Baño de realidad: el Gobierno frente a las fallas de mercado y el peligro de intervenir en el Poder Judicial

El año 2024 terminó siendo un año mucho mejor en materia económica de lo que todos los analistas preveían. La actividad no solo terminó bajando 1,8% –es cierto que fue muy impulsada por el agro–, sino que la caída total fue de 3,9%. En todos los meses se alcanzaron superávits fiscales. Las reservas se recompusieron, aunque distan de estar en terreno positivo, y para lograrlo no se incurrió en ningún default. Se redujo fuertemente la inflación y, por el momento, no tenemos una crisis severa de desempleo, pese a la pérdida de puestos de trabajo en el sector privado formal, de casi 110.000 puestos de trabajo. Por último, la pobreza descendió sobre la segunda parte del año hasta 37% según cálculos de la Universidad Torcuato Di Tella.

A partir de esto, podemos pensar que la agenda macroeconómica ha tomado un buen rumbo. Todavía no llegó a destino porque queda mucho por delante y los desafíos de esta economía son severos, pero no quiero concentrarme hoy en la macro, sino en la microeconomía y en los hechos del último tiempo.

Entre las nociones de Javier Milei y parte de su equipo gira la idea de que las fallas de mercado no existen. Es decir, que este siempre logra atribuir y distribuir de manera perfecta los recursos. Y es por eso que no tiene ningún sentido que el Estado juegue un rol en la asignación. Dicho por el presidente en la presentación de su libro el año pasado, los monopolios son deseables y solo son malos cuando está el Estado de por medio.

Sin embargo, muchas veces la realidad pesa más y esta es una de ellas. Esta semana se anunció la compra de Telecom (Grupo Clarín) a Telefónica a cambio de USD 1.245 millones. Instantáneamente, la Oficina del Presidente comunicó que “De concretarse la operación, llevaría a la creación de un monopolio: la adquisición dejaría cerca del 70% de los servicios de telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico. De ser así, el Estado Nacional tomará todas las medidas para evitarlo”. Así es que se le dio intervención al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia para que evalúen la situación de monopolio. ¿Entonces las fallas de mercado existen? Parece que sí.

Y este no fue el único caso. Hace poco, el Gobierno Nacional intimó a Flybondi a presentar un plan correctivo de sus operaciones para reducir las cancelaciones de sus vuelos. Le exigió que, en un plazo no mayor a 48 horas, presentara un plan detallado para mejorar la prestación de servicio. Esto no es compatible con la idea de que el mercado debería definir dejar de viajar con la compañía aérea mientras esta incumpla con su política de vuelos. O incluso que sean los usuarios los que definan el nivel de riesgo al que están dispuestos para pagar menos por un pasaje.

Sin embargo, se solicitó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que cumpla con su rol de autoridad de control y fiscalización del servicio de transporte aéreo y se encargara de las acciones que debía cumplir la compañía para seguir operando. Otra falla de mercado que se puso en evidencia en la que el Gobierno decidió tomar acción. Y en ambos casos, tiene todo el sentido que así sea, porque en el camino de una macroeconomía ordenada y una economía que crezca se generarán estas situaciones que la administración tendrá que enfrentar a lo largo de los años que quedan.

Quiero mencionar un hecho más que choca con la posibilidad de sostener el crecimiento económico. El premio Nobel de este año lo ganaron los economistas Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson por sus estudios sobre la desigualdad de las naciones, en su libro Por qué fracasan las Naciones. Recientemente, el ministro de desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó en X que “Para los sommeliers de institucionalidad que critican una decisión constitucional del presidente, Acemoglu y Robinson hablan de instituciones inclusivas” y cita algunas medidas del presidente –con las que, diría, acuerdo en su mayoría–.

Lo que omite esta publicación es que, justamente, los autores critican en ese mismo libro el accionar de Argentina tanto en los gobiernos de Juan Domingo Perón, Carlos Menem y Néstor Kirchner por los manejos a dedo en el Poder Judicial que beneficiaron de manera clara al Poder Ejecutivo. Según los autores, eso es lo que afectó al crecimiento de la Argentina en los últimos años: la falta de seguridad jurídica y de institucionalidad. No hace falta que aclare que esta mención viene a cuenta del nombramiento de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla por decreto a tres días del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso. ¿Podrá esto afectar el crecimiento de Argentina en el largo plazo?

Mi impresión es que este gobierno ha realizado avances más que significativos en la macroeconomía. Era difícil de prever cómo salir airosos con la herencia recibida. El rumbo del Gobierno es claro y lo comparto: reducir el gasto, reducir impuestos y devolverle a la Argentina una estabilidad macroeconómica que hace tantos años demanda. ¿Valdrá la pena entonces someterse a contradicciones propias y a instalar discursos que hasta internamente se saben falsos? Espero que no haya que sumar un nuevo caso en la próxima edición del libro del último premio Nobel.

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