¿Cristina candidata?

La semana política en el mundo estuvo marcada por la popularización de la discusión sobre los riesgos existenciales vinculados a la inteligencia artificial. El punto de inflexión fue la carta publicada por Dario Amodei, fundador y CEO de Anthropic, la empresa responsable de Claude, que pidió desacelerar la velocidad de desarrollo de los sistemas. Una postura curiosa, por una contradicción que Amodei arrastra desde el comienzo. Las empresas que compiten más agresivamente por desarrollar los modelos de inteligencia artificial más poderosos son también las que advierten que su velocidad de avance puede superar la capacidad de ellas mismas y de los gobiernos y las sociedades para controlarlos. Amodei propone “regular el ritmo” de la frontera tecnológica mediante evaluadores independientes dentro de las compañías, estándares comunes entre las empresas de los países democráticos y, finalmente, mecanismos de coordinación global que incluyan también a China y otros Estados no democráticos. La propuesta recibió respaldos significativos dentro de la propia industria, entre ellos los de Sam Altman y Elon Musk, una coincidencia notable entre actores que compiten entre sí y que tienen algunos conflictos personales bastante serios.

En su newsletter de Cenital, dedicado al asunto, Martín Schapiro señaló algunos de los problemas que tiene la dinámica de aceleración de la inteligencia artificial. Un incidente reciente dejó en claro que los propios laboratorios no controlan a las máquinas que están desarrollando y estas podrían correr cualquier clase de riesgo para lograr metas triviales. Amodei, en su carta, advierte de enjambres de agentes de IA que podrían apoderarse de gran parte de la internet en el futuro cercano, pero los desarrollos pueden reducir drásticamente las barreras de entrada para actividades que van desde ciberataques hasta formas mucho más peligrosas de violencia y terrorismo como podrían ser el desarrollo de armas químicas y biológicas. A eso se suma el problema clásico de coordinación. Incluso si una empresa o un país aceptara avanzar más lentamente por razones de seguridad, tiene fuertes incentivos para sospechar que sus competidores aprovecharán esa prudencia para obtener una ventaja tecnológica, con traducción económica o incluso militar. En el contexto de la rivalidad entre Estados Unidos y China la coordinación probablemente sea casi imposible.

La carta de Amodei resalta sin embargo una coincidencia entre prácticamente todos los actores del sector de laboratorios de frontera: la idea de que una tecnología con estas capacidades necesita algún tipo de regulación. Europa construyó el esquema regulatorio más ambicioso; China mantiene una postura celosa dirigida al control del  desarrollo y despliegue de sus modelos; y, aun dentro de la industria estadounidense, los principales laboratorios discuten auditorías externas, estándares de seguridad y mecanismos de supervisión. Los laboratorios de frontera estadounidense temen además que los despliegues de capital y data centers para desarrollar modelos cada vez más avanzados terminen por generar una burbuja, en la que sus altísimos costos no tengan beneficios y sus desarrollos puedan ser copiados, a gran velocidad, por competidores de fuente abierta u otros, volviendo inviable el modelo de negocios. 

En este marco, los obstáculos a la regulación pasan por la política. Mientra China cree que Amodei busca congelar la actual ventaja estadounidense, Donald Trump salió a responder que –en su opinión– no hay nada que regular, que los actuales poderes del gobierno son suficientes y que cualquier intento de desacelerar el despliegue de data centers y modelos de IA es parte de una conspiración china. Su postura es compartida por Alex Karp, de Palantir, autor de un manifiesto que llama a los Estados Unidos a ganar la guerra con China y a las empresas tecnológicas a ser el ariete de esa victoria. El socio de Karp en Palantir es Peter Thiel, influyente en un grupo de empresarios cercano al presidente que incluye también a los inversores de riesgo David Sacks y Marc Andreesen, cuyo foco no son las grandes empresas sino desarrollos de nicho, muchas veces vinculados a finanzas y el sector militar para los que la contención del desarrollo de los sistemas significa posibilidades de pérdidas de oportunidades de negocio. Andreesen lo llama “little tech”.

Pocos gobiernos del mundo están tan alineados ideológicamente con la agenda little tech como el de Javier Milei, que hace unos meses anunció incluso un proyecto para ofrecer personería jurídica propia en la estructura de nuestra legislación civil a corporaciones (sociedades comerciales) no humanas, es decir, creadas directamente por sistemas, actuando como agentes, donde los humanos sólo serían beneficiarios finales. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dice que su objetivo con la política de IA en Argentina es frenar cualquier intento de regularla. Lo explicitaron, junto al presidente, en un artículo publicado en junio en el Financial Times (“garantizar que la IA se mantenga desregulada para que se pueda desarrollar libremente sin la mano mortal de la regulación prematura y mal entendida”) descartando el recurso a cualquier principio precautorio y adelantaron un marco impositivo ventajoso, con una baja tasa en el impuesto societario.

Argentina fue el primer país en el mundo en impulsar públicamente este tipo de legislación, que se da de patadas con las tendencias observadas en los agentes a hacer trampas para cumplir sus metas. Trampas –delitos potenciales– que luego no generarían responsabilidades a los seres humanos que se benefician del accionar societario. El gobierno comparte con Thiel la mirada que atribuye un carácter más o menos demoníaco a cualquier regulación que limite la posibilidad de desarrollar el potencial de las tecnologías al máximo posible, pero la cuestión no debería entenderse sólo desde lo tecnológico. Facilitar que los agentes virtuales hagan negocios y paguen algún impuesto en el país, aunque fuera muy bajo, podría traer ventajas locales si el volumen de negocios fuera grande. 

Irlanda se hizo rica con un régimen impositivo corporativo que es sumamente ventajoso para la radicación de patentes y propiedad intelectual y que llevó a una presencia absolutamente hipertrófica de las sedes de las multinacionales de tecnología y farmacéuticas en ese país. Aunque los impuestos son muy bajos, cobran por software o patentes por las ventas de las empresas no sólo dentro de Irlanda, sino en cualquier parte del mundo. Con menos de seis millones de habitantes, el negocio es redondo. La idea de Milei y Sturzenegger es que las tecnológicas radiquen en Argentina sus negocios globales basados en agentes de IA. Los riesgos existenciales quedarán para otro mundo. Skynet también quiere derechos.

Incluso con el protagonismo que tomaron en las últimas semanas, ni Malvinas, ni la Inteligencia Artificial definen la suerte del gobierno, que sigue mirando los datos de la economía, aún cuando se empeña en que los argentinos apunten en otra dirección. Luis Caputo y su equipo están preocupados, aunque la inflación volvió a bajar en agosto. Tanto la actividad como los ingresos muestran un deterioro más persistente de lo que el Gobierno esperaba. 

El 1,7% de inflación, el registro mensual más bajo en catorce meses, aparece como la única luz que brilla en el marco de debilidad de la economía real. Los datos de actividad de julio fueron especialmente malos. La industria cayó 5% mensual desestacionalizado y 4,9% interanual, mientras que la construcción retrocedió 4,6% contra junio y 4,5% contra un año atrás. En la industria, además, la caída fue muy extendida: doce de las dieciséis ramas produjeron menos que un año antes. El EMAE de julio recién se conocerá el 24 de septiembre, pero los indicadores sectoriales y las estimaciones privadas anticipan una caída de la actividad marcada después del rebote de junio.

Esa debilidad productiva se superpone con un deterioro previo del poder adquisitivo. El RIPTE –que mide a los trabajadores formales– aumentó apenas 1,6% en julio, y la serie deflactada muestra que el salario real de los trabajadores estables permanece por debajo del nivel de fines de 2025. El empleo registrado privado también cayó 0,1% mensual en junio. Es decir que aun con una inflación mucho más baja que en los primeros meses, la combinación de salarios rezagados, poco empleo y actividad estancada siguen limitando la recuperación.

El 24 de septiembre se dará a conocer la medición de pobreza del primer semestre del año. El segundo semestre de 2025 había cerrado en 28,2%, y todo indica que el primer semestre de 2026 va a mostrar una suba. Quienes estiman los datos coinciden en que una cifra en torno al 31% sería compatible con el deterioro de los ingresos observado entre finales del año pasado y comienzos de éste. El nowcast de Martín González-Rozada, que mide la inflación mes a mes, estima actualmente un 31,3% para marzo-agosto, que se descompone en una cifra en aumento durante el segundo trimestre y una baja muy pequeña en julio-agosto, coincidente con la baja de la inflación. El momento social más complicado habría estado justamente antes de junio, que es el período que capturará con mucha fuerza el próximo dato oficial.

Esto explica también el inédito énfasis de Caputo en la actividad, mucho mayor del que admite el discurso público, siempre enfocado en la inflación. En Economía miran datos sectoriales e impulsan medidas puntuales –crédito hipotecario, financiamiento y flexibilizaciones específicas para el uso de dólares– con la fuerte limitación que impone la política fiscal y la alergia a la expansión del gasto. La desinflación, por sí sola, no está produciendo con suficiente velocidad la recuperación de actividad y consumo que esperaba el gobierno.

A pesar de ello, la baja de la inflación sigue siendo el principal activo oficial. Si una inflación de ese orden se consolida y los salarios nominales aumentan cerca del 2% o por encima, el mecanismo podría empezar a invertirse. Recuperación gradual del salario real, mejora del consumo y, con algún rezago, de la actividad. Pero incluso esa proyección tiene problemas. Mientras el IPC general subió 1,7% en agosto, tanto la canasta básica alimentaria como la canasta básica total aumentaron 2,6%. Para los hogares de menores ingresos, la desaceleración de los precios todavía no significa una mejora equivalente en su capacidad de compra.

La conversación pública sobre la economía tuvo un episodio, esta vez, también en la política. Los clips de redes sociales de esta semana dieron fuerte protagonismo a la conversación entre Victoria Liendo y Alejandro Bercovich en Radio Con Vos. El segmento brilló por lo infrecuente de su contenido. Una conversación pública entre dos personas que piensan distinto y que mantuvo, en todo momento, un tono amable. Liendo y Bercovich discutieron sobre la pertinencia de utilizar la categoría “ultraderecha” para definir a los dispositivos políticos que hoy gobiernan Argentina, Estados Unidos, Colombia y tantos otros países. Bercovich sostuvo que sí; Liendo, que no. Discreparon y siguieron conversando. La cultura de las élites, las dotes discursivas de Milei y Axel Kicillof. No acordaron en ningún momento y nadie se alarmó. El otro puede estar equivocado sin convertirse en un enemigo al que haya que destruir.

La lectura del intercambio en redes sociales, sin embargo, fue la opuesta. Las cajas de resonancia oficialistas y opositoras se encargaron de convertir la conversación en una pelea para medir en términos de ganadores y perdedores, como si fuera boxeo. Cada tuit, un manifiesto sobre doma. El ecosistema libertario se esforzó en ver una inexistente demolición de Bercovich; mientras los tuiteros vinculados al kirchnerismo y a la izquierda hicieron hincapié en el árbol genealógico de Liendo como si tal cosa fuera un argumento.

La hipertrofia conceptual habitual del debate público hace, además, más difícil la conversación. La discusión sobre la palabra “ultraderecha” podría haber sido muchísimo más fértil si durante buena parte de los últimos veinte años no se hubiera utilizado para describir cualquier alternativa ubicada frente al kirchnerismo, incluyendo un retrato del gobierno de Macri como continuación de la dictadura militar. Resulta mucho más difícil encontrar el lugar de inicio de la “ultraderecha” después de años en los que se acusó de extrema a cualquier alternativa más o menos convencional. La reacción de los funcionarios de Milei, por otro lado, salen de los manuales, casualmente, de la ultraderecha. 

Que los debates de la política hayan encarnado en una conversación entre dos referentes intelectuales –Liendo es una escritora y editora y Bercovich un periodista y economista– también habla de la carencia de este tipo de espacios en la conversación pública de la política argentina. No hay muchos ejemplos análogos de este tipo de conversación en el seno de la clase política, donde las posiciones públicas se esfuerzan mucho más por parecerse a las reverberaciones que la conversación tuvo en X que a la conversación en sí misma o las que ellos tienen en privado.

Otro debate giró en torno a la figura de Kicillof. El gobernador de la provincia de Buenos Aires no es el mejor candidato del peronismo: es el único. Por peso específico propio —en función de su tradición kirchnerista— y por el momento –gestiona el distrito más numeroso del país, por segundo mandato– es difícil pensar en otra persona que pueda competir sin la habilitación expresa de Cristina Fernández de Kirchner. En el entorno de CFK se agita que “Axel ya la traicionó”. El argumento parece débil: lo que llevó a Cristina a estar presa e imposibilitada de competir parece encontrarse mucho más en lo hecho —o no hecho— en materia judicial durante los 16 años previos a la condena que en lo ocurrido en la última milla.

Sin embargo, suponiendo que el kirchnerismo realmente crea en aquello que sugiere, se abre un interrogante: ¿quién es, para Cristina, más confiable que Kicillof? ¿Sergio Massa? De ganar, el tigrense tendría la obligación moral de convertirse en el nuevo conductor del peronismo. ¿Podría lograrlo con Cristina en libertad? Es una incógnita. Todo tiende a sugerir que no. Si el objetivo de la expresidenta es recuperar su libertad y garantizar tranquilidad para sus hijos, tal vez la pregunta correcta sea otra: ¿quién podría estar más cerca de lograr ese objetivo sin disputarle a Cristina su base electoral?

Entonces, quizá haya que prestar atención no tanto a los nombres anotados en la competencia sino, primero, a cuánto ímpetu pone la oposición en evitar la suspensión de las PASO. Si esa herramienta finalmente no pudiera utilizarse el año que viene, ¿sería producto de una mente afiebrada pensar que Cristina podría evaluar un candidato de máxima pureza, capaz de conservar parte de su base de sustentación, quitarle votos a Kicillof y, al mismo tiempo, permitirle a Daniel Hadad intentar colarse en un ballotage con entre 15 y 20 puntos? Seguramente. 

Sin embargo, si no se impone la lógica —que Kicillof sea el candidato único del peronismo—, una alternativa que hoy parece descabellada podría empezar a cobrar fuerza. Hadad fue la primera persona que anticipó el movimiento de Trump sobre Malvinas. Sus relaciones con el establishment estadounidense lo preceden y mantiene un vínculo de armonía con todos los espacios políticos locales. En el mitin organizado en la Facultad de Derecho coincidieron Mauricio Macri, Wado de Pedro y Mayra Mendoza. Estos últimos, habilitados por Cristina para dar el presente.

En este marco se dio la elección de las listas que competirán por los lugares en el Consejo de la Magistratura y dejó una fotografía bastante precisa del estado de las relaciones. En aquella reunión del Hotel Emperador hubo una conversación que no trascendió. El objetivo era construir una lista de unidad que permitiera no sólo renovar los dos consejeros del espacio sino intentar ganarle la elección al armado de Daniel Angelici. En términos políticos, la negociación reunió a Juan Manuel Olmos, Mariano Recalde, Diego Molea, Facundo Tignanelli y Guillermo Michel.

La unidad duró hasta que empezaron los nombres. Aparecieron los vetos cruzados y finalmente el dispositivo se astilló. La versión más extentida señala que la imposibilidad de correr de la negociación a Diego Segovia, operador político-judicial históricamente vinculado a Recalde, terminó empiojando el acuerdo. La sospecha que hacen circular es más fuerte: que la discusión por Segovia funcionó como excusa para que el peronismo llegara dividido, y Angelici tuviera mejores condiciones para ganar. Desde el PJ Capital rechazan esta versión y sostienen que Segovia se sostuvo porque “recorre el país hace cuatro años y armó algo con muchos votos”. 

La fragmentación también alcanzó al propio Angelici. Su lista lleva como número uno a Alberto Biglieri que, además, está al frente de la intervención de la UOM, una decisión fuertemente cuestionada sobre el sindicato que conduce Abel Furlán y cuyo motivo real son los fondos de la obra social del gremio. Biglieri, que es de origen radical, pero se mueve como peronista es, a su vez, es un hombre vinculado al grupo Olmos, histórico mandamás político de los metalúrgicos. Su padre, Yoliván Biglieri, fue el último duelista de la Argentina. No es una metáfora. 

Parte del armado que acompañó a Angelici hace cuatro años terminó esta vez en la lista de Molea. El resultado para Molea –enfrentado con Biglieri por cuestiones catastrales– es que, después de esta elección, podría quedar con tres consejeros y con un armado que combina una porción importante de dirigentes provenientes del radicalismo con algunos sectores del peronismo. Una construcción menos homogénea partidariamente, pero con mayor volumen propio dentro del sistema judicial. El entorno de Cristina, sin embargo, intenta cerrar la discusión por otra vía: sostiene que la lista de unidad peronista en la que está representada la expresidenta es la de Olmos y Recalde.

Tal vez toda esta disputa termine convertida en una anécdota frente a una novedad que trae la jornada. Según pudo reconstruir #OffTheRecord, los abogados de CFK sostienen que obtuvieron nueva prueba en la causa Cuadernos que intentarán utilizar para reabrir una discusión sobre la condena de Vialidad. El planteo apunta a la imputación de recursos vinculados al decreto que formó parte de la prueba utilizada para fundamentar la condena de la expresidenta. El equipo jurídico buscará ahora establecer que esos nuevos elementos –que, sostienen, no fueron permitidos cotejar durante el juicio– ponen en cuestión aquella construcción probatoria.