Hidrovía y Telecom: las grandes empresas pierden la paciencia

El lunes hubo un anuncio bomba del acuerdo que cerró Telecom (Grupo Clarín) con Telefónica a cambio de USD 1.245 millones que financiarán grandes bancos internacionales. Antes del comunicado oficial de ambas multinacionales, el Gobierno prometió poner a trabajar a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para “evitar la formación de un nuevo monopolio (…) creado a la luz de décadas de beneficios estatales”.

Hasta el viernes pasado, Javier Milei seguía defendiendo a los monopolios. “Los monopolios no son malos, salvo que sean armados por el Estado”, dijo en su exposición ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Washington. Tres días después, se puso en modo 678 contra la corpo mediática.

La intervención de la CNDC en casos como este es obvia y tiene una burocracia por delante. Las empresas involucradas deben informar de la operación, una dirección de Concentradores Económicas la analiza y, luego, Defensa de la Competencia emite una recomendación sobre el impacto potencial en el sector. Es un proceso que puede demorar más de un año. Llamó la atención la premura con la que el Gobierno “prejuzgó”. Podemos decir que tiene argumentos para hacerlo, ya que la concentración superaría el 80% en algunos negocios. Pero la pelea está clara. En octubre, el Gobierno había anunciado que ejecutaría el cobro de multas contra Telecom y Telefónica por $3.000 millones. El Grupo, en ese entonces, no respondió. Con el diario del lunes, quedó claro que preparaba algo más importante.

Telecom (40% de los accionistas del Grupo Clarín, 40% de Fintech, de David Martínez) no se movió de la letra del comunicado en el que informó la operación. El texto incluye una caricia significativa a Milei, en boca de Roberto Nobile, CEO de Telecom. “Con esta operación Telecom demuestra una vez más su vocación de seguir invirtiendo en la Argentina, en el marco de las condiciones macroeconómicas actuales, que suman certeza y estabilidad a la inversión privada y competitiva”. Clarín, luego, comparó el tamaño de Telecom + Telefónica (USD 7.300 millones y USD 1.000 millones de capitalización de mercado) con el de su competidor Claro (USD 87.000 millones). Aunque omite mencionar el peso de cada uno en el mercado argentino. 

Por agua

La CNDC, avisó el Gobierno, también intervendrá en el supuesto boicot sobre la licitación de la Hidrovía (conté la rosca en torno a esta ruta fluvial por la que salen el 80% de las exportaciones acá). El 12 de febrero fue la fecha de presentación de las propuestas y el Ejecutivo anunció que daba por caída la compulsa. Solo una empresa de las 11 que compraron el pliego hizo una oferta: la belga DEME, la misma que quiso impugnar la licitación en la Justicia. DEME dejó trascender que su oferta era mucho más barata que la que podrían haber hecho sus competidoras, pero ninguna mostró los números. La cifra que importa ahí es la del peaje que cobrará la concesionaria para pagar las tareas de dragado y seguridad. Es la que quieren bajar las grandes cerealeras y los productores del agro.

Su compatriota Jan de Nul, la dragadora actual, decidió no presentarse a último momento. Adujo que el proceso se había desnaturalizado. Otros, más desconfiados, le atribuyeron juego en sincro con el Ejecutivo. Otros especialistas e interesados sospechaban que el pliego estaba armado a su medida. Las competidoras neerlandesas Boskalis (a la que le atribuyen los buenos oficios de Mauricio Macri y la reina Máxima) y Van Oor tampoco lo hicieron. Esta última tenía la oferta sobre la mesa pero, como Jan De Nul, desistió. 

El director ejecutivo de la Agencia de Puertos, Iñaki Arreseygor, incendió todo en su presentación del jueves pasado ante el Congreso. “Me toca devolver las cortesías al exministro (Guillermo) Dietrich; por supuesto, al expresidente Mauricio Macri; el diario La Nación nos dedicó columnas todos los domingos operando este procedimiento, estudios de abogados que uno históricamente ha supuesto que velaban por la objetividad de los temas como el estudio Casagne…”, enumeró. “Hubo una mano misteriosa que, a último momento, presionó a todos los actores para que no se presenten” (en la licitación), dijo. “Esto constituye delito de traición a la patria”, provocó. El estudio Casagne es uno de los que patrocinaron a Deme. En tiempos no muy lejanos asesoraba a Jan De Nul.

Más allá del pataleo, el Gobierno deberá barajar y dar de nuevo. Probablemente se tome unos meses para relanzar la licitación. Fuentes del sector entienden que deberán flexibilizar las condiciones porque, sin la compulsa de al menos tres empresas, el proceso pierde transparencia y queda a tiro de impugnación judicial. Quizás quede para después de las elecciones.

El pliego, por caso, incluía la obligación del nuevo concesionario de saldar una deuda del Gobierno con Jan De Nul por casi USD 100 millones. Eso motivó una denuncia de la Coalición Cívica a Alberto Fernández y funcionarios de su gestión y el allanamiento a las oficinas de la empresa belga. Ninguna competidora quería hacerse cargo de ese pago.

¿Qué tiene que ver todo esto con $Libra? Consulté a un histórico empresario, de esos que charlaron y negociaron con todos los gobiernos. “Todos los partidos políticos se financian con plata negra y La Libertad Avanza no es ajeno a eso”, recordó. No es algo que sorprenda, pero ayuda a entender los links entre la criptoestafa y todas las roscas que hay sobre la mesa. Se sospecha, por ciertas conexiones, que esos al menos USD 100 millones que se recaudaron con $Libra tenían como destino el financiamiento de la política libertaria. Y ahí es donde entran las otras roscas. “Lo único que faltaba en el pliego de la Hidrovía era una cláusula que dijera que solo se puede presentar Jan De Nul”, añadió.

Por tierra

Y acá es donde entran, también, las licitaciones para concesionar las rutas. En estos días se llevan a cabo audiencias públicas –como primer paso– para repartir unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales, divididas en trece tramos. El proceso va a ser largo y los constructores se atragantaron con los insultos de Milei para participar de las concesiones.

En los últimos días, Federico Sturzenegger eliminó un registro de Constructores que pretendía dar ciertos reaseguros de que las empresas contratistas tenían experiencia y espalda en la obra pública. Celebró que, ahora, cualquiera podría presentarse a la licitación. Es lo contrario a lo que sucedió con la Hidrovía, en donde las condiciones eran tan específicas que dejaban afuera a casi todos los interesados. Por ahora, no hay anotados más allá de los históricos.

La primera concesión será la del corredor 18, conocido como la “ruta del Mercosur”, que incluye tramos de las rutas 12 y 14 y el puente Victoria-Rosario. El consorcio Caminos del Río Uruguay (Crusa), conformado por un grupo de empresas locales, tiene a cargo la concesión desde los 90. El contrato vence el 9 de abril. Crusa ya hizo denuncias en reclamo de unos USD 300 millones por actualizaciones de tarifas no otorgadas en las últimas décadas y sostiene que el Gobierno debe cerrar con ellos antes de iniciar una nueva compulsa.

Es un proceso que va para largo y que va a avanzar con en el año electoral. Como tantos otros vinculados a las 59 empresas de control estatal que Diego Chaher, el titular de la unidad de privatizaciones, tiene en la mira para vender, concesionar o liquidar. La licitación de la Hidrovía y las denuncias cruzadas entre el Gobierno y el macrismo dejaron a todos salpicados. Si hay lugar a impugnaciones judiciales, pocas empresas van a estar dispuestas a poner los miles de millones de dólares que hay que enterrar para dragar la Hidrovía en los primeros años.

La transparencia es clave para que estos procesos avancen –sean deseables o no–, pero no abunda. Se extendió el rumor de que el Gobierno pujó por una oferta alternativa a la de Telecom para que un grupo amigo que empieza con W se quede con Telefónica.

Sin novedades concretas, tampoco habrá dólares frescos provenientes de privatizaciones o de concesiones para financiar el plan Platita Dulce. Ni dólares, ni pesos, ni libras.