Lula y Bolsonaro: asuntos de familia en el camino de la corrupción

En Brasil, la corrupción es un tema taquillero. Las acusaciones pueden llegar lejos, en un país grande y muy desigual, donde las obras y contratos de servicios públicos manejan cifras siderales y la proliferación de helicópteros y aviones privados contrasta con redes de transporte público caras e inconvenientes y rutas en pésimo estado.

De cinco presidentes electos por voto popular desde la recuperación de la democracia, dos debieron abandonar su cargo por causas de corrupción –aunque después no fueran condenados–. Otro, Lula da Silva, pasó más de 500 días preso hasta que el Tribunal Superior anuló su condena en el marco de la causa de corrupción más extendida –y fallida– de la historia del país. Empresarios y políticos de otros niveles aparecen vinculados regularmente a casos por desvío de fondos públicos, y las condenas son un espectáculo habitual. La malversación funciona, entonces, como un potente relato de campaña.

No extraña que el primer gran aviso de campaña del Partido de los Trabajadores (PT) fuera un CV de Flávio Bolsonaro y su vinculación con la corrupción. Las rachadinhas (como se conoce a la práctica de llevarse parte del sueldo de trabajadores de una oficina vinculada a su cargo), los vínculos con milicianos, y su rol en el escándalo por el pedido de decenas de millones de reales al exdueño del Banco Master, Daniel Vorcaro, supuestamente para financiar Dark Horse, una película sobre Jair Bolsonaro. El Tribunal Superior Electoral consideró que la pieza mezclaba investigaciones en curso, acusaciones y causas archivadas hasta convertirlas en una asociación genérica con el crimen organizado y ordenó retirarlo. La campaña de Lula escaló las denuncias contra su principal rival. El contraataque de Flávio se centró sobre Fábio Luís Lula da Silva, “Lulinha”, el empresario hijo mayor del presidente.

La elección brasileña se convirtió en una cuestión de padres e hijos, en la que los expedientes judiciales se montan sobre las sospechas de un electorado para el que la clase política es un chivo expiatorio ideal.

Si bien la corrupción no aparece como el principal tema electoral a los ojos de los brasileños –pesan allí la seguridad pública, la intervención del gobierno de Donald Trump con aranceles que parecen destinados a intervenir en favor del bolsonarismo, y el costo de vida– las investigaciones aportan una narrativa que conecta esos asuntos y atribuye un aura moral al rival.

Dos hijos, causas diferentes

Lulinha es objeto de tres investigaciones de la Policía Federal, todas por presunto tráfico de influencias. La primera busca determinar si actuó junto con la lobbista Roberta Luchsinger para favorecer a World Cannabis, empresa vinculada con Antônio Carlos Camilo Antunes, más conocido como “Careca do INSS”, en programas del Ministerio de Salud. Antunes es señalado como el articulador del esquema de apropiación de fondos de jubilados y pensionados que habría movido unos 6.300 millones de reales. Lulinha fue también mencionado como posible socio oculto del esquema y se levantaron sus secretos bancario-fiscal, sin que se encontrara ninguna evidencia de que recibiera fondos de ninguna clase. La última investigación examina si intervino ante Dataprev, la empresa pública de manejo de bases de datos previsionales, para beneficiar a la empresa tecnológica, 3Structure IT, cuyo socio habría pagado un viaje suyo. Dataprev niega haber contratado a la compañía.

El material más comprometedor conocido hasta ahora proviene de mensajes de Luchsinger donde la lobbista decía actuar en nombre del hijo del presidente (“yo soy Fábio”, escribió). Pretendía cobrar una comisión muy abultada por el otorgamiento del proyecto de cannabis medicinal. Luchsinger envió una propuesta al entonces jefe del gabinete de asesores de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conocido como Marcola. Se encuentra acreditado también que este último recibió de ella más de 200 mil reales en distintos pagos, gastos y joyas que, dice, corresponden a un préstamo personal que asegura haber devuelto.

La investigación de la Policía Federal señala a Lulinha como el beneficiario indirecto de las gestiones. El hijo del presidente niega cualquier irregularidad y denuncia una sucesión de filtraciones con finalidad electoral. Hasta ahora, sólo aparecen indicios. Ninguno de los contratos con el Estado por los que se señalan posibles gestiones terminó por celebrarse, y no se acreditó que Lulinha haya recibido dinero alguno ni se estableció qué gestiones habría realizado.

La estructura del caso Dark Horse es diferente. Flávio Bolsonaro es el candidato presidencial –porque su padre está en prisión–, y está personalmente investigado. Los mensajes publicados en mayo muestran que pidió a Vorcaro, dueño del fallido Banco Master, financiamiento para una película sobre su padre. Negoció un aporte total de hasta 134 millones de reales –una cifra absurdamente cuantiosa para una película brasileña– y reclamó cuotas atrasadas. Según la documentación conocida, fueron transferidos alrededor de 61 millones. Un informe del organismo antilavado detectó un movimiento de 12,3 millones de dólares desde una empresa ligada al ecosistema de Vorcaro hacia Havengate, un fondo estadounidense que administraba los recursos del film y que está controlado por el abogado de Eduardo Bolsonaro.

La Policía Federal investiga a Flávio y Eduardo Bolsonaro y al diputado Mario Frias por posibles delitos de lavado, evasión de divisas y corrupción. Hasta el momento, no se demostró que los fondos pagaran gastos de Eduardo en Estados Unidos. Sin embargo, el escándalo es fuerte. Flávio negó inicialmente conocer a Vorcaro, luego admitió haberlo buscado y prometió una explicación pública que nunca llegó.

El caso del Banco Master, sin embargo, es probablemente la causa de corrupción más importante desde Lava Jato, y golpeó transversalmente a la clase dirigente brasileña. Vorcaro construyó una red que atravesó a partidos, tribunales y hasta medios de comunicación. El banco creció a pesar de las prácticas cuestionables al amparo de esa protección, hasta que se detectó su precaria situación financiera. Entre los investigados por la Policía Federal aparecen quien fuera el jefe de la bancada oficialista en el Senado, Jaques Wagner, por sus contactos con un exsocio del banco, y familiares de autoridades del Tribunal Supremo.

El problema para los Bolsonaro es que, en el caso de Dark Horse, el vínculo con el dinero de Vorcaro es directo, comprobado y obedece a un pedido acreditado. En el caso de Lulinha, por ahora, las pruebas sólo atañen a terceros que invocan el nombre del hijo del presidente.

Las dos alas de la justicia

La campaña convirtió además al Supremo en escenario de una disputa relacionada pero con lógica propia. La división interna no puede ordenarse por el presidente que nombró a cada juez, sino por sus posturas en la defensa corporativa del Tribunal contra los señalamientos y ataques que recibe, muchos justificados, y otros abiertamente golpistas. De un lado se alinean Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin y Flávio Dino, partidarios de responder con firmeza a los ataques contra la Corte. Del otro lado, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Kassio Nunes Marques y André Mendonça reclaman una mayor autocontención del tribunal. Antonio Dias Toffoli, desgastado por sus vínculos con el Banco Master, quedó relativamente aislado.

Dino y Mendonça se convirtieron en las cabezas visibles de ambos grupos y, al mismo tiempo, en los encargados de investigar las causas de mayor exposición. Mendonça, el ministro “terriblemente evangélico” que eligió Bolsonaro, tiene el expediente central del caso Master y dos de las tres investigaciones contra Lulinha. Dino, nombrado por Lula, controla la tercera y la investigación sobre el eventual uso de enmiendas parlamentarias para beneficiar a la productora de Dark Horse. Dino autorizó a la Policía Federal a acceder a las pruebas reunidas por la Policía Civil de São Paulo, mientras Mendonça debe decidir si mantiene en el Supremo las causas contra Lulinha o acepta el pedido de la Procuraduría para enviarlas a primera instancia.

El reparto no produjo una protección lineal de cada campo. Mendonça autorizó investigar el dinero destinado a la película de los Bolsonaro; Dino abrió una investigación sobre el hijo de Lula. Pero los ritmos y medidas de cada uno pueden hacer avanzar una causa antes que la otra. Mendonça, además, reprocha a la Policía Federal demoras y cambios de investigadores sin aviso; mientras la corporación policial denuncia intromisiones en su autonomía. Probablemente proliferen, antes de la elección, filtraciones y decisiones procesales, que no serán sentencias, pero señalarán un rumbo, en un contexto en el que el bolsonarismo deberá decidir si sostiene la histórica postura abiertamente golpista respecto del Supremo.

El problema de la memoria

Más allá del mérito de los casos, donde Lulinha parece aún menos comprometido que Flávio, y donde Lula no es siquiera objeto de investigación, el problema de la memoria histórica es asimétrico y dañino para el oficialismo.

Durante dos décadas, los relatos sobre los logros de los gobiernos del PT convivieron con los de grandes investigaciones de corrupción. Del Mensalão a Lava Jato, la asociación sobrevivió incluso a la anulación de las condenas de Lula y a las condenas y acusaciones, muchas veces más serias, contra otros sectores políticos. El partido, además, gobierna.

Un fraude cometido por una trama que comenzó bajo presidencia de Jair Bolsonaro, como el de los descuentos a jubilados, puede convertirse en “corrupción de Lula” si fue descubierto durante su mandato y compromete a funcionarios o aliados actuales.

Como durante sus primeros años, el presidente Da Silva se jacta de haber preservado la autonomía de la Policía Federal, y no interferir en las investigaciones, incluso las que alcanzan a su hijo. Esa instancia posiblemente no genere un reconocimiento institucional. En cambio produce un aumento de las noticias sobre corrupción bajo su gobierno, sencillamente porque permitió investigarla.

En el bolsonarismo ocurre algo distinto. El espacio conserva una notable capacidad para presentar cualquier investigación propia como persecución del sistema contra sus representantes a pesar de estar asociado con muchos de los representantes más emblemáticos de la casta brasileña. La relación de Flávio con Vorcaro es directa y sus explicaciones casi nulas, pero su electorado ya engulló denuncias mucho más antiguas sin romper con la familia.

El impacto, de todos modos, existe. Tras la difusión de los mensajes, una encuesta de AtlasIntel registró una caída de seis puntos de Flávio en una eventual segunda vuelta, aunque más tarde recuperó buena parte de esa pérdida. El daño potencial se concentra en el pequeño núcleo de votantes de derecha menos identificados con la familia, que debe decidir entre dos candidatos que rechazan.

Con todo, cabe resaltar algunas diferencias. Lula defendió la inocencia de su hijo, y calificó las acusaciones de conjeturas, atacando las filtraciones. Se puede señalar que negó conocer a la lobbista Luchsinger pese a que existen fotografías de ambos. Pero no removió a la conducción de la Policía Federal ni bloqueó las investigaciones; afirmó que Fábio no está por encima de la ley y que pagará si cometió un delito. En 2020, Bolsonaro destituyó al director de la Policía Federal después de exigirle acceso a información reservada sobre investigaciones contra su familia, intentó nombrar a un hombre de confianza al frente de la institución y explicó en una reunión ministerial que intervendría para evitar que perjudicaran a su familia. Más tarde, la inteligencia estatal produjo informes para ayudar a la defensa de Flávio.

Curiosamente, la diferencia no le asegura al PT una ventaja.

Cuestión de techos

Si bien difieren sobre los números, las encuestas coinciden en captar una elección polarizada. Datafolha ubicó a Lula con 39% y a Flávio con 33% en primera vuelta, mientras en un ballotage, el presidente ganaba 47% a 43%. BTG/Nexus midió 41% a 37% en la primera, y 46% a 45% en la segunda. PoderData encontró la distancia más corta: 38% a 35% y 45% a 44%. Ningún tercero logra despegar: Ronaldo Caiado oscila entre 4% y 5%; detrás suyo aparecen Renan Santos, y Romeu Zema. Todos ellos son exponentes de derecha nítida.

El dato central aparece en los rechazos. Para Datafolha, 46% no votaría de ningún modo por Flávio y 45% dice lo mismo de Lula. Si esos valores se mantienen, la elección arrojará un electorado partido casi en mitades, como en 2022. Lula conserva una ventaja inicial entre las mujeres, los pobres, los mayores y el nordeste; Flávio domina entre los evangélicos y es más fuerte en el sur y el centro-oeste.

La economía tampoco alcanza para cerrar la disputa. Lula llega con buenos argumentos en la macro. El desempleo cayó al 5,3%, mínimo para un trimestre terminado en julio desde que existe la serie; la cantidad de ocupados alcanzó 103,3 millones y el empleo privado registrado marcó un récord. El ingreso laboral real es 13% mayor que al final de 2022, y la inflación interanual medida por el IPCA-15 bajó al 4,24% en agosto.

Sin embargo, el ingreso se estancó en los últimos meses, casi dos tercios de los nuevos empleos del trimestre fueron informales y los intereses siguen en niveles extraordinariamente altos. Las familias brasileñas destinan cerca del 29% de sus ingresos a pagar deudas, el máximo de dos décadas, y la mora de los consumidores llegó al 6,9%. El costo de vida es percibido como muy alto. El gobierno puede mostrar más empleo, salarios reales más altos y menor pobreza; pero rebota contra los costos de pagar la comida, las tarjetas y los préstamos. Ambos relatos coexisten, aún en conflicto. Lula tiene una base material para pedir continuidad, pero no para asegurársela. El crecimiento en 2026 será, por lo demás, modesto.

En ese marco, Brasil no elegirá una continuidad color de rosa, ni poner fin a un presente de crisis, sino un buen desempeño con una transmisión limitada a la vida cotidiana. En un marco de fuerte polarización social, con indicadores económicos que no brillan, las discusiones sobre las cualidades personales de los candidatos y su relación con la corrupción endémica brasileña podrían influir decisivamente en una elección donde las distancias son mínimas.

Qué más estoy leyendo

• Acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos. Los Estados Unidos garantizarán inversiones para sumar más de un millón y medio de barriles diarios venezolanos a su capacidad de producción, en un acuerdo por 25 años. Venezuela recibiría 19 dólares por barril, en lo que algunos cuestionan como una ruptura con la política de Chavez.
• Debería contarte algo de la guerra comercial de EE.UU. con Canadá, o de las hostilidades renovadas en Irán, pero me volaron la cabeza estos agentes de IA que se rebelaron contra las instrucciones recibidas, conspiraron contra sus supervisores humanos y armaron un complot para apoderarse de un conjunto de servidores ligados a OpenAI. Todo para pasar unas pruebas pavotas. El 29 de agosto fue el día de Skynet.