Hay una alternativa a la “motosierra”

El 2 de marzo, en la apertura de sesiones legislativas de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof señaló que «además de echarle la culpa a la gente, insisten con que la raíz de todos los males es el Estado». Cerró con la idea de que mientras ese discurso siga siendo aceptado y reproducido ciegamente por algunos empresarios y por la dirigencia, va a ser muy complicado entrar en una etapa de desarrollo de nuestro país.

Hasta ahora, tal vez por la fatiga acumulada alrededor de la premisa «Estado presente», este tema aparecía en la oposición con cierta timidez. La propia Cristina Fernández de Kirchner, hace un año, insinuó esto cuando dijo que «seguir hablando del Estado presente significa no estar acorde con lo que está pasando hoy en la sociedad. Tenemos que volver a ver cómo logramos un Estado eficiente». 

Poco más se dijo desde entonces, pese a que nos encontramos ante una discusión central, tanto política como para el desarrollo del país. Porque si el gobierno ya logró instalar una respuesta simple, brutal y eficaz para el Estado –la motosierra–, la pregunta para la oposición es qué alternativa ofrece, qué Estado y para qué. Y al servicio de qué proyecto de país.

Un debate que se da en el centro de poder

Durante los últimos años, la discusión sobre la eficiencia del Estado se instaló en el corazón de las democracias occidentales. Sin ese contexto, no se entiende del todo cómo Milei, y sobre todo su motosierra, lograron convertirse en un símbolo de “rebeldía” para sectores de Estados Unidos y Europa. Para esta nueva derecha, el Estado se volvió el enemigo, la casta, el escenario principal de una batalla ideológica. 

Estados Unidos ofrece hoy el ejemplo más ilustrativo de esta disputa. Desde la asunción de Trump 2.0, la discusión sobre el rol de la administración federal se volvió más intensa y más visible. No es casual que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, haya elegido como puerta de entrada a la política una oficina de reforma gubernamental, un lugar que en casi cualquier otro país estaría reservado a un funcionario de segundo orden. Pero lo verdaderamente significativo del último año es que la crítica al aparato estatal dejó de ser patrimonio exclusivo de la derecha. También desde el liberalismo y desde el progresismo empezó a consolidarse la idea de un Estado atascado, paralizado.

Francis Fukuyama es uno de los que viene ofreciendo este diagnóstico desde el liberalismo. En un artículo del Financial Times, el autor del “Fin de la historia” sostiene que décadas de desconfianza, tanto de la derecha como de la izquierda, le fueron apilando al Estado tantas capas de controles y procedimientos que terminaron por paralizarlo. Marc Dunkelman, en Why Nothing Works, y Ezra Klein y Derek Thompson, en Abundance, profundizan esta tesis desde el progresismo: los propios reformadores, a partir de los años setenta, priorizaron distribuir el poder antes que ejercerlo, generando una maraña institucional que terminó ahogando la capacidad estatal de ejecutar. Klein y Thompson agregan que el ala progresista terminó adoptando el modelo neoliberal de subsidiar la demanda (vouchers educativos, subsidios al alquiler) en lugar de producir oferta. 

El punto central no es que haya que regular menos. La escasez de vivienda, infraestructura y energía limpia en Estados Unidos no se debe a una falta de recursos ni de tecnología. Responde, sobre todo, a un problema de capacidad y eficiencia estatal, a la distancia entre lo que un Estado promete y lo que efectivamente logra hacer. Pero entonces la pregunta que surge es: ¿cómo se logra esto si no es mediante reformas?

Reformar el Estado, ¿sirve políticamente?

Uno de los lugares comunes en ámbitos progresistas es que hablar de reforma del Estado equivale a “comprarle la agenda a la derecha”. Que la simplificación y la modernización administrativa son, en el fondo, un eufemismo para la desregulación. O que las encuestas nunca muestran a la eficiencia estatal como una prioridad ciudadana y que, por lo tanto, no influye en las preferencias de voto.

Es cierto que, cuando las encuestadoras preguntan “¿cuál es el problema más importante del país?”, la eficiencia o la capacidad del Estado no suele aparecer entre las prioridades. En América Latina, según Latinobarómetro, las respuestas se concentran en la economía, la inseguridad y el desempleo. Pero eso no significa que la capacidad del Estado sea irrelevante para los ciudadanos. Tal vez solo nos indique que la miden de otra forma.

La primera Encuesta de Confianza de la OCDE para América Latina, publicada en 2025 con datos de diez países de la región, muestra cómo los ciudadanos evalúan al Estado no en abstracto sino a través de su experiencia concreta. Solo el 40% está satisfecho con el sistema de salud, el 50% con el sistema educativo, apenas el 36% cree que una solicitud de un beneficio público sería tratada con justicia, y solo el 31% confía en que un funcionario rechazaría un soborno. La gente no pide «reforma del Estado» como consigna, pero lo evalúa todos los días: cuando lleva a sus hijos a la escuela, cuando va al hospital, cuando hace un trámite, cuando ve funcionarios que se vuelven millonarios. Según los datos, esas experiencias cotidianas, tangibles, son el principal predictor de confianza en las instituciones públicas de la región, más que la afinidad ideológica con el gobierno de turno.

En los análisis de opinión pública suele distinguirse entre la opinión que se expresa espontáneamente y la «opinión latente»; aquella que existe, pero solo se activa cuando un líder político logra articularla. Con los Estados que funcionan suele darse este caso. Los réditos políticos aparecen cuando esa demanda inarticulada se convierte en una propuesta concreta. Tony Blair ganó en 1997 prometiendo modernizar los servicios públicos, con metas precisas para reducir los tiempos de espera en el sistema de salud, reformas en educación y una función pública más profesional. Narendra Modi ganó en 2014 con el eslogan «minimum government, maximum governance» y su modelo Gujarat de eficiencia administrativa.

Tal vez el ejemplo más relevante para el progresismo lo expresa Zohran Mamdani. Como lo subrayó Iván Schargrodsky en Cenital, ganó la elección de noviembre de 2025 en Nueva York con una plataforma centrada en la «affordability» que combinó intervención económica con eficacia pública. En una entrevista con el periodista Derek Thompson, Mamdani sostuvo que «cualquier caso de ineficiencia pública es una oportunidad para que se argumente en contra de la existencia del sector público». Y fue más lejos: «Es frustrante que hayamos permitido que el lenguaje en torno a la burocracia, la eficiencia y el despilfarro se perciba como una preocupación de la derecha. Es la principal preocupación de la izquierda».

Argentina tiene su propio antecedente. Florencio Randazzo nació como precandidato presidencial en 2015 a partir de resultados en la gestión del Estado. Primero, con la implementación del DNI y el pasaporte biométrico. Después, sobre todo, con la renovación del sistema ferroviario tras la tragedia de Once. Más allá de cómo terminó dilapidando ese capital político, lo interesante es cómo lo construyó. Haciendo funcionar al Estado en áreas concretas, con resultados visibles para los ciudadanos cada vez que sacaban un documento o se subían a un tren.

El argumento de que la eficiencia del Estado «no da votos» confunde causa y efecto. La eficiencia no aparece en las encuestas como prioridad porque los ciudadanos la expresan de otra manera. La traducen en frustración con los trámites, en desconfianza institucional, en hartazgo con un Estado que no responde y conserva sus privilegios. Cuando alguien articula esas necesidades en una propuesta política concreta, el apoyo suele aparecer. En Argentina, la demanda por una gestión de lo cotidiano existe, pero hasta ahora, nadie en la oposición la está articulando. 

Lo viejo, a veces, funciona

El señalamiento, acaparado por esta nueva derecha, de que el Estado es más un problema que una solución, no carece de fundamentos. Argentina tiene un sistema previsional que consume cerca del 10% del PIB, similar al de países con poblaciones mucho más envejecidas, y sostenido sobre decenas de regímenes de excepción. Tenemos un Estado que en 2025 gastó más en servicios de deuda (8,7%) que en educación (5,8%) o salud (5,6%). El empleo público creció cerca del 70% entre 2003 y 2023, sin que eso se tradujera en mejores servicios. Y se convive con una corrupción estructural en varias cajas del aparato estatal.

Pero ahí empieza, también, la simplificación. Porque la narrativa pesimista sobre el Estado argentino se volvió totalizante, un lugar común. No discrimina entre lo que fracasó, lo que se degradó y lo que todavía funciona. Y esa narrativa de desprestigio de lo público, como un huracán, termina arrasando lo que sí funciona, lo que costó décadas construir con el trabajo de servidores públicos que el discurso dominante prefiere caricaturizar como «ñoquis» para celebrar despidos y recortes.

Un caso emblemático es el CONICET, que lleva siete años consecutivos como la institución científica gubernamental número uno de América Latina según el ranking Scimago. INVAP diseña y exporta reactores nucleares de investigación a países como Australia, Egipto, Argelia y Holanda, algo que solo hacen otros seis países en el mundo. Las acciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que el gobierno quiso disolver en 2025, contribuyeron a reducir un 28% las muertes en siniestros viales entre 2008 y 2024. El Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner) se construyó en tiempo récord, a contramano de la inercia burocrática que lo había trabado durante años. El sistema universitario público y el sistema de salud se sostienen a pesar de recortes acumulados y décadas de desprestigio hacia lo público. Si se la compara con otras economías de ingreso medio-alto, la Argentina todavía conserva un sistema de bienestar poco habitual para su nivel de desarrollo.

Timothy Besley y Torsten Persson señalan en Pillars of Prosperity que las normas, los valores y las instituciones que sostienen un Estado eficaz son de construcción lenta, pero que, una vez establecidas, pueden formar un vínculo que ata prosperidad, paz y capacidad estatal. El problema es que destruirlas suele ser mucho más fácil que reconstruirlas. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en Argentina, en esta versión a medias de la “destrucción creativa” schumpeteriana. El presupuesto nacional para la ciencia y tecnología pasó de 0,30% del PIB en 2023 a 0,21% en 2024. Para 2025 cayó en torno al 0,16%, un mínimo histórico. 

¿Transformar el Estado para qué?

Otro de los problemas de los debates sobre la transformación del Estado es que tienden a darse en el vacío. Se invoca la “eficiencia” como si fuera un fin en sí mismo, sin preguntarse para qué. Ahí reside, en parte, la fuerza simbólica de la motosierra. Ofrece una respuesta simple, un Estado mínimo, un mercado que asigne, una política que se retire. La cuestión, para la oposición argentina, es si dispone de una propuesta igual de nítida.

La dificultad de esa lógica de Estado mínimo como puente hacia el desarrollo es que el mundo ya no se mueve en esa dirección. La pandemia, la incertidumbre geopolítica y la puja tecnológica entre Estados Unidos y China, quebraron un consenso imperante hasta hace algunos años: que las cadenas globales de suministro se autorregulaban y que la política industrial era cosa del pasado. Hoy los principales gobiernos del mundo compiten abiertamente por insertarse tecnológicamente en las cadenas de valor, por ejemplo, de semiconductores, energía y minerales críticos; y los Estados asumen un rol protagónico en esa estrategia. 

Brasil adoptó esa dirección con su plan “Nova Indústria”, orientado a sectores como la agroindustria, salud, bioeconomía y defensa, colocando a su banco de desarrollo, BNDES, como brazo ejecutor. México centra sus esfuerzos en una estrategia de nearshoring para capturar manufactura avanzada. La UE, Corea del Sur, India, Japón, y desde luego, China: todos están movilizando inversión pública para atraer capital privado con dirección estratégica. Incluso la política arancelaria y las intervenciones militares de Trump son consideradas por varios analistas como una política industrial por otros medios. Es decir, el mundo va en la dirección exactamente contraria a la que propone el gobierno argentino. Y si eso es así, la oposición no debería limitarse a denunciar el estado actual de las cosas. Debería ser capaz de ofrecer un proyecto reconocible de desarrollo. 

Ahora bien, ningún proyecto de desarrollo se materializa sin un Estado capaz de ejecutar. La discusión no debería girar en torno a “más o menos Estado”, sino a qué capacidades estatales necesita Argentina para impulsar una estrategia de desarrollo. Aunque responder esa pregunta excede este artículo, es posible señalar tres dimensiones.

La primera es el propósito. Mariana Mazzucato y Rainer Kattel sostienen, en un trabajo reciente, que el Estado no puede limitarse a corregir fallas de mercado, sino que tiene que moldearlo. El market-shaping state es un Estado que fija una dirección estratégica, invierte donde el sector privado no entra y sostiene esas apuestas en el tiempo. La clave no es solo que tenga una estrategia –eso es fácil de hacer–, sino que deje de pensarse como árbitro o mero distribuidor y asuma un rol más activo como inversor con dirección. 

En Argentina, el debate quedó atrapado entre dos extremos: un Estado centrado en transferir y regular, y el de la motosierra, centrada en desarmar. Lo que hace falta es una tercera vía. Un Estado que cree mercados donde no los hay, que entre primero cuando el riesgo es demasiado alto para el sector privado y que condicione su intervención a resultados. Brasil avanza en esa dirección con el BNDES, que condiciona gran parte de su financiamiento a metas de innovación, contenido local y exportación. Argentina tiene instrumentos parecidos, como el Banco Nación, pero hoy no tiene un banco de desarrollo que opere con esa lógica de desarrollo, escala y direccionalidad. 

La segunda es el liderazgo público. Dan Wang, en Breakneck, al contrastar la parálisis de Estados Unidos con el avasallamiento de China, distingue entre «Estados de abogados» y «Estados de ingenieros». Mientras desde 1984 todos los candidatos presidenciales del Partido Demócrata pasaron por una facultad de derecho, Deng Xiaoping estableció en los años ochenta una política deliberada de promover ingenieros a la cúpula del poder. Para 2002, los nueve miembros del Comité Permanente del Politburó –el máximo órgano de decisión de China– eran ingenieros. El punto de Wang es simple: mientras un Estado de abogados tiende a bloquear, un Estado de ingenieros tiende a construir. El riesgo del primero es la parálisis, el del segundo, el atropello. La lección aquí no es copiar a China, sino entender que la composición y las capacidades del aparato estatal determinan lo que un país puede hacer. Y que Argentina necesitará, en una etapa que viene, un liderazgo y una alta función pública con formación técnica a la altura de los problemas que tiene que resolver: ingenieros, científicos de datos, especialistas en energía, en biotecnología, en inteligencia artificial, además de condiciones para que quieran estar ahí. Es decir, salarios competitivos y, de ser posible, estabilidad. La tan ansiada renovación política tiene que ser también una renovación de los puestos de liderazgo del Estado.

La tercera es la competencia y la innovación. Tener dirección estratégica por parte del Estado no debería equivaler a proteger industrias que no compiten. Lo que poco se cuenta sobre el éxito industrial chino es que la competencia doméstica fue –y es– feroz. El Estado definió los sectores prioritarios y puso los recursos, pero las empresas compitieron entre sí sin red de contención. 

En vehículos eléctricos, por ejemplo, Beijing empezó a condicionar los subsidios a estándares de desempeño cada vez más altos y luego los reemplazó por un sistema de créditos que dejó afuera a las firmas menos competitivas. Corea del Sur hizo algo parecido una generación atrás, cuando Park Chung-hee canalizó crédito subsidiado a los chaebols (los grandes grupos empresarios surcoreanos) pero condicionado al cumplimiento de metas de exportación. El que no exportaba, perdía el acceso al financiamiento. 

En ambos casos la lógica fue la misma, un Estado que fija la dirección, orienta la política económica y genera incentivos mediante recursos, pero que exige resultados y deja que la competencia seleccione a los mejores. La política industrial argentina hizo históricamente lo contrario, protegió sectores enteros durante décadas sin cumplimiento de metas y a costa de un gasto tributario enorme. 

Kicillof tiene razón en decir que el problema no es el Estado. Pero eso no alcanza. La motosierra funciona como símbolo porque ofrece una imagen concreta de acción, aunque sea brutal y simplificadora. Una propuesta alternativa necesita lo mismo. No una defensa genérica de lo público, sino un proyecto reconocible. Un Estado con una misión de futuro clara, capacidad técnica para ejecutarla y disciplina institucional para exigir resultados.