¿Qué políticas de alquileres deberían implementarse en la Ciudad?
Especialistas y legisladores proponen instrumentos de marcada eficacia que aún no han sido probados en Buenos Aires.
La crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, consecuencia de un déficit estructural de años, presenta una paradoja: se vino desarrollando a la par de un boom inmobiliario. El resultado es una ciudad con oportunidades y formas de acceso a la vivienda cada vez más desigual. En este contexto, el paradigma de “la casa propia” se convirtió en un eslogan de otra época, aniquilado por la distancia cada vez mayor entre los ingresos de los hogares y el valor de las propiedades.
“Alquilar dejó de ser una etapa transitoria y hoy es la única forma de tener un techo para cientos de miles de familias”, dice Victoria Freire, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña. Prueba de ello es el cambio estructural en las formas de tenencia: en los últimos veinte años, la proporción de hogares inquilinos pasó del 24% en 2003 al 36,2% en 2025, en detrimento de los hogares propietarios.
El fenómeno se produce en un marco de crisis económica y deterioro de los ingresos de los hogares. Esto hace que, si bien en el último tiempo el valor real de los alquileres regresó a los niveles observados hace una década atrás, lo hace con salarios reales un 23% más bajos que en aquel entonces. Como consecuencia, el alquiler (y las expensas) absorben una porción cada vez mayor de los ingresos.
A las dificultades económicas se le suman otras barreras, como las exigencias de garantías y los costos iniciales de contratación, que pueden verse agravadas por prácticas que incumplen la normativa vigente, como el cobro de comisiones a los inquilinos o el traslado de gastos que corresponden a los propietarios.
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SumatePor último, la composición y distribución territorial de la oferta también condicionan las posibilidades. En un mercado inmobiliario cuyo desarrollo está orientado principalmente por criterios de rentabilidad, predominan las unidades de uno y dos ambientes, lo que limita las alternativas disponibles para familias, hogares de mayor tamaño o necesidades habitacionales diferentes. Al mismo tiempo, las comunas que concentran la mayor cantidad de publicaciones son aquellas que presentan los alquileres más elevados: la oferta es considerablemente menor en áreas más económicas de la ciudad, lo que termina por cristalizar las desigualdades en el territorio.
Las políticas tradicionales no alcanzan
La magnitud de estos desafíos exige revisar no solo los instrumentos disponibles, sino también el enfoque desde el cual se los aborda ya que durante décadas, buena parte de las políticas públicas estuvieron orientadas a facilitar el acceso a la vivienda en propiedad.
“Las políticas en Argentina están atrapadas en el imaginario de la casa propia”, plantea Manuel Socías, presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA). Desde su perspectiva, tanto los programas de acceso a la propiedad como los instrumentos orientados a expandir el crédito hipotecario comparten una misma limitación y es que no logran alcanzar la escala necesaria para resolver el problema.
Esto no implica desconocer los beneficios que este tipo de políticas representan para quienes acceden a ellas, sino asumir que buena parte de los hogares queda por fuera de su alcance. En este sentido, Socías propone “un abordaje de política pública que pase del sueño de la casa propia al paradigma de la casa segura, donde no importa tanto el tipo de tenencia sino más bien las condiciones, acceso y permanencia, donde vale más la estabilidad, la seguridad, la previsibilidad más que el título de propiedad en sí”.
“Las políticas específicas del gobierno porteño para el mercado de alquileres son limitadas e insuficientes”, dice la legisladora Manuela Thourte, presidenta del bloque UCR/Evolución. Thourte se refiere a los programas que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) desplegó a partir de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta: Garantía + Fácil, Alquiler + Fácil y Refacción + Fácil.
En respuesta a un pedido de informes de la legisladora, el Ejecutivo indicó que entre 2021 y 2025 solo se concretaron 827 Garantía + Fácil (que subsidia el 70% del costo de un seguro de caución para facilitar el alquiler sin presentar una garantía propietaria) y que el año pasado los otros dos programas (créditos sin interés de hasta tres meses de alquiler para cubrir los gastos iniciales y financiamiento para reparar viviendas desocupadas) directamente no tuvieron beneficiarios. “Los resultados muestran que no alcanza con estos programas: es necesario revisar su alcance, su funcionamiento y su capacidad efectiva para resolver los problemas de los hogares”, explica la legisladora.
Más garantías y ‘matcheos’ entre propietarios e inquilinos
Una de las propuestas que reúne mayor consenso entre los especialistas consultados es, justamente, la creación de un sistema público de garantías. “Muchas veces conseguir una garantía propietaria es imposible, especialmente para jóvenes. La alternativa, el seguro de caución, es carísimo”, dice el legislador Emmanuel Ferrario, del bloque Confianza y Desarrollo. Para un contrato clásico de dos años, un seguro de estas características equivale aproximadamente a un alquiler y medio mensual. “Por eso creemos que el Gobierno de la Ciudad tiene que ofrecer una alternativa con garantías públicas apuntadas a jóvenes menores de 30 años y a familias primerizas”.
En sentido similar, Ferrario propone un sistema de puntuación para alquileres. “Queremos que los buenos inquilinos, que son la enorme mayoría, tengan una herramienta pública para validar su historial de buen cumplimiento (desde el pago en fecha hasta el buen mantenimiento del departamento), cosa que hoy no existe y obliga a empezar de cero cada vez que buscás un nuevo alquiler”, sostiene y agrega: “Para los propietarios también es una herramienta que les da más seguridad al momento de alquilarle a una nueva persona y, además, proponemos incorporar el mismo sistema de puntuación para las obligaciones de los locadores (es decir, los inquilinos también pueden informar si sus locadores cumplen lo pactado en los contratos)”.
Mientras crece la informalidad laboral, cada vez más hogares encuentran dificultades para acreditar ingresos. Frente a este panorama, Hábitat para la Humanidad Argentina lanzó la prueba piloto de una inmobiliaria social que busca ampliar las posibilidades de acceso al alquiler formal e incorporar viviendas vacías a la oferta disponible.
“Sabemos que hay un stock vacante de más de 100.000 viviendas que no se encuentran en los barrios más de clase alta sino en áreas de clase media y media baja”, dice Barbara Bonelli, directora ejecutiva de la organización. “Lo que buscamos es que estas propiedades ingresen al mercado de la vivienda por medio de mejoramientos que las vuelvan habitables, al tiempo que generamos una garantía o un seguro de caución para la población en condiciones de informalidad”, agrega.
Un parque público de viviendas
Sin embargo, los seguros de caución subsidiados, los préstamos para gastos de mudanza, las ayudas para afrontar gastos iniciales o los subsidios al alquiler para poblaciones vulnerables son todas políticas orientadas a la demanda que, para Socías, “pueden servir para el corto plazo, pero no resuelven el problema”. La crisis habitacional requiere una respuesta estructural que pasa, necesariamente, por el desarrollo de políticas de oferta. Y en ese sentido, una de las propuestas de mayor consenso es la conformación de un parque público de viviendas para el mercado locativo.
“Lo primero que hay que hacer es usar los terrenos del Estado que hoy están sin uso para construir viviendas con el sector privado y destinarlas al alquiler”, explica María Migliore, exministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad. “Segundo, estas viviendas deben ser administradas por una empresa mixta, del Estado y privada, de primera calidad, para que estén bien cuidadas y el sistema tenga credibilidad”, precisa.
Socías coincide: “Además de movilizar a la industria de la construcción, esto crea un nuevo segmento que no existe y sin meter los dedos en el enchufe del mercado privado de alquileres. Se trata de un mercado aparte que no se mete con la rentabilidad de los propietarios. Es simplemente generar una oferta paralela”.
Thourte cree que un programa así, además, podría sumar a propietarios individuales que incorporen voluntariamente sus inmuebles vacíos al sistema público. “A cambio, recibirán garantías de cobro y una gestión profesional del inmueble”, explica.
La referente de UCR/Evolución dice que el País Vasco cuenta “con una experiencia interesante” a través del programa Bizigune, una iniciativa pública de intermediación que busca movilizar viviendas libres vacías y destinarlas a alquiler protegido. “Buenos Aires podría comenzar con una experiencia piloto en zonas como el microcentro, donde existe potencial para recuperar inmuebles vacíos o sin ocupación y destinarlos a vivienda”, asegura.
Para Freire, del bloque Fuerza por Buenos Aires, estas viviendas podrían ofrecerse “con cuotas que no superen una proporción razonable del ingreso, a escala y con metas claras” y el parque se podría engrosar con las propiedades que cada año llegan a la Ciudad por herencias vacantes.
Este mes, un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico, Social y Urbano (CEDESU) reveló que en los últimos 15 años se vendieron 613 inmuebles sin herederos que podrían haber pasado a formar parte de este eventual parque habitacional.
Alquilar al costo
Llegados a este punto, Socías distingue entre el alquiler social o el alquiler al costo. Esto último es “un régimen de protección de vivienda donde el canon no se establece por el precio de mercado sino por los costos de producción, adquisición y financiamiento de esas unidades”. Para el presidente del CESBA, un alquiler al costo está debajo del precio de mercado porque no integra una rentabilidad privada, pero tampoco es puro gasto público. “Los hogares pagan lo que cuesta y así se convierte en una alternativa para las necesidades de esta banda media que tiene ingresos suficientemente altos para no ir a una política de alquiler social y suficientemente bajos como para acceder al mercado privado de alquileres”, ilustra.
Además de los terrenos públicos y las herencias vacantes, Socías propone refuncionalizar inmuebles públicos en desuso o reactivar los “esqueletos urbanos”, las más de 100 obras paralizadas hace años a medio construir (Ferrario cree que el Estado podría incentivar la finalización de esas obras con exenciones impositivas, subsidios y un plan de adecuación que garantice que estas unidades se conviertan en “construcciones para la clase media”).
“Podrían aplicarse otros instrumentos urbanísticos como los premios de densificación, donde se autorice a construir más metros cuadrados o pisos de los que permite la norma, siempre contra el compromiso del sector privado de aportar unidades al stock”, explica Socías. “También podríamos aportar suelo público y financiamiento para que el sector privado o el sector cooperativo desarrolle, incluso administre, un stock de alquileres bajo ese mismo principio de alquileres al costo”.
Ferrario cree que para llevar todo esto adelante hace falta un IVC reformado, “con más financiamiento, más ágil, que sea público-privado y que desarrolle vivienda asequible para los porteños”.
Así como la crisis inquilina no responde a un único factor, tampoco podrá ser solucionada con un único instrumento. Lo cierto es que las soluciones puntuales y simplistas no alcanzan para dar respuesta a quienes alquilan, y cualquier política integral deberá incluir varios de estos instrumentos. Será cuestión de animarse.