Felices pascuas, la casta está en orden 

La economía, con luces y sombras. Los primeros apoyos por la nominación de Ariel Lijo muestran preocupación en la Corte. La situación fiscal, atada a decisiones del máximo tribunal. Tarifas, China y Estados Unidos.

“Esta piña la sintieron mucho más que cualquier cosa que hayamos hecho nosotros”. La reflexión a modo de confesión de un dirigente kirchnerista sobre la nominación de Ariel Oscar Lijo a la Corte Suprema condensa al menos dos aspectos que se acercan bastante a la realidad. El primero, que lo ideal es enemigo de lo bueno: le faltó tanta creatividad a la búsqueda de purificación del máximo tribunal que encaró esta versión del peronismo, que llegó a esta instancia con el poder más determinante del Estado reducido a un grupo de personas no particularmente cercanas a Cristina Kirchner. El segundo, que la composición actual de la Corte sintió el impacto del golpe craneado por Ricardo Lorenzetti y ejecutado por Javier Milei.

Sin detenerse en disquisiciones de orden privado, la virulencia con la que los Supremos moldearon la reacción del establishment en todas sus formas evidencia la preocupación por la posible composición de un nuevo polo de poder en el cuarto piso del palacio de Tribunales. Hay, otra vez, dos lecturas. Una, que las impugnaciones a Lijo preocupan genuinamente al sistema y las críticas son simplemente de orden moral. La otra, que había una comodidad extendida por la concentración de las decisiones en tan pocas manos. A gusto del consumidor.

El lijogate empieza a contaminar el resto de los aspectos de la conversación pública. En las últimas horas, surgió la versión de que Santiago Caputo proponía a Santiago Viola para la Auditoría General de la Nación. El objetivo no era dañarlo a Caputo sino a Milei: sumarle, a la discusión sobre Lijo, una presunta relación con un abogado enormemente cuestionado, fundamentalmente por la operación contra Sebastián Casanello y su visita imaginaria a Olivos. La realidad es otra. Caputo acompaña la nominación que proponga Miguel Ángel Pichetto, que entiende debería haber un equilibrio en la Auditoría. Algo de razón tiene: con Juan Manuel Olmos, el peronismo tendría cinco representantes, uno más de lo que solía incluso cuando gobernaba.

El Senado es un gran signo de interrogación. La fragmentación de los bloques y la falta de líderes partidarios que representen al conjunto proponen un final abierto. ¿Podría el kirchnerismo reclamar a una mujer para poder correr a Manuel García Mansilla, de historial antikirchnerista y pedigree ideológico filotrumpista, para poder votar a Lijo con menos pruritos? Podría. Es lo mismo que sugirió Emiliano Yacobitti el fin de semana en el programa radial El fin de la metáfora. El dirigente radical analizó que Lijo iba a tener el consenso de la mayoría, pero le gustaría que también, en la nominación, se contemplara la posibilidad de una mujer. Una manera delicada de anticipar el rechazo de su sector a García Mansilla. Otro referente boina blanca, en este caso gobernador, que anticipó el apoyo a los jueces de la Corte, fue Gustavo Valdés, a quien en el radicalismo llaman con ironía “nuestro Osvaldo Jaldo”, en referencia a mandatarios provinciales protolibertarios, cada vez más encorvados de tanto decirle que sí a Milei.

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Si bien todos los ojos están puestos en los partidos más tradicionales, es difícil anticipar qué movimientos hará el PRO en la Cámara Alta. Es fácil pensar que Mauricio Macri no tiene, sobre Lijo, la mejor consideración. Esto debería, por sí mismo, ser un incentivo para el peronismo kirchnerista. Sin embargo, si Lijo se quedara sin la Corte por los votos amarillos gestionados por El Calabrés, ¿qué haría el juez con la causa del Correo, el expediente que más preocupa a Macri? Es una incógnita. O no. En el oficialismo, hasta el momento, no validan esas especulaciones; ante la consulta de #OffTheRecord, la respuesta en Casa Rosada sobre el pliego de los jueces fue taxativa: “Los dos o ninguno”.

En el gobierno siguen mirando la inflación como la variable clave, definida por el propio Milei como el indicador excluyente del éxito o fracaso de su gestión. La baja sustancial de ese índice es un objetivo ambicioso, pero más probable y alineado con las ideas de la heterodoxia ultracapitalista austríaca de lo que lo era la pobreza cero declamada por Macri respecto de su programa. La comparación, más allá de funcionarios y afinidades compartidas -la relación entre Milei y Caputo atraviesa su mejor momento, lejos de los rumores de reemplazo por José Luis Espert-, es pertinente por la dirección de las medidas iniciales: una fuerte devaluación del dólar oficial, un ajuste del gasto y también de los precios regulados -el artista comúnmente conocido como tarifas. También en ambos casos, las medidas forzaron una fuerte recesión. Las magnitudes, en cambio, no tienen equivalencias.

En el sector más movilizante de mano de obra, la construcción, la actividad estuvo, hasta hace algunas semanas, literalmente en niveles de pandemia. Influye decisivamente la paralización de la obra pública nacional, pero también la recesión en las construcciones privadas y el hecho de que las transferencias a las provincias hayan sido uno de los grandes rubros sobre los que recayó el ajuste fiscal, lo que afectó decisivamente las obras locales que, sin recursos nacionales, deben enfocarse en cumplir las funciones básicas y sostener los -bajos- sueldos de los estatales provinciales.

Esta dinámica de conflicto con las provincias impidió también la restitución del impuesto a las ganancias -que sigue en agenda- y la aprobación de las medidas fiscales impulsadas al inicio del Gobierno, lo que llevó a que otra gran variable de ajuste fiscal fueron las jubilaciones. Aprovechó para ello, paradójicamente, la fórmula de ajuste procíclica preferida por las administraciones peronistas y, tras el último decreto, quedarán congeladas en un piso bajo. Esto implica, por una parte, que no sufrirá un deterioro adicional -algo posible si hubiera aplicado aquella fórmula- pero que tampoco tiene posibilidad de recuperar el poder adquisitivo de las jubilaciones a valores históricos normales de la última década. En cuanto a los salarios, en el cálculo de la consultora PxQ, la caída del poder adquisitivo desde diciembre es cinco veces mayor a la caída que experimentó durante el período comparable a los inicios del gobierno de Macri, mientras que la magnitud del ajuste de gastos, en algunos rubros, hasta lo septuplica.

En este contexto, la resiliencia del gobierno es meritoria, la caída de imagen se mantiene dentro de márgenes tolerables, así como el nivel de conflicto social, que aparece relativamente controlado. Es un equilibrio frágil. Las idas y vueltas de Luis Caputo con empresas individuales muestran que la preocupación y la necesidad de dar buenas noticias son acuciantes y exceden el marco teórico del presidente. El ministro destacó esta semana, junto a la ortodoxia macroeconómica, “actitudes empresarias” que permitirían una baja de la inflación, a partir del anuncio de la disminución del 10% del precio de los productos de YKK, una multinacional que produce cierres de cremallera en el país. Se trata de una empresa cuasi monopólica, que se vio beneficiada por aranceles antidumping de más del 100% aprobados al final de la gestión de Sergio Massa. “Apostamos a defender la industria basados en nuestra filosofía del Ciclo del Bien: ‘Nadie prospera sin hacer el bien a los demás’’’, dice el comunicado de la compañía que compartió Caputo en Twitter. Una belleza.

Como antes con los supermercados y las promociones -y la apertura importadora en alimentos- el foco parece haberse trasladado de la macroeconomía al proceso de formación de precios. Para una estructura empresaria a la que le vendría bien aplicar la ley de defensa de la competencia -una normativa que Milei, defensor incluso teórico de los monopolios, difícilmente avance-, quizás haya algunos resultados en el nivel de precios que traigan alguna ilusión pasajera y focalizada, que acompañe algún titular. Pero la inflación se centra en la variación de los precios, no en su nivel, y la baja de los últimos meses, con el dólar casi quieto, sólo se sostendrá a partir de las grandes variables.

Junto al dólar y el salario, donde pega la recesión, los precios regulados son la otra pata fuerte de la modificación de los costos y el gran combustible inflacionario. Por ello, el Gobierno postergó, sucesivamente, los aumentos de la tarifa del gas para los usuarios residenciales. Los valores reconocidos, que habrán de aplicarse tarde o temprano, son abismales en relación a los vigentes. El costo del gas reconocido a los productores en el punto de ingreso al sistema de transporte -el principal componente de la factura- se estableció en 4,5 dólares por millón de BTU. Con Macri era menos de la mitad. A ello hay que sumar lo que se reconoce a los costos de transporte y distribución domiciliaria. Al aumento del precio de gas, se suman ajustes en la incidencia del cargo fijo que cobran las distribuidoras, que aumentan hasta el 1.139%. Los nuevos precios se aplicarán de manera plena a los usuarios N1 -el tercio de usuarios de mayores ingresos- y, descontando un consumo fijo subsidiado a los usuarios N2, cuyos ingresos promedian un millón de pesos por hogar. Mientras los cargos fijos para los hogares de mayor consumo, en el área de Metrogas, alcanzarían los 52 mil pesos mensuales, el costo del metro cúbico sería de unos 22 centavos de dólar, que deberán calcularse en pesos de acuerdo a la cotización del mes anterior. Las facturas podrían alcanzar valores exorbitantes, no necesariamente en relación a los costos, pero sí a los salarios que, medidos en dólares, se encuentran muy por debajo de países comparables de la región.

El Gobierno optó, en cada una de las coyunturas en las que desplegó una política pública relevante, por desviar los costos que significa su accionar generando un conflicto. Las señales recientes en política exterior indican que, posiblemente, este patrón poco saludable se traslade a las relaciones internacionales. Los espadeos retóricos con los presidentes de México y Colombia -manejados con mucha mayor altura y actitud de Estado de parte de Andrés Manuel López Obrador que por Gustavo Petro- pueden ser solo una muestra gratis de lo que significaría un verdadero conflicto. La actuación del Gobierno en la relación con China sólo no escaló por la reticencia del país asiático a embarcarse en una agenda de confrontación política con la Argentina.

La novedad parece ser una decisión de avance en la agenda de alineamiento concreto con la mirada regional de Estados Unidos, algo que adelantó el embajador Marc Stanley de manera muy expresa en la entrevista que concedió el último domingo a La Nación. El testimonio es valioso por lo explícito de la agenda. Stanley menciona la base de observación espacial china en Neuquén como un punto central de preocupación, la compra de aviones caza estadounidense al gobierno danés y las adquisiciones de equipamientos militares y de seguridad a distintas instituciones estadounidenses. Menciona, también expresamente, a las ministras Patricia Bullrich y Diana Mondino. Es en el marco de esa agenda que deben entenderse la reciente visita del director de la CIA, William Burns, y de la titular del Comando Sur, generala Laura Richardson. En su nota publicada el sábado en Cenital, Juan Gabriel Tokatlian realiza un cuidadoso recorrido por las definiciones estratégicas estadounidenses respecto de América Latina, definidas principalmente en relación a la existencia de potencias rivales. De la Unión Soviética a Rusia, Irán y China. De estas últimas, señala Tokatlian, China es un actor novedoso y cualitativamente diferente, que genera en EE.UU. mayores niveles de preocupación que rusos e iraníes.

Todas las presunciones apuntan a ese país como eje de las conversaciones en la pasada visita de Burns y la próxima de Richardson. Las palabras de Stanley sobre la base de observación espacial en Neuquén tuvo un sugestivo correlato. En su prolífica cuenta de Twitter, el presidente dio me gusta a una publicación que cuestionaba la presencia de esa instalación científica operada por militares chinos en nuestro país. No tan curiosamente, recuerda Tokatlian, que desde 2018 Estados Unidos mantiene un Centro de Operación y Coordinación de Emergencias, financiado por el Comando Sur, y también está ubicado en Neuquén. Habrá que estar atentos a las novedades que vayan a conocerse tras la visita de Richardson: Stanley anticipó que habrá anuncios.

Es director de un medio que pensó para leer a los periodistas que escriben en él. Sus momentos preferidos son los cierres de listas, el día de las elecciones y las finales en Madrid. Además de River, podría tener un tatuaje de Messi y el Indio, pero no le gustan los tatuajes. Le hubiera encantado ser diplomático. Los de Internacionales dicen que es un conservador popular.