Desobediencia debida: ¿Qué hicieron los deudores del FMI que terminaron bien?

En septiembre de 2026 la Argentina cumplió setenta años como miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI). Después de 23 acuerdos financieros, el país no sólo sigue recurriendo al organismo, sino que mantiene con este una exposición extraordinaria. Algo, evidentemente, no funciona. La pregunta fácil sería si el problema somos nosotros o ellos (una institución que aplica recetas semejantes a economías diferentes y termina agravando las crisis que pretende resolver).

Existe en la comparación internacional una regularidad interesante: algunos de los países que mejor salieron de sus crisis fueron precisamente aquellos que conservaron capacidad para modificar, limitar o directamente desobedecer partes importantes de la receta. Esto obliga a mirar desde otro ángulo el riesgo moral, terminología en boga en estos días que remite a una situación en la que una persona o entidad toma decisiones más arriesgadas porque sabe que un tercero asumirá el costo total o parcial si las cosas salen mal. Normalmente se pone el ojo en el deudor: si sabe que será rescatado, puede asumir riesgos excesivos. Pero ¿qué sucede cuando el prestamista se equivoca, financia un programa inviable, refinancia después su propio crédito y conserva intacta su condición de acreedor privilegiado? Cuando las pérdidas del error recaen sobre trabajadores, jubilados y contribuyentes del país deudor, también debería hablarse del riesgo moral del prestamista.

Dicho esto, ¿todos los programas del FMI terminan mal? Corea del Sur y Jamaica ofrecen experiencias relativamente exitosas. Grecia demuestra que una extraordinaria obediencia puede terminar en desastre; Malasia, Islandia y Portugal representan tres formas diferentes de “herejía”.

Grecia: obedecer no garantiza nada

Grecia es probablemente el caso más contundente contra la idea de que los programas fracasan porque los gobiernos no ajustan lo suficiente. Después de 2010 aceptó, bajo la supervisión de las instituciones europeas y el FMI, una consolidación fiscal frontal, reducciones de salarios y pensiones, privatizaciones, reformas laborales y una “devaluación interna” destinada a recuperar competitividad sin disponer de una devaluación cambiaria. El programa fue inclusive repudiado popularmente por un referéndum en 2015.

El ajuste fue monumental. También lo fue la recesión. Entre 2008 y 2012 el producto cayó aproximadamente 22%, el desempleo llegó a alrededor del 27% y el juvenil superó el 60%. El propio FMI reconocería posteriormente que las proyecciones de crecimiento habían sido demasiado optimistas, que la consolidación fiscal había tenido efectos contractivos mayores que los anticipados y que la reestructuración de la deuda se había demorado excesivamente.

El problema no fue falta de ajuste, sino que el ajuste fiscal, salarial y financiero profundizó la recesión mientras la deuda se volvía más difícil de pagar. Se debilitó además la negociación colectiva y cayeron salarios y pensiones. El Fondo pudo revisar después sus errores; pero los trabajadores griegos no recuperaron los empleos, ingresos y derechos perdidos.

Malasia: la catástrofe que no ocurrió

Malasia tomó un camino muy diferente durante la crisis asiática de 1997–1998. No pidió un programa financiero al FMI (a diferencia de otros países de la región como Tailandia, Indonesia y Corea del Sur). Cuando la visión dominante enfatizaba tasas de interés elevadas y libertad de movimientos de capital para estabilizar las monedas, el gobierno fijó el ringgit al dólar, cerró el mercado offshore de su moneda, estableció controles sobre salidas de capital de cartera y recuperó autonomía para reducir las tasas de interés.

La medida fue recibida con escepticismo. Sin embargo, en 1999 los propios directores del Fondo reconocían resultados más favorables que los esperados y consideraban apropiada una política macroeconómica expansiva.

La catástrofe que debía provocar la “herejía” nunca ocurrió. La enseñanza no es que en una crisis financiera, preservar instrumentos puede ser más útil que preservar la ortodoxia.

Islandia: un FMI heterodoxo

Islandia resulta todavía más interesante por dos motivos: por un lado, porque no se rebeló contra el Fondo; y por el otro, por ser el caso en el que la vocera actual del FMI, Julie Kozack, fue partícipe central. El país nórdico recurrió al FMI después del colapso financiero de 2008, pero consiguió que el propio programa aceptara políticas que pocos años antes habrían sido consideradas poco convencionales.

El tamaño de su sistema bancario hacía imposible rescatar íntegramente a todos los acreedores sin destruir financieramente al Estado. La solución combinó asistencia con controles de capital, fuerte depreciación, reestructuración bancaria y una distribución de pérdidas que dejó expuestos a accionistas y acreedores. Los controles de capital no fueron una transgresión: fueron parte central del programa.

Tampoco fue una experiencia libre de presiones. La disputa por los depósitos con el Reino Unido y los Países Bajos retrasó las revisiones, aunque el propio FMI reconoce que su resolución no era formalmente una condicionalidad. La diferencia con Grecia es reveladora, donde la prioridad inicial fue proteger a los acreedores y ajustar al deudor; en Islandia se aceptó que la magnitud de la crisis hacía inevitable que los acreedores también absorbieran pérdidas. Lo diferente en Islandia, entonces, fue que el FMI aceptó otra distribución del costo de la crisis.

Portugal: crecer antes de terminar de ajustar

Portugal representa otra forma de desobediencia. El programa de la troika terminó en 2014. Cuando António Costa llegó al gobierno a finales de 2015 comenzó a revertir algunas medidas de austeridad: restauró gradualmente salarios del sector público, alivió impuestos sobre los ingresos, descongeló pensiones y procuró sostener la demanda doméstica.

El FMI no estaba de acuerdo. En 2016 describía algunas decisiones como una “reversión parcial” de las reformas del programa, recomendaba contener salarios y pensiones y advertía sobre el relajamiento fiscal. Las instituciones europeas presionaron todavía más y llegaron a considerar sanciones por el déficit excesivo. Finalmente, concedieron un nuevo plazo.

No hubo un “castigo del FMI”: el programa ya había terminado y el Fondo se encontraba en vigilancia post-programa. Lo interesante es lo que ocurrió después. El empleo siguió recuperándose, el desempleo cayó y Portugal salió en 2017 del procedimiento europeo de déficit excesivo.

El caso demuestra algo concreto: reponer salarios, pensiones y demanda doméstica no era incompatible con reducir posteriormente el déficit. Crecimiento, empleo e ingresos podían contribuir a ordenar las cuentas públicas sin esperar que de la contracción surgiera primero la “confianza”.

¿Hay casos en que el Fondo funcionó?

Corea del Sur firmó en diciembre de 1997 un gran acuerdo con el FMI. Inicialmente las tasas de interés se elevaron drásticamente para detener la caída del won y recuperar reservas. El programa esperaba todavía crecimiento para 1998, pero la economía cayó 5,8% y el desempleo pasó de menos del 3% a cerca del 9%.

Entonces ocurrió algo decisivo: el programa cambió. Una vez estabilizada la moneda, las tasas de interés fueron reducidas rápidamente, la política fiscal pasó a ser expansiva, aumentó el gasto en protección social y los bancos extranjeros aceptaron extender los vencimientos de sus créditos de corto plazo. La economía tuvo una rápida recuperación.

El FMI suele considerar el caso de Corea como un éxito. Eso puede aceptarse y aún así extraer otra conclusión: Corea funcionó mejor cuando el programa dejó de comportarse como el programa original. La contracción fue revertida y los acreedores privados también tuvieron que refinanciar.

Jamaica es quizá el caso más incómodo para una crítica automática del Fondo. Desde 2013 mantuvo durante años superávits primarios superiores al 7% del PIB, redujo fuertemente la deuda, reconstruyó reservas y disminuyó el desempleo. La política fiscal fue extremadamente exigente y difícilmente pueda proponerse como modelo general. Pero Jamaica tuvo una característica singular: creó el Economic Programme Oversight Committee, con participación del gobierno, sector privado, sindicatos, academia y sociedad civil. El mecanismo sobrevivió a cambios de gobierno y transformó, en palabras de las propias autoridades, “el programa del FMI” en “el programa de Jamaica”. Existieron además pisos para el gasto social y algunas reformas fueron introducidas gradualmente.

La enseñanza es importante: no basta con mirar el tamaño del ajuste. Importa también quién define el programa, qué instituciones participan, qué sectores quedan protegidos y si existe legitimidad política para sostenerlo.

Entonces, ¿existe realmente una “receta FMI”?

El Fondo no recomienda literalmente lo mismo en todos los países, pero admite que, bajo ciertas circunstancias, administrar flujos de capital puede ser legítimo y presta más atención formal a la protección social.

Persiste, de todas maneras, un núcleo reconocible: consolidación fiscal, restricción monetaria frente a la inflación, acumulación de reservas, reformas orientadas a la fijación de precios en el mercado y una preocupación central por reconstruir la confianza de inversores y acreedores. El problema aparece cuando ese núcleo se convierte en una secuencia universal y sin análisis estructural idiosincrático. Una crisis de liquidez no es una crisis de insolvencia. Una economía exportadora industrial no es una economía periférica crónicamente limitada por divisas.

Los casos comparados sugieren cuatro condiciones recurrentes en las experiencias relativamente más exitosas: capacidad para utilizar políticas contracíclicas; posibilidad de administrar los movimientos de capital; participación de los acreedores en las pérdidas o en la extensión de vencimientos; y protección del empleo, los ingresos y la cohesión social durante la estabilización.

Cuando ninguna está presente aparece la paradoja conocida: se contrae la economía para hacer sostenible la deuda y la propia contracción hace que la deuda sea todavía menos sostenible.

Argentina: la herejía que no fue

Esta comparación permite volver a Argentina sin reconstruir setenta años de relación con el organismo. El punto de inflexión es 2018.

El FMI aprobó US$57.000 millones, el mayor stand-by de su historia, por más de un tercio del portafolio total, bajo la hipótesis de que financiamiento excepcional, consolidación fiscal y endurecimiento monetario recuperarían la confianza y los flujos privados de capital. Sólo se completaron cuatro de doce revisiones. El propio Fondo reconoció posteriormente que el programa no consiguió restablecer la confianza ni cumplir sus objetivos de viabilidad externa y crecimiento.

Aquí el riesgo moral cambió de lado. Se aspiró a salvar a los capitales golondrinas y los del “carry-trade”. Se desembolsaron alrededor de US$44.000 millones. El programa fracasó, pero el FMI no absorbió una pérdida proporcional al error cometido. Argentina quedó con la deuda.

El gobierno de Fernández tuvo entonces una oportunidad para intentar alguna forma alternativa. El Fondo es acreedor privilegiado y la capacidad negociadora era limitada, pero había margen para convertir el fracaso de 2018 y el contexto del COVID en un problema del deudor y del acreedor: cuestionar la excepcionalidad del préstamo, exigir plazos compatibles con la capacidad de generar divisas y vincular pagos con exportaciones y crecimiento.

La negociación de 2022 eligió otro camino. El acuerdo aceptó que la deuda se refinanciara íntegramente dentro de un nuevo programa del propio FMI. La evaluación ex post reconoce que el acceso otorgado fue calibrado fundamentalmente para reperfilar los pagos derivados del acuerdo de 2018 y que tampoco alcanzó sus objetivos macroeconómicos originales.

En términos simples, el FMI volvió a prestarle dinero a Argentina para que Argentina pudiera pagarle al FMI. Por necesidad, debilidad política o falta de voluntad para plantear una alternativa, Argentina permaneció dentro del marco definido por el acreedor.

El riesgo moral de la geopolítica

Con Milei la relación entra en otra etapa. En abril de 2025, mientras Argentina continuaba arrastrando el crédito de 2018 refinanciado en 2022, el FMI aprobó otros US$20.000 millones, con US$12.000 millones desembolsados inmediatamente. El apoyo político de Estados Unidos fue excepcionalmente explícito: el secretario del Tesoro Bessent viajó a Buenos Aires inmediatamente después de la aprobación y expresó su “pleno apoyo” a las reformas de Milei. Aquí aparece una última dimensión: el riesgo moral de la geopolítica.

Cuando una gran potencia utiliza su influencia dentro de una institución multilateral para respaldar financieramente a un gobierno aliado, obtiene un beneficio estratégico cuya eventual pérdida económica no recae directamente sobre ella ni los países miembros del Directorio que aprueban sin chistar.

El gobierno de turno recibe dólares y tiempo. La potencia obtiene un aliado político. El FMI incrementa su exposición pero mantiene la condición privilegiada de su crédito. ¿Y si la apuesta fracasa? La deuda queda en el país deudor. Setenta años después, entonces, la pregunta quizá sea qué hicieron diferente quienes consiguieron salir.

Malasia recuperó autonomía monetaria limitando temporalmente los movimientos de capital. Islandia consiguió que los acreedores compartieran pérdidas. Portugal recuperó salarios y demanda antes de que la ortodoxia lo considerara prudente. Corea abandonó rápidamente la contracción inicial e hizo participar a los acreedores privados. Jamaica construyó apropiación doméstica, diálogo social y protección de ciertos gastos.

Como queda en evidencia, no existe una receta alternativa única. Quizá ésa sea precisamente la conclusión. La verdadera “desobediencia debida” no consiste en rechazar automáticamente todo lo que propone el FMI. Sino en negarse a aceptar que las necesidades del acreedor determinen de antemano los límites de lo económicamente posible.

Un país puede equivocarse y debe responder por sus decisiones. Pero también se equivoca quien presta. Cuando el prestamista sabe que recuperará su dinero aunque el programa fracase, aparece el riesgo moral del prestamista. Y cuando quien impulsa el préstamo puede obtener un beneficio geopolítico mientras otro país asume el costo del fracaso, el problema deja de ser sólo financiero. Se convierte en el riesgo moral de la geopolítica.

Esta nota es parte del especial Te amo, te odio, dame más, por los 70 años de Argentina en el Fondo. Podés leer el resto de las notas acá.