De todo menos libres: radiografía de una economía en crisis que vulnera a las mujeres

La crisis económica no impacta igual. El ajuste no solo reduce salarios y programas sociales: amplifica desigualdades preexistentes y profundiza brechas que ya eran estructurales: vulneración de derechos, sobrecarga y deterioro de la salud mental son algunas de las consecuencias sobre las las mujeres, que tienen mayores tasas de desempleo, peores salarios y mayor cantidad de horas no remuneradas dedicadas al cuidado. 

Según el INDEC, 2,5 millones de hogares argentinos están en situación de pobreza. Del mismo informe se desprende que, en el primer semestre del 2025, un 31,6% de la población se encontraba en esa condición. Más de un tercio del país. 

De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondiente al tercer trimestre del 2025 la tasa de actividad femenina es del 52,6%, por debajo de la masculina que es del 70,1%. La desocupación afecta más a las mujeres: 8,9% contra el 6,5% en varones. “Esta crisis funciona como amplificador de desigualdades de género que ya existían. En Argentina ya tenemos una base de distribución del ingreso donde en los sectores más pobres son en su mayoría mujeres, que es lo que se conoce como feminización de la pobreza y, a la inversa, como masculinización de la riqueza”, explica Soledad Gonzalez, investigadora en Economía y Género de la UNC, consultora en CISCSA Ciudades Feministas y presidenta de la Cooperativa Bolten.

Al frente de los hogares

En nuestro país, según un informe de la Fundación SES, dedicada a la promoción y restitución de derechos de las adolescencias y juventudes, el 85% de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres como jefas de hogar, y solo el 36% de ellos recibe algún aporte del progenitor no conviviente. 

“Las mujeres, especialmente las jefas de hogar, enfrentan una triple carga: menores ingresos laborales, mayor precariedad en el empleo, y responsabilidad casi exclusiva en tareas de cuidado no remuneradas. Esto las coloca en una situación de vulnerabilidad económica extrema, con menores márgenes para absorber los costos de una vida mercantilizada (especialmente gastos en alimentos y alquileres) y las expone a mayor dependencia de deuda informal”, indica Gonzalez. Y agrega que, al ser mayoría en los deciles de menores ingresos, cuando se comienza a recortar sobre el gasto público son las primeras afectadas por estas decisiones de política económica.

Criar sin acompañamiento

La canasta de crianza medida por el INDEC tiene en cuenta el costo de bienes y servicios más el de cuidados para infantes de hasta 12 años. Para diciembre de 2025 el valor estaba entre 460 mil y 586 mil pesos dependiendo de la edad. Un costo que en una gran cantidad de hogares es asumido por las mujeres jefas de hogar. A eso suman tiempo: un insumo que no se paga y que en muchos casos debe combinarse con uno o dos empleos fuera del hogar, a veces en situaciones muy precarizadas. 

Según un informe del espacio multisectorial “La cocina de los cuidados” de 50 políticas de cuidado, solo 3 quedaron activas: Progresar, Remediar, asignaciones familiares, Programa Brisa, Programa Universal del Adulto Mayor, Acompañar, entre otras, fueron derogadas, recortadas o desmanteladas. Estas acciones, más los espacios de cuidados comunitarios y barriales que también se vieron afectados, ayudaban en la crianza no solo de manera económica sino también emocional. 

“¿Cuál es el problema o sobre todo la desigualdad que genera que tengamos una estructura de género en el que las mujeres se hacen cargo del trabajo doméstico de cuidados no remunerados? Es que esto es una cuestión de tiempo, de cuánto tiempo te queda para resolver los ingresos, si tenés que dedicar tiempo a hacer las compras, a cuidar si tenés hijos, a limpiar, etc. Todo eso es tiempo a los cuidados que no suma en los ingresos y por lo tanto deja a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad económica”, expresa Gonzalez. 

Más trabajo, menos tiempo

Otra de las tantas aristas de esta crisis es que, según el mismo informe, el pluriempleo aumenta. Los ya ocupados que demandan más empleo pasaron de representar el 16,2% en 2023 al 17,1% en 2025. La cantidad de personas empleadas con más de una ocupación es 1,5 puntos porcentuales más alta que al inicio de la gestión del presidente Javier Milei, en diciembre de 2023, y el porcentaje de mujeres en esta condición es mayor, con una diferencia de 7 puntos. Ellas son mayoría a la hora de necesitar una segunda fuente de ingresos para mantener el hogar, teniendo en cuenta, además, que las mujeres jefas de hogar perciben, en promedio, ingresos entre un 25 y 30% menores que los varones en similar posición.

“Justamente por la distribución de las tareas de cuidado y por los estereotipos de género, nosotras ya estamos siempre en la parte más débil del sistema económico, en los trabajos más precarizados, más informales, de menor tiempo, y todo eso hace que cuando la actividad económica no está en su mejor versión, las primeras personas a las que se despiden son las mujeres y las primeras que empiezan a perder las changas”, explica Lucía Cirmi Obón, economista y magíster en Desarrollo, exsubsecretaria de Igualdad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad hasta 2023. 

“Somos las primeras en caer del sistema económico y además sufrimos los ajustes del Estado, ya sea como perceptoras de las políticas no contributivas y también de la política social, las asignaciones, todo lo que va por afuera del mercado de trabajo formal en el que nosotras somos minoría”, indica. 

Las que cuidaron, ahora sin cuidados 

En la actualidad, miles de mujeres no podrán acceder a una jubilación sin la moratoria previsional que se venció en marzo de 2025. Paradójicamente, las que más cuidaron, se quedan sin posibilidad de cuidados. Esto significa que mujeres que no cuentan con los años de aporte o que nunca aportaron por haber trabajado en el ámbito doméstico, no podrán contar con una jubilación. 

“Esta moratoria representó una cuestión social muy importante que era el reconocimiento del trabajo doméstico de cuidados no remunerados, es decir, mujeres que trabajaron y trabajan cuidando a su familia. En eso retrocedemos muchísimo y afecta casi exclusivamente a las mujeres, porque 9 de cada 10 accedían a la jubilación gracias a este régimen de moratoria”, señala Soledad Gonzalez. Para los varones esto también facilitó poder acceder a una jubilación, ya que 7 de cada 10 jubilados lo hicieron gracias a la moratoria, principalmente por no contar con los años de aportes debido al trabajo informal. 

“En este momento lo que tienen que hacer las personas que no llegaron con la cantidad de aportes es esperar a los 65 años para recibir la PUAM, que hoy en día está por debajo de la canasta básica. Pero para adelante esto está todavía más comprometido, con la reforma laboral se va a desfinanciar mucho la seguridad social y eso a las primeras que nos va a afectar en el futuro es a nosotras”, explica Cirmi Obón.

Un dato no menor: según un informe presentado en 2020 por la Dirección de Economía, Igualdad y Género el trabajo de cuidados no remunerado equivale al 15,9% de nuestro PBI y se ubica por encima de actividades como la industria y el comercio. Es un trabajo esencial en el sentido más literal del término: son las tareas que permiten la subsistencia y sin las cuales el resto de la estructura económica quedaría en jaque. 

Además, el INDEC en 2021 midió el uso de tiempo para tareas domésticas y crianza. Las mujeres dedican en promedio 6,4 horas diarias al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, frente a 3,4 horas de los varones. 

Una reforma que retrocede

La Ley de Reforma Laboral, de reciente sanción, incrementará aún más la brecha de género en cuestiones de uso del tiempo, previsibilidad económica y seguridad social. “El panorama que plantea la reforma en cuanto al acceso y permanencia en el mercado laboral es regresivo, ya que omite abordar la gestión de los cuidados, que es el principal factor que excluye al día de hoy a 1.8 millones de mujeres del mercado laboral y a otras tantas las empuja a empleos precarios”, explica Delfina Schenone Sienra, directora del Área de Políticas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

“Hoy 6 de cada 10 hogares tienen doble proveedor, porque las mujeres se insertaron masivamente al empleo y eso explica en buena medida la crisis de cuidados que tenemos. En la práctica, la participación laboral de las mujeres cae drásticamente ante la maternidad (casi 9 puntos porcentuales con el primer hijo y 21 puntos con el segundo)”, agrega.

La flexibilización de horarios y el “banco de horas”, presentado como uno de los grandes beneficios, afectará principalmente a quienes ejercen tareas de cuidado. El proyecto se sustenta en gran medida en la idea de que el empleador y el trabajador están en igualdad de condiciones para negociar y sugiere la posibilidad de acordar “voluntariamente” un régimen de compensación de horas adicionales a través de un banco de horas. 

“Esto en principio suena atractivo porque hay una gran demanda y necesidad de quienes trabajan de poder disponer con mayor libertad del tiempo para poder, entre otras cuestiones, conciliar tareas de cuidado con las responsabilidades de trabajo. Sin embargo, el proyecto no incluye regulaciones específicas sobre cómo se garantizaría que esta medida beneficie a los y las trabajadoras, porque la relación laboral es una relación asimétrica, desigual por definición. Y de esta manera, las personas trabajadoras, en especial las mujeres, quedan sujetas a mucha imprevisibilidad en la jornada laboral. Mal aplicada, esta herramienta derivará en sobrecarga laboral y falta de control sobre el tiempo personal, en lugar de poder ampliar la mirada y pensar en la soberanía del tiempo”, destaca Schenone Sienra.

El ingreso y permanencia en el trabajo para las mujeres será todavía más complicado. Por otro lado, el desfinanciamiento de la seguridad social que implican los cambios en las condiciones laborales afectará más a las mujeres, ya que son quienes tienen trayectorias de trabajo discontinuas, perciben jubilaciones más bajas y dependen de moratorias. “La reforma crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar los costos de despidos, el cual se sustentará con un aporte del 3% que se deducirá directamente de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Esto implica una reasignación de recursos equivalente a una pérdida del 16% de la recaudación previsional (unos 2.500 millones de dólares anuales)”, explica.

Y agrega: “Este desfinanciamiento perjudica desproporcionadamente a las mujeres porque la ANSES es la encargada de sostener políticas centrales para su autonomía económica. Con estos fondos se financian, por ejemplo, las asignaciones familiares o los apoyos alimentarios, donde casi la totalidad de quienes las perciben son mujeres y que benefician a más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes”.

La deuda que no perdona

Según el BCRA, las mujeres son quienes menos acceden a créditos formales y suelen recurrir a deudas informales o tarjetas de crédito para cubrir gastos básicos, con tasas mucho más altas. Entonces, los hogares con jefatura femenina muestran mayor proporción de ingresos destinados a pagar deudas.

“Vemos que mucho de la deuda, que incluso no es bancarizada sino que es informal con billeteras virtuales o prestamistas, va directo a compra de alimentos y pago de alquiler. Claro, eso es terrible por la asfixia que genera día a día, la angustia, la emoción cotidiana de sostener economías así”, explica Soledad Gonzalez. Y señala que la deuda genera ansiedad, culpa, estrés individual, a pesar de ser un problema colectivo. “Se vive como una falta personal por creer que una no se administró bien y no como una explotación sistémica. La deuda actúa como un mecanismo de extracción de valor que va más allá del dinero: extrae tiempo, energía vital y capacidades afectivas”, asegura.

Según un informe de la asociación Futuros Mejores uno de los factores que agrava la vulnerabilidad de las mujeres frente a la crisis es el alto nivel de incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria. Esta falta de cumplimiento profundiza la desigualdad de género y limita el acceso a derechos fundamentales como la alimentación, la educación y la salud. Por eso sugieren fortalecer las políticas de determinación, cobro y control del pago de la cuota alimentaria para reducir la pobreza en estos hogares y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Además, en la misma línea, una discusión que lleva tiempo: repensar las licencias por paternidad como estrategia para distribuir el tiempo y la riqueza y, además, construir nuevas masculinidades.

Esta nota pertenece a Punto de Encuentro – un especial de Amnistía Internacional Argentina junto a CENITAL. Podés leer todos los artículos acá.

Foto de portada: Bianca Abella