Incendios: ¿parte de nuestra nueva normalidad?

Durante septiembre de este año Córdoba sufrió, una vez más, devastadores incendios que arrasaron con varias zonas de bosque nativo y pastizales. Las localidades más afectadas fueron Chancaní, San Marcos Sierras, La Granja, Capilla del Monte y Paso Colorado, aunque se detectaron focos en varias zonas más.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación y un monitoreo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), más de 43.000 hectáreas fueron afectadas durante septiembre, tal como se ve en estas imágenes satelitales. En lo que va del año se estima que ya suman 69.000 las hectáreas quemadas en Córdoba, más del triple de la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde que empezaron los incendios hubo 11 personas detenidas y tres fueron condenados acusados de ser los responsables del inicio del fuego en distintas localidades. Así lo confirmó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.

En total se relevaron 42 viviendas dañadas por el fuego. Perdimos biodiversidad en todas sus formas y colores: bacterias imperceptibles, comadrejas, pumas, zorros, pequeños arbustos e imponentes quebrachos. Biodiversidad, que según le dijo a elDiarioAr Joaquín Deón, investigador del CONICET y brigadista voluntario de Córdoba, necesita al menos 30 años para recuperarse.

Gracias a las lluvias y el esfuerzo incansable de los brigadistas lograron extinguir todos los focos activos, pero las autoridades advirtieron que el riesgo de nuevos incendios se mantiene extremadamente alto, especialmente con la llegada de octubre y noviembre, meses en los que se espera un clima seco y cálido. La sequía que azota a la región empeora la situación y esto llevó a la Cámara de Diputados a declarar una emergencia ambiental, económica y habitacional por 180 días, en un intento por aliviar las consecuencias de esta catástrofe lamentablemente demasiado recurrente.

Una amenaza constante

Si pensamos en los últimos años es difícil recordar un momento en el que Argentina no haya sufrido grandes incendios. Si nos alejamos al 2020, los incendios forestales y de humedales arrasaron con más de un millón de hectáreas en todo el país. Ese mismo año, más de 14 provincias registraron incendios, destacándose Córdoba y el Delta del Paraná como los territorios más afectados. Fue un año particularmente devastador.

En 2021 la situación no mejoró y se declaró la emergencia ígnea en todo el país debido a los incendios en la Patagonia y otras regiones. Uno que personalmente no puedo olvidar: el desastre en los Esteros del Iberá, uno de los humedales más importantes de Argentina, donde en el año 2022 el fuego devoró gran parte del ecosistema. Entre el 2023 y este año, la provincia de Chubut fue duramente golpeada por incendios forestales que se extendieron por miles de hectáreas. Por supuesto que al listado se suma Córdoba como el epicentro más reciente.

Entre 2019 y 2023, más de 3,2 millones de hectáreas se quemaron en Argentina, una superficie equivalente a toda la provincia de Misiones, prácticamente arrasada por el fuego.

¿Y en la región?

Esta crisis no es sólo nacional, sino que afecta a gran parte de Latinoamérica, que actualmente se encuentra prendida fuego.

El 1 de octubre, Bolivia declaró el estado de emergencia por los incendios forestales particularmente en el departamento de Santa Cruz, donde los incendios devastaron 7,2 millones de hectáreas de bosque, lo que supone el peor desastre ambiental de la historia de la región. En Ecuador, la actividad de los incendios forestales sigue aumentando.

El fuego no viene solo, en Perú al menos 163.000 niños y niñas indígenas sufren problemas de salud debido al humo y las cenizas, según UNICEF.

En Brasil, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) registró más de 164 mil incendios en ese país entre enero y principios de septiembre, la cifra más alta desde 2010. Los estados más afectados son Mato Grosso, Pará, Amazonas y Tocantins.

El humo de los incendios de Brasil también llegó a la Argentina y provocó visibilidad reducida en varias provincias.

Argentina, ¿por qué se incendia el país?

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) señala que el 95% de los incendios son causados por actividades humanas. El otro 5% se debe a causas naturales, donde los ejemplos más comunes son la caída de rayos o la actividad volcánica.

Comencemos por saber que, desde un punto de vista ecológico, los incendios pueden ser beneficiosos: hay una “dosis” natural de fuego que puede reforzar los ciclos naturales ayudando a la renovación de la vegetación y creando nuevos hábitats para diversas especies, independientemente de que la causa haya sido natural o humana. El problema surge cuando los factores antrópicos alteran estos ciclos, provocando incendios fuera de la frecuencia e intensidad que los ecosistemas pueden soportar.

Vamos a detenernos en ese 95% donde la culpa la tiene algún humano. Puede ser, alguien que se fue de vacaciones a la montaña y dejó el fogón prendido o tiró por la ventanilla del auto un cigarrillo encendido, entre otras causas similares relacionadas con accidentes o negligencia. 

Pero también, dentro de las causas humanas, tenemos las intencionales y/o especulativas relacionadas con el uso del fuego o con el cambio en el uso de la tierra: limpieza de terrenos y basureros, preparación de suelos para forestación, agricultura, ganadería o urbanización.

¿Eso está mal? ¿Es ilegal? Bueno, las quemas en el marco de procesos productivos, si son controladas y cuentan con la autorización oficial correspondiente (suponemos dadas por especialistas en manejo del fuego y con perspectiva climática), no deberían generar problemas. Es una herramienta de muy bajo costo y muy eficiente para eliminar los residuos de la cosecha, las posibles plagas que pueden hospedarse en los residuos y controlar malezas.

Un estudio del CONICET investigó la relación entre las restricciones impuestas por la Ley de Bosques (por ejemplo, baja de autorizaciones para quemas controladas) y el aumento de los incendios intencionales. Llegó a la conclusión de que, sin los permisos para realizar un desmonte y dar a la tierra un uso alternativo, los productores o empresarios buscan dos vías posibles: la tala ilegal del bosque o provocar un incendio intencional y simular un hecho accidental. Horrible, pero es lo que está sucediendo en nuestro país. Muchas actividades agropecuarias compiten fuertemente por el uso de tierras forestales.

Cuando hablamos sobre cambios en el uso del suelo a partir de incendios, debemos incluir también el proceso de modificación de la tierra rural a urbana. Una de las hipótesis que hay sobre la mesa es la causa urbanística y el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios como barrios privados en tierras quemadas. Si te interesa profundizar en este tema te recomiendo esta edición de #TramaUrbana por Fer Bercovich vinculado con los incendios en el Delta del 2022 y los intereses especulativos.

En línea con este tema, en el 2020 el Congreso de la Nación aprobó una modificación de la Ley Nacional de Manejo del Fuego, con el objetivo de ampliar las restricciones en el uso de las tierras afectadas. La modificación busca desincentivar estas prácticas inhabilitando el loteo, división o cualquier uso de las tierras diferente al que tenían previo al incendio.

En caso de incendios accidentales o provocados, rige una prohibición de 30 años para realizar modificaciones en el uso y destino de las tierras, ascendiendo a 60 años en el caso de bosques nativos, áreas naturales y humedales.

Si bien a priori esto parecería una excelente solución para combatir la especulación de estas tierras, la modificación aún no fue reglamentada. De todas formas, para que pueda aplicarse en los territorios es necesario que cada provincia adecue su normativa provincial a la ley nacional.

Tengamos en cuenta también que, en un planeta cada vez más caliente, los factores climáticos como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, la sequía y los vientos fuertes crean las condiciones óptimas para el inicio y la propagación de incendios. Un informe de Naciones Unidas nos dice que aumentarán un 30% para 2050 y un 50% para fin de siglo debido a la crisis climática.

¿Qué impactos generan?

Para entender mejor las consecuencias que generan los incendios, podríamos dividir sus efectos en 3 dimensiones: social, ambiental y económico.

• Impacto social. Los incendios afectan directamente a las comunidades locales, muchas veces obligando a la evacuación de personas, destruyendo hogares y bienes, y poniendo en riesgo la salud debido a la inhalación de humo y contaminantes en el aire. El humo generado por un incendio puede permanecer en la atmósfera hasta diez días afectando a la calidad del aire con partículas nocivas para la salud que pueden penetrar en las capas más profundas del pulmón.
• Impacto ambiental. Es uno de los más devastadores. Destruyen ecosistemas completos, afectando la biodiversidad y poniendo en peligro especies nativas. Tanto los bosques como los humedales cumplen funciones esenciales que se pierden con el fuego. Los bosques, por ejemplo, regulan el clima capturando dióxido de carbono y liberando oxígeno, además de brindar hábitat a miles de especies, regular el ciclo del agua y prevenir la erosión del suelo. Cuando se queman, estas funciones desaparecen, acelerando el cambio climático y la desertificación.
  En el caso de los humedales, el impacto es igual de grave. Estos ecosistemas actúan como “esponjas” naturales que absorben el exceso de agua, mitigan inundaciones, y filtran el agua, mejorando su calidad. Además, almacenan carbono y son reservorios de biodiversidad. La pérdida de estos espacios debido a los incendios no solo afecta la flora y fauna, sino que también elimina todos estos servicios ecosistémicos fundamentales.
• Impacto económico. Los incendios pueden dañar casas, cultivos y recursos naturales que son base para muchas economías locales. En áreas de producción agrícola o ganadera, los incendios pueden destruir cosechas, campos de pastoreo y matar ganado, lo que genera un impacto directo en los ingresos de las familias y las economías regionales. El turismo, especialmente en zonas naturales protegidas, también se puede ver muy afectado, reduciendo la actividad económica en lugares que dependen de visitantes. Además, para el Estado, el costo de controlar incendios, incluyendo el despliegue de brigadistas, aviones hidrantes y otros recursos, implica una fuerte inversión de fondos públicos que podrían haberse ahorrado si se hubiera trabajado en el control y prevención.

Todo fuego es político

¿Qué herramientas tenemos o necesitamos para combatir esta problemática?

Primero hay que entender que no hay una única solución. Las acciones deben ser múltiples y coordinadas, involucrando tanto la prevención como la respuesta ante emergencias, el monitoreo y la sanción efectiva de los responsables.

Te dejo, a mi criterio, algunas herramientas y medidas clave que el país necesita fortalecer:

Ley de Manejo del Fuego

La Ley 26.815 de Manejo del Fuego, sancionada en 2012, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional. Como te conté más arriba, fue modificada en el 2020 para prohibir el cambio de uso del suelo en terrenos afectados por incendios por 30 a 60 años, pero aún falta su reglamentación efectiva para que cumpla su propósito. Sin la implementación adecuada, la especulación inmobiliaria y el cambio de uso agrícola siguen siendo riesgos latentes.

Según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, entre abril y agosto de 2024 se ejecutó un 40% del presupuesto anual para el SNMF, que dispone, actualmente, de $12.107 millones. En el primer trimestre del año no se gastó ni un peso (literal) para combatir el fuego.

Fortalecimiento de Capacidades y Coordinación

Uno de los mayores desafíos en la gestión del fuego en Argentina es la falta de coordinación entre la Nación y las provincias. Las provincias son las primeras responsables, pero a menudo no cuentan con equipamiento adecuado ni suficiente capacitación. Es fundamental potenciar los recursos provinciales, unificar protocolos de acción y mejorar la respuesta rápida ante emergencias, a través de brigadistas capacitados y sistemas de monitoreo y alerta temprana.

Prevención y Justicia

La prevención debe estar en el centro de cualquier estrategia. Se necesita un plan de prevención de incendios que incluya la educación a la ciudadanía, la reducción de especies exóticas que favorecen la propagación del fuego y el trabajo directo con las comunidades locales, que pueden ser las mejores aliadas en la gestión y combate de incendios.

La creación de la figura de delitos ambientales en el Código Penal es clave para asegurar penas más severas a los responsables de iniciar incendios de manera intencional o por negligencia. Las sanciones deben ser un fuerte disuasivo para quienes arriesgan vidas humanas y destruyen el ambiente en busca de beneficio personal. Asimismo, la justicia debe actuar con mayor rapidez y eficiencia.

Ley de Humedales

Por otro lado, la Ley de Humedales, largamente postergada, es una herramienta urgente para proteger estos ecosistemas tan importantes. No resolverá el problema de los incendios por sí sola, pero proporcionará un marco de ordenamiento para decidir qué actividades pueden llevarse a cabo en los humedales, y dónde se necesita una conservación estricta. Por ahora, tan solo un proyecto de ley.

Los bosques, eternos postergados

Estuvo circulando mucho en redes sociales que el famoso DNU 70/2023 impulsado por el Gobierno Nacional a principio de año había derogado la Ley de Manejo del Fuego. Esto es falso. Lo que hace la Ley de Bases es facultar al Poder Ejecutivo Nacional a fusionar, disolver, liquidar varios fondos fiduciarios. ¿Qué pasó estos días? Exactamente eso.

El 8 de octubre, a través del Decreto 888/2024, se disolvió el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE). ¿Qué es esto? Un instrumento financiero destinado a proteger y gestionar las zonas con bosques nativos de Argentina.

Tal como menciona en X Lucas Figueroa, especialista en bosques nativos y políticas ambientales, “este cambio es un retroceso significativo para la administración de la Ley de Bosques que venía mejorando en términos de transparencia y eficiencia. Vuelve a ser un nuevo desafío (o desincentivo) para las provincias para seguir con la implementación”. Te dejo su hilo en X dónde explica mejor, cómo funciona esta herramienta y por qué es una mala noticia para los bosques, justo después de atravesar los incendios forestales en Córdoba.

A nivel general, los presupuestos de la Subsecretaría de Ambiente y de la Administración de Parques Nacionales cayeron entre el 12,25% y el 25%, según datos de la organización ambiental FARN.

Para cerrar, te dejo esta foto de los vecinos del barrio Las Rosas de Villa Carlos Paz juntando agua para ayudar a los brigadistas a apagar los incendios. En tiempos donde el individualismo parece estar institucionalizado, siempre es bueno recordar que nadie se salva solo.