El impacto de la geografía: por qué hay localidades con tasas de suicidio tan altas

En San José, una ciudad de poco más de veinte mil habitantes del departamento Colón, en Entre Ríos, 16 personas se quitaron la vida entre 2024 y 2025. Ese número podría pasar inadvertido en cualquier estadística provincial. En una comunidad donde casi todos se conocen, cada muerte deja un banco vacío en la escuela, una silla libre en el club y una familia que convive con un duelo que atraviesa a todo el pueblo.

Durante años el suicidio fue un tema rodeado de silencios, culpas y explicaciones simplificadas. Pero cuando los casos comenzaron a repetirse con una frecuencia que alarmó a equipos de salud, docentes y gobiernos locales, la comunidad entendió que callar ya no era una forma de proteger.

Lo que ocurre en San José no es una excepción. Forma parte de una realidad que atraviesa desde hace años a Entre Ríos, una de las provincias con las tasas de suicidio más altas del país. En ese mapa, el departamento Colón aparece de manera recurrente entre los territorios más afectados. La pregunta deja entonces de ser únicamente por qué una persona decide quitarse la vida y empieza a ser otra: ¿qué ocurre en determinados territorios para que el sufrimiento se exprese con tanta intensidad, sobre todo entre adolescentes y jóvenes?

Las estadísticas muestran que el suicidio constituye uno de los principales problemas de salud pública entre las juventudes argentinas. El informe Voces que Salvan, elaborado en estudiantes y docentes entrerrianos del Instituto Comercial Privado Almafuerte D-70 del departamento Colón, recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el suicidio como una prioridad sanitaria global y advierte que las muertes se concentran especialmente entre personas de 15 a 34 años. También insiste en una idea que atraviesa este especial: detrás de cada historia confluyen procesos personales, familiares, comunitarios, económicos y culturales.

Los registros epidemiológicos de Entre Ríos permiten observar esa realidad con mayor precisión. Entre julio de 2023 y febrero de 2026 el sistema de salud provincial notificó 841 intentos de suicidio. Siete de cada diez correspondieron a personas de entre 15 y 29 años y más del 12% involucró a niñas y niños de entre 10 y 14 años. Además, uno de cada cuatro casos registraba antecedentes de intentos previos, un dato que evidencia la importancia de construir dispositivos de acompañamiento sostenidos en el tiempo.

Si bien los números dimensionan el problema, no alcanzan para comprenderlo. Sobre todo cuando se intenta entender por qué algunos departamentos registran tasas muy superiores a otros; cuál es el papel que juegan la ruralidad, las desigualdades en el acceso a la salud, la incertidumbre económica o las formas de organización comunitaria; o qué significa atravesar la adolescencia en un pueblo donde cada muerte repercute sobre toda la comunidad.

Psicólogos, epidemiólogos, sociólogos y responsables de políticas públicas coinciden en que reducir el suicidio a un problema exclusivamente individual impide comprender su verdadera dimensión. Además, en que las respuestas no pueden buscarse únicamente en un consultorio, sino que también obligan a mirar el territorio, las condiciones de vida, las redes comunitarias y la presencia –o ausencia– de políticas públicas.

Cuando una escuela decide hablar

Un grupo de estudiantes decidió enfrentar el tema desde un lugar poco habitual. Después de que distintos episodios vinculados al suicidio atravesaran a la comunidad educativa del departamento Colón, comenzaron a preguntarse qué podían hacer frente a una realidad que parecía repetirse una y otra vez. Así nació Voces que Salvan, un proyecto impulsado por jóvenes que eligieron investigar antes que repetir prejuicios.

El trabajo incluyó entrevistas con especialistas, revisión de investigaciones científicas, producción de materiales educativos y actividades abiertas para otras instituciones. La premisa desafiaba uno de los mitos más persistentes: hablar del suicidio de manera responsable no aumenta el riesgo; por el contrario, puede convertirse en una herramienta de prevención cuando abre espacios de escucha, información y acompañamiento.

En los pueblos, las trayectorias personales se cruzan en la escuela, el club, la iglesia o el trabajo. Esa cercanía puede transformarse en un factor de protección cuando existen instituciones capaces de construir redes de cuidado, pero también puede reforzar el silencio y el aislamiento cuando faltan espacios para hablar de aquello que duele.

Entonces, la ruralidad no aparece como una explicación automática del fenómeno, sino como una condición que moldea la vida cotidiana, el acceso a derechos y las posibilidades de pedir ayuda. Del mismo modo, ser adolescente hoy implica atravesar transformaciones que exceden ampliamente a la salud mental, como la incertidumbre sobre el futuro, precarización laboral, cambios en las formas de sociabilidad y dificultades para imaginar proyectos de vida.

La situación en Entre Ríos también resuena en otras provincias. En Salta, donde las estadísticas de suicidio entre jóvenes mantienen desde hace años indicadores preocupantes, investigadores y profesionales describen tensiones similares. Por lo que, la preocupación ya no pasa solamente por cuántas personas mueren, sino por qué determinados territorios concentran con mayor intensidad ese sufrimiento.

Un caso paradigmático de la provincia norteña fueron los suicidios ocurridos en el pueblo puneño de San Antonio de los Cobres, donde se reveló que en 2021 (no hay datos oficiales globales más recientes), la tasa en la provincia por cada 100.000 habitantes en adolescentes de entre 15 y 19 años fue de 36,1%, muy por encima del 8,5% a nivel nacional. El frío extremo, seco y ventoso de la localidad también acompaña un detalle que conmociona el fenómeno: a la salida del pueblo se encuentra el Puente Huaytiquina, el que los mismos jóvenes rebautizaron como “Puente de la solución”.

El territorio también explica el sufrimiento

Las estadísticas permiten identificar dónde el suicidio adquiere mayor magnitud, pero dicen poco sobre las razones que hacen que determinadas provincias o localidades concentren tasas superiores al promedio nacional. Los especialistas insisten desde hace años en que no existe una explicación única. Sin embargo, coinciden en tres aspectos: el suicidio es un fenómeno multicausal; las respuestas no pueden reducirse al sistema sanitario; y el territorio condiciona tanto la forma en que el sufrimiento se expresa como las posibilidades de acompañarlo.

El geógrafo, epidemiólogo e investigador del CONICET, Carlos Leveau, insiste en que no se distribuye de manera homogénea tampoco, sino que se concentra en determinadas regiones del país, entre ellas el noroeste (Salta, Jujuy y Tucumán), la Pampa Húmeda y sectores de la Patagonia. Su principal hallazgo es que las tasas más altas no están asociadas directamente con la pobreza estructural, sino con la baja densidad poblacional, la fragmentación social y determinados procesos de vulnerabilidad comunitaria. “Hay toda una serie de fenómenos en las áreas rurales que forman parte de una crisis de esos espacios que lleva décadas en Argentina y que también puede estar asociada al aumento de los suicidios”, asegura.

El director provincial de Salud Mental de Entre Ríos, Esteban Dávila, sostiene que antes de discutir rankings es necesario fortalecer los sistemas de información. “Más importante que disputar el primer puesto de una tabla es fortalecer los sistemas de información para conocer con precisión la realidad sobre la que se interviene”, expresa. Y también señala que los registros elaborados por las fuerzas policiales y judiciales –como el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) que posiciona a Entre Ríos en el primer lugar– difieren de los certificados de defunción utilizados por la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, por lo que comparar provincias sin considerar esas diferencias puede conducir a interpretaciones erróneas.

Ante ello, la provincia decidió transparentar sus propios datos para planificar políticas de prevención sobre información más precisa, en este caso incorporando el seguimiento de los intentos de suicidio. Se supo que, desde julio de 2023 y febrero de 2026 se notificaron 841 casos.

Pero el funcionario insiste en que el principal desafío es intervenir antes de que una persona llegue a una guardia hospitalaria tras un intento de muerte. Para eso, dice que la prevención “debe involucrar a escuelas, centros de salud, municipios, organizaciones comunitarias y familias” y también a los medios de comunicación, promoviendo abordajes responsables que eviten el sensacionalismo y el estigma.

Redes de cuidado, crisis social y políticas públicas

La mirada de Dávila encuentra un contrapunto en el diagnóstico de Paula Kratje, psicóloga clínica, investigadora de la Universidad Nacional de Entre Ríos e integrante de la Asamblea de Salud Mental provincial. Para ella, cualquier estrategia preventiva resulta insuficiente si no se analizan las condiciones sociales que producen el sufrimiento.

“Trabajar en territorio es estar ahí y fortalecer a las personas que deben acompañar”, sostiene. A su entender, el suicidio excede la coyuntura económica, pero hoy está profundamente atravesado por el deterioro de las condiciones de vida, el desgaste de los equipos de salud y la insuficiencia de recursos para sostener dispositivos comunitarios. Desde la Asamblea vienen reclamando la declaración de la emergencia provincial en salud mental y una mayor asignación presupuestaria para responder a una demanda que crece mientras los recursos se reducen.

Las diferencias entre ambos enfoques son evidentes. Mientras Dávila pone el acento en la articulación entre instituciones y en fortalecer las redes de prevención, Kratje advierte que esas estrategias pierden eficacia cuando no están acompañadas por inversión pública, sea en las condiciones laborales de los profesionales de la salud como de la infraestructura requerida. Sin embargo, ambos coinciden en rechazar las explicaciones simplistas que reducen el suicidio a un problema exclusivamente individual.

Cada lugar es único en su complejidad

Esa idea también aparece en las investigaciones del sociólogo Sebastián Sustas, quien desde hace años estudia el suicidio entre adolescentes y jóvenes. Para él, uno de los principales errores consiste en buscar una única variable capaz de explicar las diferencias entre provincias. La ruralidad, la pobreza, el consumo problemático, las redes sociales o las características culturales pueden influir, pero ninguna alcanza por sí sola para comprender un fenómeno atravesado por múltiples dimensiones.

Esto no quita que las tasas más elevadas suelen concentrarse fuera de las grandes áreas metropolitanas, aunque eso no significa que exista una característica propia de los pueblos que conduzca necesariamente a mayores niveles de suicidio. Sino que, “las condiciones concretas en las que transcurren las trayectorias de vida son las que terminan configurando escenarios muy distintos”, afirma, como las posibilidades de estudiar, acceder a un empleo, sostener vínculos comunitarios o recibir atención especializada.

E insiste en que “buscar una única explicación para entender por qué una provincia tiene una tasa más alta que otra es un error. Hay que mirar las trayectorias de vida, las condiciones sociales, las desigualdades territoriales y los procesos culturales que atraviesan a esas comunidades”.

Desde el consultorio, Rafael Pozo Gowland, magíster en Salud Pública y psicólogo clínico del Hospital Rivadavia (CABA), observa otra constante. Cada vez son más frecuentes los adolescentes y jóvenes atravesados por una sensación persistente de desesperanza, dificultades para proyectar el futuro y una pérdida de sentido que no siempre responde a un cuadro psiquiátrico específico. Sostuvo que, en muchos casos, “la clínica alcanza para acompañar a una persona, pero no alcanza para explicar por qué aumenta el sufrimiento de una generación entera. Ahí aparecen la precarización, la incertidumbre y la pérdida de proyectos de vida”.

Una generación en sufrimiento

Ese diagnóstico dialoga incluso con una observación del propio Dávila. El funcionario reconoce que una de las mayores preocupaciones del sistema sanitario es la dificultad creciente para que muchas personas logren construir expectativas de futuro. Intendentes de distintas localidades comenzaron a recibir situaciones inéditas: personas desbordadas por problemas económicos, laborales o familiares que expresan una sensación de desamparo cada vez más frecuente. Para él, esa pérdida de horizontes constituye uno de los principales desafíos de cualquier política preventiva.

En ese sentido, el problema no parece residir únicamente en la disponibilidad de psicólogos o psiquiatras, ni exclusivamente en la crisis económica. Lo que emerge con fuerza es la combinación entre el deterioro de las condiciones de vida, la fragilidad de los vínculos comunitarios, las desigualdades territoriales y las dificultades para construir proyectos personales en contextos donde las oportunidades se reducen.

Lo que muestran –y ocultan– las estadísticas

En la discusión pública suele haber una preocupación por las tasas y los rankings provinciales. Sin embargo, detrás de esos números existe otra pregunta igualmente importante: qué tan bien se está midiendo el fenómeno.

Para Leveau, el registro de un suicidio nunca es automático, sino que requiere una investigación judicial que determine la intencionalidad del hecho, un proceso que puede variar entre provincias y modificar la clasificación final. Por eso advierte que las comparaciones deben realizarse con cautela.

El investigador señala además que parte de las muertes podría permanecer invisibilizada dentro de otras categorías, especialmente aquellas registradas como de “intención no determinada”. Una mejora en los sistemas de información también puede explicar parte del aumento observado en algunas jurisdicciones: no siempre significa que ocurrieron más suicidios, sino que el Estado logró identificar situaciones que antes quedaban clasificadas bajo otras causas de muerte.

Para Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, la prevención tampoco puede pensarse únicamente desde el sistema sanitario. Sostiene que el suicidio exige intervenciones articuladas entre Salud, Educación, Desarrollo Social, gobiernos locales y organizaciones comunitarias. “Cuando se construyen redes que permiten que las personas no transiten en soledad, las tasas tienden a disminuir”, explica en base a políticas que están realizando en espacios educativos con adolescentes y jóvenes. También advierte que los equipos de salud trabajan bajo una creciente sobrecarga, mientras el aumento de las consultas y la complejidad de las demandas requieren mayor inversión y recursos humanos, más aún con el retiro de fondos del gobierno nacional en distintas áreas sociales, educativas y sanitarias.

Más allá de la emergencia

La experiencia desarrollada en el departamento Colón adquiere un significado que excede a Entre Ríos. Frente a una sucesión de suicidios que conmocionó a la comunidad, comenzaron a articularse escuelas, equipos de salud, municipios y organizaciones sociales para generar espacios de escucha antes de que las crisis llegaran a los hospitales. Proyectos como Voces que Salvan, impulsado por estudiantes secundarios, muestran que la prevención también puede construirse desde la comunidad, promoviendo conversaciones que durante mucho tiempo permanecieron atravesadas por el silencio.

Entre Ríos continúa apareciendo entre las provincias con mayores tasas de suicidio y otros distritos, como Salta, San Luis o Santa Cruz, también mantienen indicadores superiores al promedio nacional. Sin embargo, el recorrido por San José y Villa Elisa muestra que detrás de esos números no existe una única explicación. Hay comunidades atravesadas por profundas transformaciones sociales y económicas; sistemas de salud que intentan responder con recursos limitados; trabajadores que reclaman mejores condiciones para sostener los dispositivos de cuidado; organizaciones sociales que ocupan espacios donde el Estado no siempre llega; y escuelas que muchas veces terminan siendo el primer lugar donde el sufrimiento logra ponerse en palabras.

Entonces la pregunta ya no es solamente por qué aumentan los suicidios. La cuestión de fondo es qué condiciones sociales, económicas y comunitarias permiten que adolescentes y jóvenes puedan construir un proyecto de vida, acceder a redes de cuidado y encontrar respuestas antes de que el sufrimiento se vuelva insoportable. Esa discusión excede ampliamente a la salud mental. Involucra al trabajo, la educación, las políticas públicas, las familias y la capacidad de una sociedad para cuidar a sus nuevas generaciones.

Lo que ocurre hoy en San José no constituye una excepción aislada. Es una señal de alarma sobre un problema que atraviesa buena parte del país y que exige respuestas sostenidas mucho más allá de la emergencia.

Esta nota es parte del especial Mejor hablar de ciertas cosas. Podés leer todos los artículos acá.

Si necesitás hablar con alguien te dejamos algunas líneas de acompañamiento, apoyo y orientación en salud mental.

Hospital Nacional Laura Bonaparte 
Guardia telefónica adultos
4305–0091 al 96 — Interno 1155
Guardia telefónica de Niños, niñas y adolescentes 
4912–3673 de lunes a viernes de 9 a 122 horas.

Hospital Elizalde (Atención hasta 18 años)
4363–2200 internos 6209–6057–6024
Lunes a viernes de 9 a 15 horas

Provincia de Buenos Aires
0800 222 5462
La línea es gratuita y funciona de Lunes a viernes de 8 a 24h y los fines de semana de 10 a 22h.

SOS Un amigo anónimo
teléfono de línea es (011) 5263–0583
De lunes a viernes de 10:00 a 19:00hs
Sábados de 10:00 a 16:00hs.