Qué puede hacer, qué hace y qué no el Estado ante el aumento de los suicidios

En septiembre de 2022 el Ministerio de Salud de la Nación lanzó una línea de atención telefónica para urgencias de salud mental. Las situaciones a atender podían ser muchas pero una de las más importantes era prevenir el suicidio. Ese año cerró con el dato de 3.221 personas que se quitaron la vida, casi un 10% más que en 2021. 

El teléfono funcionaba las 24 horas los 365 días del año. Las operadoras que atendían eran psicólogas del Hospital Bonaparte, el único especializado en salud mental que depende del Estado nacional. Se habían formado especialmente para dar contención, ya sea a una persona en crisis como a familiares y amistades. También hacían un seguimiento y coordinaban con todas las provincias para hacer la derivación. 

Cuatro años después, el 0800 999 0091 figura en la web del Ministerio de Salud y en las redes sociales del Bonaparte. Es una de las primeras cosas que cualquier persona con una crisis de salud mental encuentra al googlear. Pero esto es lo que pasa al llamar: 

Usted se ha comunicado con el dispositivo de orientación y apoyo en la urgencia de salud mental del Hospital Bonaparte. Espere y será atendido. 

Usted está en la posición tres a la espera de hablar con un agente.  

Usted está en la posición dos a la espera de hablar con un agente.  

Su llamada es ahora la primera en línea y será respondida por el próximo agente disponible. Gracias por su paciencia. 

En este momento todos los profesionales se encuentran atendiendo otras consultas. Por favor, aguarde en línea o comuníquese a la brevedad. 

Así durante una espera de entre cinco y ocho minutos las diez veces que Cenital intentó llamar.  

Desfinanciamiento nacional

La línea telefónica del Hospital Bonaparte es apenas una parte del desfinanciamiento y desmantelamiento de las políticas de salud mental en todo el país. Desde que asumió la gestión de Javier Milei no hubo prácticamente ninguna política a nivel nacional ni un contacto fluido con las provincias, según especialistas, funcionarios y exfuncionarios de distintas regiones entrevistados por Cenital sobre políticas de salud mental. 

Argentina tiene una Ley de Salud Mental desde 2010, la N° 26.657, que trajo un nueva visión para abandonar el modelo que dominó el mundo desde fines del siglo XIX: internar en manicomios y medicar de por vida. Es una ley con consenso. En 2022 representantes de 23 provincias se pronunciaron a favor de avanzar en su implementación. 

La ley define la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, sociales, económicos, culturales, biológicos y psicológicos, vinculado a la construcción social de los derechos humanos, y no como algo puramente médico o biológico. 

Así como en 2006 la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) planteó transversalizar los contenidos de ESI a todas las materias y niveles de educación, la Ley de Salud Mental propone algo parecido dentro de las áreas de salud. Y va más allá. Aún diez años antes de la pandemia, la ley pensó a la salud mental como una política que debe atravesar los distintos niveles del Estado. Además, tiene un enfoque interdisciplinario: la atención debe estar a cargo de un equipo con psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras profesiones, y no le da una jerarquía obligatoria al psiquiatra.

Uno de los puntos clave de la ley es el ítem de presupuesto. El artículo 32 establece que, en un plazo máximo de 3 años desde la sanción, el Poder Ejecutivo debe incrementar el presupuesto de salud mental hasta alcanzar un mínimo del 10% del presupuesto total del Ministerio de Salud. 

En los 16 años que lleva vigente este punto nunca se cumplió. El presupuesto jamás superó el 2.66%. Y la inversión prevista para 2026 alcanzó uno de sus niveles más bajos, con apenas el 1,42%. 

Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia que evalúa los fondos destinados a salud mental reveló que el presupuesto proyectado es un 32,6% inferior al ejecutado en 2023, último aprobado por el Congreso. Para las acciones específicas de la Ley de Salud Mental había apenas 48 millones de pesos, lo que implica una reducción del 91,6% respecto a 2025.

El ministro bonaerense, Nicolás Kreplak, dio un ejemplo ilustrativo a Cenital:

–Ese presupuesto de 48 millones de pesos es lo mismo que cero. No alcanzan ni para el sueldo de la directora.  

Una ley específica

Dentro del paradigma de la ley de salud mental, en 2015 el Congreso sancionó la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, la N° 27.130, reglamentada recién en 2021. Declara de interés nacional la atención, la investigación, la capacitación profesional y la asistencia a familias y entornos de víctimas de suicidio, llamada también posvención. 

La Ley obliga a crear un sistema de registro estadístico de intentos y muertes consumadas. Y ahí está uno de los puntos clave de la suba de suicidios que se registra en los últimos años.  

En 2022 empezó una política para llevar adelante ese registro y en abril de 2023 pasó a ser obligatorio notificar los intentos de suicidio. Muchos atribuyen el aumento de la tasa a que se empezó a registrar más y mejor. También dicen que aún es difícil confiar en las estadísticas nacionales porque la forma de registrar es distinta en cada provincia. 

Según la ley, toda persona que intentó suicidarse tiene derecho a ser atendida, con prioridad para niños, niñas y adolescentes. La confidencialidad es obligatoria y la asistencia debe ser cubierta por obras sociales y prepagas. La ley creó el Programa Nacional de Prevención de Suicidio para impulsar políticas como capacitación, campañas de comunicación, recomendaciones a medios y la creación de una línea telefónica gratuita de escucha en crisis. 

Ese teléfono es el que funcionaba en el Hospital Bonaparte y que hoy está obsoleto. Hay provincias que tienen una línea propia. Para otras, como Tierra del Fuego con 200 mil habitantes, es directamente imposible hacer una inversión semejante para sostener una línea 24 horas, cuando entran apenas unos llamados por semana. 

Existen otras líneas, como el 135 de atención al suicida, pero solo responde en la Ciudad de Buenos Aires y es privada, no trabaja con los mismos protocolos que la salud pública. En esa cruzada, más desde la sociedad civil, hasta se han organizado para custodiar puentes y evitar que la gente se tire. En el que une a Chaco con Corrientes surgieron “Los ángeles del puente”, una organización evangélica que para julio de 2024 se atribuía el rescate de más de 70 personas con intenciones de suicidio. Y hay grupos similares en puentes de otras provincias. 

La prevención de Nación

Cenital se comunicó con la vocería del Ministerio de Salud Nacional que conduce Mario Lugones para conocer cuáles son las acciones de prevención de suicidio que se llevan adelante. Contestaron sólo por escrito ante nuestras preguntas sobre sus funciones y el articulado con las provincias.

El Programa Nacional sobrevivió a los recortes que hubo en todas las áreas de Salud Mental. Y hace lo siguiente: 

• Desarrolla acciones y estrategias de sensibilización para la población general. 
• Trabaja en el fortalecimiento del abordaje comunicacional y promueve estrategias intersectoriales de la problemática a nivel local. 
• Garantiza el abordaje temprano e integral del riesgo de suicidio, el fortalecimiento de la red de atención y la calidad de los registros sobre muertes por suicidio e intentos de suicidio. 
• Trabaja de manera articulada con las 24 jurisdicciones del país. 

¿Cómo pretenden lograr estos objetivos? Según comentaron a Cenital, con “puestas en común y acuerdo que se traducen en documentos técnicos de recomendaciones bajo consenso nacional”, desde 2025 hay acuerdo para “el intercambio de información semestral sobre los motivos de internación por salud mental de niños, niñas y adolescentes en efectores tanto públicos como privados” del que participan 10 provincias y un curso virtual autoadministrado que en 2026 va por su cuarta edición.

Las provincias consultadas por este medio negaron que haya políticas nacionales de salud mental. La respuesta fue tajante: en tres años y medio no hubo convocatoria a trabajar en políticas de salud mental ni de suicidio. 

Recortes y ajuste

En enero de 2024 hubo una sola convocatoria al Consejo Federal de Salud Mental, del que venían participando las gestiones de todo el país desde 2014. El encuentro virtual duró 30 minutos y nunca más volvió a hacerse. Tampoco hubo una bajada de presupuesto o de líneas de acción. Al contrario, las provincias salieron a cubrir lo que el gobierno nacional cerraba o recortaba. 

En el Consejo Federal las provincias habían desarrollado el Plan Nacional de Salud Mental 2023-2027, reglamentado en septiembre de 2023 por el Ministerio de Salud. En la nueva gestión nunca se ejecutó. 

El ajuste alcanzó a los medicamentos psicotrópicos que estaban en el Plan Remediar y que llegaban a las personas con discapacidad. También achicaron las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental (RISaM), que formaban profesionales en cinco disciplinas: enfermería, medicina, psicología, Terapia Ocupacional y Trabajo Social. 

En abril, el todavía jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció en X que el gobierno estaba impulsando una modificación a la Ley de Salud Mental. El argumento: la ley actual no funciona. Desde el Gobierno dijeron que solo 16 provincias se adhirieron a la norma. 

Las modificaciones más importantes son eliminar la prohibición a crear nuevos hospitales psiquiátricos, reemplazar la terminología “padecimiento mental» por «trastorno mental», ampliar el criterio para hacer internaciones involuntarias y limitar quién puede firmar la internación involuntaria: hoy se exigen dos profesionales de distintas disciplinas, el proyecto busca que solo lo haga un psiquiatra.

La propuesta generó rechazo de la mayoría de las provincias, que emitieron un documento durante un encuentro en Mar del Plata. Sobre el último punto, organizaciones y centros de estudios objetaron que Argentina tiene menos de 5 mil psiquiatras, concentrados casi la mitad en CABA, lo que vuelve al requisito poco realista.

La crisis en el fin del mundo

David De Piero llegó a Tierra del Fuego en 2010. Es psicólogo y se mudó para coordinar un centro de adicciones en la provincia más austral del país. Desde 2020 es secretario de Salud Mental y Problemáticas de Consumo. 

Tierra del Fuego aparece en el imaginario social como un lugar difícil para la salud mental. Hay una idea de que ahí la gente se suicida más. 

–Acá el suicidio se percibe como un tema alarmante y se cree que es una provincia con una tasa de suicidios altos. La idea del fin del mundo, la poca luz, el frío, son discursos arraigados en lo mediático, lo cotidiano y hasta lo profesional.

De Piero pone un ejemplo. En Ushuaia está instalada la idea de que es una ciudad encerrada por montañas y que asfixia no poder ver el horizonte. Un día hablando con un colega de La Pampa le decía que allá pasaba lo mismo con la llanura: a ese horizonte lejano e interminable la gente le atribuía un futuro inalcanzable. 

–Cuando el contacto con la geografía es más fuerte suele pasar que se le atribuyen características propias. ¿Cómo proyectamos en el entorno cuestiones de salud mental, cuál es el horizonte y las expectativas? No hay que descalificar los mitos sociales, sino pensarlos porque encierran verdades comunitarias. 

Lo cierto es que no hay datos que digan que en invierno la gente se suicida más ni tampoco los domingos a la tarde. La tasa en Tierra del Fuego se mantiene estable y es igual a la nacional, entre un 10 y un 12 cada cien mil habitantes. Hubo una baja durante la pandemia a 7.5 y coincidió en todo el país. Al consultarlo por los datos que muestran un aumento del 20% a nivel nacional, Di Piero no desconfía pero no los valida. 

–No es lo que registramos a nivel local y no es lo que venimos registrando con otras provincias. Me gustaría saber cómo se construyó esa estadística. 

Con Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Neuquén y Tierra del Fuego registraron que entre 2019 y 2024 las consultas de salud mental subieron un 134%. Lo mismo pasó con las internaciones por razones de salud mental, crecieron un 80%. 

 –En la pandemia bajaron las consultas de todo lo que no era covid y después crecieron de una manera alarmante. La exclusión, la inestabilidad, los lazos que rompió o que dejó en descubierto la pandemia impactaron. Vimos un aumento en los trastornos en la adolescencia, las crisis de angustias y ataques de pánico en los chicos, pero no vimos que se refleje en la tasa de suicidio. 

Cuando piensa en las políticas de Estado para prevenirlo lo primero que nombra son los datos con buenos registros para comparar entre provincias. En Tierra del Fuego crearon un observatorio para eso. 

También trabajan la prevención en jóvenes y en adultos mayores, donde suelen ser más frecuentes. La provincia adhirió a la Ley de Salud Mental y creó un programa de abordaje del suicidio con distintas líneas: talleres para hablar del tema en la escuela y en las familias, campañas publicitarias y tratamiento en los medios. Capacitan a los agentes de primera intervención, como la Policía, y cómo actuar ante un intento de suicidio o una situación de una persona con una crisis de salud mental. Y también trabajan en la posvención con las familias y las escuelas.

–Ese trabajo preventivo es para que no haya un efecto contagio. 

En lo que coincide con otras gestiones es que la prevención no se trabaja desde lo individual: la asistencia tiene que ser desde lo comunitario. Y eso es lo que no ve a nivel nacional ni en los cambios propuestos en la ley de salud mental. 

–Va en otra dirección a lo que promueve la ley de 2010. Que la internación sea el primer recurso como si fuese el modelo de cura, pensar que las urgencias son lo único, la primacía de la psiquiatría como disciplina, hablar de trastorno mental en vez de padecimiento, todo eso atrasa. 

Las reformas a la ley no fueron presentadas antes a las provincias para que puedan dar su opinión. “La directora dijo en el Congreso que nos habían consultado pero eso nunca pasó. La relación no es mala ni buena, es inexistente”, cierra De Piero. 

Seis por día

En la provincia de Buenos Aires hay seis suicidios por día y pasó algo inédito: se convirtió en la principal causa de muertes externas y por primera vez es superior a la suma de accidentes de tránsito y homicidios juntos. 

“Siempre estuvo primera la muerte por accidente, sobre todo en población joven, hoy es el suicidio entre los 20 y los 35 años”, dice el ministro de Salud, Nicolás Kreplak. 

Después de la pandemia, y en los últimos cinco años, las internaciones crecieron un 98% en adolescentes y un 71% en la población total. Y subió 100% la demanda ambulatoria, tanto en las guardias como a la hora de pedir turnos. 

–No estamos viendo un aumento por problemas típicos psiquiátricos, sino por consumo y mucha angustia, ansiedad, ataques de pánico, depresión. 

Kreplak dice que en salud nunca hay una causalidad, menos aún cuando hablamos de la subjetividad. Explica que la crisis en salud mental es mundial y tiene que ver con las consecuencias de la pandemia pero empezó antes. Y en Argentina se suma la crisis de los últimos años. 

–La cuestión económica hace que sea más difícil pensar en un proyecto de vida. Y eso en el último tiempo empeoró, sobre todo en las personas más jóvenes. Cambió mucho la expectativa de poder resolver las cosas, sumado al consumo digital y el aislamiento que eso produce. 

En los talleres de salud mental que la provincia da en las escuelas, pensados como los espacios de ESI, lo que más demandan adolescentes y jóvenes son lugares de escucha y espacios comunitarios. 

El programa “La salud mental la hacemos entre todos y todas” y surgió de la consulta a los centros de estudiantes. Midieron los resultados y en las escuelas donde se producen estos talleres hay menos intentos de suicidio, problemas de salud mental y de adicciones. “Se abren puertas y se conecta con el sistema de salud”, dice.

En Buenos Aires el área de Salud Mental está jerarquizada en una subsecretaría y armaron un plan quinquenal. Una de las acciones fue sacar al 60% de los pacientes crónicos que estaban hacía décadas en los hospitales neuropsiquiátricos. Construyeron y alquilaron alrededor de 500 casas donde viven con asistencia de personal de salud. 

–Implica un cambio total en su vida. Gente que por primera vez en muchos años comió un bife porque no le daban un cuchillo. 

Además, en todos los hospitales generales aumentaron las guardias en salud mental, las camas para internarse unos días, estabilizarse y salir, y construyeron 200 centros comunitarios de salud mental para ir tres o cuatro veces por semana a hacer talleres y tener seguimiento. Como la psicología clásica una vez por semana es difícil de sostener, fueron incorporando un modelo de atención con intervenciones grupales. También se hicieron cargo de 15 mil personas a las que le recortaron la medicación de Remediar y aumentaron un 1800% el programa de medicamentos provincial. 

Ahora están trabajando en una nueva etapa. Diseñaron un dispositivo para evaluar las políticas y una estrategia de trabajo en cada municipio con nueve dispositivos específicos de salud mental. Uno es la mesa de suicidio, donde participan organizaciones, iglesias, clubes y el ministerio. 

–Trabajamos en la visibilización y en la contención, qué pasa cuando hay un suicidio y con los intentos y qué puede hacer ese entorno.  

Otra línea es la capacitación en primeras escuchas para quien atiende en cualquier dependencia del Estado, desde una mesa de entrada hasta la Policía. Y tienen una línea específica de atención: el 0800-222-5462. 

Sin nada

Para Kreplak, el gobierno nacional no tiene ninguna política de salud en general, ni de salud mental en particular. 

–La idea de cambiar la ley es una cuestión de manipulación mediática. Tiene que ver con una vieja discusión corporativa de quién puede ser jefe de servicio, si los psiquiatras o psicólogos. 

Como en otras provincias, en la de Buenos Aires los recortes se sintieron, tanto en medicamentos, residencias como en la nula bajada de presupuesto y lineamientos. Y agrega algo más: es necesario poner el foco en la salud privada. 

–Las prepagas y obras sociales tienen casi nula capacidad, inversión o decisión de resolver problemas de salud mental. Incluso pagando un millón de pesos a una prepaga, la gente pone de bolsillo el copago. Las obras sociales lo mismo, tenés que pagar encima la consulta de un psicólogo. Y el sistema público es el que se termina haciendo cargo de las crisis. La problemática de salud mental afecta a todos pero solo el sector público se está haciendo cargo. 

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires hay una Dirección de Salud Mental con un nuevo director, que asumió a comienzos de julio. Desde el Ministerio que conduce Fernán Quirós no quisieron dar información a Cenital sobre qué políticas llevan adelante. Tampoco quién es el nuevo director. 

En Rosario también

En 2025 los suicidios pasaron a ser la principal causa de muerte violenta en la provincia de Santa Fe. El indicador llamó la atención porque hasta hace unos años los homicidios eran los protagonistas de todos los análisis. Detrás del dato hay varias explicaciones: la baja de muertes en contextos de violencia urbana que se registró en Rosario, una mejora en la forma de registrar y un incremento real. 

Gonzalo Chiesa es docente universitario y viene de un recorrido en la salud pública, primero como director de un centro de salud de su pueblo, hoy como coordinador de Gabinete del Ministerio de Salud de Santa Fe. Tiene bajo su ala la Subsecretaría de Salud Mental. Chiesa es otro de los que está en contra de la modificación de la ley. 

–Deberíamos estar discutiendo su plena implementación y no la letra chica de los artículos. Algunas modificaciones son complejas. El psiquiatra como una figura casi central es preocupante. 

En Santa Fe el camino de implementar la ley llevó a jerarquizar el área y a pensarla a nivel territorial, con coordinaciones de salud mental en cada uno de los seis nodos de la provincia. Crearon un Plan Provincial de Salud Mental con una planificación hasta 2028 en base a varios ejes. Incluyen la construcción de nuevos dispositivos que sustituyen a hospitales psiquiátricos, que pasaron de 112 a más de 170, con cooperativas, oportunidades sociolaborales y espacios artísticos. También fueron en la línea de crear casas comunitarias. La primera está en Baigorria, cerca de Rosario, y es una vivienda recuperada del delito. Además, crearon 50 juegotecas con lo lúdico como una forma de salir del consumo problemático de tecnología. 

Sobre la relación con el gobierno nacional, repite lo mismo que sus colegas: “Hubo algunas reuniones muy esporádicas que no tienen sentido colectivo. En una dijeron que las líneas prioritarias eran alzheimer, que para nosotros no lo es, y la otra era suicidio. Eso nos resultaba interesante pero después no se volvió a convocar ni se puso un plan estratégico, presupuesto, capacitaciones o algo”. 

La estrategia para atender el suicidio funciona en varios ejes a través de un programa específico. Hacen mesas intersectoriales en cuatro regiones donde participan el Estado, organizaciones sociales, culturales y religiosas, clubes y familias para hablar del tema y cada región hace su diagnóstico. También forman a los equipos de salud con una guía de abordaje que pueden aplicar desde un centro de salud hasta un hospital o la misma comunidad. Hicieron una campaña de comunicación con la premisa de que todos podemos escuchar, no solo un profesional. Y crearon 100 capacitaciones específicas sobre suicidio para personal de salud, de otros ministerios y medios de comunicación. 

–Había como el gran mito de que hablarlo provoca contagio. Se había generado una suerte de silencio no solamente en los medios, sino en lo comunitario, como si no hablar solucionara las cosas. Y se trata de escuchar. Cuando alguien tiene un malestar tan grande a veces alcanza con poner la oreja. No se trata solo de que haya más psicólogos sino de que todos los involucremos. 

A nivel provincial la atención telefónica está centralizada en el 107. Antes trabajaban con el Bonaparte. Y en Rosario se dio un fenómeno parecido al que señalaba Kreplak desde Buenos Aires. 

“La mayoría de las personas que llaman no tienen relación con el sistema de salud pública sino que vienen del sector privado, con obras sociales y prepagas, pero en el caso de suicidios o intentos recurren al sector público”, dice Fernando Vignoni, subsecretario de Salud y Territorio de Rosario. 

La mayoría de los suicidios en esa ciudad no son en adolescentes sino de varones de 25 a 45 años. Y esa es la población a la que es más difícil llegar. 

–Son las personas que menos contacto tienen con el sistema de salud. También tiene que ver con las masculinidades, con cómo se forma la identidad de género, con aguantar y no consultar. Y en los contextos de crisis eso se agrava porque la gente va posponiendo la atención en salud. Por eso hay que pensar estrategias para esa población de varones. 

Menos castigo y más escucha

Si bien la provincia de Santa Fe se hace cargo de los recortes de Nación, tanto en medicamentos como en residencias, el gobernador Maximiliano Pullaro muchas veces en su discurso plantea posturas cercanas a Javier Milei. 

Celina Pochettino coordina el Centro de Estudios Salud Mental, Memoria y Transformación, y reconoce las políticas provinciales y municipales pero pone el ojo en el avance de un discurso punitivo en el área de salud. “No solo el gobierno nacional no destina presupuesto sino que genera una subjetividad que derrama en las provincias. Se hacen cargo de los recortes, pero también vemos incidencia en la forma de abordar los temas”. 

Pone el ejemplo del tiroteo en marzo de este año en una escuela en San Cristóbal, en el norte provincial, en el que un adolescente mató a un compañero. 

–Ahí vimos un discurso desde lo público que buscaba castigar a los jóvenes y las familias, antes que pensar qué les pasa a nuestros jóvenes que están expresándose de esa manera. Como si se pudiera resolver estos fenómenos desde el Ministerio de Seguridad, antes que de Salud. No es una cuestión de falta de recursos sino de dónde se ponen y de con qué perspectiva. 

¿Y qué puede hacer la IA por nosotros?

Abrir el celular y preguntarle al chat GPT parece más fácil y barato que conseguir un turno en la salud pública o pagar una consulta privada. Una nota de Victoria O’Donnell publicada en Cenital explica que muchas aplicaciones son desarrolladas por empresas sin protocolos adecuados ni profesionales de la salud mental: se estima que menos del 2% cuenta con estudios clínicos aprobados que respalden su eficacia.

A fines de marzo el gobierno de Entre Ríos anunció la primera inteligencia artificial de América Latina para orientar a padres y docentes en salud mental. La noticia en pocos días recibió la crítica de más de 20 organizaciones, federaciones y colegios de profesionales de la salud mental. 

Carlos Bergara es médico psiquiatra, especialista en salud mental, y trabajó desde 1999 en el ámbito público de Entre Ríos como médico. Fue director de Salud Mental de la provincia entre 2015 y 2023. Actualmente está en la salud privada. La provincia tiene la tasa de suicidio más alta del país, con 19,8 casos cada 100.000 habitantes. “Siempre tuvimos indicadores de suicidios altos. Por eso todos los que trabajamos en salud mental sabemos que es un tema central”, dice. 

Las razones no escapan a las teorías generales: contexto económico, social y cultural, inserción educativa y laboral, proyección a futuro. Durante su gestión, hicieron estudios en localidades donde hubo suicidios de jóvenes y se generó un efecto contagio. Y se encontraron con que en pleno proceso de desarrollo de las expectativas de vida los chicos veían a sus padres desocupados o mal económicamente y eso les mostraba un horizonte hostil y negativo. Por eso trabajaron en cambiar esa mirada. 

–Cuando uno lograba generar otras realidades, rescatar ámbitos de recreación deportiva, artística, la escuela, desarrollo laboral y académico, una idea futuro posible, cambiaba un poco esa realidad. No es un esfuerzo solo de salud. También entraban educación, cultura, desarrollo social, deportes, hasta cine móvil. 

En relación a la IA lanzada por la provincia, Berbara es crítico. Dice que el uso de las tecnologías basado en evidencia científica siempre logró avances en el área de la salud. 

–Ahora, cuando la tecnología se utiliza solo porque el dispositivo está y no se piensa en un proceso verdaderamente estratégico se transforma en un problema más. Y es lo que pasó acá. Se lanzó una propuesta ajena a cualquier criterio razonable de ejercicio de lo sanitario. No tuvo un proceso de construcción colectiva que es lo que hay que hacer cuando le proponemos algo a la comunidad. 

Para él, las inteligencias artificiales deben ser reguladas por el Estado, con protocolos, normas y comités científicos que ordenen y validen su uso. “Es una tecnología que le puede dar muchísimo a la humanidad. Pero los motores de inteligencia artificial son diseñados y vendidos por empresas privadas que tienen otros móviles totalmente diferentes a los que puede tener un Estado a la hora de organizar una comunidad en cuidado y en progreso”. ¿Pero qué se puede hacer cuando ese uso ya está entre nosotros? 

¿Está entre nosotros?

Laura Poverene piensa que el Estado debe desplazar su mirada de la mera oferta institucional para leer la demanda real de época. Es doctora en Salud Mental Comunitaria y pone el foco en que las personas no esperan de manera pasiva en la ventanilla de un hospital: construyen un recorrido para dar sentido, aliviar o resolver un padecimiento. Y ese recorrido empieza en la pantalla del celular.

–No alcanza con que un centro de salud simplemente exista si el acceso implica atravesar barreras, esperas y distancias insalvables. En una sociedad que gestiona la búsqueda de amor, alimentos, sexo e información a través de una aplicación, el entorno digital ofrece inmediatez, disponibilidad absoluta y el manto protector del anonimato frente al estigma social. La inmediatez de la pantalla denuncia la lentitud de las instituciones.

Igual, tiene peros. Para Poverene si bien la IA ofrece respuestas rápidas, es un software bajo una lógica de complacencia algorítmica y es incapaz de comprender la raíz de una angustia. Y ante una crisis subjetiva, es irremplazable el encuentro con otra persona. 

–El lazo terapéutico trasciende el mero intercambio de datos, implica la construcción de un vínculo en el cual el sufrimiento cobra un sentido nuevo y puede ser sostenido por otro que pueda nombrar, interrogar y acompañar esa vivencia. 

Poverene piensa que la tecnología digital puede servir como una herramienta de gestión interna para el Estado pero que no se puede delegar la escucha, la contención o el diagnóstico. 

Kreplak opina que el uso de la IA y de dispositivos que te contestan automáticamente en salud es peligroso y grave. “En salud no usamos la primera herramienta que sale porque sí. Primero investigamos que sea segura, que no produzca daños. Como los medicamentos, se estudian antes de darlos. No puedo poner una IA porque la tengo a mano”. 

Para el ministro bonaerense lo que sería interesante es que las IA desarrollaran una forma de alerta para activar el contacto con el sistema de salud. 

–Si no es solo ganancia. Son multimillonarios que nunca tienen que pagar por lo que generan con sus herramientas. Tienen los recursos para al menos activar al sistema de salud.

Lo que sí avanzó en el sector público es el uso de la tecnología para consultas virtuales. Así como en la pandemia muchos psicólogos y psicólogas del ámbito privado migraron sus pacientes a la llamada o videollamada, en varias provincias hay teleasistencia para llegar a donde no hay psicólogos o psiquiatras. Lo que no relegan es que siempre del otro lado haya un humano dispuesto a escuchar. 

No somos Dinamarca

En enero varias provincias advirtieron al gobierno nacional sobre la problemática del siucidio en Argentina. Los funcionarios de las áreas de Salud Mental de once gobiernos le mandaron una carta a la directora nacional Liliana González donde alertaban sobre el aumento de intentos y muertes consumadas y la falta de políticas al respecto. La carta nunca fue contestada. 

González es psiquiatra y viene del ámbito privado: dirige la famosa Clínica Psiquiátrica Dharma. En los tres años que lleva en la gestión fue al menos dos veces al Congreso. Una en abril pasado para defender las reformas a la ley de Salud Mental, criticada por dar más poder a los psiquiatras. La otra en septiembre de 2024 en el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Ahí dijo que era importante una política a largo plazo, con foco en los adolescentes y en la vigilancia epidemiológica, es decir, en los datos bien construidos. También mostró el ejemplo de Dinamarca, que en 20 años disminuyó la tasa de suicidio de 38 por cada cien mil habitantes a 11.4. 

“Claro, esto con otro tipo de población y presupuesto”, aclaró antes de mostrar las diapositivas de hospitales daneses modernos.

Esta nota es parte del especial Mejor hablar de ciertas cosas. Podés leer todos los artículos acá.

Si necesitás hablar con alguien te dejamos algunas líneas de acompañamiento, apoyo y orientación en salud mental.

Hospital Nacional Laura Bonaparte 
Guardia telefónica adultos
4305–0091 al 96 — Interno 1155
Guardia telefónica de Niños, niñas y adolescentes 
4912–3673 de lunes a viernes de 9 a 122 horas.

Hospital Elizalde (Atención hasta 18 años)
4363–2200 internos 6209–6057–6024
Lunes a viernes de 9 a 15 horas

Provincia de Buenos Aires
0800 222 5462
La línea es gratuita y funciona de lunes a viernes de 8 a 24h y los fines de semana de 10 a 22h.

SOS Un amigo anónimo
Teléfono de línea es (011) 5263–0583
De lunes a viernes de 10:00 a 19:00hs
Sábados de 10:00 a 16:00hs.
O gratis a través de su web.