De la Espriella: que sepa abrir la puerta para ir a tirar

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, presentó un flamante sello, la Coalición Contra los Cárteles de las Américas, un título que utilizará indistintamente con el de la iniciativa de seguridad suscrita por casi todos los gobiernos de derecha regionales, el Escudo de las Américas. En Panamá, reunido con ministros y jefes militares de la región, prometió que hará llegar “la justicia absoluta para los narcoterroristas”. El gran anuncio fue la adhesión de Colombia como el decimonoveno integrante de la iniciativa, y la autorización, por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella, de “operaciones militares conjuntas” dentro de su país. 

Un día después de la toma de posesión del abogado derechista, Washington prometió un paquete de asistencia en seguridad de mil millones de dólares para el flamante gobierno colombiano.

La doctrina Donroe

La Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, de 2025, fue presentada como la actualización trumpista de la Doctrina Monroe, de 1823. Con una mirada abiertamente colonialista, el documento prioriza la región como área de influencia estratégica estadounidense y señala el control hemisférico frente a la presencia de las potencias extrarregionales –particularmente de China– y el alineamiento de los gobiernos nacionales a los objetivos de los Estados Unidos como prioridad de la acción diplomática y militar estadounidenses.

El crimen organizado ocupa un lugar central en la estrategia, ya que se vincula al aumento de los flujos migratorios, el ingreso de drogas a través de las fronteras marítimas y terrestres estadounidenses, y la inestabilidad política. Las fuerzas militares y de seguridad son un vehículo privilegiado no sólo para encarnar las formas de cooperación que interesan a la administración estadounidense sino también para intervenir en la política doméstica de los países con los que coopera y enviar mensajes contundentes a aquellos con los que no lo hace. Eso da un marco, también, para el otro gran objetivo de la Estrategia, que es el control estratégico estadounidense de las cadenas de suministro vinculadas a recursos naturales. 

Trump anunció el Escudo de las Américas como una iniciativa para fortalecer la seguridad en la región, pero también, a la luz de los gobiernos presentes en su lanzamiento en marzo, como una muestra de fortaleza política, con la presencia de todos los líderes alineados a su liderazgo. Como con la OTAN, amenazada por Rusia, Estados Unidos busca utilizar el mecanismo para impulsar a los países de la región a aumentar sus presupuestos, en este caso con la excusa del crimen organizado. 

La Colombia de Gustavo Petro no fue invitada. Cinco meses después, De La Espriella no sólo se incorpora, sino que ofrece su país como teatro de operaciones. 

El teatro de la guerra

Colombia ofrece una gimnasia particular, que la distingue de sus vecinos: décadas de conflicto interno y picos de violencia que datan de décadas atrás. La contrainsurgencia, una pelea con organizaciones armadas que llegaron a cometer atentados masivos con bombas en ciudades y volar aviones de pasajeros, significó un enorme protagonismo de las Fuerzas Armadas en la estrategia estatal de combate a la violencia y una fuerte militarización de las fuerzas policiales. 

Esa estrategia sólo comenzó a cuestionarse tras el acuerdo de paz impulsado –de manera contraintuitiva, dados sus antecedentes como ministro de Álvaro Uribe– durante la presidencia de Juan Manuel Santos y, más decididamente, durante la gestión de Petro, que sacrificó una enorme parte de su capital político en la búsqueda de la “paz total” negociada con los distintos grupos armados, con más o menos teoría política vinculado a su accionar. 

De La Espriella prometió terminar con las negociaciones, legitimado por los malos resultados de seguridad, y retomar la fumigación de cultivos de coca, construir megacárceles al estilo salvadoreño y devolver protagonismo a los militares en la lucha contra la violencia. Tanto la orientación política del presidente recién asumido, como las medidas preferidas, coinciden con la aproximación general que impulsa Hegseth, que privilegia el enfoque militar como forma de enfrentar al crimen organizado, tanto a nivel de los países como en relación a la acción estadounidense.

La designación de los cárteles como organizaciones terroristas sirve como excusa para aplicar marcos de excepción en términos de las facultades del Poder Ejecutivo para tomar medidas de acción directa sin contemplar mecanismos de consulta con el Congreso, límites al uso de la fuerza o garantías constitucionales. Una discrecionalidad que quedó patente en las ejecuciones en botes supuestamente cargados de drogas realizadas no sólo por la armada estadounidense, sino también por contratistas militares, en agua del Caribe, que resultaron en casi cien víctimas, de las cuáles, al menos algunos, eran pescadores respecto de los cuáles no se probó actividad delictiva. Trump y Hegseth tienen en De la Espriella un socio perfecto para su estrategia política.

Un método regional

Más allá de las coincidencias, sería injusto explicar la militarización del combate al crimen organizado a nivel regional como una política trumpista. Hace veinte años, Felipe Calderón desplegó el Ejército mexicano para combatir a los carteles, y seis años después, Enrique Peña Nieto sostuvo el rumbo. La política de Andrés Manuel López Obrador, caracterizada por el slogan “abrazos, no balazos” buscó priorizar la reducción de la violencia por sobre el combate a los cárteles armados, pero no redujo el rol de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, ganaron protagonismo en proyectos civiles como el Tren Maya, la administración de áreas turísticas en el Caribe o la construcción del nuevo aeropuerto en las afueras de la Ciudad de México, y continuaron a cargo del combate a la inseguridad. 

Claudia Sheinbaum, presionada por los Estados Unidos, intensificó las operaciones militares, y hasta dio un lugar al gobierno estadounidense en operaciones dentro del país. En febrero, la operación militar mexicana que terminó con la vida del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue alimentada por inteligencia estadounidense, en el marco de una presión creciente que incluyó también el anuncio de una investigación de fiscales estadounidenses contra el gobernador oficialista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por una asociación con el narcotráfico que se habría pagado en apoyos electorales.

Lejos de agotarse en México y Colombia, la estrategia se extiende por América Latina. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa lleva más de dos años de estado de excepción y una declaración de guerra contra el crimen organizado que, cuando se hizo, recibió apoyos transversales, incluyendo a la izquierda correísta. En Venezuela, donde el protagonismo de las Fuerzas Armadas es absoluto desde que el país abandonó la institucionalidad democrática, el nuevo estado de cosas incluyó operaciones conjuntas entre las fuerzas estadounidenses y militares venezolanos, como el operativo que terminó con la vida de Héctor Guerrero, sindicado como una de las principales referencias del llamado Tren de Aragua, uno de los grupos más violentos de la región.

Desde la asunción de Donald Trump, el Departamento de Estado incluyó a seis cárteles mexicanos, al Tren de Aragua venezolano y la Mara Salvatrucha salvadoreña; después agregó a Los Choneros y Los Lobos de Ecuador, al Clan del Golfo colombiano y, desde junio de este año, al Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho de Brasil. La militarización excede a los Estados Unidos, pero su auge sería muchísimo menos explicable sin su apoyo activo.

La política del miedo

En América Latina, la inseguridad y la violencia sólo compiten con la precariedad económica a la hora de evaluar las preocupaciones ciudadanas. En la encuesta global de Ipsos de julio de 2025, los seis países latinoamericanos relevados estaban entre los ocho que otorgaban mayor importancia a la cuestión de la seguridad en el mundo. La seguridad dominó las campañas de Chile, Ecuador, Perú y Colombia. 

Para las derechas, resulta un escenario cómodo. Las promesas de restablecer el orden aplicando penas y desplegando efectivos policiales y militares es más sencilla de explicar que los largos evangelios sobre los motivos sociales profundos y las consecuencias de la militarización para la democracia y los derechos humanos, con los que suelen responder a estas preocupaciones las fuerzas progresistas.

La vidriera del salvadoreño Nayib Bukele, que se montó sobre una tasa de homicidios ya en remisión relativa –desde el pico más alto del mundo, de 103 homicidios cada cien mil habitantes– para aplicar una política de mano dura cuyas últimas estadísticas la ubican en 1,9, comparable a países desarrollados de Europa, provee un ejemplo didáctico, que se contrasta con el fracaso de políticas percibidas como blandas o complacientes. 

Los resultados de la política de Paz Total de Petro ofrecieron a De la Espriella un escenario especialmente favorable. Entre 2022 y el primer semestre de este año, los integrantes de los principales grupos armados casi se duplicaron, de 13.000 a 25.000, y la Defensoría registra su presencia o actividad en una cuarta parte de los municipios. Mientras las negociaciones produjeron pocos acuerdos duraderos, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias ampliaron su control rural y crecieron la extorsión y la percepción de inseguridad. 

Los límites de la aproximación salvadoreña, sin embargo, deberían ser al menos igual de obvio que los de las estrategias de reducción de daños seguidas por López Obrador o Petro. El Salvador sostiene un régimen de excepción permanente, con más de 90.000 detenciones para una población de menos de siete millones de personas, arrestos arbitrarios y centenares de muertes denunciadas en las prisiones. Por lo demás, se trata de una estrategia cara, en un territorio pequeño, con unas pocas pandillas urbanas cuya conexión internacional es limitada, y un régimen autoritario donde el Ejecutivo casi no tiene contrapesos. Fuera de ese caso, Noboa, aspirante a emulador en Ecuador, vio un aumento de los grupos activos, que pasaron de 24 en 2023 a 37 en 2025, mientras los homicidios aumentaron 30% el año pasado. 

El laboratorio

En ese marco regional, Colombia aparece como un laboratorio ideal para probar el modelo que promueve Washington. A diferencia de Argentina, el aliado político más entusiasta de Trump en América del Sur –que es también un país relativamente pacífico y poco conectado con los centros de producción y consumo de drogas–, Colombia está situada entre el Caribe y el Pacífico, donde conecta Sudamérica con Centroamérica y América del Norte. El país concentra la mayor producción mundial de cocaína, dispone de Fuerzas Armadas experimentadas y conserva una infraestructura de cooperación con los Estados Unidos construida durante décadas.

Esa cooperación tuvo protagonismo para desarticular los cárteles de Medellín y Cali a comienzos de la década del noventa del siglo pasado, y fue seguida por el Plan Colombia, de 2000, que significó cerca de 15.000 millones de dólares de transferencias estadounidenses, dos tercios de los cuales fueron destinados a las fuerzas militares y policiales. La reducción del poder de las FARC y otros grupos armados es inescindible de esa intervención, que incluyó también desplazamientos masivos, fumigaciones contra campesinos, negociaciones con el paramilitarismo y los llamados “falsos positivos”, ejecuciones de personas inocentes para aparentar resultados en el combate a la insurgencia y el narcotráfico. La meta de reducir la producción de drogas no se cumplió y Colombia produce hoy más cocaína que al inicio del Plan.

El nuevo paquete puede volver a dar al Estado algunas capacidades operativas y a De la Espriella una relación privilegiada con un sector militar necesitado de recursos. Para una estrategia que busca sus campeones regionales, cuesta imaginar un candidato más adecuado, y es posible que las operaciones conjuntas producen golpes visibles con costos estadounidenses limitados, que permitan a Washington presentar a Colombia como modelo de asociación hemisférica y a De la Espriella, cierto cumplimiento de sus promesas de campaña. 

Los costos de esta estrategia en materia de Derechos Humanos, autoritarismo, soberanía, y las limitadas posibilidades de éxito en el combate a un fenómeno guiado, ante todo, por la demanda casi ilimitada de los estadounidenses por las drogas que se producen en la región, quedarán en Colombia. 

El foco en la violencia, además, operará como un factor de distracción ante una estrategia económica que, en el continente más desigual de la Tierra, pide poner el foco en los impuestos que pagan las grandes empresas y los sectores más acomodados. Trump parece haber obtenido su vidriera.