Derechos garantizados: cuando aborto y maternidad comparten pasillo
En Paraná, un hospital público garantiza la IVE cuatro días a la semana con equipo interdisciplinario; seis años después de la ley, lo que cambió no es la práctica sino el miedo.
En el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, Entre Ríos, conviven en el mismo espacio la maternidad, los consultorios de educación sexual y anticoncepción para adolescentes y el consultorio de interrupción del embarazo. Cuatro días a la semana, un equipo de médicas, psicólogas y licenciadas en obstetricia que en 2025 atendieron entre diez y quince consultas por turno. Reciben información para poder decidir, aunque las profesionales aseguran que la gran mayoría llega con la decisión tomada. En la misma consulta, si corresponde, se inicia la interrupción.
Que esto suceda a la luz del día, en una institución pública, sin clandestinidad y sin juicio, es lo que llevó a la fotógrafa Juliana Faggi a recorrer esos pasillos con su cámara. Hace más de veinte años acompañó a una amiga a interrumpir un embarazo. Dos médicos las echaron del consultorio antes de que pudieran terminar de explicar por qué venían. Un tercero aceptó, cobrando lo que el mercado clandestino e ilegal permite.
Lo que cambió desde la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 2020 es visible en los números y en el trato. Florencia Grinovero, médica ginecóloga que integra el equipo de interrupción del hospital, lo describe con precisión: «Para las usuarias se desestigmatizó la situación. El marco legal da tranquilidad, que sea legal suma a disminuir la carga». Para ella, en cambio, la práctica no cambió: «Lo tomo como un derecho y una práctica ginecológica. Atiendo de la misma manera, sea legal, voluntario o por causales». Donde sí hubo un giro fue entre los profesionales objetores. Tienen derecho a no hacer la práctica, pero no a obstruirla. «Es legal, listo, no se cuestiona. Antes era más una cuestión del bien o del mal», recuerda.
Ainelen Olivero, también ginecóloga del servicio, suma otro cambio: la institución acompaña más. «Antes los médicos nos sentíamos juzgados», marca. La amenaza de judicializar la atención fue una constante en los años previos a la ley, incluso después de que la Corte Suprema clarificara la interpretación del Código Penal con el fallo FAL de 2012.
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La descentralización hacia los centros de atención primaria redujo la presión sobre el hospital. Gustavo Terra, jefe del servicio de obstetricia, recibe ahora solo dos o tres consultas diarias e interviene en los casos que superan las doce semanas o requieren internación. «Lo ambulatorio se resuelve en los centros de salud», explica. Mujeres del interior de Entre Ríos siguen viajando hasta Paraná para consultar, especialmente cuando no encuentran respuesta cerca de sus casas.
El hospital también atiende a adolescentes de entre diez y diecinueve años en una consultoría especializada que suma dos mil consultas anuales. El equipo, interdisciplinario, trabaja en salud sexual, anticoncepción y acompañamiento integral. Un 25 por ciento de esas consultas son espontáneas, sin derivación previa.
En el mismo edificio donde se reciben partos y se acompaña la maternidad, se garantiza también el derecho a no ser madre. No como contradicción sino como política de salud. Faggi lo fotografió durante días. «Es una especie de triunfo», dice.
Esta nota pertenece a Punto de Encuentro — un especial de Amnistía Internacional Argentina junto a CENITAL. Podés leer todos los artículos acá.