”, dice Constanza Lupi. Es la manera de hacer el aguante para defender los derechos de las mujeres que, sin importar su procedencia, habitan este suelo. 

*Los apellidos de mujeres migrantes que han brindado su testimonio para esta nota han sido omitidos para preservar su seguridad. 

Esta nota pertenece a Punto de Encuentro — un especial de Amnistía Internacional Argentina junto a CENITAL. Podés leer todos los artículos acá.