Colombia: instrucciones para surfear una ola de ultraderecha

La elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia fue muchísimo más estrecha de lo que anticipaba cualquier lectura sensata de los resultados de primera vuelta y, desde entonces, la totalidad de las encuestas de opinión. El resultado –menos de un punto de diferencia– fue tan estrecho que Gustavo Petro e Iván Cepeda señalaron que esperarían hasta el escrutinio definitivo y, en el interín, se impugnarían hasta 33 mil mesas.

La hazaña de De la Espriella, entonces, no fue la elección del domingo, sino el camino que tomó para llegar a la segunda vuelta, donde se ubicó después de desafiar casi todos los pronósticos. La primera vuelta lo depositó por encima del candidato oficialista Iván Cepeda, pero, acaso más significativo, lo colocó allí porque pulverizó a la candidata de la derecha tradicional, Paloma Valencia, representante del espacio del expresidente Álvaro Uribe, a la que dejó prácticamente sin votos. Es un dato relevante. Uribe fue electo y reelecto hasta que el Poder Judicial le prohibió volver a presentarse. Desde entonces puso dos presidentes que se presentaron como sus continuadores políticos directos –para variar, terminó alejado de ambos– y pretendía hacer lo propio con Valencia. 

Rico, provocador, abogado de figuras controvertidas, cercano al lenguaje trumpista y a una estética de masculinidad ostentosa, De la Espriella se ofreció como una mezcla de vigilante, patrón y outsider, que prometía mano dura contra los grupos armados y el narcotráfico y una mezcla un tanto absurda de ajuste con boom económico, de la mano del fracking y la explotación petrolera. Un contraste completo con la fallida paz total de Petro, y su agenda de ambientalismo y redistribución social de la mano del gasto público. Una campaña que mezcló al anticomunismo rabioso, el pibe Valderrama, y promesas de restauración que no tienen un punto de llegada en el pasado colombiano.

La ultraderecha sudamericana y las oleadas

Colombia parece dar la razón a quienes ven una nueva oleada política regional. Abundan rasgos comunes entre muchos de los liderazgos y candidatos recientemente electos para la presidencia. Una agenda cultural conservadora, una agenda económica de liberalización y desregulación, políticas de seguridad manoduristas y una política internacional de alineamiento con los Estados Unidos. Todo eso, al frente de espacios nuevos o rupturistas con la derecha partidaria tradicional. 

Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile, Daniel Noboa en Ecuador forman parte de un movimiento cuyo pionero fue el bolsonarismo. A ellos habría que sumar a Rodrigo Paz, que no proviene de ese sector, pero asumió en Bolivia con una agenda de estabilización radical, y obtuvo un rápido apoyo del gobierno estadounidense, y a Keiko Fujimori en Perú; aún cuando el fujimorismo sea un espacio tradicional, que conserva una capacidad notable de ordenar parte del sistema político alrededor suyo, es portador de una memoria autoritaria que encarna, a su modo, una impugnación sistémica. Por fuera de la enumeración quedan apenas el autoritarismo venezolano, el civismo uruguayo todavía resiliente y el inoxidable dominio colorado en Paraguay. 

Las razones para pensar en un fenómeno duradero aparecen fuertes. Brian Winter hace una defensa convincente de esta idea. La preponderancia de la agenda de seguridad en las preocupaciones ciudadanas, de la mano de la transnacionalización del narcotráfico en Sudamérica, las migraciones y los flujos de capitales suele alimentar mucho más a las agendas que priorizan las soluciones policiales y carcelarias sobre un progresismo cuyo discurso suele ser de impotencia y quedarse en las mejoras sociales. La omnipresencia de la figura del salvadoreño Bukele en los debates públicos, de la que dio cuenta hasta el uruguayo Yamandú Orsi, es un buen indicador de la importancia de esa agenda y las soluciones que se exploran. 

A eso se suma una reacción cultural más amplia. El conservadurismo de sectores religiosos que hacen proselitismo desde la oposición a las agendas de igualdad y género, donde pesan cuestiones como el matrimonio o el aborto, se conjuga con una cantidad de hombres jóvenes que ven en el feminismo una amenaza de estatus, y un predominio de mensajes en redes que favorecen miradas individualistas. En paralelo, las formas más precarias y flexibles de empleo y la ilusión de gestionar la propia vida han trasladado el aspiracional del empleo estable y en blanco al emprendimiento propio. Con estados y servicios públicos no inútiles, pero muchas veces deficientes, el cóctel es favorable a la cosmovisión de la derecha.

Trump y el patio trasero

A este cuadro regional se suma la estrategia continental de Donald Trump. En su segundo mandato, el hemisferio occidental se convirtió en una prioridad política –reflejada en las estrategias nacionales de defensa y de seguridad– y un terreno para el proselitismo ideológico y partidario. Desde lo estratégico, la prioridad continental pasa por el crimen organizado –con la militarización como solución preferida– con énfasis en el narcotráfico, las migraciones, los recursos naturales –particularmente hidrocarburos y minerales– y la presencia de China en el continente. La actuación concreta, al contrario de la historia estadounidense, donde se priorizaban coincidencias de grandes trazos, privilegia y promueve activamente alineamientos completos. 

El gobierno estadounidense aparece dispuesto a intervenir directamente de modos más o menos violentos contra gobiernos opositores –desde la intervención militar y captura de Nicolás Maduro hasta sanciones económicas contra los gobiernos democráticos de Brasil y Colombia– y con apoyos incluso materiales para los aliados, donde destacan el aval del Tesoro al gobierno de Milei en plena campaña, pero también el apoyo a Noboa en el Fondo Monetario Internacional. A diferencia de lo que ocurre en Europa, Canadá o Australia, donde su intervención generó reacciones adversas entre los votantes, la foja electoral de Trump en América Latina es, hasta ahora, casi inmaculada. No sorprende que Lula da Silva haya marcado una línea amarilla de cara a la presidencial brasileña, exigiendo –o pidiendo–  que no intervenga. Para nuestros estados frágiles, el gobierno de los Estados Unidos puede ser un rival formidable.

La hegemonía no está a la vuelta de la esquina

Si todos esos elementos parecerían abonar a la idea de una ola de la derecha antisistema capaz de ser hegemónica del mismo modo en que lo fueron los gobiernos neoliberales en la última década del siglo pasado o los progresistas en la primera década de este siglo, la estructura económica sudamericana establece límites claros para esos anhelos, que aparecen complejos de superar. 

En los noventa del siglo pasado, el Consenso de Washington, con sus recetas de privatización y apertura económica, dio respuestas a las crisis de deuda e inflación crónica y altísima que caracterizaron la década perdida anterior. La estabilidad, el crédito y los productos importados accesibles abonaron un aumento del consumo y el bienestar que consolidaron un modelo económico que estabilizó, también, los modelos políticos. Ni siquiera quienes venían de la izquierda, como la Concertación en Chile o Fernando Henrique Cardoso, que estabilizó Brasil con la socialdemocracia, cuestionaban los pilares del modelo que abrazaron con entusiasmo Carlos Menem y Alberto Fujimori.

La primera década larga de los 2000, la del auge de los gobiernos progresistas, se paró sobre el aumento de los precios de los recursos naturales, empujados por la demanda asiática, y especialmente china, para impulsar políticas de redistribución económica del crecimiento. Transferencias de ingresos, aumento del salario mínimo y paritarias, como formas de reducir la pobreza, aumentar el consumo, y construir legitimidad. La izquierda lo hizo con una convicción que acompañó con narrativas reparadoras. Lula, Néstor Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa, Hugo Chávez y Pepe Mujica tuvieron enormes diferencias entre sí, pero la estructura básica de crecimiento y distribución de una producción basada primariamente en la dotación de recursos naturales fue un rasgo constante. Incluso gobiernos no identificados con la izquierda debieron incorporar parte de esa agenda. Alan García y Álvaro Uribe tuvieron sus propias políticas –más limitadas– de transferencias sociales.

Ambos modelos tuvieron sus propios problemas y sus propias crisis, pero representaron hegemonías consolidadas. Desde mediados de la década de 2010, con la  desaceleración del crecimiento chino, que puso un techo a los precios de las materias primas, y un encarecimiento relativo del crédito, América del Sur parece no tener un modelo. El ciclo de gobiernos de izquierda terminó cuando redistribuir y crecer aparecieron como objetivos antagónicos, pero los gobiernos de la derecha tradicional que los sucedieron tuvieron resultados desalentadores.

Mauricio Macri terminó en crisis cambiaria con regreso al FMI. Michel Temer, a cargo de una transición parlamentaria llevó adelante una agenda de ajuste que no logró una recuperación económica. Sebastián Piñera enfrentó el estallido social chileno. Luis Lacalle Pou gobernó con mayor estabilidad relativa en Uruguay, pero sin grandes resultados. En Bolivia, el golpe de estado dio pie al regreso del MAS, Ecuador y Colombia tuvieron  protestas masivas y Perú convirtió la inestabilidad presidencial en rutina. 

El fracaso fue tal que hace cuatro años se discutía si no había una nueva ola progresista en América Latina. Con líderes nuevos como Gabriel Boric, Petro o Pedro Castillo, y otros anclados en anteriores experiencias de gobierno, como Lula, Alberto Fernández o Luis Arce, y con más o menos logros de gestión, la estructura no permitió reproducir el nivel de avances sociales y económicos del pasado. Ni Lula ni Petro, los de mejores resultados, lograron índices de crecimiento sostenidos superiores al 3% y los resultados sociales del colombiano, impresionantes en el año electoral, aparecen difícilmente sostenibles en el tiempo. 

El canal de las frustraciones

Las nuevas derechas son eficientes para canalizar la molestia acumulada con un sistema que lleva más de una década sin dar soluciones a los grandes problemas estructurales. Pueden hablar de la corrupción, de la casta, del comunismo, de la izquierda, del feminismo, de los chorros o de los inmigrantes. La simplificación es una fortaleza para atraer atención y polarizar desde la negatividad. Gobernar, sin embargo, es mucho más difícil. Las caídas rápidas en la popularidad de Kast, Noboa y Milei, la derrota de Bolsonaro a manos de Lula en 2022, o las protestas que acorralan al gobierno de Paz en Bolivia, dan cuenta de que ninguno encontró una traducción de gestión para el hartazgo con la dirigencia tradicional. La pérdida de un norte económico de crecimiento y mejora social o la solución cabal de algún otro de los grandes problemas estructurales que los países enfrentan es un asunto complejo. 

La versión colombiana del dilema  probablemente esté entre las más complejas. En un país donde la violencia excede en mucho el delito urbano, donde el control territorial del Estado es desafiado, y proliferan las economías ilegales y los grupos armados con y sin fines políticos declamados, la simple promesa de mano dura probablemente resuelva casi nada. 

En lo económico, las promesas sobre reactivación petrolera enfrentan una producción y recursos declinantes que exceden la particular política ambiental de Petro, mientras el ajuste fiscal para contrarrestar el elevado déficit que deja Petro impactará sobre el crecimiento pero, por encima de eso, sobre el bolsillo de los más pobres. Deberá gobernar un país polarizado, con un Congreso fragmentado en el que su representación propia será sumamente escasa y la de la izquierda será fuerte, e instituciones judiciales y de control que frecuentemente chocan con la presidencia. 

Un ciclo sin punto de llegada

La victoria de De la Espriella no consolida una hegemonía ultraderechista continental, aunque sea expresiva de su capilaridad, extensión y persistencia. Lo ajustado del resultado, en el sentido opuesto al de 2022 en Brasil, da cuenta más de la ausencia de hegemonías que de su consolidación, y apenas una relativa simultaneidad del sentido del péndulo. 

Con todo, los motivos genuinos que alimentan el crecimiento de las derechas permanecen, y la demanda de orden, el conservadurismo y la fragmentación social y laboral, parecen estar ahí para quedarse, tan presentes como la falta de un horizonte claro respecto del modelo de crecimiento. Incluso si la gestión fracasara por completo, la retirada de estos fenómenos políticos parece tan difícil como su hegemonía.