México: el dilema de Sheinbaum ante los narcos y la amenaza de Trump

La historia buena –aunque no la verdadera– atribuye al tirano y modernizador del Estado mexicano aquella frase que se repite con el tono más trillado cada vez que un conflicto en el país involucra a su vecino del norte: “Pobre México, tan lejos de Dios, y tan cerca de los Estados Unidos”. Habrá, sin embargo, que hacerle algo de caso al lugar común. En la mayoría de los casos, la repetición,  reproducción y consolidación de lugares comunes tiene que ver con que cuentan, al menos, con una semilla simplificada de verdad. Para México, la relación con los Estados Unidos es tan simbiótica como asimétrica. Ese vivir juntos penetra en su sociedad, su economía, su cultura y hasta en la lógica de su crimen organizado de maneras ineludibles.

La integración más profunda

Desde una perspectiva económica, México y los Estados Unidos son dos de los países más integrados, la relación es tan intensa como resiliente. En 2025, el comercio bilateral de bienes superó los 872 mil millones de dólares. Estados Unidos exportó a México 338 mil millones e importó casi 535 mil millones. El déficit bilateral, para la parte estadounidense fue de casi 197 mil millones a pesar de la incertidumbre por las amenazas arancelarias de Donald Trump, y de la dirección del desequilibrio bilateral (es bueno aclarar que los saldos que importan, a diferencia de lo que cree Trump, no son los bilaterales sino los globales, donde México ha sido, la mayor cantidad de los últimos años, deficitario). Para México, las exportaciones hacia los Estados Unidos representaron más del 80% del total exportado, mientras que para los del norte, esa relación fue de alrededor del 10%. 

Por la métrica de dólares intercambiados, se trata de la relación comercial más intensa del mundo, mayor a la de los Estados Unidos con China. Pero como es evidente por la propia métrica, es mucho más importante para México que para su vecino. 

Tiene sentido. 

Si bien el tratado comercial de América del Norte (T-MEC, antes NAFTA) consolidó una economía norteamericana integrada, en la que autos, autopartes, electrónicos, maquinaria, y productos agroindustriales, entre otros, pueden cruzar varias veces la frontera para distintos procesos antes de llegar al consumidor final, Estados Unidos tiene el PBI per cápita más alto del mundo entre los países de más de diez millones de habitantes, la tercera mayor población y es el principal mercado de consumo. Por eso mismo, incluso la izquierda que cuestionó en su momento el acuerdo, los esfuerzos estuvieron enfocados en la atracción de inversión estadounidense y en abrir las puertas de importaciones industriales que se cierran a China. 

Los lazos son, con todo, mucho más intensos de lo que sugiere el comercio. Hay casi 40 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos, el 60% de la población latina del país, de los cuales unos 11 millones nacieron en México, y el resto en los Estados Unidos. La frontera es el punto clave no sólo para la inmigración desde México, sino de toda la región latinoamericana. Los estadounidenses de origen hispano son la minoría más numerosa del país, un lugar del que desplazaron a los afroestadounidenses. 

En este contexto, el narcotráfico es una consecuencia de la vitalidad y desequilibrio de esa frontera. De acuerdo a la DEA, los cárteles mexicanos dominan la producción, tráfico y distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, incluyendo el fentanilo ilegal, la heroína y la metanfetamina, además de negocios tradicionales como la cocaína y la marihuana. Las muertes por sobredosis, asociadas a estas drogas, con un protagonismo excluyente del fentanilo, superaron el último año las 80 mil. Una intensidad contradictoria, que fue explotada por Trump tanto para alcanzar el poder como para ejercerlo, particularmente en el último mandato.

México en la doctrina Donroe

La Estrategia de Seguridad Nacional publicada en 2025, con la que la administración Trump expresó sus prioridades, identifica al continente –el “hemisferio occidental”– como área de intervención más primaria estadounidense. Los flujos migratorios y el crimen organizado, particularmente las redes de narcotráfico, figuran entre los principales puntos de preocupación para la intervención regional, junto a cuestiones como la influencia de terceras potencias –China y Rusia– o el acceso a minerales críticos y otros recursos naturales. 

La relevancia del control continental se expresó en las recientes intervenciones estadounidenses en Venezuela y Cuba, con despliegues militares y bloqueos, así como otras, menos contundentes, pero igual de inusuales, sobre países como Brasil o Colombia. 

Para México, eso significa una larga zona proyectada sobre su territorio. Los cárteles, y el problema del narcotráfico serían una excusa ideal en este contexto. 

El 20 de enero de 2025, el mismo día de la asunción de Trump, la Casa Blanca dio inicio al proceso de designación de cárteles y organizaciones criminales transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras. Un mes después, el Departamento de Estado incluyó al Cártel de Sinaloa, y al Cártel Jalisco Nueva Generación, junio al Tren de Aragua y a otros grupos, en esa categoría. La novedad de aplicar el mote de terroristas a grupos criminales sin objetivos políticos no es meramente semántica. El presidente cuenta con un amplio repertorio de herramientas de acción directa, tanto jurídico administrativas como militares a las que se encuentra autorizado, por la legislación aprobada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La eliminación de Osama Bin Laden, en territorio pakistaní y sin coordinación con Pakistán, es un testimonio de los alcances de las autorizaciones.

Morena, Trump y los acuerdos incómodos

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó al gobierno con una impronta afincada en el ala izquierda de la tradición nacionalista mexicana. Un sector político tradicionalmente crítico y desconfiado de los Estados Unidos, enemistado con su política exterior y escéptico sobre los beneficios de la relación económica bilateral. A la hora de ejercer la presidencia, López Obrador mantuvo lo primero y abandonó lo segundo. Mientras criticaba las políticas de Estados Unidos para América Latina, el Estado mexicano, bajo AMLO, promovió activamente la inversión para la exportación al mercado estadounidense con beneficios activos. El gobierno fue cuidadoso, también, de no enemistarse con EE. UU. allí donde la administración Trump trazaba líneas rojas.

En 2018 México aceptó las condiciones estadounidenses para la renegociación del acuerdo de libre comercio de América del Norte, que pasó de NAFTA a T-MEC. Su gobierno también aceptó, en distintos momentos, desplegar fuerzas de militares y de seguridad para contener la migración en su propia frontera sur, antes de que los migrantes de países centroamericanos lleguen al Río Bravo.

La amplia cooperación económica y los acuerdos migratorios convivieron, sin embargo con una zona de fricción: la seguridad y el narcotráfico, donde el gobierno de López Obrador desplegó una estrategia que privilegió enfoques alternativos a la confrontación directa, que bautizó como de “abrazos y no balazos”. El caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa Nacional del expresidente Enrique Peña Nieto, detenido en Estados Unidos en 2020 y devuelto a México tras una protesta diplomática intensa, es representativo de ese límite simbólico. El gobierno de López Obrador, que fue susceptible a la presión en comercio y migraciones, lo era mucho menos en materia de seguridad, donde las desconfianzas y sospechas se multiplicaron. 

De balazos y abrazos

El punto de partida del auge actual de la violencia ligada al narcotráfico en México debe ubicarse en el sexenio del conservador Felipe Calderón, que ante una crisis periódica decidió responder con una declaración de guerra y militarización de la seguridad pública, con la promesa de recuperar el control de los territorios dominados por los cárteles. El resultado fue el opuesto. Las grandes organizaciones se fragmentaron y se multiplicaron, y con ellas, las disputas territoriales y los homicidios, que se duplicaron durante los seis años de presidencia de Calderón (2006-2012). Las fuerzas armadas fueron muchas veces superadas y penetradas en distintos niveles por las estructuras criminales.

AMLO llegó al poder denunciando esa guerra. La consigna “abrazos, no balazos” buscaba trasladar de la confrontación militar a la política social y la prevención. Se cuestionó el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. En los hechos, la política  fue más ambigua. El protagonismo de las fuerzas creció con López Obrador, y la Guardia Nacional, creada teóricamente para sacar a los militares del combate al narcotráfico, terminó funcionando bajo influencia castrense. Y las Fuerzas Armadas recibieron funciones crecientes en obra pública, aduanas, infraestructura y administración estatal. 

El protagonismo militar, sin embargo, no impidió lo que fue visto como un enfoque mucho menos confrontativo con el poder del narcotráfico. El episodio de la captura de Ovidio Guzmán, que desató un caos en la ciudad de Culiacán, con muertes y enfrentamientos en las calles, y la orden directa de López Obrador de liberarlo “para evitar que mueran inocentes”, fue representativo del cambio de enfoque. 

Como en los períodos presidenciales anteriores, el balance siguió siendo negativo y los resultados de las políticas de seguridad fueron un fracaso, al menos relativo. El sexenio de López Obrador acumuló un número de homicidios absolutos mayor al de cualquier gobierno anterior. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró 33.241 homicidios en México en 2024, con una tasa de 25,6 por cada 100 mil habitantes, y un aumento de 6,7% respecto de 2023, aunque por debajo de los picos de 2018, 2019 y 2020, cuando la tasa rondó los 29 homicidios cada 100 mil habitantes. Si bien el gobierno lo presentó como una tendencia descendente respecto de los peores años, y una diferencia con sus predecesores cuando la tasa sólo aumentaba, el dato es devastador.

La captura del territorio y de la política

Los grupos de narcotráfico mexicanos ejercen altos niveles de control territorial, que suponen además, una serie de negocios conexos altamente perniciosos para las economías locales. Cobro de extorsiones, regulación de mercados, minería ilegal y trata de personas, además de participar –y excluir actores legítimos– de actividades lícitas, que se utilizan para el blanqueo de fondos, como transporte, alimentos o construcción. Según una estimación citada por el Council on Foreign Relations a partir de fuentes militares estadounidenses, en 2024 se estimaba que los cárteles controlaban alrededor de un tercio del territorio mexicano.

Este dominio territorial tiene como resultado ineludible una influencia creciente de los grupos de narcotraficantes sobre la política. Las elecciones de 2024 fueron las más violentas de la historia mexicana, en términos de asesinatos de candidatos, en un contexto que recuerda a aquella famosa frase atribuida al colombiano Pablo Escobar: plata o plomo. Para la política, en los lugares donde el narco está presente, las alternativas son todas extremadamente complejas. La subordinación a sus intereses, y la corrupción profunda del aparato estatal, el enfrentamiento, que expone a los dirigentes a la violencia de las organizaciones, a las que deben enfrentar además con estructuras estatales muchas veces profundamente comprometidas, o una convivencia incómoda e inestable en la que se renegocian los términos a cada momento. Alternativas que son, en sí mismas, una admisión de impotencia del Estado. 

La connivencia entre política y crimen organizado es transversal a los partidos. Funcionarios del PRI, el PAN, el PRD, en todos los niveles, y fuerzas locales fueron señalados por sus vínculos. La hegemonía territorial alcanzada por Morena durante el sexenio de López Obrador, cuya popularidad se disparó por sus logros sociales, puso en el centro una construcción que heredó los vicios de la política tradicional, incluidas las relaciones con el narcotráfico, que además se fortalecieron por el enfoque menos confrontativo. 

Claudia Sheinbaum heredó esta política de López Obrador en un contexto más hostil, con Trump fortalecido como nunca a nivel interno, cárteles designados como organizaciones terroristas y una serie de acusaciones flotantes contra el núcleo de su partido.

Sheinbaum: endurecerse sin perder la soberanía

La gestión de Sheinbaum se presentó como una continuidad absoluta de su antecesor. En seguridad, sin embargo, las diferencias son importantes. Matices que obedecen a las circunstancias y aproximaciones diferenciadas al conflicto. El encargado de la seguridad en su gobierno, Omar García Harfuch, retomó las relaciones con la DEA, y asumió un endurecimiento del enfoque en la estrategia de seguridad. Anunciada en octubre de 2024, combinó prevención, inteligencia, fortalecimiento de la Guardia Nacional y coordinación federal. Sin volver explícitamente a la guerra abierta de Calderón, el enfoque volvió a priorizar la persecución del crimen organizado. El gobierno presume resultados. 

La Presidencia mexicana informó que en los primeros ocho meses de 2025 el promedio diario de homicidios bajó a 68,4, una reducción de 32% respecto de septiembre de 2024. Algunos análisis críticos advierten que esa mejora convive con un aumento en las desapariciones en México y crisis locales muy severas como la desatada por el asesinato del alcalde opositor de Chipalncingo, Alejandro Arcos. Amnistía Internacional estimó que el total de desapariciones llegó a 133.500 al cierre de 2025, con un aumento de 10,5% ese año.

El endurecimiento de Sheinbaum no obedece sólo a la necesidad de resultados, sino también al intento de evitar una intervención más directa de Estados Unidos, que sobrevuela el discurso de Trump incluso desde su primer mandato. 

En febrero de 2025, México entregó a Estados Unidos a 29 figuras del narcotráfico, incluido Rafael Caro Quintero –el narco de narcos de los ochenta, responsable del homicidio y tortura del agente de la DEA Kiki Camarena–, como gesto hacia Trump en medio de amenazas arancelarias. En 2026, fue público el rol de los Estados Unidos como proveedor de información clave en la muerte a manos de las fuerzas de seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Un equilibrio en el que la cooperación permite preservar las relaciones y evitar acciones unilaterales. 

Una certeza que quedó recientemente en cuestión, cuando, en un accidente de tránsito, se registró el fallecimiento de dos agentes de la CIA, que operaban en colaboración con el gobierno opositor del Estado de Chihuahua, sin conocimiento del Estado Federal.

Sinaloa, el punto cero

Es imposible entender la imputación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve figuras de ese estado sin entender el contexto mexicano. Sinaloa sin embargo, no es un estado cualquiera, sino el epicentro del narcotráfico en México y uno de los principales centros globales. Es el lugar de origen de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y de los principales líderes del narcotráfico de la década del ochenta. La caja de pandora de las relaciones entre política y narcotráfico puede haberse abierto con la captura de otro peso pesado del narcotráfico en el estado, Ismael “El Mayo” Zambada. Su captura en julio de 2024 abrió una guerra interna con el grupo de los hijos del Chapo que todavía persiste. 

Según la carta difundida por su abogado, Zambada dijo haber sido convocado a una reunión para mediar en una disputa política entre el gobernador Rocha y, un antiguo aliado, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén. Rocha no habría asistido a la reunión. Ese día Zambada fue secuestrado en una finca y depositado en Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo. Cuén fue asesinado ese mismo día, presuntamente en la misma finca en que fue secuestrado Zambada. Rocha negó cualquier relación con los hechos o con el encuentro.

A pesar de estos elementos, Rocha no encaja del todo con el estereotipo de políticos vinculados a las estructuras del narcotráfico. No es un cacique priista clásico reconvertido, sino un militante de izquierda de larga trayectoria, formado en el sindicalismo de la docencia rural. Cercano desde el comienzo a López Obrador, su perfil parecía más el de la renovación política que se prometía que el de las condiciones que Morena aceptó para ejercer el poder. Con todo, era difícil pensar que un dirigente, que llegara a gobernar Sinaloa sin esquivar una andanada de intentos contra su vida, lo haga sin algún tipo de acuerdo, al menos de convivencia con la organizaciones. 

Sinaloa, y Rocha en particular, habían estado en el epicentro de los señalamientos opositores sobre las relaciones entre MORENA y el narcotráfico, en denuncias ante la OEA y Estados Unidos. Las sospechas no nacieron con el Departamento de Justicia estadounidense. 

El dilema de Claudia

Sheinbaum enfrenta una encerrona. Cooperar con los Estados Unidos, entregando al gobernador, pone en riesgo la relación con su partido. Protegerlo la puede dejar asociada a las sospechas de narcopolítica, y arriesgaría una mayor presión estadounidense sobre el territorio mexicano, incluyendo la Caja de Pandora de acciones directas violatorias de la soberanía mexicana. De momento, Sehinnaum reafirmó la soberanía de su país como punto de partida, abrió una investigación a nivel nacional y exigió “pruebas irrefutables”. También, forzó una licencia de Rocha en el cargo, de la que difícilmente regrese. Una respuesta calibrada.

Para Estados Unidos, sin embargo, la demanda debería enmarcarse en el ánimo intervencionista de Trump sobre el hemisferio. Una excusa para presionar más fuertemente al gobierno mexicano que, según como responda, puede derivar en amenazas de aranceles o acciones directas. En agosto de 2025, Trump había pedido al Pentágono preparar opciones contra organizaciones criminales latinoamericanas designadas como terroristas.

El verdadero peligro para México es que el vínculo estructural entre política y organizaciones criminales sea utilizado por Estados Unidos de manera selectiva para forzar políticas y orientaciones, de la mano de la relación asimétrica de México con su vecino del norte. 

En un país donde están comprometidos los territorios e instituciones, siempre habrá un expediente posible. Sheinbaum, responsable de gestionar una frontera donde los dólares, las personas y las sustancias dejan testimonio de una desigualdad tan incorregible como imposible de abandonar para México, deberá calibrar dosis de respuesta y cooperación para sostener la soberanía, gobernabilidad y viabilidad del Estado mexicano.

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