Skynet también quiere derechos

Las internas en el Gobierno reproducen siempre una misma lógica, pero con pequeños cambios: los bloques permanecen inalterados, pero en el episodio de hoy cambian (parcialmente) los protagonistas. Esta vez, el capítulo tuvo como escenario a la Inspección General de Justicia, que solicitó información contable a la Fundación Faro, una usina de pensamiento que responde políticamente a Santiago Caputo a través de su hermano Francisco y Agustín Laje. La particularidad es que la IGJ depende del Ministerio de Justicia, geografía de Juan Bautista Mahiques. Si alguien lo hipnotizara, Caputo probablemente daría una explicación inmediata: la avanzada sobre la Fundación Faro sería una respuesta de un sector de la justicia al bloqueo del pliego de la jueza María Verónica Michelli, cuñada de Hugo Alconada Mon.

No parece casual, entonces, que Caputo haya difundido en redes sociales una nota de La Nación sobre el tema, subrayando precisamente la palabra “casualidad”. El mensaje tenía destinatarios claros. Lo que intenta demostrar el principal asesor presidencial es algo más profundo que una disputa burocrática: que dentro del propio oficialismo existen actores que, por intereses personales, terminan jugando en sincronía con adversarios del Gobierno. Sin embargo, Caputo puede encontrar un consuelo. Ya no es el único dirigente del oficialismo que tiene fricciones con Karina Milei –aunque deliberadamente la secretaria general de la Presidencia ya no es protagonista de ningún enfrentamiento. De hecho, podría argumentarse que la senadora Patricia Bullrich lo hizo de manera bastante más explícita cuando reclamó la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Y, más aún, la impresión que dejan los acontecimientos recientes es que la exministra de Seguridad salió fortalecida de ese desafío.

Hay un rasgo particularmente interesante en la construcción política de Bullrich: se trata de un proyecto de poder extraordinariamente liviano. Liviano porque tiene un único componente imprescindible: ella misma. Todo lo demás es negociable. El único factor no sustituible es su propia figura. Desde esa perspectiva, Bullrich considera que, por volumen político, por experiencia y por los activos que aporta al oficialismo, le corresponde como mínimo la vicepresidencia. Y algunos de sus colaboradores más cercanos agregan, en conversaciones reservadas, que también un par de ministerios. Detrás de esa discusión por espacios de poder hay una especulación más relevante. Bullrich cree que, si la economía no logra consolidar una recuperación y la imagen de Javier Milei comienza a mostrar signos de desgaste en las encuestas de cara a las elecciones del año próximo, será difícil encontrar dentro del universo oficialista una alternativa con mejores credenciales que la suya para garantizar la continuidad del proyecto.

Más allá de la política, para el Gobierno el futuro se juega en el desempeño económico de los próximos doce meses, que va a determinar –mucho más que cualquier otra cosa– si será capaz o no de reelegirse. Los ánimos dentro del oficialismo, que eran sombríos hace un mes y medio, mejoraron notoriamente de la mano de los datos de actividad de abril y una caída del riesgo país que venían esperando desde hace meses, para ubicarse en torno a –y apenas por debajo de– los 500 puntos. La caída, cuyo comienzo coincidió con el peor momento político de La Libertad Avanza, es mala para la hipótesis que atribuye los problemas a un “riesgo kuka” que estaría operando a más de un año de las elecciones y tras una victoria electoral oficialista.

Si bien el optimismo está fundamentado en noticias concretas, distintos economistas señalan problemas subyacentes de la economía mileísta que relativizan su alcance. El más duro fue Emmanuel Álvarez Agis, que habló de una “tragedia macroeconómica”. Señaló problemas importantes del cálculo del superávit. El más relevante, la paralización de la obra pública, que significa acumular problemas de infraestructura que, cuando estallen, redundarán en mayores gastos. En la segunda revisión del acuerdo de facilidades extendidas con el FMI –que habilitó un desembolso de mil millones de dólares–, el organismo publicó junto con esa revisión el Staff Report, con proyecciones macroeconómicas que combinan respaldo e incomodidad. 

La consultora LLZ hace hincapié en los problemas que surgen en la estrategia financiera del gobierno. De acuerdo al Fondo, aparece demasiado enfocada en la deuda “senior”, es decir, con garantías de organismos internacionales. El Staff Report pide reducir la exposición argentina al propio Fondo e intentar colocar deuda en los mercados internacionales de crédito voluntario. LLZ señala que, pase lo que pase, Argentina probablemente deberá negociar un nuevo acuerdo con el FMI a más tardar en 2028, gobierne quien gobierne. LLZ estima que la próxima gestión enfrentaría vencimientos netos promedio del orden de USD 10.000 millones anuales. Lógicamente, si Argentina pudiera actuar en los mercados voluntarios de deuda, las necesidades son menores que si permanecen cerrados. 

Sobre el tipo de cambio, LLZ destaca que el Staff Report no fija una trayectoria nominal específica, sino un valor de equilibrio de largo plazo consistente con un superávit de cuenta corriente de 0,7% del PBI. Ese tipo de cambio real de equilibrio estaría, según la medición utilizada, entre 14,5% y 18,5% por encima del nivel actual, un nivel que se acerca al techo de la banda cambiaria y que, por lo tanto, difícilmente es compatible con una rápida desinflación que espera el Fondo para el último trimestre del año. 

Ambos puntos merecen destacarse, ya que en Economía cuentan tanto con una desinflación rápida como con la existencia de un puente claro de los organismos internacionales u otros acreedores de similar posición para evitar salir a endeudarse a una tasa que todavía consideran inaceptable. Luis Caputo espera que los intereses tanto en pesos como en dólares sean menores en el corto/mediano plazo, una expectativa que el mercado no comparte.

Otro factor relevante en los cálculos del gobierno es el ingreso de dólares por inversiones, que sume a la posición comercial superavitaria y quite presión sobre el balance de pagos y el tipo de cambio. El envío del llamado Súper RIGI al Congreso se inscribe en esa lógica. El contenido del proyecto probablemente decepcione a quienes esperaban un análogo a las Zonas Económicas Especiales chinas para el desarrollo de semiconductores, IA, biotecnología, industrialización de minerales, e infraestructura digital con asociaciones virtuosas entre el capital nacional y extranjero y, en cambio, se encuentre con las urgencias del propio gobierno y su fe en que los mercados, por sí mismos, resolverán los problemas de la economía si se los limita lo menos posible.

El Súper RIGI exige proyectos de al menos mil millones de dólares, con un desembolso del 20% en los primeros dos años. Ofrece beneficios cuantiosos. Una alícuota de Ganancias del 15% (la mitad de la habitual), amortización acelerada de bienes de capital, quebrantos sin límite temporal, exención de derechos de importación y exportación para bienes del plan de inversión, dividendos con alícuota reducida, contribuciones patronales del 10%, y libre disponibilidad de divisas escalonada hasta llegar al 100% al tercer año desde la primera exportación, estabilidad normativa por 30 años y arbitraje en instancias internacionales. También exige que las provincias adhieran renunciando o limitando gravámenes, como Ingresos Brutos, Sellos, regalías y cánones.

Un informe de la consultora Audemus realiza algunas observaciones importantes. Una es la duración de los beneficios. La estabilidad de 30 años con arbitraje internacional sería excepcionalmente extensa en comparación regional. Otra, la ausencia de contrapartidas obligatorias en dichos beneficios, que contrasta con programas de países vecinos. El informe dice que, en América Latina, las inversiones efectivamente ejecutadas en estos sectores no se explican por incentivos fiscales pasivos, sino por alguna combinación de tres factores: cadenas industriales preexistentes, empresa estatal activa como ancla o política industrial con condicionalidades explícitas. Brasil y México concentran buena parte de las inversiones ejecutadas o en ejecución porque tienen mercados internos –y externos en el caso de México y EE. UU.– grandes, cadenas industriales profundas, política industrial activa y marcos regulatorios sectoriales. El Súper RIGI no provee ninguno de esos tres elementos.

El contraste con Brasil aparece estridente. El vecino grandote aprobó un régimen de beneficios por 5 años, con contrapartidas. Energía limpia o renovable, eficiencia hídrica, inversión en I+D en universidades y centros nacionales, y una parte de la capacidad destinada al mercado interno. En cobre, el documento usa el caso chileno para mostrar que agregar valor a minerales estratégicos no se consigue sólo con beneficios fiscales. Chile procesa localmente una parte limitada de su producción y está intentando revertir esa reprimarización con proyectos donde el motor es Codelco.

Incluso si el régimen se aprueba, se esperan beneficios limitados. Proyectos de Data Centers con algunos cientos en la etapa de construcción y proyectos de GNL. Estos últimos tienen un problema adicional. Argentina ya cuenta con condiciones para su desarrollo. YPF como empresa estatal activa, Vaca Muerta como recurso comprobado y demanda internacional estructurada. El Súper RIGI podría facilitar proyectos adicionales de licuefacción, pero no sería el factor transformador principal. En este escenario, gran parte del efecto sería otorgar beneficios fiscales a proyectos que –en gran parte– se harían de todas maneras. Algo similar a lo que está ocurriendo con el RIGI en la actividad petrolera y minera, donde algunos beneficios, particularmente en divisas, tenían sentido, pero otros aparecen excesivos y caros para la posición fiscal precaria argentina. El diputado peronista Guillermo Michel calcula en un punto del PBI el gasto fiscal (los impuestos que se eximen de pago) por cada cien mil millones de dólares de anuncios de inversión. 

Martín Rapetti, en una nota para La Nación, habló del escenario fragmentado de la situación actual, sobre el que esta columna viene advirtiendo repetidamente, de manera muy pesimista. Rapetti señala un crecimiento estructurado en torno a la agricultura –que explica en el corto plazo por factores climáticos–, la minería y el petróleo. Lo que llama la economía primaria y señala sus limitadas conexiones con el resto de la actividad económica. Estas actividades representan 15% del PBI, 7% del empleo directo del sector privado formal y menos del 4% del empleo formal total. Por su nivel de crecimiento, sin embargo, Rapetti calcula que podrían explicar un crecimiento del PIB de 1,5% anual durante los próximos cinco años aun si la economía no primaria se mantuviera estancada, una realidad que le aparece evidente en el actual estado de cosas. Un saldo comercial, que además del aumento de las exportaciones se nutre de la caída de los insumos importados para la producción. El ingreso de los trabajadores formales, 2% inferior a lo que era un año atrás, y la pérdida de 300.000 empleos formales, junto al aumento de desempleo son indicadores de una economía con problemas severos, que no logra perforar tampoco la inflación del 2-2,5% anual.

En conjunto, se ve un escenario en el que el gobierno podría, de cara al 2027, contar con dólares y condiciones para una cierta estabilización macroeconómica pero, de ningún modo, resolver los problemas de la economía argentina. Un relativo estancamiento de una situación que todas las encuestas caracterizan como mala en la percepción de la mayoría, que convive con algunos sectores y regiones que crecen a tasas chinas. ¿Alcanzará para instalar el miedo al regreso del peronismo?

En paralelo a la coyuntura económica, el gobierno anunció un proyecto para ofrecer personería jurídica propia en la estructura de nuestra legislación civil a corporaciones (sociedades comerciales) no humanas, es decir, creadas directamente por sistemas, actuando como agentes, sin participación humana, excepto como beneficiarios finales. El presidente Milei, con aportes del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicaron el esquema sucintamente en un artículo publicado en el Financial Times. Junto con la personería jurídica, adelantan un marco regulatorio laxo (“garantizar que la IA se mantenga desregulada para que se pueda desarrollar libremente sin la mano mortal de la regulación prematura y mal entendida”) en perjuicio de cualquier principio precautorio, y un marco impositivo ventajoso, con una baja tasa en el impuesto societario.

Argentina es el primer país en el mundo en impulsar públicamente este tipo de legislación. Milei se aboca a una de las cosas que verdaderamente le despierta pasiones, la expansión de los ámbitos de actuación del mercado desatado. En honor a los requerimientos habituales de compliance y nuestra pertenencia al esquema del GAFI, el presidente aclara que se exigirá a los beneficiarios revelar su identidad para verificar actividades de finalidad ilícita. Pero se trata de agentes, con autonomía decisoria “sistemas que ejercitan el juicio en entornos complejos”, como los describe el presidente en el artículo. 

El divulgador intelectual Yuval Noah Harari le respondió en el Financial Times al día siguiente. Recordó los experimentos disponibles en los que los sistemas –tanto de OpenAI como de la china DeepSeek– hacían trampa cuando no tenían opciones para alcanzar los objetivos de su programa. La bancarrota, señala, equivaldría a la desaparición para un “CEO digital”. Lo que las personas están dispuestas a hacer para evitar desaparecer no tiene límites y la amenaza que disuade a las personas, la cárcel y su propia bancarrota personal, son ambas irrelevantes para un sistema. Quienes conversan el tema con Milei, consideran esa postura incluso contradictoria. Si está la amenaza de que desaparezcan porque se les dicta la bancarrota –y por ende la desaparición–, los sistemas se comportarán incluso mejor que las personas.

Harari lleva tiempo pensando en estos problemas. Acaso más interesante que lo que respondió a Milei es una reflexión de hace unas semanas en una entrevista para The New York Times. Antes de que se anunciara el proyecto del gobierno argentino, el historiador promovía una ley que prohibiera otorgar personería a las IA. Su lógica tenía que ver con el control humano de las decisiones, difícilmente delimitables si los sistemas actúan con plena autonomía. Desde Sapiens, su primera obra de trascendencia global, Harari se preocupa por los sistemas con suficiente capacidad de procesamiento de datos como para manipular la voluntad humana. En la entrevista desarrolla otra preocupación. Convertir a los sistemas en nuestros iguales supondría ventajas sin contrapartidas en responsabilidad para quienes controlan estos sistemas. La pregunta de quién se hace responsable, si es el sistema operando como una persona –análogo a las cuentas bots que proliferan por X o Instagram o TikTok, que en el peor de los casos son desactivadas sin consecuencias para el dueño dentro de las plataformas– convertido en persona jurídica, si es el que activa el sistema para un uso determinado o si es la compañía propietaria del sistema. Las tecnológicas quieren, a toda costa, evitar esta última alternativa y, en lo posible, también la segunda. 

El magnate tecnológico Peter Thiel, radicado al menos temporalmente en nuestro país, combina una mirada empresarial con una fuerte ambición de ideólogo en la que conviven cosmovisiones libertarias y cristianas, ambas con prismas sumamente particulares. Repite la idea de el Anticristo, un carácter que atribuye a todas las fuerzas a las que atribuye frenar el desarrollo pleno del potencial humano. En una entrevista con el periodista Ross Douthat hace algunos meses le atribuyó a la activista Greta Thurnberg representar al Anticristo. ¿Cuál será el sitial del último visitante ilustre de su mansión de Barrio Parque, Juan Grabois, en esa cosmovisión? 

Más allá de Thiel, la mirada que atribuye un carácter más o menos demoníaco a cualquier regulación que limite la posibilidad de desarrollar el potencial de las tecnologías al máximo posible y sin importar las consecuencias, aún cuando jugadores como Anthropic presenten una visión parcialmente disidente, es hegemónica en Silicon Valley, como lo demuestran los manifiestos de Marc Andreesen. Mientras Anthropic envió una delegación empresarial de alto nivel a la presentación de la encíclica papal Magnífica Humanidad, que habla de los peligros de la inteligencia artificial ante la pérdida de centralidad del ser humano, Milei interpreta como ninguno el sentimiento predominante en Silicon Valley, un tecno optimista fanático que, en más de una ocasión calificó la oposición a las formas de hipercapitalismo desregulado que pregona como obra “del Maligno”.

Hay, sin embargo, otra manera de ver el proyecto oficial más allá de la mirada ideológica. En su entrevista con el New York Times, Harari señala que, más allá de lo que se pudiera hacer para evitarlo en las democracias del mundo, era difícil pensar que ningún país fuera a legislar la personería de las sociedades. Pone como ejemplo a Catar, un país con abundantes recursos y poca población, que podría verse fácilmente tentado a facilitar que los agentes virtuales hagan negocios y paguen algún impuesto en el país. 

En el gobierno, el ejemplo que miran ya existe. Es Irlanda, con un régimen impositivo corporativo que es sumamente atractivo para la radicación de patentes y propiedad intelectual y que ha llevado a una presencia absolutamente hipertrófica de las sedes de las multinacionales de tecnología y farmacéuticas en el país, con la venia de las autoridades europeas. Irlanda es uno de los países más ricos del mundo, y aunque los impuestos son muy bajos, cobran por software o patentes por las ventas de las empresas no sólo dentro de Irlanda, sino en cualquier parte del mundo. Con menos de seis millones de habitantes, el negocio es redondo. El país sostiene un amplio estado de bienestar. Los autores intelectuales de la iniciativa quieren que las tecnológicas radiquen en Argentina sus negocios globales basados en agentes de IA.  

Si el escenario de Skynet empresarial fuera –bueno o malo– inevitable, convertir al país en la sede de un experimento de expansión del capitalismo global probablemente inédito en su alcance, y recaudar impuestos por la actividad global de las empresas en el camino, parece un sueño a la medida de la grandilocuencia del discurso presidencial.