¿Y a mí qué me importa la deuda con el FMI?

¿Cómo y cuándo el FMI se infiltró en la vida cotidiana de los habitantes de este país? Con la dictadura y el inicio de un modelo de valorización financiera atado al terrorismo de Estado, el FMI devino un actor clave a la hora de cincelar una reorientación radical de la política económica. Durante los años 80 y 90 determinó los límites de la transición democrática, imponiendo medidas a su favor y teniendo un momento dorado con el Consenso de Washington. El estallido social del 2001 escupió sobre la oferta del blindaje del entonces gobierno aliancista, que no pudo frenar los efectos sociales del corralito ni la organización política de la desocupación. 

El FMI, sin embargo, volvió. 

Sus consecuencias concretas en los bolsillos se sintieron nuevamente a partir del 2018. Pero fue sólo a través de la lente de la economía feminista que esto se hace visible, ya que sigue lo que parecían entonces las “finanzas menores”. Es decir, cuando las deudas se empiezan a tomar para pagar la comida, para obtener remedios o para arreglar un electrodoméstico descubrimos cómo se dedican a colonizar la vida cotidiana, como se infiltran en la subsistencia. Desde entonces, los efectos en las economías domésticas que produce la presencia del endeudamiento público crecen capilarmente. Que el FMI se metió en cada casa hoy es una lectura transversal de las organizaciones políticas, pero también de quien espera el colectivo, de quienes aprovechan cada oferta y aun así no hay manera que le alcance la plata, y de quienes hoy están asediados por las deudas. La deuda se transformó en un problema político cuando pasó de las casas a las calles, cuando se hizo objeto de protesta y lengua de la bronca. La conexión entre el organismo internacional de crédito y los hogares permanecía invisible hasta que se inventó, desde las luchas y los análisis feministas, una manera de evidenciar cómo el lujo, que condensan aquellas oficinas, se nutre del empobrecimiento en las cocinas y las cuentas familiares. 

Sin embargo, hay otro paso en el medio. O un nivel “meso”: el Estado. Si la macroesfera financiera es global y se arraiga en las microfinanzas cotidianas es porque las políticas públicas han efectuado una mediación. Reconstruyamos estos pasos.

El regreso del FMI

El 2018 es un punto de inflexión. Fue el año en que el expresidente Mauricio Macri tomó el préstamo de 57.000 millones con el FMI: el más importante de su historia. Reinicia así un ciclo de endeudamiento que fue, a su vez, un punto de quiebre en relación a la depreciación de los ingresos populares. Lo hizo en un contexto de corrida, es decir, cuando el mecanismo de valorización financiera que estaba centralmente garantizado por la emisión de letras por parte del Estado a tasas de interés altísimas (Lebac, Leliq y Letes) comenzó a fallar. Así, el FMI acude a salvar el gobierno de Cambiemos luego de una gran vencimiento masivo de Lebac, que fueron reemplazadas por Leliq. Esa emergencia financiera mostró la desconfianza de “los mercados” sobre la sustentabilidad del programa económico. En abril de 2018 se produce la vuelta del Fondo luego de doce años de ausencia. 

Esa toma de deuda empezará a traducirse en ajuste del macrismo y, como advertimos entonces, salta a las casas para amortizar el recorte que se siente en los ingresos y las políticas públicas. ¿Cómo podía notarse, detectarse y registrarse? 

Las dos caras visibles de la deuda

Hay dos indicadores clave que muestran el impacto directo de la deuda externa en la vida cotidiana: la devaluación permanente de los ingresos (salarios y prestaciones sociales, debido a la adhesión al programa de ajuste estructural negociado con el FMI) y el nivel de endeudamiento de las familias. Un dato de la depreciación de la Asignación Universal por Hijx (AUH) posterior a 2018 se refleja en el estudio del Observatorio del Derecho Social de la CTA-Autónoma. Puede notarse allí una transformación clave: la devaluación de su poder de compra funcionó entonces como un trampolín para que dichas prestaciones se convirtieran en una garantía estatal para endeudarse de manera privada.

Recordemos que el 2018 fue también un momento clave de masificación de conciencia feminista gracias a la lucha por el derecho al aborto. Podemos decir que fue un umbral clave en el proceso de politización y de repudio de la deuda por parte del movimiento feminista en las calles, los barrios y las organizaciones sociales, en medio de la marea verde. Por entonces, se empiezan a desarrollar herramientas de pedagogía crítica para debatir el alto nivel de endeudamiento en los hogares. Autonomía de los cuerpos y autonomía económica no son asuntos separados. Este aumento de la deuda doméstica todavía pasaba por debajo del radar de los economistas mainstream, pero también de las formas oficiales de medir la pobreza. Conectamos entonces la deuda de los hogares con la violencia de género: la deuda obliga a más trabajo de cuidado, la deuda es lo que restringe la capacidad de decisión, la deuda es lo que liga a hogares violentos que no se pueden abandonar.

En 2021, a pesar de las promesas del gobierno de Alberto Fernández, se renegoció la deuda externa. El nuevo acuerdo fue refrendado por el Congreso de la Nación, despreciando el rol de la movilización popular y encapsulando su discusión en cuestiones técnicas y, por supuesto, a manos de saberes “expertos” masculinizados. 

La legitimación del acuerdo estableció revisiones trimestrales del FMI sobre variables estratégicas de la economía (déficit fiscal, acumulación de reservas, asistencia del Banco Central al Tesoro, proyecciones de inflación y de subsidios), lo que condicionó fuertemente el gasto social y ubicó al organismo como parte de un co-gobierno económico de facto. Este esquema llevó a un aumento considerable de la pobreza hacia la finalización del gobierno del Frente de Todos.

La pandemia como “laboratorio financiero”

Desde 2018, los efectos instituidos por el endeudamiento masivo para subsistir y para completar ingresos acompañan el ajuste. Pero este fenómeno se profundiza y reconfigura durante la pandemia. A pesar del cambio de gobierno, como señalamos, la deuda con el FMI marca una continuidad. Pero, además, converge con un fenómeno clave del momento emergencial: crece la utilización de billeteras virtuales, no sólo como vías de pago sino también como forma de endeudamiento, a la vez que crece exponencialmente el uso de dispositivos digitales en la juventud.

El boom de las tecnologías financieras (fintech) que permitieron la difusión de la deuda para enfrentar primero el ajuste y luego la emergencia de pandemia consolidaron que la deuda no es una opción sino un mandato imposible de evitar para sustentar los gastos básicos. La deuda se vuelve herramienta de subsistencia en el marco de un política de ajuste estructural que devalúa trabajos, desregula precios de servicios públicos e intereses de las tarjetas de crédito y de los créditos con plataformas. La traducción en inmediata: la deuda pública obliga a políticas de austeridad, hoy radicalizadas bajo la noción (para nada original) de déficit cero. Estos recortes obligan a las familias a asumir de manera privada, y pagando altos intereses, lo que antes proveía o al menos subsidiaba el Estado. 

Además, cuando hablamos del “endeudamiento para vivir” damos cuenta de una estabilización de la deuda destinada al sostenimiento de la vida cotidiana y al rol que asume para motorizar la precarización del trabajo (pago y no pago). Más deuda obliga a más trabajo, cada vez más precario. Más trabajo obliga, a su vez, a más recarga en los trabajos de cuidado no pago, que se acrecientan con la pandemia y hoy estallan con el recorte de programas públicos de salud, de atención a infancias y de entrega de medicamentos. 

La Deuda Avanza

Apenas asumido Javier Milei, en enero de 2024, llegó al país la primera misión del FMI para reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, y reencauzar el acuerdo de la gestión anterior, lo que derivó en un desembolso de USD 4.700 millones. En la gestión del gobierno libertario, la deuda creció en el primer año alrededor de 93.584 millones de dólares y se implementaron reformas inconstitucionales en relación al marco normativo para tomar deuda. En abril de 2025, se plasmó el nuevo acuerdo con el FMI por USD 20.000 millones, nuevamente por decreto. No se puede entender este aumento de deuda pública por fuera del “derrame” de sus efectos que llevaron al récord del endeudamiento familiar.

Ese acuerdo llegó menos de dos meses después de haber realizado el tuit sobre $Libra. Esta toma de deuda se realizó a través de un decreto (N° 179/2025) que viola explícitamente la constitución y la ley 27.612 de 2021 que obliga a refrendar por el Congreso de la Nación cualquier endeudamiento con organismos internacionales de crédito. Como aquel 7 junio de 2018 cuando el ministro de Hacienda de Macri, Nicolás Dujovne, anunció un acuerdo por 55.000 millones de dólares, se repite la deuda como solución mágica. Entonces, Luis Caputo –actual ministro de Economía– también estaba como funcionario, aquella vez al mando del Banco Central: fue el encargado de vehiculizar la fuga de cada dólar que entró de esa deuda. Dujovne prometió que el préstamo estaría destinado a bajar el déficit y la inflación. Nada de eso ocurrió, la inflación siguió subiendo y los dólares se fugaron rápidamente (como destacó el propio Banco Central) quedando una deuda monumental. 

La “bicicleta financiera” también se repite ahora: es ese mecanismo por el cual unos pocos fondos de inversión y grandes empresas ingresan dólares que pasan a pesos y los valorizan en el mercado local (con tasas de interés de las más altas del mundo) y luego presionan para salir con sus ganancias dolarizadas. En aquel momento, como en 2025, se evidenciaba el apoyo político del líder de la ultraderecha global, el presidente estadounidense Donald Trump, para garantizar la aprobación del préstamo del FMI. Pero la  “bicicleta financiera” es también a lo que obligan a las personas, que deben tomar deudas en múltiples lugares, combinando billeteras virtuales, tarjetas, créditos informales y lo que quede a la mano para tapar unos con otros.

Subrayemos un dato: Argentina es el deudor del 38% de todos los préstamos repartidos a nivel global por el FMI. Este aumento en velocidad de la toma de deuda externa, así como el procedimiento por decreto para hacerlo, es parte de los instrumentos que exhiben que el gobierno de Milei no sólo ha seguido beneficiando al FMI sino que estamos ante una nueva etapa. La velocidad del endeudamiento por arriba es un mecanismo que obliga también a una nueva velocidad de un endeudamiento “por abajo”.

La deuda de las familias, las financistas

La deuda de las familias fue lo que “financió” el ajuste de los dos primeros años del gobierno de Milei. Allí identificamos un fenómeno que la deuda utiliza: un “entrenamiento” en la precariedad que se pone a trabajar. Toda una inventiva cotidiana se destina a resolver la falta de ingresos por inflación y a vivir según una economía del endeudamiento, pagando deuda con más deuda, financiando en cuotas los servicios básicos, las expensas, la comida y, más recientemente, hasta el transporte cotidiano. De modo tal que la precariedad se vive, se transita y, a la vez, fomenta formas resolutivas que encuentran en las herramientas financieras funciones clave.

Entrenamiento también quiere decir, para nosotras, el cultivo de hábitos modulados por las billeteras virtuales: calcular, prestar, pagar, volver a pedir crédito. Es decir: las herramientas de las FinTech amortizan la violencia del ajuste, de una moneda devaluada y escasa, a la vez que canalizan tiempo y energía en su gestión permanente.

Hay cuatro medidas que hacen crecer de manera exponencial el endeudamiento de las familias durante el gobierno de Milei  y que vuelven aún más visible la conexión entre deuda externa y situación doméstica: la desregulación de tarifas de servicios públicos (una medida exigida por el FMI desde hace años), la derogación de la ley de alquileres, la desregulación de tasas de interés y una política activa para que los ingresos populares queden debajo de la inflación. 

No por casualidad uno de los primeros actos administrativos del Gobierno fue el DNU 70/23 que, al mismo tiempo que deroga la ley de alquileres, desregula los intereses de tarjetas de crédito. Un modelo económico para que los ingresos se los queden la renta inmobiliaria y financiera.

El estallido de la deuda

El 27 de julio de 2026 es la última visita del FMI a la Argentina a través de Kristalina Georgieva quien, por primera vez, da una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, sin intervención de los funcionarios locales. La escenificación de la anexión colonial se muestra como nunca antes. 

La visita se completa con un recorrido por el yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén, como forma de, otra vez, escenificar la imagen colonial de saqueo de bienes comunes para el repago de la deuda. 

Este viaje coincide con una noticia que no paraba de repetirse en los medios: el índice de mora récord, medido por la Central de Deudores del Banco Central. Se trata de uno de los más altos de la historia argentina y el más alto de América Latina. La propia directora gerente del FMI se siente obligada a llamar la atención a los funcionarios locales, mostrando preocupación “por la capacidad de repago de los préstamos y el impacto que esto puede tener en el sistema financiero”. 

¿Cómo leemos la mora? Se trata de un índice del colapso del sobreendeudamiento de las familias. Es lo que indica que la bicicleta financiera para vivir ha tocado un límite. Claro está: después de que el sobreendeudamiento haya marcado un negocio también histórico para las plataformas financieras que se han permitido cobrar tasas de hasta el 700%. 

Esto llevó a un hecho inédito: la deuda se convirtió en la condición común de las mayorías, sin respetar divisiones entre trabajadores asalariados y no asalariados, aun si las diferencias de clase, género y racialización siguen siendo una evidencia en los “costos” de la deuda para las personas (léase: tasas de interés y violencia frente al no pago). Una encuesta que realizamos recientemente con el Personal Superior de Empresas de Energía,un sector de salarios relativamente altos y de empresas  que tienen ganancias extraordinarias gracias al modelo de desregulación y reprimarización de la economía, arroja que el 80% de lxs trabajadorxs están endeudados. Así, un trabajador de aplicaciones, una cocinera comunitaria y el personal jerárquico de empresas energéticas están unidos por la experiencia de vivir para pagar deudas. 

Hoy las billeteras virtuales y los bancos absorben dinero por pago de deudas de las jubilaciones, de las cuentas-sueldo, de las pocas políticas públicas de transferencia que quedan, de las ventas ambulantes y del empleo de plataformas. Producen, de hecho, una nueva confiscación como la que ocurrió en el corralito del año 2001. Solo que esta vez todo sucede en el terreno digital y sus responsables parecen desmaterializarse.

En este contexto, por primera vez en la historia argentina, todas las centrales sindicales asumieron el reclamo y convocaron a una marcha contra el endeudamiento familiar, admitiendo que la condición obrera misma está siendo reorganizada por completo debido a la manera en que la deuda se come los salarios. Lo que en 2018 afectaba a un sector de las economías feminizadas y precarizadas, pandemia y gobierno anarcolibertario de desregulación mediante, se convirtió en la experiencia de empobrecimiento generalizada.

Esa deuda de las familias, que hoy el FMI quiere desconocer como efecto directo del programa de ajuste estructural y que la motosierra aceleró a niveles sin comparación, se convirtió en la lengua masiva del malestar contra las políticas del gobierno.

Esta nota es parte del especial Te amo, te odio, dame más, por los 70 años de Argentina en el Fondo. Podés leer el resto de las notas acá.