Riesgo fratricida en el sistema político argentino

“No se olvide de los pobres”, fue el consejo del valiente Claudio Hummes, quien fuera arzobispo de San Pablo, fallecido hace unos años, luego de acompañarlo en el Cónclave. Él honró celosamente ese pedido. Si las primeras oraciones lejos de Roma fueron para los inmigrantes olvidados, tratados como descarte y no como semejante, el centro de su papado estuvo en los más humildes –no de casualidad los abandonados por las narrativas del progreso en el mundo actual. Además de enfatizarlo en exhortaciones apostólicas como Evangelii Gaudium, lo expresó al mundo con una metáfora elocuente: “Pastores con olor a oveja”. Hoy se cumple un año de la muerte de Francisco, el argentino más importante de la Historia. 

La interna libertaria de esta semana tiene raíces más profundas de lo que sugiere la coyuntura. Lo que hoy aparece como un cruce de alto voltaje entre figuras del ecosistema digital de La Libertad Avanza remite, en realidad, a un episodio fundacional: octubre de 2023.

En aquel entonces, Lilia Lemoine, candidata a diputada, agitó una propuesta que desbordaba los márgenes del discurso libertario tradicional, lo cual en ese entonces ya era decir mucho: la posibilidad de que los hombres pudieran renunciar a la paternidad. No fue sólo el contenido lo que generó ruido, sino el momento. La campaña transitaba su tramo final y cualquier disonancia amplificaba sus efectos. Fue allí cuando Iñaki Gutiérrez, por entonces uno de los principales administradores del dispositivo digital de Javier Milei, deslizó una crítica que, aunque circunscripta a la propuesta en apariencia, tenía implicancias políticas: la sobreexposición de Lemoine no había contribuido al rendimiento electoral.

En la madrugada posterior a las elecciones generales, cuando todavía se estaban acomodando los resultados y ella acababa de convertirse en diputada nacional, Lemoine ironizó sobre las verdaderas causas del desempeño electoral. No apuntó sólo a Gutiérrez, sino que puso en cuestión decisiones estratégicas más amplias como “la alianza con Barrionuevo” o “la propuesta de vender órganos”. Según reconstruyen actores de aquel momento, el trasfondo no era estrictamente político. Un intendente del conurbano, con oficio en descifrar tensiones, lo definiría con precisión como que la reacción de Lemoine contra Milei respondía a la dimensión humana de los conflictos.

Ese episodio inauguró una fricción estructural entre Lemoine y el ecosistema digital que orbita alrededor de Milei. Sin embargo, la tensión no escaló en ese momento. Lemoine ocupaba un lugar singular: el de la voz disonante permitida. Una anomalía disfuncional, pero tolerada. Un peronista que trabaja con la diputada recuerda aquella frase de Franklin Delano Roosevelt sobre Anastasio Somoza, pero sin la carga despectiva sino con referencias a su estabilidad. 

El conflicto, sin embargo, no desapareció. Quedó latente. Y volvió a emerger con fuerza en los últimos días, esta vez en torno a Sebastián Pareja. La filtración de su número telefónico en redes sociales —un mecanismo clásico de disciplinamiento digital— derivó en amenazas que lo llevaron a realizar una denuncia formal en la Ciudad de Buenos Aires. La investigación judicial apuntó hacia usuarios que se ubicaban cerca de las Fuerzas del Cielo.

La reacción en redes fue inmediata. Pareja pasó de víctima a sospechado: se lo acusó de judicializar a quienes habían sostenido, desde el anonimato digital, la construcción inicial del fenómeno Milei. En ese contexto, se generó un enfrentamiento entre Lemoine y Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, que operó como catalizador de tensiones más profundas. No fue un intercambio aislado, sino un episodio que expuso otros alineamientos. Si se hiciera el ejercicio —casi infantil— de “difuminar” las figuras visibles, como en aquellos juegos ópticos, detrás de Dan podría insinuarse la influencia de Santiago Caputo. Y detrás de Lemoine, la gravitación de Karina Milei. Lo interesante es que, formalmente, ninguno de los protagonistas principales de este episodio —ni Dan, ni Lemoine— responden de manera castrense a una cadena de mando institucional. Esa ambigüedad les otorga un margen de autonomía que, en otros contextos, sería inverosímil. 

Horas después de aquel cruce, Lemoine decidió escalar el conflicto hacia un terreno más cómodo. Lo hizo en La Nación +, en el programa conducido por Luis Majul. Allí, planteó que no se debía seguir considerando a cualquiera que alguna vez haya apoyado a Milei como alguien que responde orgánicamente a LLA y, en ese desfasaje, contribuía a una confusión deliberada por parte de ciertos periodistas. El señalamiento no fue inocuo, pero tampoco inaugural. El malestar del oficialismo con Nicolás Márquez era anterior incluso a que éste pidiera la salida de Manuel Adorni. De hecho, según distintas reconstrucciones, el propio Márquez había sido apartado de una actividad de la Fundación Faro por pedido del propio Adorni.

En ese contexto, Milei intervino. Citó un tuit en el que se sintetizaba la controversia y escribió: “Tiene razón Lilia”. La frase operó como detonador de interpretaciones. En varios sectores —sobre todo en redes— se leyó como un respaldo a Lemoine frente a Dan. Sin embargo, un intercambio privado entre Milei y un joven activista digital a través de WhatsApp –que le advertía la posible confusión–, clausuró momentáneamente el conflicto: el presidente le respondió que sólo podía interpretar así sus palabras alguien con voluntad de malentenderlas. 

En política exterior, el presidente mantiene firme su agenda de alineamientos. Su visita a Israel, donde le fue asignado un rol protagónico en las ceremonias por el Día de la Independencia en el momento de mayor aislamiento de ese país dentro de Occidente, estuvo signada por acuerdos más vinculados a la batalla cultural y la cooperación en seguridad que a un temario de desarrollo económico y tecnológico. El viaje acentuó el carácter ideológico de la mirada exterior presidencial, un problema repetido en el que Argentina paga costos y no recibe beneficios tangibles.

Es el fenómeno que se percibe también en el acuerdo comercial alcanzado con los Estados Unidos. Mientras las noticias desde Washington eran que el gobierno de Donald Trump comenzaba a devolver a las empresas los montos pagados por sus aranceles –tachados de ilegales por la Corte Suprema de ese país, lo que vuelve cualquier ventaja otorgada en ese campo arancelario vacía–, Argentina avanzaba en la implementación de compromisos asumidos en materia de patentes y propiedad intelectual. 

Si bien difícilmente llegue a hacerlo antes de que termine el mes, como se comprometió con Washington, el gobierno esperaba una rápida aprobación en Diputados del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, una de las exigencias de Washington asumidas en el acuerdo comercial bilateral. De aprobarlo, Diputados ratificará, 28 años después, la media sanción que el Senado votó en 1998 –un pasaje del reglamento de las Cámaras de Diputados y Senadores que hace que los tratados y acuerdos internacionales no pierdan estado parlamentario. 

El tratado es, posiblemente, el más inofensivo de los compromisos en la materia asumidos por el gobierno, ya que el acuerdo no tiene aplicación retroactiva ni quita potestades de decisión nacional en el otorgamiento de patentes, sino que homogeniza globalmente requisitos en materia de formularios y presentaciones para quienes persiguen el reconocimiento de una. En lo sustancial, extendería de doce a treinta meses la protección provisoria hasta el otorgamiento definitivo. 

Desde la industria nacional de medicamentos, especializada en genéricos y biosimilares, se quejaban de que la homogeneización evitaría a las multinacionales lidiar con los requisitos regulatorios formales del mercado argentino, lo que probablemente las llevaría a un mayor nivel de patentamiento de drogas extranjeras en Argentina, y por lo tanto un menor margen para la competencia local. Con todo, el Acuerdo ha sido ratificado por países que son grandes productores de genéricos, como Brasil, India e incluso China, por lo que no hay elementos para suponer que el acuerdo debería herir sustancialmente la posición del sector farmacéutico, cuya preocupación parece más integral, ya que está amenazado por las políticas oficiales.

La derogación, por el ministro Federico Sturzenegger, de las resoluciones de 2012 que subieron las exigencias para decir que un medicamento tiene mérito inventivo original, facilita la práctica de las multinacionales de evitar el vencimiento de sus patentes introduciendo versiones apenas marginalmente mejoradas del mismo producto, mientras perjudica a los laboratorios locales, incapacitados de desarrollar medicamentos similares. El Acuerdo con Estados Unidos prevé la ratificación de más elementos de protección de propiedad intelectual antes de diciembre de 2025. 

Para la industria, el perjuicio se complementa con una operación de pinzas, donde el gobierno busca además facilitar la importación de genéricos de China y, especialmente, India, cuyas ventajas en materia de escala y precio hacen muy difícil la competencia para cualquier país del mundo. Con todo, es difícil pensar una solidaridad desinteresada con el sector de farma local, uno de los más impopulares de nuestro país.

Los problemas del gobierno con la industria nacional no se limitan a ese sector. Esta semana, Ricardo Arriazu, acaso uno de los consultores económicos más cercanos a la mirada oficial, advirtió sobre el impacto del programa del gobierno sobre el empleo en el Gran Buenos Aires como el principal riesgo político para la administración. Incluso en la mejor hipótesis –y venimos de un trimestre económico decididamente malo en materia de inflación, salario y empleo– el oficialismo no tiene un plan para las industrias bonaerenses, expuestas a la competencia importadora. 

La idea de que estos problemas serían compensados por el crecimiento de las actividades extractivas en el interior –petróleo, minería, eventualmente algo de agro– supone asunciones sumamente poco realistas sobre la movilidad de los trabajadores y el capital ya hundido en el país. En ese marco, el problema de la distribución económica de ganadores y perdedores del modelo se convierte en un problema político: casi un tercio de los electores del país viven en el Gran Buenos Aires. 

Mientras LLA, entonces, consume energía en una interna suicida con la economía y la imagen del presidente en declive, el peronismo estira la resolución de sus propios problemas. El último capítulo ocurrió a partir de un análisis de Horacio Verbitsky, acaso el observador con mayor densidad informativa del universo de Cristina Fernández de Kirchner. Verbitsky expresó que la expresidenta podría apoyar a cualquier candidato en una interna contra Axel Kicillof. La relación entre Cristina y Kicillof ya no se explica en los términos de delegación política que caracterizaron la etapa anterior. Hay, en cambio, una tensión que combina expectativas frustradas, lecturas divergentes del presente y, sobre todo, del futuro. Pero esa tensión está condicionada por un dato estructural: el diseño electoral de 2027. ¿Habrá PASO? ¿La provincia de Buenos Aires votará unificada con la Nación o desdoblará? Es allí donde la narrativa le deja paso a la ingeniería. Y donde podría aparecer, eventualmente, un punto de negociación.

En paralelo, algunas declaraciones dejan entrever el estado de ánimo de ciertos sectores. Oscar Parrilli, en diálogo con Mariano Martín, insinuó —se podría suponer más por reflejo que por estrategia— que un segmento del peronismo podría incluso votar en blanco si Cristina no fuera candidata. Cristina es, probablemente, la figura más gravitante del sistema político argentino desde Juan Domingo Perón. No sólo por su capacidad de acumulación de poder, sino por su resiliencia: logró sostener centralidad aun enfrentando a medios, sectores empresariales, parte del Poder Judicial y dispositivos de inteligencia. Para algunos, la “liberación” de Cristina debería ser, si no el eje de campaña, al menos un compromiso explícito —público o reservado— de cualquier candidato competitivo. Ahí aparece una paradoja que incomoda y, por eso mismo, suele ser evitada.

¿Qué ocurriría si esa consigna —la centralidad de la situación judicial de Cristina— fuera electoralmente costosa? ¿Y si, en un escenario hipotético, un candidato que no fuera Kicillof necesitara ampliar su base más allá del núcleo duro? Más aún: ¿y si la sociedad demandara una propuesta creíble de estabilización económica —un programa antiinflacionario con “rostro humano”— donde esa agenda judicial resultara un obstáculo?

La pregunta es si el peronismo podría invertir el razonamiento: no hacer de la situación de Cristina un eje de campaña para maximizar su competitividad electoral, obtener, así, mayor poder político y, eventualmente, desde el gobierno, tomar esas decisiones que hoy aparecen como impopulares. Cuando esa hipótesis circula en ámbitos kirchneristas, la reacción suele ser de rechazo inmediato. No sólo por lealtad sino porque Cristina no es percibida como una variable más dentro del sistema, sino como su organizadora. Quitarla del centro, incluso de manera transitoria, implica reconfigurar identidades, liderazgos y, en última instancia, el sentido mismo del espacio.