No importa el color del gato mientras cace ratones

En medio de su debilidad, el Gobierno sigue apostando a que podrá avanzar en una agenda cuyo centro son los potenciales inversores, en un contexto en que la posición neta de inversión extranjera –todavía afectada residualmente por años de prohibición de salida de capitales para pagos de deudas y remisión de utilidades– tuvo un saldo negativo de más de 4 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025. En Economía esperan que, de la mano de los proyectos RIGI, el signo se revierta, e insistieron en su enfoque con el anuncio de un proyecto de “Súper RIGI”, una versión ampliada del actual Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, dirigido a atraer interés de industriales y tecnológicas en sectores “que nunca existieron en la Argentina”. 

Los ejemplos de sectores favorecidos por el régimen de beneficios todavía en elaboración eran interesantes por su superposición con la agenda de sus predecesores, por un sesgo más industrial y verde en la mirada respecto del RIGI original, centrado en minas e hidrocarburos. Entre los mencionados aparecen la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y fertilizantes relacionados a la producción de hidrógeno, y proyectos ligados al uranio y la energía nuclear. 

El nuevo esquema, si se fuera a aprobar, otorgaría ventajas superiores a las del primer RIGI. Una reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias al 15% –el mínimo aceptable en los grandes acuerdos internacionales impositivos–, exenciones de aranceles para importaciones de insumos, garantías de estabilidad fiscal y cambiaria a largo plazo, límites a impuestos provinciales y tasas y gravámenes municipales que afecten a los proyectos adheridos. Los beneficios son cuantiosos y vendrán de la mano de interminables debates sobre su necesidad o excesiva generosidad con potenciales inversores. El juicio previo sobre algo que todavía no está siquiera presentado hace difícil analizar respecto de sus intenciones y alcances, pero hay que decir que no tiene la misma relevancia si el Régimen logra facilitar la integración de cadenas de valor en esos sectores –atrayendo inversiones que hoy sólo tienen a Brasil en el mapa sudamericano, como las ligadas a renovables e hidrógeno y fabricación de autos eléctricos– o si se utilizarán las exenciones de aranceles para montar ensambladoras de bajo valor agregado y evitar pagar impuestos. 

Junto a eso, también aparece la incógnita sobre si el nuevo régimen podría impulsar la localización de centros de datos en el país –algo que entusiasma a Javier Milei de la mano de sus relaciones con el mundo de los grandes empresarios tecnológicos–, y si un desarrollo en esos sectores estaría impulsado por generación de energía propia de los inversores o si estaría conectado a la red general, algo que suscitó controversias en distintos lugares de los Estados Unidos por el encarecimiento del precio de los servicios de electricidad para los ciudadanos.

Con todo, la innovación más llamativa del eventual Súper RIGI es conceptual. Orientado por sectores, la lógica remite muchísimo más a la política industrial, con un Estado que promueve y orienta la inversión, busca desarrollar sectores determinados y descree de las ventajas comparativas estáticas que de la idea pura liberal –y la versión extrema abrazada por el presidente, que descree incluso de la existencia de fallas de mercado y abraza a los monopolios– según la cual la única preocupación productiva relevante es permitir el libre desarrollo de la oferta y la demanda, sin intervención del Estado. La elección específica de sectores supone una toma de decisiones que en el esquema teórico más liberal corresponderían al sector privado. Una inversión ideológica del teorema de Deng Xiaoping, con una coincidencia pragmática: no importa el color del gato, lo importante es que cace ratones.

Para el Gobierno, sin embargo, la reconstrucción de la posición financiera de Argentina, y su capacidad de tomar deuda en los mercados es incluso más importante que la inversión extranjera directa. Con vencimientos que superan los 19 mil millones de dólares entre 2026 y 2027, la necesidad de refinanciar es un imperativo tanto económico como político para el oficialismo, a riesgo de que la incertidumbre sobre los resultados vuelva más urgentes los vencimientos, y viceversa. Ese esquema de riesgo político es más importante que el “riesgo kuka” del que habla, casi semanalmente, Luis Caputo. La hipótesis, al menos con la linealidad con la que la presenta el ministro, encuentra problemas para contrastarse con la realidad de las últimas semanas, en las que coincidieron las peores noticias para el Gobierno desde el triunfo electoral de octubre, en términos de su popularidad en las encuestas de valoración, con noticias importantes en términos del riesgo país, el principal indicador del riesgo político percibido por los mercados. 

Una de las principales calificadoras de riesgo del mundo, Fitch Ratings, elevó la nota soberana argentina de “CCC+” a “B-” asignándole además “perspectiva estable”. En la visión de la agencia, el país mostró “balances fiscales y externos estructuralmente mejorados”, avances en reformas económicas y mejores perspectivas para acumular reservas. La mejora acompañó una suba de los bonos de deuda y una correlativa caída del riesgo país, que se ubicó en su menor nivel desde enero. Estas mejoras son incompatibles con la idea de que el riesgo país no baja más por medidas de riesgo político de regreso de la oposición que, en estos meses, no sólo no se redujeron, sino que aumentaron. Las probabilidades de que el peronismo, ya sea conducido por Axel Kicillof o por Cristina Fernández de Kirchner, vuelva al poder nacional en 2027 son mayores hoy que en enero.

Con todo, vale la pena preguntarse por el lugar que cabe al peronismo en la formulación de un programa económico financiero sostenible. Juan Manuel Olmos, entrevistado en Cenital, promovió expresamente un regreso al sendero de sostenibilidad fiscal como el que tuvo la Argentina bajo el gobierno de Néstor Kirchner, cuando las cuentas fueron superavitarias. Que el peronismo no pueda pensar en llegar al gobierno y que el riesgo país no se ubique por encima de los mil puntos es una particularidad de nuestro país, que no se reprodujo en Chile cuando ganó Gabriel Boric –y ni siquiera con el estallido social–, en Brasil con el regreso de Lula da Silva, o en Uruguay. 

Sin dudas, parte de la explicación es estructural. El país sólo se mantiene financieramente a flote de la mano de asistencias extraordinarias de organismos internacionales, particularmente el Fondo Monetario Internacional, del que depende absolutamente para afrontar vencimientos. Una posición totalmente inusual y que no colabora a la sostenibilidad de la deuda para los tenedores privados, cuyas dudas terminaron incluso en una extraordinaria intervención del Tesoro estadounidense. Pero junto con eso, hay un temor lógico a que el tipo de medidas que pueda tomar un gobierno peronista, particularmente en materia fiscal y de control de capitales perjudique a los bonistas o bien a la vigencia de los acuerdos con los organismos internacionales. La cuenta tiene sentido. Una agenda de compensación inmediata a los muchos perdedores de los años de Milei, como sucedió con Mauricio Macri, tiene costos, fiscales y para los sectores del capital que fueron beneficiados por distintas medidas. 

En Argentina, el PBI per cápita no crece desde hace casi una década y media, por lo cual son escasos los incentivos a creer en soluciones que no sean de suma cero. Pero el país necesita distribuir los frutos del crecimiento y no de la escasez, para evitar volver a caer en las lógicas pendulares. A riesgo de simplificar excesivamente, si los empresarios pierden plata no invierten, y si los trabajadores pierden plata, no consumen. En las economías modernas, el crédito es parte fundamental de cualquier esquema que funcione. Si el peronismo, que entiende bien la parte del consumo, no incorpora los otros elementos, terminará fracasando en el mediano plazo también en hacer crecer el consumo, del mismo modo en que quienes recortan gastos se sorprenden porque cierran empresas. Asumir los costos que conlleva esa racionalidad, y que algunos comienzan a percibir, beneficiaría al sistema en su conjunto.

El otro interrogante es sobre el “riesgo Adorni”. ¿Por qué un funcionario expuesto a sospechas judiciales se mueve con la soltura del que se sabe imprescindible? El lunes, Juan Bautista Mahiques envió el pliego de Juan Tomás Rodríguez Ponte. El nombre del candidato no solo era una demanda sino que hasta se había fetichizado. Es una persona próxima a Ariel Lijo, el juez federal que hoy ejerce una suerte de jefatura tácita sobre al menos la mitad de los magistrados de primera instancia de Comodoro Py. La indicación sobre Rodríguez Ponte salió, aparentemente, de Karina Milei. El gesto tenía una destinataria precisa, y todos en el edificio la identifican sin esfuerzo: la fracción de la justicia federal que en estos días vuelve a desplegar en tiempo real la causa que complica al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. 

La pregunta es si la pelea interna se enfría de esta manera o si, por el contrario, ya entró en una etapa en la que cada concesión opera como una confesión. El exvocero del presidente se mueve, mientras tanto, con una liviandad que indigna a buena parte del propio gabinete. Esa libertad sólo se explica por un dato que él mismo administra con un orgullo poco prudente: Adorni es Milei. Lo dijo el propio jefe de Gabinete en un reportaje con Alejandro Fantino. Es más: algunos empiezan a creer que solo el presidente sostiene a su ministro coordinador y que la hermanísima empezó a mostrar menos convicción respecto a la supervivencia de Bob, el constructor. 

Mientras esto ocurre el verdadero movimiento del año electoral se está dibujando en el despacho de la senadora Patricia Bullrich.

La exministra de Seguridad tiene un dato que ya no se discute: mide bien y mide sola. Mide independientemente de Milei. Esa autonomía estadística es su pasaporte. La Libertad Avanza, en el tablero que se abre el primer trimestre del año que viene, la necesita tanto a ella como ella necesita al armado. No es una novedad menor. En un gobierno donde la única fuente de validación es la fidelidad al presidente, Bullrich se convirtió en la excepción que sostiene su lugar por mérito propio. Por eso puede permitirse silencios incómodos, declaraciones que no se coordinan con vocería y una agenda que circula con bandera independiente. Un activo electoral que se cuida a sí mismo.

Lo que está en disputa no es su continuidad en el gabinete. Es lo que viene después. Bullrich tiene frente a sí, en este momento, tres puertas. Las tres la favorecen. Ninguna le cierra del todo al sistema. Y ninguna deja tranquila a Karina Milei. La primera es la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es la más natural en términos aritméticos: Bullrich es, en la cosmogonía porteña no kirchnerista, la dirigente con mayor capacidad de tracción propia. Sin embargo, la candidatura tiene un problema que no se resuelve con encuestas: no es confiable. No lo es para el sistema político, que recuerda muy bien las migraciones de la ministra entre el peronismo, la Coalición Cívica, el PRO y, finalmente, el oficialismo libertario; tampoco lo es para La Libertad Avanza, donde Karina sospecha con total lógica que una Bullrich con poder territorial dejaría de ser una pieza del armado para empezar a ser una alternativa del mismo. 

Hay un equívoco que conviene disipar. Cuando Bullrich rompe en público el silencio oficial y reclama que Adorni dé explicaciones, no está midiendo fuerzas con el vocero a quien nunca respetó. Fue, de hecho, la primera en sostener en privado —ante quien quisiera escucharla— que Adorni debía dar un paso al costado. Lo que Bullrich hace, cuando se emancipa del libreto oficial, es otra cosa, y mucho más delicada. Le está diciendo a Karina Milei, “vos no me conducís”. Es una insubordinación más o menos elegante, formulada por elipsis, que no admite réplica porque tampoco admite cita textual. Y habría que preguntarse, además, si el mensaje termina en la hermana del presidente o si, por algún pasadizo lateral, llega también al despacho de Milei. Porque si la senadora mide sola, también decide sola. Y una dirigente que decide sola es por definición una dirigente que ya no obedece.

Por eso, en cuanto el escándalo de los vuelos empezó a abrir la posibilidad de un descarte de Adorni, el nombre que comenzó a circular no fue el de Bullrich. Fue el de Pilar Ramírez, diputada porteña, esposa del presidente del Banco Nación Darío Wasserman e íntima amiga de Karina Milei. Una pista que se debe leer al revés: cuando Karina opta por Pilar Ramírez en lugar de Bullrich, no está eligiendo a la mejor; está eligiendo a la más confiable. Es decir, está admitiendo lo que no puede decir en voz alta. No la tiene. 

La segunda puerta tendría la lógica más previsible. Bullrich vicepresidenta le ofrecería a Milei dos cosas que el presidente no tiene: una campaña paralela con agenda paralela —seguridad, mientras Milei sostiene la insostenible batalla por la economía— y un voto propio mensurable, que se suma sin diluirse. El esquema reproduce, con variaciones, la fórmula que el propio Milei encarnó con Victoria Villarruel en 2023, sólo que ahora la portadora del voto agregado sería una dirigente con kilometraje y agenda diferenciada, no una outsider del campo conservador. El problema, otra vez, es el mismo. La falta de confianza. Y a la falta de confianza se le suma una patología del propio cargo, que un dirigente peronista de larga foja en el Congreso definió hace tiempo con honestidad incómoda: “El vicepresidente es difícil porque está esperando todos los días que el presidente se muera”. No es una metáfora. Es una descripción de funciones. Para los Milei seguramente sea una tranquilidad tenerla a Bullrich de vice.

La tercera puerta es la que todavía no se nombra del todo. Empieza a circular con el cuidado con que circulan las hipótesis que el oficialismo no quiere convalidar y que la oposición no quiere agitar. Es la Presidencia. Sólo se abre si Milei llega muy deteriorado al final del mandato; es decir, si la sucesión de escándalos manejables —los vuelos de Adorni, los audios de Spagnuolo, $Libra— termina configurando una crisis de fondo, y si el activo electoral que Bullrich administra deja de ser un complemento del presidente para empezar a ser su recambio. Es la opción menos probable. Es, también, la que mejor explica por qué Karina vigila tan de cerca cada movimiento de la ministra. 

Mientras estas conjeturas se mueven, otra historia se escribe en paralelo y reclama la misma atención. En Le Menteur, escrita por Pierre Corneille, el criado Cliton, frente al embustero Dorante, que se jacta de haber matado a un rival que aparece vivito y anunciando casamiento, le suelta: “Les gens que vous tuez se portent assez bien”. La traducción literal sería que “la gente que usted mata anda bastante bien”. Luego, mutó en “los muertos que vos matáis gozan de buena salud”. Es lo que está pasando con Santiago Caputo. El entorno de Karina vuelve a sostener, con la disciplina de quien repite el mismo guión desde hace meses, que el asesor se va después del Mundial. 

La versión tiene un problema. A esta altura, sobrevive tantas veces que empezó a producir el efecto inverso al que persigue. Cada vez que el rumor se repite y no se confirma, el “Mago” queda un poco más consolidado. Hay una lógica antigua en esto: el desplazamiento que se anuncia y no se ejecuta consolida al que debería ser desplazado, porque convierte cada día que pasa sin la confirmación en una prueba en contra del verdugo. Hay además una razón más prosaica para suponer que Caputo se queda: en un año donde la campaña electoral arranca en el primer trimestre, es difícil pensar que el Gobierno vaya a prescindir de la única persona del entorno presidencial que demostró habilidades probadas en ese terreno.