La velada fragilidad de Milei 

En lo económico, prima en el oficialismo una satisfacción difundida con el estado de cosas que fundamenta la baja en el riesgo país. El Financial Times –junto con Bloomberg y otros medios especializados– destacaron esta semana el pago de más de 4 mil millones de dólares de obligaciones en moneda extranjera por parte de la Argentina, en un contexto en que el Gobierno sostiene que podrá afrontar los vencimientos de 2026 y 2027 sin necesidad de regresar al mercado internacional de deuda soberana –algo que el ministro de Economía, Luis Caputo, sólo prevé en caso de poder hacerlo a costos convenientes. Caso contrario, espera poder llegar a las elecciones utilizando financiamiento multilateral, colocaciones locales en dólares, operaciones con bancos y recursos provenientes de privatizaciones.

El pago muestra un esquema que dispone de liquidez suficiente para atravesar un vencimiento que muchos no consideraban posible y es un éxito, en los propios términos de la política económica de Javier Milei. Particularmente, en la medida en que los recursos propios son producto del superávit fiscal y externo, es decir del ahorro del Estado –que se traduce en menor consumo– y, más importante, del ahorro de los argentinos respecto del exterior. El recurso a instrumentos de deuda local en moneda extranjera sería otro paso en este sentido. La contracara, evidente, es el esfuerzo que significa el ajuste, tanto fiscal como externo, para la sociedad argentina.

Juan Cuattromo, uno de los economistas más cercanos a Axel Kicillof, publicó un trabajo interesante sobre el actual modelo económico en el que hace una diferenciación teórica significativa para interpretar la coyuntura argentina entre la progresividad o regresividad de un régimen económico y la sostenibilidad macroeconómica –particularmente de corto plazo– del mismo. 

El trabajo descarta que el esquema actual vaya a chocar necesariamente con una contradicción que provoque un colapso inmediato. En cambio, sostiene que puede estabilizar el tipo de cambio, reducir la inflación y mejorar transitoriamente las cuentas externas, siempre que la actividad, los ingresos y las importaciones estén lo suficientemente contenidos como para no chocar contra la restricción externa. Es decir, que la economía opere deliberadamente con un nivel relativamente bajo de utilización de su capacidad productiva, sin superar la restricción externa.

De acuerdo al trabajo, la relativa debilidad del salario y la crisis de la industria no serían consecuencias indeseadas del programa económico sino parte de su mecanismos de funcionamiento. Menos empleo formal, mayor informalidad y salarios contenidos reducen la masa de ingresos disponible, deprimen el consumo y moderan la demanda de bienes importados y de dólares. Eso vuelve posible la desinflación y tranquilidad cambiaria. El trabajo respalda esta interpretación en la caída de la tasa de empleo desde fines de 2023, el aumento de la desocupación y la presión laboral, el retroceso de las horas trabajadas en el sector registrado y una distribución funcional del ingreso, más favorable al excedente empresario que a los salarios.

Esa estabilización se apoya, además, en una economía de dos velocidades crecientemente concentrada en sectores capaces de generar divisas –agro, energía, minería y algunos servicios–, pero con una capacidad comparativamente limitada para crear empleo, distribuir ingresos y dinamizar el mercado interno. El documento describe una “economía de enclave”: algunos sectores exportadores prosperan y sostienen la disponibilidad de dólares, mientras el comercio, los servicios y otras actividades intensivas en trabajo retroceden. Estos sectores, señala, tienen escasos encadenamientos productivos.

El trabajo también destaca que un cambio en la dinámica financiera no necesariamente aumenta la solvencia de largo plazo. Los dólares provenientes de obligaciones negociables, préstamos, inversión extranjera o flujos de cartera pueden reforzar la oferta de divisas en el presente, pero no tienen el mismo efecto que un aumento de largo plazo en las exportaciones netas. El endeudamiento crea futuras obligaciones de capital e intereses; las inversiones o colocaciones de cartera pueden generar remesas de utilidades o una reversión posterior de capitales. Por eso, la estabilidad es duradera sólo si esos fondos financian proyectos capaces de elevar la productividad, aumentar las exportaciones netas o ahorrar importaciones. El régimen podría ser sostenible bajo una dinámica de ajuste. Cuattromo concluye que aquello no es una estrategia de desarrollo. Mantener la economía ajustada debilita la inversión en sectores basados en el mercado interno, deteriora el empleo, reduce la base imponible de impuestos y compromete el crecimiento, pero no lleva inevitablemente a la crisis. 

Hay una confluencia interesante entre el relato de Caputo y el análisis de Cuattromo. La idea de que Argentina usará recursos propios, basada en el superávit fiscal e instrumentos locales en dólares implica que Argentina sacrificará consumo (la reducción del gasto público, que es en pesos, se convierte en dólares por importaciones ligadas a ese consumo) e inversión (destinado ahorro privado a bonos de deuda y no a otros usos como, por ejemplo, a fondear empresas) que podrían estar destinados a fortalecer la actividad económica. 

En el oficialismo, una respuesta posible –aunque no responda al planteo de fondo– podría ser que Argentina se encuentra ante la posibilidad de un salto exportador estructural de la mano de esos sectores “de enclave”. La mayor disponibilidad de divisas que viene con ese salto exportador haría crecer el límite bajo el cual el modelo es sostenible. La suba de las exportaciones permitiría un aumento de las importaciones, permitiendo un crecimiento del consumo y la inversión incluso manteniendo un modelo de ajuste relativo en lo fiscal. Un aumento de la solvencia externa, además, podría bajar los costos de financiamiento del Estado y las empresas, achicando también el grado de ajuste. El aspiracional, modesto y alejado del verdadero desarrollo, es Chile, una economía sin demasiada complejidad, pero estable, con un PBI per cápita 15/20% mayor al argentino, y algo menos de pobreza. ¿Cuántos supuestos son demasiados? 

Hay otra pregunta. En los últimos catorce años, en los que el acumulado arroja una caída del PBI per cápita, el peronismo gobernó durante ocho. ¿Hay un aprendizaje para evitar volver a las dinámicas de aquellos dos gobiernos donde el intento de operar en aquella frontera de posibilidad externa alimentando (sobre todo) el consumo no trajo estabilidad, pero tampoco crecimiento? Es una incógnita.

En el terreno político, en las últimas semanas empezó a circular, desde distintos despachos vinculados al karinismo, la posibilidad de un entendimiento con los gobernadores que, de confirmarse, implicaría un giro de enorme magnitud respecto de la estrategia política que La Libertad Avanza defendió durante el último año. El esquema sería esencialmente transaccional: los mandatarios provinciales aportarían sus votos en el Congreso para avanzar con la suspensión de las PASO y, a cambio, el oficialismo nacional moderaría o directamente retiraría su competencia en las elecciones provinciales desdobladas.

La lógica del acuerdo es sencilla. El gobernador conserva para sí la totalidad del poder territorial, evita que un candidato libertario le fracture el voto, maximiza sus posibilidades de quedarse con las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes y llega fortalecido a la elección local. Como contrapartida, acompaña a LLA en la elección nacional de su distrito, integrando o respaldando listas de diputados y senadores donde el oficialismo tendría un rol predominante. Una win-win situation.

Si la Casa Rosada consiguiera sostener una elección nacional cercana a los 30 puntos —naturalmente, dependiendo de cómo se distribuyan esos votos entre las distintas provincias— un esquema de acuerdos de este tipo podría acercarla al quórum propio en la Cámara de Diputados y dejarla muy próxima a alcanzarlo en el Senado. Ese objetivo podría resultar más accesible mediante pactos con los gobernadores que a través de una confrontación abierta con ellos. 

Y es precisamente ahí donde aparece la inquietud. Si este termina siendo el camino elegido, cuesta encontrarle sentido a buena parte de la estrategia desplegada durante 2025. Fue el propio Gobierno el que sostuvo que la decisión de enfrentarse electoralmente con los gobernadores tensó al máximo la relación con las provincias y terminó impactando sobre la dinámica legislativa. Según esa explicación oficial, los reveses en el Congreso alimentaron dudas sobre la consistencia fiscal del programa económico, contribuyeron a la volatilidad cambiaria, a la fuerte suba de las tasas de interés y desembocaron, finalmente, en la necesidad de un auxilio financiero extraordinario.

Si todas esas tensiones fueron el costo necesario para construir un proyecto destinado a “pintar de violeta” el país en 2027, pero dos años después la estrategia termina siendo un acuerdo con los mismos gobernadores a los que se decidió enfrentar, entonces resulta inevitable preguntarse cuál fue el beneficio de aquella confrontación. ¿Qué activo político conserva hoy el oficialismo de esa decisión? Porque, aun en el escenario más favorable para Milei —el de su reelección— todo indica que terminaría su segundo mandato con apenas dos o tres gobernadores propios, muy lejos de aquella promesa de reemplazar el mapa político argentino por uno íntegramente violeta.

Hay, además, un dato político que excede esta discusión puntual. Cada vez que un oficialismo dedica buena parte de su energía a modificar las reglas electorales en la antesala de una elección presidencial, difícilmente transmita una imagen de fortaleza. Podrá difundir encuestas favorables, multiplicar los mensajes reeleccionistas y podrá insistir en que Milei marcha sin sobresaltos hacia un segundo mandato, pero “miren lo que hago, no miren lo que digo”. Y la señal que transmite un oficialismo que necesita renegociar sus alianzas territoriales, revisar su estrategia electoral y rediscutir las reglas de juego es, antes que nada, una señal de fragilidad.

Si uno se abstrajera por un momento de la crisis de representación opositora y observara únicamente la posición relativa del Gobierno, la conclusión no parece demasiado alentadora para LLA: frente a un peronismo competitivo y mínimamente coordinado, las posibilidades de una alternancia serían muy altas.