La crisis hospitalaria también alcanza al aborto

Según datos del Proyecto Mirar, entre 2018 y 2025 Chubut no registró ninguna muerte materna por aborto. En ese mismo período, el Hospital Zonal de Esquel pasó de tener un equipo dedicado a garantizar interrupciones legales del embarazo a quedarse sin ningún profesional que las realice. Vivir en la Patagonia siempre ha implicado recorrer largas distancias. Hace poco, alguien tuvo que hacer más de 600 kilómetros hasta Rawson porque sólo ahí podía acceder a una interrupción.

Chubut es la provincia del caso F.A.L.que llegó a la Corte Suprema y fue antecedente y referencia camino a la legalización del aborto. Ese camino le permite hoy resistir el desfinanciamiento nacional: en buena parte de su territorio el acceso se mantiene estable. Pero donde el sistema público está en crisis, como en Esquel y Comodoro Rivadavia, el derecho depende cada vez más de unas pocas médicas y de redes feministas que llegan a pagar los pasajes de quienes tienen que trasladarse.

El camino legislativo 

En 2010, Chubut quedó en el centro del mapa de la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, después de que la Justicia provincial pusiera fin a una interpretación ambigua sobre el Código Penal que limitó el acceso al aborto durante más de un siglo. 

A través del denominado fallo “F.A.L”, en 2012 la Corte Suprema determinó que cualquier aborto producto de una violación no es punible. Hasta ese momento, los tribunales consideraban que, según el artículo 86 del Código Penal, el aborto solo estaba permitido en casos de violación a mujeres con problemas de slaud mental. 

La decisión judicial puso fin a un gris normativo. La despenalización social, sin embargo, tuvo un camino paralelo. “Después del fallo F.A.L empezamos a capacitar médicos y médicas, intentando que garantizaran más abortos permitidos por el Código Penal, mientras el resto del país no queria saber nada”, relata Stella Manzano, la médica que intervino en aquel caso emblemático, referente histórica de la lucha por la legalización del aborto. Sostiene que el fallo permitió que “los médicos tuvieran menos miedo”.

En 2010, incluso antes de la decisión de la Corte Suprema, Chubut sancionó la Ley provincial de Aborto no punible y aprobó en 2011 su propio protocolo de actuación, convirtiendose en la primera provincia en hacerlo. El Ministerio de Salud de la Nación actualizó y unificó el protocolo a nivel nacional recién en 2019. Cuando se sancionó la Ley 27.610 de Aborto legal, seguro y gratuito en 2020, Chubut llevaba años garantizando interrupciones legales del embarazo (ILE) de manera sostenida en todo el territorio.

Esta realidad permite hacer frente al cambio de política que llegó desde el gobierno nacional, con declaraciones en contra de la ley y una merma en el envío de medicamentos para la práctica a lo largo de todo el territorio. “En Chubut estamos bien todavía, se mantiene estable el acceso y con un nivel alto de garantía”, señala Manzano. La referente habla de un acceso amplio a la IVE ILE y a los medicamentos e insumos en la provincia: “Chubut siempre fue una provincia progresista, históricamente, antes de la ley, se hacía cargo, buscabamos la forma de tener siempre anticonceptivos, y casi no teníamos muertas por aborto”, explica. 

A pesar del desfinanciamiento en políticas de salud sexual y no reproductiva y el crecimiento de barreras en todo el territorio nacional, el número de abortos se mantiene relativamente estable. De acuerdo al Reporte anual elaborado por CEDES y el Proyecto Mirar, en 2025 se realizaron un total de 87.603 IVE ILE en 20 provincias, y no se registran aumentos o descensos significativos respecto a los últimos años. Chubut, por su parte, reporta un 805 mujeres atendidas, también con un número relativamente consistente: según datos del Proyecto Mirar, entre 2018 y 2023 se registraron entre 600 y 800 egresos anuales de hospitales públicos por aborto. 

Las garantías en Chubut

El sistema público de salud de Chubut está organizado en cuatro Unidades de Gestión Descentralizada -denominadas Áreas Programáticas hasta 2023- con hospitales de cabecera que cubren la demanda de alta complejidad de las localidades aledañas, en línea con la configuración territorial de la provincia. Esquel, Comodoro Rivadavia, Trelew-Rawson y Puerto Madryn concentran la mayor densidad habitacional, mayor infraestructura urbana y es allí donde funcionan los hospitales zonales o regionales de cada área. El espacio rural restante está caracterizado por miles de kilómetros y caminos de ripio que en diversos momentos del año se vuelven intransitables frente a las inclemencias climáticas. 

Chubut reportaba 27 efectores en el año 2025: según el informe del CEDES, a nivel nacional no se registran cambios significativos en el número de médicos que garantizan interrupciones.

En cada una de las principales ciudades, existe un número creciente de Centros Primarios de Salud (CAPS) que atienden en el primer nivel de salud. En la mayoría de estos centros se garantizan las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), establecidas por ley hasta la semana 14. La situación provincial va en línea con el escenario a nivel nacional: según el informe, la mayoría de las jurisdicciones tiene al menos 70% de los efectores en el primer nivel de atención, lo que explica una mayor proporción de abortos en las primeras semanas de embarazo. 

En el aglomerado Trelew-Rawson, las médicas hablan de un sistema con un alto nivel de garantía, pocas dilaciones y una provisión permanente de insumos. Aunque señalan que todavía son pocos los médicos que garantizan, evidencian un número que crece paulatinamente con la formación de nuevos profesionales que se incorporan ya dispuestos a garantizar el derecho. 

“La ley nacional nos ayudó muchísimo, porque trabajar en un marco legal y más actualizado hace que quizás los colegas no sientan que están haciendo algo prohibido por la ley, entonces eso nos dio más apertura”, dice Ailén Ayasta, tocoginecóloga y ginecóloga infantojuvenil, quien se desempeña en el Servicio de Adolescencia de Trelew y en el consultorio IVE-ILE del Hospital Zonal. 

A unos 70 kilómetros de Rawson y Trelew se ubica Puerto Madryn. Es la ciudad que recibe la demanda de embarazos de mayor edad gestacional de toda la provincia. Paola Duscher es coordinadora del Servicio de Tocoginecología del Hospital Zonal de esta localidad. Junto a otra colega, son las únicas profesionales de Chubut que garantizan ILE de segundo trimestre avanzado, después de las 20 semanas. Son casos puntuales contemplados por la ley más allá del plazo de interrupción voluntaria. 

“Chubut ha sido pionera en garantizar este derecho. Las IVE’s se realizan en los centros de salud y todo lo que es de mayor edad gestacional, se hace internación”, explica. “Es un derecho adquirido, eso no se va a poder sacar nunca, y el día que se intente, iremos todas a la lucha”, subraya. 

Melina Carmona es tocoginecóloga del Hospital Zonal de Rawson. “Siempre somos pocos los que no somos objetores”, afirma. “En el sistema público hay médicos generalistas y ginecólogos que aseguran el derecho a la interrupción; las ILE las hacemos los ginecólogos, en el Hospital somos dos los que garantizamos estos procedimientos de mayor complejidad”, señala.

Para edades gestacionales más avanzadas, las usuarias son derivadas al Hospital de Puerto Madryn. El contacto permanente entre profesionales de cada localidad resulta fundamental para resolver los casos puntuales que requieren traslado o intervención de profesionales especializados. 

Servicios estallados y pocos efectores 

En el sureste de la provincia se encuentra Comodoro Rivadavia, la ciudad con mayor población de todo Chubut. Pese a la amplia demanda regional que cubre —desde el sur de Chubut hasta el norte de Santa Cruz— el número de profesionales que garantizan es históricamente bajo, en línea con un sistema de salud en permanente conflicto. 

“Hace dos años y medio venimos viendo una fuerte desfinanciación de todo lo vinculado a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, de la mano de una fuerte crisis social, política, económica y un ajuste a las instituciones y a los salarios de quienes trabajan en el sistema de salud”, advierte Soledad Cañumil, activista y socorrista de Socorro Rosa Rabiosa. 

Las condiciones laborales del ámbito público obligaron a muchos efectores a desplazarse hacia el ámbito privado, en un contexto de “sobredemanda de los servicios de salud pública en la ciudad”. “Los servicios están estallados, para conseguir un turno en el Hospital Regional tenés que ir a las tres de la mañana para una ventanilla que comienza a dar turno entre las seis y la siete”, relata. 

Pese a ver una paulatina rearticulación del sistema en los últimos meses, las barreras permanecen hacia adentro de las instituciones: “Nos hemos encontrado con personas que se comunican a nuestra línea y nos dicen que en los lugares donde se garantiza o donde se dan los turnos a veces se mal informa sobre el derecho a la IVE, les dicen que no está vigente, o que la ILE ya no se garantiza”, denuncia Cañumil. Según un informe de Amnistía Internacional, en 2025 se triplicaron las barreras de acceso al aborto, y casi el 60% corresponden a barreras de acceso a información clara, precisa y detallada. 

“Siempre somos pocos médicos: si en la provincia de Chubut somos pocos, en los centros de salud de Comodoro Rivadavia somos muchísimos menos”, asegura Silvia Pino, médica generalista del Centro de Salud Integral de Adolescentes (CESIA). La crisis local también hace mella en el acceso a los derechos de salud: Pino explica que es cada vez más común ver pacientes que han dejado de tener cobertura por prepaga u obra social, lo que añade otra capa de complejidad al acceso a los derechos de la salud.

Comodoro Rivadavia atraviesa una crisis profunda tras la salida de YPF, la histórica empresa petrolera que hasta hace poco se configuraba como el polo productivo de la ciudad. La salida de la firma, que se desplazó a Vaca Muerta, se tradujo en la pérdida de cerca de 5 mil puestos de trabajo. La localidad experimenta hoy un rápido crecimiento de los índices de pobreza, precariedad y desempleo que se han acelerado en el último trimestre, lo que impacta de lleno en la sobrecarga del sistema público de salud. 

La atención se sostiene en la Comarca Andina 

Al noroeste de la provincia se ubica Esquel, el epicentro de la Comarca Andina. Andrea González, socorrista de la agrupación Socorro Rosa Comarca Andina, precisa que en la región en general hay buen nivel de garantía y rápida atención. Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén y Cholila cuentan con hospitales rurales que pueden dar respuesta a las interrupciones de primer nivel. Para casos complejos y embarazos más avanzados, hasta hace poco contaban con el servicio de ILE en el Hospital Zonal de Esquel, aunque la única profesional garantista firmó la objeción de conciencia. 

González habla de un “consultorio modelo” en el Hospital de Lago Puelo, con un equipo consolidado y una garantía de IVE en los tiempos y los términos que contempla la ley.  En el servicio de El Hoyo, explica que es más difícil el acceso ya que “no hay un horario, entonces es más complejo si alguien va justo cuando hay un profesional que no es garantista”. A ello se suman ciertos obstáculos como solicitud de estudios que no son requeridos para la práctica y pueden demorar la interrupción. Sin embargo, señala que “todo se termina resolviendo”. Para el caso de Epuyén y El Maitén, donde también funcionan hospitales rurales, la socorrista refiere una buena recepción. 

Sin embargo, advierte que es frecuente que quienes buscan una IVE se desplacen a alguna localidad cercana. “Todas vivimos en localidades chicas, entonces las personas de Epuyén o el Maitén se trasladan porque la confidencialidad es difícil de guardar en lugares así, porque parientes, vecinos y conocidos trabajan en el Hospital”, precisa. Las redes feministas operan para que no gane el estigma: “está todo armado para que puedan moverse y sentirse más seguras”. 

Cuando la crisis golpea los derechos

Verónica Butinof es tocoginecóloga y activista. Trabajó en el Hospital Zonal de Esquel desde 2016 hasta 2024. Durante ese período, coordinó junto a otras dos colegas la conformación del Equipo Multidisciplinario de Interrupción Legal del Embarazo (EMILE) que siguió funcionando incluso después de la aprobación de la ley 27.610. “Creo que de alguna manera también pudimos despenalizar socialmente el aborto dentro de la institución”, asegura. 

Comodoro Rivadavia y Esquel comparten un escenario caracterizado por la crisis en el sistema público de salud. En la medida en que se profundizó la crisis del sistema público, las profesionales que garantizaban se vieron obligadas a renunciar al servicio. 

El número de efectores se redujo a cero frente a la crisis del área de Tocoginecología del Hospital, lo que derivó en un servicio “absolutamente objetor”. En la actualidad, el Hospital recurre a contrataciones del sistema privado para garantizar casos puntuales o se articulan derivaciones a otras localidades, pero la atención dista de tener el nivel de garantía que se evidenciaba años atrás. Las dificultades son notorias para quienes dependen del sistema público, y más aún para quienes no tienen posibilidades de traslado. 

Andrea González explica que el acceso a la ILE es complejo en toda la región. La drástica reducción de las efectoras del Hospital Público de Esquel afecta el acceso de toda la Comarca Andina, ya que la institución es la única de alta complejidad en la zona, de la que dependen puestos sanitarios y hospitales rurales de pueblos aledaños como Lago Puelo, el Maitén, Epuyén y Cholila.

“El Hospital de El Maitén sería una posibilidad, pero las dos ginecólogas son objetoras, entonces no resuelven. Antes las derivaciones se hacían al Hospital de Esquel, ahora es todo muy a pulmón, caso por caso”, explica González. 

La otra alternativa es la derivación al Hospital Zonal más cercano, pero la falta de profesionales amplía las distancias territoriales. Con el servicio garantizado en Esquel, las poblaciones de Lago Puelo, El Maitén, el Hoyo o Cholila debían recorrer distancias de entre 100 y 200 kilómetros para acceder a una ILE. González subraya que recientemente una usuaria debió trasladarse a Rawson, a 622 kilómetros, para acceder a una interrupción. 

“Por lo general quienes llegan a este punto son personas que tienen alguna complicación por la edad, por la situación económica o porque tienen trabajos que no les permiten tomarse el tiempo para la salud. Es a quienes más se les complica viajar”, comenta González. “Antes la Municipalidad pagaba el pasaje para la derivación a Esquel, por ejemplo, pero todo eso desapareció. Nosotras hemos comprado pasajes para que vayan en colectivo, porque la ambulancia ya no funciona para eso y si no, no lo pueden costear”, agrega. El sistema se apoya en ese esfuerzo feminista y militante. 

“Tanto las contrataciones como las derivaciones, nos parecen una obstaculización, una dilación innecesaria de la práctica, trasladarse hasta Esquel ya es complejo, y a las personas con niños o trabajo eso a veces las hace repensar y retroceder en su decisión”, cuestiona. 

En Comodoro Rivadavia, la garantía de la ILE es uno de los puntos más frágiles del sistema. “Históricamente esto se garantizó sin problemas, en nuestra ciudad se garantizaba incluso antes de la ley de IVE, pero en el último tiempo nos hemos ido encontrando cada vez con más barreras”, asegura Cañumil. El principal obstáculo tiene que ver con las dilaciones, postergaciones y desinformación. 

Actualmente, la ciudad cuenta con cuatro profesionales que garantizan ILE en el sistema público, dos en centros de salud y dos en el Hospital Regional, que recibe la demanda de toda la zona sanitaria sur de Chubut. “Los médicos que están en el servicio de gineco-obstetricia son escasísimos”, afirma Pino. “No es sólo responsabilidad del médico, sino responsabilidad del Estado, porque se gana poco, están sobrecargados, porque cada médico del servicio tiene que hacer tres guardias por semana para cubrir la demanda”, agrega. 

Las distancias son una realidad ineludible en el sistema sanitario de Chubut. Así lo recuerda Stella Manzano, quien explica que en sus primeros años de médica más de una vez viajó a atender en otras localidades o recibió pacientes de pueblos aledaños. “Me quedo con las largas distancias de Chubut, pero que tenga un buen sistema de derivación y médicos que creen en la salud pública”, afirma, aunque señala: “Nadie debería cruzar la provincia de un lado al otro, porque son cientos de kilómetros y la médica también pone en peligro su vida para ir a garantizar un aborto”.

El camino legislativo y social de la despenalización permitió a los médicos como Manzano dejar de estar tan solos, al tiempo que construyó un sistema que, aun con sus problemáticas territoriales, continúa garantizando el aborto. 

“Dependemos del aborto para que mueran menos mujeres, y por eso lo vamos a defender”, subraya Manzano. Desde el fallo F.A.L y aún con obstáculos, en Chubut se sigue garantizando. Queda claro que no alcanza con la voluntad de los profesionales que hoy sostienen el servicio, sino con políticas públicas consolidadas para todo el sistema de salud. El trabajo articulado de organizaciones, activistas y médicas resulta clave para sostener el derecho conquistado. 

Esta nota pertenece a Punto de Encuentro — un especial de Amnistía Internacional Argentina junto a CENITAL. Podés leer todos los artículos acá.