Milei, Malvinas y sus socios involuntarios

Javier Milei habló el jueves por cadena nacional y anunció una serie de medidas vinculadas con la causa Malvinas. Un ciclo de noticias completo después, la totalidad del sistema político y mediático argentino continúa deliberando, de manera casi excluyente, sobre el asunto. No sólo el oficialismo y sus medios afines, sino todas las vertientes opositoras. En un momento en que la mayor parte de las encuestas –casi todas– ponen al Gobierno en el peor momento de su relación con la opinión pública, el presidente logró setear la agenda y recuperar la iniciativa política. La única pregunta correcta es si Milei y el oficialismo están mejor o peor ahora que antes de la cadena. 

No es el primer anuncio de sanciones contra empresas vinculadas a la explotación petrolera en Malvinas. La ley N° 26.659 tiene más de una década y media, fue endurecida en 2013 y lleva años de aplicación. Incluso el gobierno de Alberto Fernández sancionó a la israelí Navitas, principal operadora del proyecto, durante su último mandato. En todos los casos, la medida se presentó como una cuestión casi meramente administrativa. El aura épica de los anuncios del presidente fue una primera manera de elevar la cuestión frente al debate público. Un primer acierto de la comunicación presidencial, en una cuestión incómoda para el discurso de un presidente que se reivindicó admirador de Margaret Thatcher.

El segundo acierto es contextual. La última gran derrota parlamentaria del oficialismo fue la eliminación del capítulo de Reforma de la Ley de Tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que aprobó el Senado. Aquella derrota no fue sólo frente a la dirigencia política sino frente a una porción de la sociedad que sustentó la resistencia a esa reforma, que trascendió a la militancia y llegó a figuras normalmente apolíticas en su posicionamiento público, como la cantante Tini Stoessel. 

La idea de que Milei quería vender el país, semanas después de la ola nacionalista que desató el triunfo de la selección argentina en la semifinal del Mundial ante Inglaterra y el despliegue de la ya célebre bandera, tenia un potencial políticamente tóxico, aunque fuera de alcance secundario respecto de la situación de la economía y el empleo. Con la cadena del jueves Milei tomó distancia, con razonable efectividad, de aquella narrativa que lo ubicaba del lado de enfrente de los sentimientos nacionales. Malvinas es la quintaesencia de esas causas.

El tercer acierto –hasta el momento– tiene que ver con la reacción opositora. Había algún espacio para que la dirigencia peronista y de izquierda abrazara los anuncios presidenciales y fuera un poco más lejos, corriera alguna postura oficial o señalara alguna contradicción a superar que pusiera en aprietos al oficialismo, obligándolo a pronunciarse. No hizo nada de aquello. Por el contrario, los comunicados opositores dedicaron ríos de tinta o minutos de aire a discutir la sinceridad de la postura del presidente. Esa discusión tiene un alcance limitado. La historia política está llena de dirigentes que incorporaron causas, revisaron posiciones o actuaron frente a circunstancias que originalmente no formaban parte de su agenda. 

Las convicciones originales de un dirigente respecto de una medida, una alianza o una política pública suelen resultar menos importantes que sus consecuencias. Los críticos de Néstor Kirchner que cuestionaban su política de derechos humanos porque durante sus años en Santa Cruz no había hecho “ni una misa” sobre el tema confundían antecedentes con resultados. Algo parecido ocurrió con quienes señalaron que Cristina Kirchner se había “apropiado” de la Asignación Universal por Hijo porque la iniciativa tenía antecedentes en proyectos de Elisa Carrió y la Democracia Cristiana. La procedencia de una idea o la autenticidad de una “conversión” pueden ser elementos del análisis, pero difícilmente alcancen para evaluar una política.

La misma regla debería aplicarse a Milei. Sus antecedentes permiten poner en duda cuánto hay de convicción personal en su nueva posición sobre Malvinas, pero el juicio sobre el movimiento dependerá finalmente de lo que haga con ella. También podría envejecer mal y rápidamente si queda reducido a una declaración circunstancial o no tiene continuidad. Malvinas volverá a ocupar un lugar lateral frente a los tres asuntos que van a estructurar la discusión electoral –economía, inseguridad y corrupción–, pero le da al oficialismo un elemento para discutir en un terreno donde antes no tenía nada.

Por último, el presidente logró que su anuncio resultara verosímil respecto del potencial de obtener resultados –a juzgar por las últimas reacciones conviene aclarar: verosímil no es igual a cierto. Las modestas declaraciones de Donald Trump respecto de la posición estadounidense de cara al conflicto fueron tomadas con expectativa en la Argentina, pero también fueron interpretadas, sin ambigüedad de ninguna clase, por el sistema político y mediático en Londres, donde algunos de los principales columnistas conservadores miran con alarma la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense y su foco en el continente americano. Junto con las declaraciones de Trump, el presidente puso en valor Vaca Muerta, el principal activo que tiene el país en términos de su capacidad de atracción de inversión externa, acaso producto de una de las escasísimas políticas de Estado que, trascendiendo las administraciones, se sostuvieron en la economía argentina. 

Vaca Muerta es sumamente seductor transversalmente para todo el sector petrolero. Si las empresas tienen que elegir entre operar, financiar y asegurar proyectos en el yacimiento o en Malvinas, es probable que la operación ilegal en el espacio marítimo adyacente a nuestras islas se dificulte, aún si la israelí Navitas y la británica Rockhopper no mantienen intereses en el país. Ir hasta las últimas consecuencias –y esto es lo que hace inverosímiles los anuncios de Milei– requeriría niveles de determinación y calibración fina que son desconocidos para este Gobierno. 

Además de ser una –bienvenida– forma de intromisión en las decisiones de los privados, que encaja con dificultad con el discurso oficialista, condicionar las inversiones privadas en las islas tiene como correlato aumentar el riesgo geopolítico de medidas británicas más o menos severas para quienes inviertan de acuerdo a la legislación argentina. El conflicto bilateral –sobreviniente a la cadena nacional– entre Israel y el Reino Unido, por la prohibición del laborismo británico del comercio directo con los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania –que debería extenderse más allá de las elecciones israelíes de octubre– probablemente sea un nuevo espaldarazo para la sostenibilidad de la posición de Milei en sus alieamientos nacionales.

A excepción de Vaca Muerta todos los aciertos son tácticos y políticamente coyunturales. Incluso si Argentina fuera a lograr evitar el desarrollo petrolero en Malvinas –una hipótesis de máxima muy difícil, al menos, frente a la primera etapa del proyecto, que ya fue financiada– la idea de que los Estados Unidos, que en el sitio oficial del Departamento de Estado describía al Reino Unido –durante la gestión Biden– como el socio más cercano que tiene su país, vaya a abandonar a una alianza que incluye acuerdos profundos en materia nuclear y de inteligencia por una Argentina donde todas las políticas –incluyendo el alineamiento automático de Milei– son pendulares es una ilusión ingenua, sea cual sea la voluntad de Trump.

Otros dos puntos importantes se destacan en los anuncios presidenciales. El primero la instrucción –repetida en un comunicado posterior de Presidencia– para acelerar la construcción de la base naval integrada en Tierra del Fuego, a cargo del Ministerio de Defensa, y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.  El proyecto de la base integrada es central para la proyección argentina en el Atlántico Sur y sus capacidades en servicios antárticos es una definición estratégica en la que confluyen las miradas argentinas y de las grandes potencias. El anuncio de la base se aceleró durante el gobierno de Fernández, luego de la controversia por un acuerdo que había firmado el gobierno provincial con una empresa china. 

Su construcción por parte de las Fuerzas Armadas permitiría a la Argentina posicionarse por encima de la disputa hegemónica y sacarla al menos de esa porción de su territorio. La última vez que Milei dio relevancia a la construcción de la base fue en 2024, durante una visita a Ushuaia junto a la generala Laura Richardson, en aquel momento a cargo del Comando Sur estadounidense. Si bien el anuncio parece retomar la mirada exclusivamente argentina, la cuestión oceánica deberá seguirse de cerca. Los recientes conflictos en Groenlandia y el Canal de Panamá muestran el lugar que ocupa en las prioridades estadounidenses. 

El Consejo de Seguridad Nacional, destinado a coordinar con una mirada estratégica las acciones de las áreas de  Defensa, Cancillería, Inteligencia y Economía. La estructura, copiada de la tradición institucional estadounidense, ofrece un espacio de coordinación cuya utilidad dependerá de la relevancia que le dé el propio presidente en el improbable caso que ese pasaje del proyecto se apruebe. Las luces de alerta se encienden en el anuncio de que, en el proyecto de ley, pedirán también al Congreso que le otorgue al Consejo «las facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que amenacen nuestra seguridad nacional». El lenguaje de seguridad nacional vinculado a herramientas económicas remite no sólo a la política defensiva contra la explotación petrolera ilegal en Malvinas, sino también al que los Estados Unidos usan para restringir el comercio con China. La sección 4 del acuerdo de inversiones entre Argentina y Estados Unidos, que el gobierno firmó en febrero, está enteramente consagrada a la cuestión de la Seguridad Nacional y Seguridad Económica. El primer apartado de la sección compromete a Argentina a adoptar  medidas económicas similares a las que los Estados Unidos adopten en defensa de su seguridad nacional.