Uruguay va a la segunda vuelta: ¿quién surfeará el legado de Lacalle Pou?
Yamandú Orsi quedó primero, pero no le alcanzó. Los insiders, la conformación del Congreso y el rechazo a los plebiscitos. Lo que le quedará al ganador en materia de Seguridad y Economía.
Era cantado, Uruguay definirá su próximo presidente en un balotaje el 24 de noviembre. Allí, el que correrá desde una pole position es el candidato del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, quien anoche quedó primero, aunque con 43,94% de los votos, menos de lo que marcaban las encuestas. Esos números le darían la mayoría en el Senado, pero no en la Cámara baja. En tanto, el Partido Nacional, vivió los 26.77 puntos de su candidato Álvaro Delgado casi como una doble victoria: porque se coló en el balotaje y porque validó su liderazgo en la coalición Republicana o “Multicolor” que hoy es gobierno con el popular pero gastado Luis Lacalle Pou. El liderazgo de los “blancos” por momentos estuvo en dudas frente a la ascendente carrera del “colorado” que se compara con Javier Milei. Se trata de Andrés Ojeda, quien quedó “afuera”, pero tocó el 16% de los votos.
Orsi, exindentende del estratégico departamento de Canelones, habló anoche en un tono que quedó a medio camino entre lo formal –habló del escudo y el himno– y el llamado a seguir sumando votos de cara la segunda vuelta. Y si bien el porcentaje obtenido es más bajo que el esperado, tiene algunos datos para arengarse a sí mismo como la movilización de un amplio número de personas en las primarias de junio, la fuerte y extendida estructura territorial como partido, y que estaba favorito en las encuestas –previo a la elección, sacaba 11 puntos de distancia al segundo en eventual balotaje, pero aún había 13% de indecisos–. “Somos el partido que más creció y el más votado del país”, dijo anoche. ¿Y qué prometió? Garantizar “que nadie quede rezagado” –acá cuento más de su programa y en esta nota Juan Manuel adelantó parte de su perfil–.
En cambio, las fuerzas de la alianza oficialista –PN, los partidos Colorado (PC), Independiente (PI), y Cabildo Abierto (CA) más su escisión el Constitucional Ambientalista (PCA)–, manejaron un tono de fiesta, ya que juntos superarían los valores de Orsi. Para ellos es vital reeditar esa fórmula que los llevó al gobierno en 2020. Pasada la primera vuelta –en la que el sistema electoral uruguayo les impedía ir juntos– ya podían lanzar la unidad y así lo hicieron. Anoche Delgado habló junto a los representantes de esos partidos en un escenario con una pantalla detrás que rezaba “Gobierno de coalición 2030”. Faltando 15 minutos para la medianoche dijo: “Esta es la foto del gobierno que se viene. Esta es la foto de la esperanza nacional. Hoy acá (…) empezamos a armar gobierno”. ¿Qué prometió Delgado? “Gobernabilidad”.
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El margen para incrementar la participación no es muy grande, ya que la concurrencia rondó el 90% de los casi de 2,8 millones habilitados para votar en un país donde la asistencia es obligatoria. Pero también es posible crecer por migración de votos. No necesariamente fue el caso, pero cabe recordar que en las elecciones de 2014 y 2019 el FA creció del primer turno al segundo (en la última no alcanzó), mientras que los blancos y aliados perdieron puntos. Por estas escenas, en cada balotaje se repite como mantra, no hay que sumar, porque el trasvasamiento de votos no es automático. Hay que barajar y dar de nuevo.
Tres datos; insiders, el Congreso y los plebiscitos
Esta elección dejó ese escenario abierto, la indefinición de quién asumirá el 1 de marzo de 2025, y si será el candidato de la continuidad o el del cambio. Pero como me declaro incompetente en el arte de la futurología, me gustaría concentrarme en varias certezas que dejó la votación:
A diferencia de algunos vecinos, Uruguay mantiene ciertas “tradiciones”, ya que cualquiera que sea el vencedor del segundo turno, se tratará de un hombre-más-50 e insider de la política –de partidos políticos tradicionales y con trayectoria en ese campo–. Y es que ambos, si bien representan modelos diferentes, comparten el hecho de ser delfines políticos: uno del PN, sello de Lacalle Pou, y otro de las filas del MPP 609 –liderada por el exmandatario José “Pepe” Mujica, hoy en un conmovedor proceso de retirada–. El reverso de lo antes dicho es que Uruguay, al menos por ahora, le dijo “no” a Ojeda, quien venía pidiendo pistas como exponente de una “nueva derecha” a la uruguaya. Aunque fue más un pastiche, ya que se comparó con Milei, pero le reconoce un rol al Estado –”tiene que hacerle piecito a los de más abajo”– y su campaña se pareció menos al libertario economista y más a Tinder: gimnasio, mascotas y sobrinos. Remarquemos que es un relativo “no”, ya que el abogado mediático y ex edil (concejal) de Montevideo, alcanzó un capital político que él y su partido van a hacer jugar en la coalición.
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De todos modos, pese a que Uruguay es definido como un país “de los consensos”, hay alertas sobre algunos gestos de polarización. Y si llegara a aproximarse a lo que pasa en Brasil o Argentina, sabemos que los perdedores son las figuras de centro. De todos modos, sería prematuro arriesgar si Ojeda podría ser quien incline a un movimiento asimétrico hacia la derecha extrema –el rol que quiso ocupar Cabildo Abierto, pero que ayer, al quedar con el 2,45% de los votos, quedó escenificado una vez más que fracasó–. Por el momento habla de liderazgos de “la nueva política” en la región, entre los que destaca a Javier Milei en Argentina, Santiago Peña en Paraguay, Nayib Bukele en El Salvador y hasta Gabriel Boric en Chile.
Ya conocemos –parte– de la composición del legislativo, que renovaba la totalidad de las bancas: el FA tendrá mayoría en el Senado, pero ni este espacio ni el actual oficialismo la alcanzaría en la Cámara de Representantes. En concreto, el frenteamplismo obtuvo 16 de los 30 asientos de la Cámara Alta y en torno a las 48 en la de Representantes, mientras que la coalición oficialista quedaría con 49. Quedarán dos bancas para Identidad Soberana, que si ven la remera con la que fue a votar, queda claro que no se inclinarán hacia la izquierda.
Como contó Facu Cruz, en las tres elecciones generales que ganó el FA (2004, 2009 y 2014) sacaron valores que “le aseguraron la mitad” de bancas en ambas cámaras. “Es el único espacio político desde el retorno de la democracia hasta la fecha que pudo gobernar con mayoría propia en ambos recintos”, comentó. Otro dato que vi y me pareció relevante porque muestra más estabilidad en las carreras legislativas uruguayas que en las de Argentina es que 7 de cada 10 legisladores buscaban renovar sus bancas. Insiders rules.
3. Otra certeza de ayer fue el rechazo de los dos plebiscitos que presuponían reformas constitucionales. Uno quería permitir allanamientos nocturnos en hogares –tercera elección que buscan impulsar reformas en seguridad para empujar votos– y otro buscaba realizar varias modificaciones al sistema de seguridad social para volver a fijar la edad jubilatoria en 60 años –había pasado a 65 con la reforma del sistema que impulsó Lacalle Pou y aprobó el Congreso–.
Las olas que Lacalle Pou no pudo surfear
Hay otra certeza sobre la que quisiera ahondar y es el país que recibirá el ganador de esta elección. La herencia de cinco años de gobierno de Lacalle Pou, quien –impedido de presentarse a una reelección consecutiva– llega al final de su mandato con promesas incumplidas, pero con un alto índice de aprobación de su gestión.
La cobertura argentina de la gestión de Luis Lacalle Pou estuvo muy ocupada en si el presidente del país oriental (me lee un chino y se muere de risa) surfeaba, si andaba en moto, si se mostraba sin remera o si se sentaba en alguna vereda con un amigo. Esos artículos convivieron con otros más difíciles de recordar, que tienen que ver con la desigualdad. Hace unas semanas hablé con el politólogo uruguayo Daniel Chasquetti sobre el legado de Lacalle Pou y me dijo que este tiene “aspectos para mostrar”, como la baja de la inflación y el desempleo. Además “es muy popular” –las encuestas marcan que cerca de un 50% de la población aprueba su gestión–. Pero “lo cierto es que la recuperación ha sido desigual porque el salario real está igual que en 2019, pero la distribución del ingreso empeoró. Los estudios muestran que el decil más alto se ha apropiado del ingreso mejor que los más bajos y tenemos un índice de Gini empeorado respecto a 2019”, contó.
Otros temas dominantes de la gestión de Lacalle Pou fueron la inseguridad y la corrupción. Los escándalos con personajes del Gobierno –y la Justicia aún debe definir los grados de conocimiento y los roles que jugó el presidente– van desde una causa por supuesto espionaje a líderes sindicales hasta otras por corrupción de sus funcionarios por facilitar un pasaporte al narcotraficante prófugo Sebastián Marset. Este último episodio provocó incluso acusaciones cruzadas entre miembros del propio gabinete.
Además, un nombre que se repitió en varias causas es el del Jefe de la Custodia presidencial, Alejandro Astesiano, que gozaba de la extrema confianza de Lacalle Pou, y con quien se conocía desde los 90. A pesar de su prontuario, que el presidente dijo desconocer, lo contrató para entregarle el cuidado de su familia. En el documental “El Facilitador” que publicó La Diaria, relatan cada una de esas causas y cómo se fueron sucediendo sin resoluciones judiciales.
El gobierno que llegó con un discurso de mano dura y su frase “se terminó el recreo para los delincuentes” dejó una imagen de impunidad, con causas irresueltas que afectan a las altas esferas del poder, a la vez que por debajo los indicadores sociales no eran buenos. De hecho, la inseguridad, principalmente asociada a bandas delictivas y no a meros delitos comunes, domina gran parte de la prensa uruguaya en los últimos años, los que coinciden con la gestión saliente.
Le pregunté al académico uruguayo Gabriel Tenembaum, autor de libros como Vendedores de cuchillo. El lavado de activos en Uruguay, si el gobierno de Lacalle Pou se ocupó en parte de atender esta problemática y me dijo que si bien “difunde mucho las cifras que mide, que son básicamente cinco figuras delictivas de las más de 200 que hay en el Código Penal, y está muy orgulloso de bajar las denuncias de hurtos y rapiñas”, el fenómeno es más complejo. Aclaró que hay varios problemas. Por un lado, cuando se toma la denuncia; y por otro, porque la causa de esas bajas sería la migración hacia otros delitos, principalmente comercio de drogas. “Hay un incremento del mercado de las drogas ilegales y de los delitos asociados a drogas y eso el Gobierno no lo mide”, dice. En los estudios en los que participa el académico uruguayo revisaron indicadores indirectos y lo que ven es que “el actor que cometía hurtos y rapiñas se pasó a delitos asociados a drogas porque son más rentables y algunos son menos expuestos –hurto o una rapiña involucra directamente a una persona para quitarle algo– ya que a priori la venta de drogas no implica violencia”.
Y si bien algunos de estos negocios pueden preferir no generar “escándalo”, los aumentos de la actividad criminal se traducen también en incremento de la violencia y muerte. “Tenemos graves problemas relacionados con la violencia letal en territorios que históricamente han sido vulnerables a la pobreza, la desigualdad, la vivienda, la educación. Esos territorios estructuralmente golpeados son característicos por la alta criminalidad y en los últimos años, desde el 2012–2013 es muy claro el aumento de la violencia letal y desde el 2018–2019 el salto de la violencia es mucho más importante, sobre todo en Montevideo. Eso se mantiene hasta la actualidad y se ha estabilizado en la cima histórica de los problemas asociados con homicidios. Uruguay no lo ha podido enfrentar de forma más o menos exitosa y es un tema que, en parte, está vinculado con el crecimiento del mercado de las drogas ilícitas”.
La violencia es un indicador, pero no debería ser el único para evaluar los niveles de criminalidad. Como explica el politólogo uruguayo Juan Pablo Luna en su último libro ¿Democracia muerta?, “usualmente asociamos crimen organizado a altos niveles de violencia visible (por ejemplo, a homicidios). Pero en realidad, la violencia es mala para el negocio porque genera visibilidad social y atrae la atención de la opinión pública. El mejor crimen organizado y el más próspero es el que no se ve”. En todo caso, hay que prestar atención a la diversificación a la que apelan las bandas criminales y que no se limita al narcotráfico. Además, Luna echa luz sobre otra cuestión: “Cuando pensamos en crimen organizado, tendemos a asociarlo al narcotráfico, y cuando pensamos en narcotráfico, tenemos en mente a los grandes carteles mexicanos o colombianos, que controlan toda la cadena de valor del negocio. Es decir, imaginamos una sola organización, integrada verticalmente”. Sin embargo, según el académico radicado en Chile, es una integración horizontal de distintos negocios delictivos y con un alto control territorial.
Tenembam y Luna registran algunos cambios también en el rol que ocupaba Uruguay. Si “históricamente, Uruguay se preparó desde los 70 para ofrecer facilidades para el capital financiero, tanto legal como el obtenido de actividades ilegales”, dijo Tenembam, ahora hay ciertas “novedades”. Esas facilidades consistían en una protección del capital en términos de lavado de dinero, y esto vinculado a la corrupción y también conflicto entre interés público y privado –“porque muchos actores participando del diseño de la política económica”, o están de los “dos lados del mostrador”, mencionó– . Hago un punto acá para recordar que la Ley de Urgente Consideración (LUC) –texto insignia de la gestión de Lacalle Pou sancionado en 2020 y compuesto de 476 artículos– prometió, entre otras cosas, ser un nuevo marco penal, facilitar el control del lavado de activos y cambios respecto al accionar policial, algo que fue rebatido por especialistas.
Ahora, me comentó Gabriel, algunas cosas cambiaron: “Hace unos diez años, pero sobre todo durante la pandemia, explotó el lugar de Uruguay en la región como un pool de servicios hacia el crimen organizado y el tráfico de las drogas ilegales que antes no estaban. Por un lado, el tráfico de grandes toneladas de mercancías hacia Europa y África a partir del Puerto de Montevideo y por otro, un lugar de acopio de mercancías para exportar. Son como las grandes novedades de servicios del país”.
El mismo fenómeno describe Luna en su libro: “La logística de ese negocio requiere asegurar la integridad del producto en cada etapa. Para ello, no solo hay que invertir en comprar voluntades para que miren para un costado, sino también montar operativos de seguridad para preservar el producto de eventuales ‘mexicanas’. Por lo tanto, esas operaciones requieren armas (cada vez más potentes) y personal”.
Este es un tópico también para la política. Ayer, cuando Mujica fue a votar en silla de ruedas, una periodista le preguntó si creía que el principal desafío que tiene el futuro gobierno es la seguridad. “Es la seguridad y el aumento de la riqueza, porque si se quiere distribuir hay que tener más”, respondió. La repregunta fue por “las bandas de narco, los enfrentamientos, los homicidios” y él contestó: “Es un problema nacional. Creo que no lo arregla ningún partido, tenemos que hacer un acuerdo”. Habrá que ver si quien asuma logra formar acuerdos para resolver estos problemas que cuestionan ya no la democracia sino las bases mismas del Estado Nación”.