Uruguay: Yamandú Orsi y Carolina Cosse, el ascenso de los intendentes

“Salvo algunos pocos que viven en barrios privados, flanqueados, encerrados en un ámbito diferente, los demás vivimos en sociedad”. Es 2019 y Carolina Cosse, ministra de Industria, Energía y Minería del presidente de entonces, Tabaré Vázquez, disputa la intendencia de Montevideo. Apunta, sin mencionarlo, contra Luis Lacalle Pou, quien meses después sería elegido presidente y terminaría con 15 años del Frente Amplio (FA) a cargo del Gobierno nacional uruguayo. Cosse también ganaría su elección y se convertiría en intendenta de la principal ciudad del país. Evitó, así, la ruptura de una tradición de gobernantes progresistas que había inaugurado el propio Tabaré en 1990. Un camino similar al de Gustavo Petro en Bogotá o, más reciente, el de Claudia Sheinbaum en Ciudad de México.

Cinco años más tarde de aquel cruce, la fórmula presidencial del FA, que ganó las elecciones del último domingo –pero que tendrá que triunfar en la segunda vuelta para consagrarse–, está integrada por los intendentes de sus dos principales ciudades: Yamandú Orsi, de Canelones, logró su candidatura a presidente ganándole la primaria a Cosse, quien lo acompaña en la fórmula.

No es casual la frase que la entonces mandataria de Montevideo le dirigió a Lacalle Pou en 2019. Sin mencionarlo explícitamente, eligió poner en el centro del debate un modelo de desarrollo urbano que, según su propia mirada, va en contra de la vida en sociedad.

“Yo creo que toda la ciudad tiene derecho a ser hermosa. Entonces, en vez de ponerme a discutir si barrio privado sí o barrio privado no (que yo creo que no, aunque no es que estoy en contra de los que ya existen), creo que lo que tenemos que lograr es que toda la ciudad sea un espacio democrático, disfrutable y hermoso para toda la población. No creo que nadie quiera encerrarse, hay gente que lo puede hacer y hay gente que no, pero creo que todos tendríamos que hacer un gran esfuerzo para que todas las niñas y los niños conozcan el mar, para que todos tengan derecho a tener una hermosa plaza muy cerca de su casa”, me respondió la propia Cosse desde su despacho cuando la entrevisté el 8 de agosto.

Lo paradójico es que el actual presidente uruguayo, antes de mudarse a la residencia presidencial, vivía en un barrio privado –Altos de Tahona– ubicado en el departamento de Canelones, gobernado Orsi, a quien dentro del FA cuestionan por haber habilitado decenas de urbanizaciones cerradas que segmentan física y socialmente el territorio sobre el que se expande Montevideo año a año. De hecho, este fue uno de los puntos críticos de debate durante las primarias. En varias ocasiones, el candidato opositor defendió esas habilitaciones con el argumento de que generaban empleo y que eran la solución que encontraban muchas familias ante la inseguridad.

La posición de la exintendenta no es novedosa para quienes conocen Montevideo. “Hay una tradición muy fuerte de planificación territorial en la ciudad, que preexiste a Cosse. En 2001, cuando Jorge Batlle (Partido Colorado) gobernaba el país, se aprobó a nivel nacional la legalización de los barrios privados a través del establecimiento de la tipología Urbanización en Propiedad Horizontal (UPH), la intendencia de Montevideo se opuso y nunca la implementó. Por eso están prohibidos los barrios cerrados acá”, me explica Marcelo Pérez Sánchez, doctor en Estudios Urbanos y autor de Urbanismo Neoliberal. Barrios Privados en Uruguay, un libro que recorre la historia de los countries en todo el país.

En 2001 gobernaba Mariano Arana, el segundo de los intendentes del FA de Montevideo, quien estuvo una década al frente de la ciudad. Arana era un arquitecto vinculado a los movimientos cooperativos de vivienda y tenía su mirada propia: durante su mandato se había aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad que sigue vigente.

La rambla más larga del mundo

Así como de este lado del Río de la Plata nos jactamos de tener la avenida más ancha o más larga de todas, una de las características principales de Montevideo es su rambla de 22 km, la más larga del mundo. Además de poder caminar desde Carrasco hasta la Bahía de Montevideo sin interrupciones físicas, pasando por barrios muy diversos como Ciudad Vieja y Pocitos (donde veraneaba la aristocracia porteña antes de Mar del Plata), la trama urbana de Montevideo y la cotidianeidad de sus habitantes está totalmente integrada a su frente costero.

No es casual que una de las últimas acciones de Cosse como intendenta haya sido inaugurar una ciclovía que acompaña parte del recorrido de la rambla, alcanzando los 80 kilómetros de infraestructura ciclista, que aún es poco en la comparativa con otras ciudades de la región. Tampoco que haya elegido el mismo destino para el carril central de la Avenida 18 de julio, la principal de la ciudad, lo que le valió muchas críticas pero también resultados: se duplicó la cantidad de ciclistas que circulan por la avenida principal de la ciudad.

El cuidado y apropiación del espacio público es otra de las tradiciones urbanas que la gestión de Cosse intentó continuar, tal vez influenciada por haber empezado su gestión a finales del 2020 cuando la pandemia de COVID-19 todavía era una amenaza y los espacios abiertos eran más valorados.

El programa emblema de la exintendenta, el ABC (Apoyo Básico a la Ciudadanía), tenía como uno de sus ejes el territorio, y es lo primero que destaca de su gestión: “Montevideo está pleno de cursos de agua y detectamos que tenían una correlación con enormes enormes basurales. Entonces hicimos un proyecto que, nutrido con la información del ABC y con la experiencia territorial, lleva retiradas más de 150.000 toneladas de residuos de los cursos de agua al mismo tiempo que se hace un gran trabajo urbano y social con todos los vecinos”. Para lograr esto fue clave una de sus primeras batallas en el cargo: la reestatización del servicio de recolección de residuos, que estaba en manos privadas y funcionaba de manera deficiente.

Uno de los conceptos más repetidos por Cosse durante la entrevista es el de centro-periferia, quizás por su propio origen, en Villa Española, un barrio tradicionalmente de trabajadores donde últimamente el narcotráfico se convirtió en un problema. Fue allí donde desde la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel, la empresa de telecomunicaciones estatal de Uruguay), durante el último gobierno de Pepe Mujica, decidió construir el Antel Arena, un estadio para megaeventos deportivos y culturales en un territorio relegado por las políticas públicas. “A veces, en el imaginario colectivo nuestro, hay una ciudad que es su parte consolidada y al resto lo nombramos como periferia. Pero esa periferia es Montevideo también. Lo ideal sería que si caminara por Pocitos o si camino por otro barrio que llamamos periférico yo no notase la diferencia”, reflexiona.

Otra de las intervenciones más resonantes sobre el espacio público de la gestión de Cosse fue el traslado del Mercado Modelo, un espacio vacío que estaba cerca del Antel Arena, y su transformación en un parque público techado.“Nos quedó un mercado enorme vacío en el medio de un barrio consolidado y, finalmente, a través de una inversión lo convertimos en el parque techado más grande del Uruguay. Ahora está lleno de vida, hay canchas de básquet, de vóley, mesas y sillas, entonces la gente lo usa para ir a estudiar o para festejar cumpleaños. Esto hace que desde otros barrios vayan ahí. Porque si vos ponés puntos atractores hermosos en un lugar no sólo el entorno lo disfruta, sino que vas un poco a contracorriente de la guetización de las ciudades”

¿Promover qué vivienda?

Pero volviendo al centro, el deterioro de la Ciudad Vieja, el centro histórico de la ciudad, fue uno de los desafíos que tuvo que atender Cosse. Para ello, una de sus acciones principales fue el programa Fincas Abandonadas, que habilita la expropiación de terrenos baldíos y casas con deudas impositivas muy altas en esa zona de la ciudad para construir viviendas de alquiler público. “Eso nos permitió otorgar alrededor de 60 terrenos en lugares centrales de la ciudad a cooperativas porque creemos que se tiene que construir vivienda accesible en lugares centrales y no en la periferia, porque es en los lugares centrales donde están los servicios”, cuenta la exintendenta que también se muestra orgullosa del plan Late Ciudad Vieja que peatonalizó, renovó y parquizó muchas de las calles del centro montevideano, además de subsidiar el arreglo de fachadas de la zona.

Sin embargo, mucho más radical fue la influencia sobre la dinámica inmobiliaria de la zona central de Montevideo que tuvo la ley nacional de vivienda promovida, cuyo objetivo principal era alentar el acceso a esto en los sectores de ingresos medios, a través de un esquema de incentivos fiscales al sector privado. La ley fue llevada adelante en 2011 durante el gobierno de Mujica, pero inicialmente contaba con un condicionante fuerte para los beneficiarios: el 25% de las unidades construidas tenía que tener topes de precio tanto para la venta como para el alquiler y sólo se aplicaba el régimen en determinadas zonas que el Gobierno buscaba impulsar.

Si bien entre 2012 y 2016 se habían construido alrededor de 450 proyectos bajo esta ley (entre vivienda nueva y rehabilitaciones de edificios en mal estado), el lobby inmobiliario logró bajar ese tope al 10% de las unidades primero y en 2020, ya bajo el gobierno de Lacalle Pou, eliminar todas las exigencias. La normativa pasó a ser una promoción de la construcción, como tantas otras, para dejar en el olvido el objetivo de mejorar el acceso a la vivienda a los sectores medios.

Para Cosse, la primera etapa de esa ley cumplió un primer objetivo “que fue demostrar que se podía dirigir la inversión a través de una política. En este periodo esa dirección se amplió mucho más y se liberaron las zonas donde construir. Mi preocupación central es que estas acciones lleguen a las personas que las necesitan. Entonces no sé si hay que tocar esa ley o hay que pensar en alguna otra herramienta, quizás a través de subsidios de alquiler” reflexiona.

Es que las cifras de inversión inmobiliaria se duplicaron desde la flexibilización de aquella regla (de la mano en gran medida de desarrolladoras argentinas), pero se perdió el foco del interés social. Según las últimas cifras, el 85% de las unidades generadas son de inversores y sólo el 15% para uso de los compradores. Además, las que salen al alquiler lo hacen, en general, por cifras mucho más altas de las que podría pagar una familia de ingresos medios.

De alguna manera, así como a principios de los 2000 Montevideo fue un dique de contención ante la legalización de los barrios cerrados, esta vez no lo fue respecto de la construcción con fines especulativos. “La intendencia de Montevideo no ha puesto grandes trabas al proceso de verticalización y especulación inmobiliaria derivado de la ley de promoción de la vivienda. El Gobierno podría haber condicionado el negocio de irse para arriba para buscar rentabilidad”, analiza Pérez Sánchez, quien también cree que el impuesto a la vivienda ociosa, que existe en Uruguay hace varios años, prácticamente no está aplicado por los gobiernos departamentales.

Volver mejores

“Creo que sería bueno tener una cartera de tierras a nivel nacional como tenemos en Montevideo y quizás una política de subsidio nacional a los alquileres. Son todas cuestiones que va a haber que conversar, el programa del Frente Amplio marca como una prioridad el acceso a la vivienda”, señala la exintendenta de Montevideo.

Pérez Sánchez también cree que la falta de tierra urbana es el principal problema del acceso a la vivienda en Uruguay y asegura que debería aumentar al menos al doble el porcentaje del gasto público en ese sentido (hoy es apenas el 0,5% del total). Esto plantea el Frente Amplio, al mismo tiempo que volver a apoyar el movimiento cooperativista, abandonado virtualmente por el gobierno de Lacalle Pou. “Pero además hay que hacer muchas otras cosas como volver a exigirle a los patrones que aporten al fondo de vivienda cooperativa como era antes (porque sólo con presupuesto público no alcanza), regular los alquileres, generar una empresa pública de desarrollo urbano en vez de tercerizar en empresas privadas la construcción de vivienda, entre muchas otras cosas que se pueden hacer”, concluye el Doctor en Estudios Urbanos.

Otras lecturas