Rosario, una ciudad a contramano

El final anticipado del siglo XX y el abrupto comienzo del siglo XXI encontraron a Rosario en un proceso que transformó a la ciudad para siempre. Reencontrarse con el río a través de la generación de espacio público de calidad y, al mismo tiempo, empezar a prestarle atención a barrios históricamente relegados fueron dos decisiones que tomó el entonces intendente socialista Hermes Binner (1995–2003), quien empezó a caminar un camino a contramano del espíritu reinante de aquellos tiempos. Una ciudad portuaria y bastante gris pasó a ser una de las que cuenta con más espacio verde público por habitante en Sudamérica, sextuplicando la cantidad de metros cuadrados disponibles, de 2 a 12. La otra decisión que marcó la gestión del médico anestesiólogo fue construir un centro de salud en cada uno de los barrios populares de la ciudad.

“Rosario siempre estuvo a contramano de los momentos nacionales, para bien y para mal”, reflexiona Juan Monteverde, líder de Ciudad Futura, un movimiento político que le ganó la interna al candidato del kirchnerismo y estuvo a 14.000 votos de quedarse con la intendencia de Rosario, lo que hubiese sido un contraste aún más profundo que el que se dio entre Binner y Carlos Menem.

La palabra “progresismo”, usada hoy de forma despectiva en casi todo el espectro político, sale de la boca de Monteverde varias veces durante la charla. Pero siempre que la menciona se ocupa de anclarla en hechos concretos: “Hoy decir que hay que construir un centro de salud en cada barrio popular sería casi revolucionario, y es lo que se hizo en Rosario hace más de 20 años. Eso como generación política lo tenemos que mirar e innovar para adelante, quedarse con lo bueno de la política”.

Durante la era dorada del kirchnerismo, el boom sojero impulsó la construcción de torres de lujo en toda la ciudad, pero particularmente en Rosario Norte, donde la desigualdad social se hizo especialmente evidente. Este negocio fue facilitado por los convenios urbanísticos promovidos por Miguel Lifschitz, sucesor de Hermes Binner. A partir de 2003, Lifschitz dirigió a Rosario en una nueva dirección, que contrastaba con la trayectoria anterior, intensificando el desarrollo inmobiliario en áreas específicas y profundizando las disparidades socioeconómicas en la ciudad.

Por medio de esos convenios, el municipio modificaba las normas urbanísticas a cambio de que el desarrollador inmobiliario invirtiera en obras públicas. El mismo modelo de desarrollo urbano que aplica el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires desde hace casi dos décadas. “El caso de Puerto Norte es paradigmático, porque la compensación que se les pidió a los que hacían esas grandes torres tipo Puerto Madero era que hicieran las avenidas que, entre otras cosas, sirven para llegar a su propio emprendimiento. Esto no quiere decir que todas las compensaciones estuvieran mal, pero en términos generales había un problema que era que la ciudad se desarrollaba solamente en los lugares donde el capital privado tenía interés”, analiza Monteverde.

Casi siempre que aparece la ciudad de Rosario mencionada en los medios más importantes de Buenos Aires está cerca de la palabra “narcotráfico” o alguna de sus tantas aristas. Una de ellas, que no suele aparecer, es la que lo vincula con el negocio inmobiliario. Y es más explícita de lo que parece. En 2005, el gobierno de Lifschitz firmó un convenio urbanístico por el cual el municipio le cedió al Fideicomiso Desarrollos Urbanísticos S.A. unas 186 hectáreas para desarrollar barrios privados a la vera del arroyo Ludueña, atrás del Jockey Club de Rosario, a cambio de un pago que iría al Fondo Municipal de Tierras, la construcción de una escuela y un centro de salud. Uno de los firmantes de ese convenio era Gustavo Shanahan, hoy con prisión domiciliaria a la espera de juicio oral, acusado de integrar una célula de narcotráfico y proveerla de dólares para comprar cocaína que luego se distribuía en la ciudad.

La flamante Agencia contra el Lavado de Activos, creada a instancia de la fuerza que lidera Monteverde, se dispone a investigar si parte de las inversiones generadas a partir del convenio urbanístico firmado en 2005 estuvieron vinculadas a un circuito destinado a lavar plata del narcotráfico. Esa seguidilla de convenios urbanísticos para grandes proyectos fue parte del Plan Urbano de Rosario 2007–2017 (PUR) que, a diferencia del Plan Estratégico de Rosario llevado adelante por Binner, tuvo como eje la venta de norma urbanística a un puñado de desarrolladores de lujo, quienes se nutrían de las divisas del negocio agropecuario.

Muchos desarrolladores urbanos hablaron a favor del PUR en 2008, durante el Congreso de Urbanismo y Negocios, cuyo acto inaugural lo encabezó el propio Shanahan, según cuenta Monteverde. El evento estaba co-organizado por la Fundación Libertad, ahora más conocida por ser un espacio de pertenencia del mileísmo ampliado. En su última cena anual, hace pocas semanas, habló el presidente y entre los comensales estaba Pablo Javkin, el actual intendente de Rosario.

Ceder el lápiz

“Ese día nosotros hicimos una intervención en el lugar porque nos hacía mucho ruido la palabra ‘negocio’ al lado de ‘urbanismo’. Una cosa es el negocio inmobiliario y otra cosa distinta es el urbanismo”, sentencia el concejal rosarino que también reconoce que los municipios tienen un problema estructural, ya que son la primera ventanilla del Estado ante la ciudadanía, pero cuentan con escasos recursos económicos. “Como en ese momento el socialismo no era compatible ideológicamente con el kirchnerismo que gobernaba en Nación, en vez de ir a buscar recursos nacionales decidió ir al privado y cederle el lápiz de la planificación a cambio de compensaciones que, como en el caso de Puerto Norte, en realidad benefician al propio privado”.

Si la propuesta de una Agencia municipal Antilavado se empieza a consolidar como un posible ataque “por arriba” a la cuestión narco al impedir, por ejemplo, habilitaciones de desarrollos inmobiliarios o negocios cuyas fuentes de financiamiento no se pueden explicar claramente, la urbanización de barrios populares significa, para Monteverde, atacar el problema “por abajo”.

“La ley de Barrios Populares y el trabajo de la Secretaría de Integración Sociourbana en todo el país diría que es una de las tres políticas más importantes de la democracia de los últimos 40 años, porque se gestó de abajo hacia arriba y por su continuidad a pesar del cambio de signo político”, analiza Monteverde. Pero se lamenta cuando cuenta que lo que muchas veces faltaba era que los municipios presenten proyectos: “Rosario era uno de esos casos, se hicieron sólo tres intervenciones cuando la ciudad tiene 112 barrios populares”.

– ¿Cómo funciona ese vínculo entre urbanización y combate al narcotráfico?

Además de ser una estrategia de desarrollo social, la urbanización es una estrategia de seguridad si uno la plantea en términos integrales. Quienes matan y quienes mueren por este negocio no son los que lo disfrutan, y están concentrados en un pequeño porcentaje del territorio, en general en barrios populares. Como todo negocio en el capitalismo, la actividad se territorializa y eso favorece que la violencia se esparza en los barrios, porque muchas familias terminan involucradas en el negocio. Básicamente tenés que elegir entre levantarte todos los días a las 6 de la mañana, agarrar una bicicleta y andar 10 kilómetros para ir a una obra en construcción o levantarte y hacer de campana de un búnker y ganar en un día lo que ganás en un mes en la obra. La política le tendría que hacer un monumento al que hoy elige la bicicleta. La urbanización, además de llevar el agua a los barrios, tiene que abrir escuelas, llevar Internet y desarrollo cultural, un montón de políticas juntas que casi nadie hace hoy en Argentina. Lo que hay que hacer es una operación urbanística compleja que se llama integración social y urbana, y para eso hay que entrelazar un montón de vínculos que hoy están totalmente rotos. Tanto en Medellín como en muchos barrios populares de Brasil, donde se llevaron adelante trabajos de urbanización integral, la violencia bajó abruptamente.

En búsqueda de nuevos errores

Durante las últimas semanas, Monteverde inauguró la Fundación Ciudades Sin Miedo, una especie de think tank que busca preparar a los militantes de su espacio para gobernar Rosario en 2027. En ese contexto, empezó a juntarse con referentes de distintos espacios políticos, pero poniendo especial foco en lo territorial. Se juntó con María Migliore, exgerenta del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y actual directora de Integración Socioproductiva de la fundación Fundar, y con Romina Barrios, directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Sociourbana (OPISU) de la Provincia de Buenos Aires, que responde a Axel Kicillof.

“Nos empezamos a juntar con gente que no piensa exactamente como nosotros para encontrar respuestas concretas a los grandes problemas de nuestro tiempo, en un contexto en el que Milei resetea el sistema político y a la vez te amplía la cancha. Son respuestas concretas al narcotráfico, la educación, el acceso a la tierra y a la vivienda, cuestiones bien estructurales que están poco presentes en la agenda política. Nos podemos equivocar, claro, pero que al menos sean errores nuevos”, reflexiona el referente de Ciudad Futura y analiza una de las políticas que más le reconoce el progresismo porteño al exjefe de Gobierno de CABA. “Lo que hizo Larreta en la Villa 31 para mí es un golazo, puso un Ministerio de Educación en el medio de la villa y vos caminás por ahí y es parte de la Ciudad. Obviamente que se podrían haber hecho un montón de cosas de otra forma, pero la realidad es que eso existe y no es lo mismo a querer desalojar la villa para construir. Me parece clave para construir lo que viene poder reconocer en el otro, incluso cuando es tu adversario, que hay cosas que están bien”.

Así como Javkin tomó la propuesta de Ciudad Futura de crear una Agencia Antilavado, desestimó otra ordenanza municipal que crea un instrumento para atacar el problema habitacional más allá de los barrios populares: una empresa pública de desarrollo urbano. Es un instrumento con el que cuentan varias ciudades de la región y del mundo, donde el Estado se convierte, muchas veces asociándose con inversores privados, en un actor más del desarrollo inmobiliario e interviene tanto en la construcción y venta como en el mercado del alquiler, generando un parque de vivienda de alquiler social.

El concejal rosarino también se muestra algo crítico del progresismo del que forma parte: “En nuestro campo hay un consenso sobre que el Estado tiene que tener una empresa pública de aviones y gastar un montón de plata en eso, pero no en que haya una empresa pública que haga casas. Dejamos algo tan básico como el lugar donde vamos a dormir y donde nos protegemos del frío solamente en alternativas privadas. No hay alternativa pública para algo tan básico como la vivienda y el mercado se ha mostrado ineficiente para darle respuestas a la gente en este aspecto”, analiza.

“Un Estado que solamente pretenda regular pierde la batalla de antemano”, responde Monteverde ante la pregunta de qué función cumpliría esa empresa en un eventual gobierno de su espacio. Es, de alguna manera, lo que intentó hacer la ley nacional de alquileres derogada por Milei. Concebir el rol del Estado como un mero regulador de una relación inherentemente desigual, pero cederle el lápiz de la planificación, en términos de Monteverde, al mercado.

Es que el boom de construcción que atravesó la ciudad no significó que hubiera más oportunidades de vivienda para sus habitantes. Rosario mantiene hace treinta años su población estable, alrededor de un millón de personas. Algo similar a lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires pero con mucha más tierra vacante. Esa dinámica por la cual las ciudades de alrededor de Rosario duplican su población “conlleva problemas de movilidad, acceso a servicios, y otros. En ese contexto, la empresa pública de desarrollo urbano no es contra el sector privado. Es trabajar con ellos para que se desarrollen sectores de la ciudad y tengan un margen de ganancia razonable, pero que se le satisfaga la necesidad de vivienda a la población que hoy termina yéndose de la ciudad”, relfexiona.

La comunidad desorganizada

Otro de los hitos de Ciudad Futura como fuerza política fue la aprobación de una ordenanza que prohíbe la construcción de barrios privados. “Yo creo que eso fue clave, porque cuando la desigualdad social se territorializa cuesta mucho más volver para atrás. Las ciudades, con todas sus desigualdades, son el último esbozo de comunidad que queda en la sociedad. Ya perdimos la educación y la salud pública como un lugar donde nos encontrábamos todos y que ahora están asociadas con los sectores populares. Los barrios cerrados son la privatización de todo”, analiza Monteverde.

Otro de los elementos urbanos sobre los que Rosario fue a contramano es en materia de transporte, protagonista de los debates más candentes del momento, a raíz de los aumentos de tarifas y el choque del tren de la línea San Martín hace algunas semanas. La empresa municipal Movi tiene a su cargo un tercio de la flota de colectivos y el sistema de bicicletas públicas de la ciudad. Es la heredera de la empresa SEMTUR, creada por Binner en 2002 en un contexto de crisis del sistema de transporte de Rosario como resultado de la política de privatizaciones y cancelaciones de servicios que habían tenido lugar desde el golpe de Estado de 1976.

La empresa estatal de transporte no solo gestiona el servicio sino que en los últimos años, junto con la Universidad de Rosario y empresas locales, se abocó a la fabricación y renovación de los colectivos. Reconvirtió viejos coches diésel en colectivos eléctricos que ya están en la calle y tiene planeado que unas 20 unidades más circulen de acá al año que viene. Pero, además de Movi, Rosario cuenta con el Ente de Movilidad de Rosario, que trabaja junto con el Ente de Coordinación Metropolitana, un organismo estatal que existe desde 2016, donde la ciudad y sus municipios aledaños coordinan políticas de transporte, entre otras materias. Algo que el área metropolitana de Buenos Aires tiene pendiente.

Rosario, por su parte, tiene pendiente tener un subte y el principal opositor en la ciudad insiste con esto en cada campaña electoral: “Una de las cosas a las que habíamos comprometido a (Sergio) Massa durante la campaña había sido el metro para Rosario. De hecho me junté con el ministro de Transporte de ese momento para planificarlo”, recuerda. Pero más allá del metro, Monteverde hace una última reflexión acerca del transporte, pero que va un poco más allá: “El transporte es clave porque así logramos re-entramar la comunidad de la propia ciudad. La crisis de violencia hace que se empiece a guetizar cada vez más de la ciudad y cada uno se vaya refugiando en sus zonas de seguridad y de confort”.

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