“La fuga es la herramienta legal de los violadores”

En Argentina, una omisión del Código Penal y la inacción del sistema judicial pueden alcanzar para que, en lugar de reparación para una víctima, una denuncia dé como resultado impunidad para su victimario. “La fuga es la herramienta legal de los violadores” para que, en su ausencia, el paso del tiempo juegue a su favor y la Justicia termine declarando prescripta cualquier acción penal contra ellos aunque existan denuncia y pruebas, advierte la abogada Yamila Segovia. Lo dice por experiencia propia, y mientras lucha con armas legales para que no quede en la nada la denuncia de su hermana -a quien representa- contra su abusador y expadrastro, Alberto Martín del Valle.

Cuando Segovia tenía 13 años, Del Valle violó a su hermana, de 11 años, en la casa familiar, en la pequeña localidad de Puan, mientras la amenazaba con un arma. Luego, la llevó a Ciudad de Buenos Aires para obligarla a atravesar un intento de aborto clandestino, porque había quedado embarazada como resultado de los abusos. La intervención no resultó. Cuando la gestación avanzó, la chiquita contó todo a su madre, que radicó la denuncia. La niña dio a luz (“de una criatura nació otra”, explica) y el análisis de ADN estableció en 99,99% la certeza de que el denunciado como abusador era el padre biológico de ese bebé. 

Entonces Del Valle se fugó. Abandonó a su pareja y los cuatro hijos que habían tenido en común, además de los que ella ya tenía antes de conocerlo. Permaneció invisible para el sistema de Justicia durante más de catorce años. Usó nombres falsos y armó otra familia, también en la provincia de Buenos Aires, participó como voluntario en merenderos infantiles, al mismo tiempo que la investigación permaneció inactiva. Desde 2012 tuvo pedido de captura internacional, pero fue dado de baja del sistema “en 2018 sin querer, por alguien”. 

Una causa quieta 

Durante todos esos años, las mujeres Segovia continuaron buscando pistas sobre el paradero de Del Valle y aportándolas a la comisaría, porque la fiscalía más próxima queda en Bahía Blanca, a 200 kilómetros de Puan, el pueblo de algo más de cinco mil habitantes donde vivían. “Cada vez que íbamos a preguntar si había novedades, el comisario nos decía ‘tranquilas ya va a ir a votar, ya va a caer’. La Justicia tenía el arma 9 milímetros que usaba para amenazar a mi hermana, el ADN positivo, el resultado de la Cámara Gesell que le hicieron a mi hermanita con 11 años, todo. Pero no avanzaba”.

La causa y la fuga comenzaron en 2009, Del Valle fue hallado el 23 de agosto de 2026 en Florencio Varela, en casa de su consuegro, que reviste en la Policía Federal. Cinco días después, el juez de garantías Guillermo Mercuri, de Bahía Blanca, dictó su sobreseimiento porque, razonó, la causa prescribió: durante catorce años estuvo inactiva. 

En entrevista con Telefe Bahía Blanca, Mercuri aseguró que “la letra de la ley es clara” y “establece como plazo de prescripción los 12 años”. El magistrado añadió que para la fiscalía y el particular damnificado, es decir, la familia Segovia, la comisión de un nuevo delito permite interrumpir el plazo de prescripción, pero que para él “ese no es el espíritu de la ley”. Mercuri también dijo que la modificación al Código Penal conocida como “ley Piazza” -Nro 26705, modificada en 2015 por la 27206, de “Respeto a los tiempos de las víctimas”- no aplica al caso porque se dictó después de que Del Valle cometiera los abusos.

Del Valle quedó detenido pero no por la violación. El magistrado resolvió mantenerlo privado de su libertad por incumplimiento de deberes de asistencia familiar de los hijos que abandonó al huir.

Segovia apeló la prescripción. Ahora, la responsabilidad de resolver acerca de la acusación por abuso sexual agravado y tentativa de aborto recae en la Sala 1 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala 1, integrada por Christian Alberto Yesari, Gustavo Ángel Barbieri y Emir Rodríguez.

“Se abrió una batalla legal tremenda, y lejos de que la captura de Del Valle sea el final, hoy estoy en esto. No sé cuánto va a durar. No sé todavía si toda mi vida no va a tener que girar en torno a este tipo”, dice Segovia.

La clave está en la omisión del Código Penal, para el cual el tiempo de prescripción corre sin importar si el denunciado como victimario está a derecho y a disposición de la Justicia o, como en este caso, se fuga y deja pasar la cantidad de años necesaria para solicitar que se extinga la acción penal contra él. Actualmente, “la fuga no se contempla como algo que obstaculiza” la acción de la Justicia. Y sin embargo, “la fuga es la estrategia legal de los violadores”, asegura Segovia.

Un amicus contra la impunidad

“El delito no está prescrito, y no puede ser que escapándose el acusado logre ponerse a salvo de la Justicia”, advierte Thelma Fardín, cuya Fundación homónima presentó un amicus curiae para respaldar la apelación de Segovia contra la decisión de Mercuri que beneficia a Del Valle. “La interpretación de las reglas de prescripción no puede convertir la fuga prolongada del imputado en una ventaja procesal ni trasladar a la víctima las consecuencias de una respuesta estatal tardía”. 

El escrito señala que, a diferencia de lo que plantea la resolución del juez Mercuri, el Código Penal, en el artículo 67 (“en su redacción vigente desde 2009”), no exige una condena firme dictada antes de que venza el plazo de prescripción, “tal como sostiene la defensa del imputado”. Que el acusado haya cometido otro delito en ese tiempo es suficiente para interrumpir el plazo de prescripción, y en el caso de Del Valle, ese otro delito estaría encuadrado en la denuncia por el abandono de sus hijos y el incumplimiento de sus deberes de asistencia familiar. 

Lo que buscan la apelación y el amicus curiae, dice Fardin, no es “la aplicación retroactiva de las leyes 26.705 y 27.206 –que modificaron los plazos de prescripción para delitos sexuales contra menores en 2011 y 2015–“, ni tampoco “que se declare imprescriptible el delito de abuso sexual”. El amicus invoca estándares del derecho internacional de los Derechos Humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Fardin conoció el caso a través de la web: por las publicaciones que Segovia viene realizando en la cuenta de Instagram @alerta_busqueda_activa -la misma a la que se contactaron jóvenes de distintas localidades bonaerenses y de CABA para contar situaciones que atravesaron con el mismo Del Valle-. “Veía que ella empieza a hacer una campaña muy fuerte para lograr visibilizar lo que sucedía y la contacto directamente. Veía a alguien que estaba en ese lugar de tener que ir a buscar justicia no solo por la violencia de este tipo, sino por un grado de violencia institucional muy grave”. 

Buscar a quien nadie buscaba

La historia de Segovia es más que la de asumir formalmente la representación de su hermana ante la justicia. Al comenzar la causa, ella empezaba a transitar la adolescencia. Cuando en el colegio le entregaron una computadora del programa Conectar Igualdad, en lugar de navegar en busca de juegos y contenidos afines como sus compañeros, ella se dedicó a rastrear información sobre Del Valle. “Lo buscaba a él, sus vínculos, donde se movía, hacia una investigación de forma muy casera y con pocos recursos. Lo que encontraba, lo aportaba. Le decía a mi mamá ‘mirá, mami, encontré esto’, íbamos a la comisaría, ‘encontramos esta foto’, la aportábamos”. Así fue como dio con la foto de un tatuaje nuevo que Del Valle se había hecho en una mano: esa fue la información clave que permitió identificarlo cuando la policía lo halló y él dio otro nombre.

Segovia quería estudiar Derecho pero inicialmente se recibió de maestra jardinera (“te imaginarás cómo me interpela la infancia, y tengo muy presente que a mi hermanita se la robaron”) porque necesitaba dinero para mantenerse, pagar el alquiler, independizarse. Luego sí, estudió y se recibió. En la Universidad Nacional del Sur, cuando dos compañeros le dijeron que no entendían qué hacía una maestra jardinera estudiando la especialización de Derecho Penal, les contó la historia de la causa contra Del Valle. Ambos, Norberto FIlipini y Leonel Báez, se pusieron a disposición de ella y los tres terminaron formando equipo.

Estrenó la matrícula pidiendo acceso al expediente de la causa contra Del Valle. “Entro al sistema y pensé ‘quizás hay cosas que no veo porque no sé cómo se hace’. En realidad no era eso, sino que no había nada. No había movimientos en la causa, se paralizó en 2013 y hasta 2025 no había nada. Pregunté en fiscalía si faltaban actuaciones y me dijeron que seguramente estaba todo en el expediente en papel. Pero cuando miré la causa en papel, entendí que no estaba errada: no hicieron nada”, recuerda.

Fue entonces cuando empezó a impulsar movimientos en el expediente. En menos de un año, Del Valle fue hallado y quedó detenido. “Años había imaginado qué iba a pasar el día que lo encontraran. Pero cuando pasó, primero la policía decía que el resultado era negativo. Pero era un dato muy concreto el que tenía, era mucha la expectativa. Salí de la casa de mi mamá, le dije que me iba a mi casa, que no se preocupara porque era normal que hubiera un error. Yo insistí, pedí que me mandaran foto de su mano, dije que podía identificarlo con eso. Estaciono afuera de casa y me llega la foto: reconocí el tatuaje. Volví a casa de mi mamá, le di un abrazo. Era llorar y decir ‘ya está, lo encontramos’. Pero estuvo lejos de ser el momento de empezar a cerrar esta historia”.

Del expediente al Congreso

En el Congreso de la Nación, un proyecto de ley lleva el apellido Segovia como nombre. Trata sobre la “prescripción de la acción penal en delitos contra la integridad sexual de menores”. La idea nació de las charlas entre la abogada y sus compañeros Filipini y Báez; “decíamos ‘no puede ser que estos casos queden impunes por el caso del tiempo’, porque esto pasa en un montón de casos” de delitos sexuales. 

El texto propone reformar el Código Penal para “establecer la interrupción de la prescripción de la acción penal durante la rebeldía o sustracción del imputado” en casos de delitos sexuales contra personas menores de 18 años. En Cámara de Diputados, ingresó con la firma de Luciana Potenza (UP), y tiene el acompañamiento de Pablo Juliano (PU), Romina del Plá (FIT), Moira Lanesan Sancho, Fernanda Díaz, Sergio Palazzo y Carlos Castagneto (todos de UP). Fue girado a dos comisiones, Legislación Penal (como cabecera) y Familias, niñez y juventudes. En Senado, ingresó también en agosto, de la mano de Anabel Fernández Sagasti (UP) y espera su turno en la comisión de Justicia y Asuntos Penales.

Por su parte, la diputada nacional Virginia Gallardo (LLA) presentó un proyecto de modificación del Código Penal, que se refiere a agravamiento y prescripción de penas por delitos contra la integridad sexual, con lo cual propone un alcance más amplio (con “actualización de las penas” incluida) y no estrictamente referido a evitar que la fuga sea instrumentalizada por victimarios. La iniciativa también lleva las firmas de las oficialistas Laura Rodriguez Machado, Carolina Basualdo, Johanna Longo, Gladys Humenuk, Giselle Castelnuovo y Gabriela Flores; Pamela Versay (UCR), Nancy Picón Martínez (Producción y trabajo) y Gladys Medina (Independencia). “Hablé con Virginia Gallardo y su idea es acompañar con su proyecto de propio la ley Segovia. Si llega a salir, va a ser ley Segovia, así me lo expresó”, cuenta Segovia. 

En las últimas semanas, el proyecto de “ley Segovia” también llegó a talleres del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, el número 39 -que se realizó en Córdoba-, de la mano de la propia Yamila. “No sigo un partido político ni me postulo en listas. Todos los colores que quieran sumarse son bienvenidos”, repite la mujer que estudió derecho para hacer justicia por su hermana.

Esta nota pertenece a Punto de Encuentro — un especial de Amnistía Internacional Argentina junto a CENITAL. Podés leer todos los artículos acá.