Aborto: un derecho sitiado en Tucumán

Era un dos de enero y Tucumán se desperezaba en el primer día hábil de 2026. Urgente como siempre, el pedido de auxilio llegó antes del mediodía al chat de una organización feminista: “Me escribió una chica que necesita IVE. En el (hospital) Padilla le dieron la receta pero no hay medicación. ¿Saben donde puede conseguir gratis?”. “Te contesto por privado”, “Mandale mensaje a Laura, que es de ‘la Campaña’”, “Hablá con Lorena, a ver si todavía funciona este contacto”, “Hay una fundación que tiene todavía algo de miso y mife del año pasado”…

Antes de este mensaje el mismo chat feminista había recibido por lo menos 10 en los meses previos. “Una chica pidió ayuda porque necesita urgente una IVE. Está en situación de calle y no puede comprar las pastillas”, “En el hospital me dijeron que sólo me pueden dar una receta, que ya no están entregando”, se acumulan los relatos de militantes y profesionales.  

Regreso al pasado

A lo largo de 2025, las distintas organizaciones recibieron decenas de pedidos. La Fundación Mujeres x Mujeres acompañó y asesoró al menos a 78 niñas, adolescentes y mujeres que intentaron acceder a un aborto legal en hospitales y Centros de Atención Primaria (CAPS) públicos de la provincia y encontraron obstáculos sistemáticos, principalmente por la falta de las drogas necesarias: mifepristona y misoprostol. Estas barreras se produjeron incluso en instituciones que el SiProSa (Sistema Provincial de Salud) señala oficialmente como lugares donde la práctica está garantizada. 

Hoy, para acceder a un aborto legal en Tucumán, hay que tener plata o contactos. Los caminos para acceder a un aborto vuelven a ser canales subterráneos, aunque la Ley Nacional 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), esté en vigencia desde hace más de 5 años. 

Lo que comenzó como un ajuste administrativo tras la desaparición del Ministerio de Salud de la Nación ha mutado en un vaciamiento estructural que hoy pone en riesgo la vida de mujeres y adolescentes y obliga a las más pobres a peregrinar, receta en mano, para conseguir una medicación que hoy, en farmacias, cuesta entre 130.000 y 200.000 pesos. 

El escenario local es el reflejo de una cifra nacional alarmante. Desde 2024 el Estado Nacional interrumpió de manera intempestiva y sin previo aviso la compra y distribución de Misoprostol y Mifepristona a las provincias. Según Amnistía Internacional, la distribución de métodos anticonceptivos y tests de embarazo cayó un 81% entre 2023 y 2024, sumado a un 2025 donde el Estado nacional directamente no distribuyó preservativos, pese al récord histórico de casos de sífilis. En Tucumán, por ahora, la provisión de anticonceptivos está garantizada, informan desde el Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Los preservativos e  implantes subdérmicos son los métodos más requeridos. 

La exclusión y el costo de la autonomía

Fuentes directas del ámbito de la salud provincial confirman que el impacto en el territorio es absoluto. La provisión de anticonceptivos, como preservativos, implantes y pastillas, está garantizada, pero la medicación para IVE está en cero: «En 2024 se terminó lo que habían mandado de Nación y la Provincia no compra nada». 

La Aspiración Manual Endouterina (AMEU), un procedimiento seguro y eficaz, recomendado por la Organización Mundial de la Salud para la interrupción temprana, no se hace en Tucumán, al menos en el sistema público de salud donde nunca se capacitó para que fuera una práctica corriente. 

El Presupuesto 2025 de Tucumán, aprobado por la Legislatura en octubre de 2024, fue de $3,39 billones con superávit, y anunciaba prioridad para áreas esenciales como Salud, Educación y Seguridad. El gobernador Osvaldo Jaldo había confirmado que se aumentarían las partidas para salud, enfocándose en fortalecer el sistema público, “garantizando el funcionamiento de hospitales y la adquisición de insumos”, según la comunicación oficial del gobierno provincial. Pero desde hace meses, en los Centros de Atención Primaria, las consejerías están impregnadas de impotencia. «Las usuarias se van con una receta para comprar una medicación que cuesta hasta 200.000 pesos», relatan las profesionales.

La barrera económica no es neutral. Para quienes habitan los barrios populares de la provincia, la falta de gratuidad implica dilatar los plazos, volver a recurrir a métodos inseguros, como antes de la aprobación de la ley, o enfrentarse a continuar un embarazo no deseado. 

«Aparecen mujeres con límite de edad gestacional para IVE porque no tenían dinero y tuvieron que esperar hasta último momento», advierten desde un equipo de salud. El resultado se mide en vidas. Cada obstáculo puede ser una sentencia, en un contexto más amplio de retroceso en la salud materna: en todo el país, las personas con capacidad de gestar tuvieron, en 2024, un riesgo  de morir por causas relacionadas al embarazo, parto y puerperio un 37% mayor que quienes se embarazaron  el año anterior. Aunque las muertes por aborto volvieron a descender levemente. 

Ese escenario se inscribe, además, en un contexto más amplio de retroceso en la salud materna: en 2024, la razón de mortalidad materna en Argentina fue 37% más alta que en 2023, lo que muestra un agravamiento general de los riesgos vinculados al embarazo, el parto y el puerperio, aunque ese aumento no se explica por un incremento de las muertes por aborto, que volvieron a descender levemente.

“Cuando se recortan o se desfinancian programas de salud sexual, de prevención o de acompañamiento, las primeras afectadas son las mujeres y las jóvenes de los sectores más vulnerables”, dice Merry Anastasio, dirigente barrial y del Movimiento de Trabajadores Excluidos. El desmantelamiento de estas áreas se siente mucho más en provincias como Tucumán, donde “las desigualdades ya son grandes y las políticas públicas, fundamentales para garantizar derechos”.

“En los barrios populares hay muchas barreras para acceder a información, anticonceptivos y atención médica. A eso hay que sumarle la crisis económica: muchas mujeres no pueden pagar consultas privadas o medicamentos”, explica. 

Anastasio conoce, además, sobre el faltantes de medicación como misoprostol y mifepristona en el sistema público, las demoras en los turnos y las derivaciones innecesarias. “Las organizaciones sociales venimos denunciando obstáculos institucionales en hospitales y centros de salud, lo que genera demoras o directamente negación de derechos”, denuncia. 

Respuesta feminista

Entonces… si los hospitales y CAPS ya no entregan el “combipack” de Misoprostol y Mifepristona ¿cómo hacen las mujeres que necesitan interrumpir un embarazo? 

La respuesta se parece a la situación previa a la sanción de la ley 27.610 de aborto legal: “Recurren a las tramas feministas que son las que cargan, en general, con  las demandas estatales insatisfechas. Son las estructuras que armamos las mujeres las que están paliando la violencia estatal contra la libertad reproductiva”, dice Soledad Deza, abogada y docente feminista y fundadora de Mujeres x Mujeres. “Eso, cuando consiguen información. Si no, enfrentan una maternidad obligatoria o un aborto inseguro”.

En noviembre del año pasado, MxM presentó una demanda judicial contra el Siprosa para que cese en Tucumán la violencia contra la libertad reproductiva y se ordene al Estado que informe en qué Hospitales o CAPS tiene stock de tratamientos farmacológicos para garantizar interrupciones de embarazo. El 10 de marzo, la Sala 1 de Cámara Contencioso Administrativo “corrió vista” del asunto, es decir que pasó la pregunta al Siprosa para que responda. 

El vacío del Plan ENIA y la advertencia de la ONU

La desarticulación del Plan ENIA (Embarazo No Intencional en la Adolescencia) termina de cerrar el cerco sobre la capacidad de decisión de las mujeres. El programa, que había logrado reducir a la mitad la tasa de embarazo adolescente en cinco años, hoy es un recuerdo. Sus integrantes, 62 especialistas en salud sexual, trabajo comunitario, psicología, fueron desvinculados o reabsorbidos por otras áreas del sistema de salud provincial, que actualmente está desbordado. 

Si hablamos de prevención de embarazos no deseados y acceso en general a derechos sexuales y (no) reproductivos, el vaciamiento también es patente. La comunicación oficial del gobierno de Tucumán anunció, en julio de 2025, que los ministerios de Salud y Educación trabajan en implementación del programa “Educar es Cuidar”, para fortalecer la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles educativos de la provincia. “Es biologicista e inviable” porque la oficina de ESI del Ministerio de Educación se desmanteló y sus trabajadores fueron desbandados –no renovaron contratos o se los asignó a otras áreas– se quejó una promotora de salud, que insistió en que el programa «despoja a la política de su eje educativo y se deja a las adolescentes sin acompañamiento real».  

Actualmente solo hay cuatro promotores de ESI para 3.000 escuelas. Es imposible de cubrir la demanda.  

Este retroceso no ha pasado inadvertido para la comunidad internacional. El Comité CEDAW de la ONU, manifestó su «profunda preocupación» por el cierre de instituciones clave en Argentina. El organismo internacional fue tajante: pidió al Estado informar en un plazo de dos años qué medidas tomará para garantizar el acceso al aborto y asegurar la provisión de misoprostol y mifepristona, señalando que el uso abusivo de la objeción de conciencia y la falta de insumos son obstáculos estructurales que vulneran tratados internacionales.

Una resistencia que sostiene el sistema

A pesar del desmantelamiento, Tucumán sostiene un promedio de 4.000 IVEs anuales gracias a la «militancia» de profesionales agotados. En efectores (centros que ofrecen servicios de salud para IVE) como el Hospital Obarrio, el Hospital del Este o la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, el personal que no objeta conciencia se multiplica para cubrir el vacío. Siguen difundiendo el número de contacto del Programa (+54 9 3813 61-6554) como un código que salva vidas.

Sin embargo, el esfuerzo individual no alcanza para cubrir una ausencia estatal que la ONU ya califica como alarmante. Cuando el Estado incumple, el riesgo se mide en sufrimiento, enfermedad o muerte.

En Tucumán –como en todo el país–, el aborto es legal, pero mientras el Estado se desentienda de la compra de medicación y de la educación sexual, el derecho seguirá siendo, para muchas, algo a lo que acceden legalmente las que tienen plata.

Esta nota pertenece a Punto de Encuentro — un especial de Amnistía Internacional Argentina junto a CENITAL. Podés leer todos los artículos acá.