Las fintech la ven: el Estado abre negocios para Galperin y compañía

La efervescencia con el gobierno de un sector que crece y la lucha por posicionarse y competir por importantes oportunidades comerciales que aparecen.

La Cámara Argentina Fintech vive en estado de efervescencia. Las reuniones con funcionarios del Gobierno, antes esporádicas, son parte de la agenda semanal. Nuevos socios piden matricularse todos los meses, de a decenas. Inversores extranjeros llegan al país, sondean oportunidades -solo eso, por ahora- y se llevan la noticia de que el Gobierno abrió las compuertas para hacer negocios en el pago del transporte público, en la captación de cuentas sueldo y pago de jubilaciones y asignaciones y en el ahorro en divisas y criptoactivos.

En todos estos campos hubo o habrá cambios regulatorios para abrir el juego a las fintech, estas empresas de servicios financieros anclados en la tecnología que crecieron con mucho más dinamismo y disrupción que los bancos tradicionales, pero que están sujetas a menos controles.

En algunos casos, bancos y fintech juegan de la mano. En otros, pujan por un pedazo del negocio. También hay disputas internas entre las propias tecnológicas. Pero el entusiasmo con las oportunidades que les abre el gobierno de Javier Milei es generalizado.

Un discurso bastante extendido lee la apertura regulatoria en lenguaje conspiranoico: un océano de negocios abierto para que los empresarios más entusiastas con el gobierno de La Libertad Avanza pesquen con sus enormes redes. La expresidenta Cristina Fernández recordó, el sábado, la gran masa de beneficios impositivos que recibió Mercado Libre por la ley de promoción de la industria del software desde 2005.

Pero la revolución en los medios de pago que se disparó, sobre todo, con la pandemia, le da marco al deshielo. Según datos del Banco Central que distribuye la Cámara Fintech para ponderar la importancia creciente del segmento, había, hasta febrero último, casi 17 millones de cuentas de pago 1,3 billones de pesos (el 3,45% del total de los depósitos del sector privado), de los cuales $ 1,1 billón está invertidos en Fondos Comunes de Inversión (es decir, las billeteras que remuneran saldos).

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El 83% de esa masa estaba en Mercado Pago, pero aparecen tímidamente otros jugadores. El segundo puesto es de Personal Pay, la billetera del Grupo Clarín, que ya suma más de 4 millones de usuarios, con un esquema de crecimiento atado a Flow y a ofrecer una tasa un poco superior a la de la app de Galperin. Las transferencias se convirtieron en el principal medio de pago y el 70% de las operaciones salen de cuentas PSP (Proveedores de Servicios de Pago).

Es un universo al que los fondos de inversión internacionales están muy atentos. Un informe sobre venture capital detalló que, en 2023, el 50% de las inversiones a proyectos de América Latina fueron al sector fintech. Fondos de España, Brasil y Estados Unidos comenzaron a reunirse con empresarios locales, pero nadie ve movimientos importantes mientras los controles de capitales perduren. Es un segmento muy pendiente del libre movimiento de su dinero.

Transporte

El pago del transporte público desde una tarjeta de crédito o el teléfono celular representa para las fintech y los bancos un negocio potencial de 4300 millones de operaciones por año que hoy monopoliza la SUBE, el servicio que provee Nación Servicios y que quedó viejo. Cada transacción trae consigo una comisión. Nación Servicios, del Banco Nación, cobra 7%; una operación con tarjeta de débito paga 0,8%. En el medio hay un mar para que quien operativice esos pagos cobre menos.

La Secretaría de Comercio dio el primer paso en febrero. El subsecretario de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, convocó a bancos, operadores de tarjetas y fintech, que llevaron una propuesta conjunta para abrir la operación a todos. Según fuentes oficiales, Comercio armó el esqueleto regulatorio y pasó la pelota a la Secretaría de Transporte, que deberá definir plazos y modalidades de la apertura.

Aquí hay varias cuestiones por resolver, según los funcionarios. Acondicionar el sistema SUBE o ponerlo a competir con equipos POS supone una inversión de entre 100 y 1000 dólares por máquina (una en cada colectivo, varias en cada estación de tren). El escenario de mínima es para cambiar el software de la SUBE; el de máxima, para poner equipos nuevos. Y el Estado repite lo que dice hacia afuera: no hay plata.

Para los trenes, habrá que llamar a licitación. ¿Un único oferente reclamará dicha exclusividad? ¿A qué costo? Para los colectivos, podría optarse por un esquema de competencia, aunque es difícil que los dueños de las unidades quieran hacerse cargo de esa erogación. Los interrogantes son muchos. ¿Qué pasará con la tarifa social, por ejemplo? La alternativa más viable, hoy, es que siga canalizándose a través de la red SUBE.

Por lo pronto, las fintech esperan una prueba piloto en Mendoza y avances hacia el tercer trimestre con el subte. “Va para largo”, dicen.

Jubilaciones y asignaciones

Mercado Pago reavivó el debate semanas atrás al anunciar que los titulares de la Asignación por Hijo (AUH) pueden cobrar el haber por la plataforma. En rigor, pueden hacerlo desde 2019, pero la fintech lo tenía debajo del radar y menos de 25.000 titulares lo hacían.

Detrás está la expectativa por absorber a las 2,5 millones de familias con AUH y a los 7,5 millones de jubilados y pensionados que, desde que Sergio Massa dirigía a la Anses, solo pueden optar por un puñado de bancos para percibir sus haberes, como el Columbia o el Piano.

El efímero titular de la Anses Osvaldo Giordano avanzó rápido para abrir el juego a bancos y fintech, pero duró poco en su cargo. Semanas atrás, el sector recuperó las conversaciones con su sucesor, Mariano de los Heros. Según fuentes del sector privado, hay “un 80 o 90% del trabajo hecho” y quedarían especificaciones menores para que los jubilados puedan cobrar por una PSP. Un gran escollo aquí es la comisión para extraer efectivo por los cajeros automáticos.

Es un negocio que nunca resultó atractivo para los grandes bancos y que las fintech ven con mucha expectativa, porque les permitiría incorporar a sus ecosistemas una tajada de los 10 millones de pagos que la Anses hace por mes.

Las regulaciones del Banco Central les impiden a las fintech “trabajar” esos fondos. Lo que importa, aquí, es el universo potencial de clientes a los que ofrecerles, luego, créditos personales (a tasas mucho más altas que las de los Créditos Anses), seguros y otros productos a un clic. Es un tema que la empresa de Galperin empuja más que ciertos competidores, como Ualá (más enfocado en su banco). Mercado Pago dice que ya está listo para brindar el servicio.

Dólares y criptos

Mercado Pago lanzó en estos días la compraventa de dólar MEP. Es un servicio que Ualá y otras ofrecen hace tiempo. Pero que muestra que el ecosistema se expande. Un competidor de Galperin dijo, con algo de sorna, que “llegó tarde”: si hasta hace poco el 90% de las operaciones de dólar MEP eran para atesorar, hoy los usuarios venden sus billetes. La reducción de la brecha le quita cierto atractivo a la operación.

Pero Mercado Pago se prepara para ofrecer operaciones en criptomonedas, como hace en otros países. Según un informe de Lemon (que compite palo y palo con Binance), Argentina aloja al 40% de las 40 millones de personas que operan criptoactivos en Latinoamérica. El 80% de los argentinos que ingresaron a este universo lo hicieron para dolarizarse a través de las stablecoins, que siguen a la cotización del dólar o el euro. Es un porcentaje mucho mayor al de otros países de la región.

Aquí, el Gobierno hizo movimientos mínimos. La Comisión Nacional de Valores (CNV) lanzó un registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), para inscribir a las empresas. Fue un requerimiento del GAFI, que reclamó que la Unidad de Información Financiera (UIF) y la CNV comenzaran a vigilar el mercado bajo amenaza de lista gris. Según una empresa del sector, el Ejecutivo transmitió que las regulaciones serán mínimas, al menos hasta que se abra el cepo cambiario. “No piensan regular mientras haya cepo, no van a empujar demasiado”, indicaron a Cenital.

Salarios

Algo parecido sucede con la posibilidad de cobrar sueldos en billeteras. El DNU 70/23 lo habilitaba, como parte de la reforma laboral amplia que quedó frenada en la Justicia. Es algo que impulsaba especialmente Federico Sturzenegger, aunque dejó en cabeza del Banco Central la regulación fina.

La posibilidad de cobrar salarios vía fintech quedó en un gris. El capítulo laboral del proyecto de ley de Bases no lo incluyó. ¿Y si la Justicia o el Congreso terminan validando el DNU? Para algunos laboralistas, la letra que no haya sido específicamente modificada por la ley tendría vigencia. El BCRA tendrá la última palabra.

El Central le dio dos malas noticias a Mercado Pago. Desde mayo, entran en vigencia la interoperabilidad de QR para pagos con tarjetas y las transferencias pull, un sistema para fondear billeteras resistido por la fintech más grande del país. En ambos casos, Santiago Bausili mantuvo, en trazo grueso, las líneas de trabajo de la gestión de Miguel Pesce.

Así, los pagos con QR deberían permitir pagar con cualquier tarjeta de crédito cargada en cualquier billetera. Pero como el Banco Central no definió comisiones ni cuestiones legales, la negociación entre los bancos y Mercado Pago (dueña de la red más importante, en la que invirtió 33 millones de dólares) está estancada.

Los bancos dicen que Mercado Pago “usa” las tarjetas que los clientes cargan gratis. La fintech, que hizo la inversión para que la autopista funcione y que quiere cobrar peaje. “Que nos pidan que abramos el QR es como que les pidamos que abran los cajeros”, le escucharon decir a Paula Arregui, vicepresidenta de Mercado Libre, en un evento con bancos.

Es una de las tantas discusiones internas que se abren en un mundo en expansión y con regulaciones más laxas que hasta hace unos meses.

Otras lecturas:

Periodista especializado en Economía. Pasó por La Nación, Bae, El Cronista y TN. Actualmente es columnista en Mejor País, en Radio Con Vos.