Con la ley no alcanza: aborto legal y retrocesos en Salta

Cinco años después de la sanción de la Ley 27.610, el acceso al aborto legal en Salta atraviesa un escenario de retrocesos que pone en tensión un derecho vigente. Faltantes de misoprostol y mifepristona, costos que ahora recaen sobre las personas gestantes, demoras evitables, violencia institucional y una creciente desigualdad territorial configuran un cuadro en el que la interrupción del embarazo vuelve a depender, en muchos casos, de la militancia y las redes feministas. 

Desfinanciación, desabastecimiento y retrocesos estructurales

Un reciente informe de la agencia Ciudadana Comunicación confirma y amplía lo que organizaciones feministas y equipos de salud ya venían denunciando en el territorio: en Salta existe un desabastecimiento crítico de insumos de salud sexual y reproductiva, con impacto directo en la prevención de embarazos no intencionales, el acceso al aborto legal y la respuesta a infecciones de transmisión sexual.

La prevención es clave en el derecho a decidir. Hasta en el pañuelo verde está inscripta la consigna “Anticonceptivos para no abortar”. Según el relevamiento, la provincia había recibido en 2022 más de 613 mil preservativos, mientras que en 2024 apenas ingresaron 58 mil, una caída abrupta que compromete las políticas de prevención. 

El informe también da cuenta del vaciamiento sistemático del Plan ENIA, una política pública que había logrado reducir a la mitad la tasa de embarazos adolescentes en departamentos clave como Salta Capital y Orán. Su desarticulación no sólo implica la pérdida de una estrategia intersectorial probada, sino que deja sin herramientas específicas a las adolescencias en los territorios más vulnerados.

Por otro lado, el Informe Anual 2025 del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVM) confirma una caída histórica en la distribución de anticonceptivos y tratamientos de larga duración. En Salta, la entrega de implantes subdérmicos pasó de 5.900 en 2023 a solo 400 en 2024, una disminución del 93,2%. Y se confirma que, a nivel nacional, la distribución de preservativos y anticonceptivos alcanzó los niveles más bajos de la última década.

En relación con el aborto legal, el diagnóstico es contundente: hospitales y centros de salud advierten faltantes prolongados de misoprostol y mifepristona, lo que vuelve materialmente imposible garantizar el carácter gratuito y oportuno que establece la Ley 27.610. En muchos casos, la ausencia de medicación obliga a diferir prácticas, derivar tardíamente o trasladar el costo a las personas gestantes, profundizando las desigualdades.

Los números de Salta

Los datos oficiales de 2024 permiten afinar el diagnóstico sobre la implementación de la Ley 27.610 en Salta y confirman una deuda persistente del Estado con el acceso oportuno y equitativo a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Aunque la práctica sigue concentrada en mujeres jóvenes adultas, el análisis por edades, semanas de gestación y meses del año expone demoras evitables, desigualdades estructurales y barreras institucionales que empujan a muchas personas a acceder de manera tardía. 

A esto se suma la falta de información actualizada: los datos de 2025 no fueron publicados ni remitidos por el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Salta, pese a reiterados pedidos.

Durante 2024 se registraron alrededor de 4.314 interrupciones entre IVE e ILE en la provincia. La franja de 21 a 30 años concentró la mayor demanda, con más de 2.700 procedimientos, lo que confirma que el aborto legal forma parte de decisiones sanitarias ligadas a proyectos de vida, muchas veces ligados a contextos atravesados por la precariedad laboral y habitacional. 

En los extremos etarios aparecen los datos de mayor gravedad social. En niñas y adolescentes de 10 a 15 años se registraron más de 100 casos entre IVE e ILE, muchos de ellos vinculados a abusos sexuales, lo que evidencia fallas persistentes en la prevención de violencias y en la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI). Por su parte, las mujeres mayores de 40 años presentan cifras residuales, confirmando que el núcleo de la demanda se mantiene en la juventud.

En cuanto al momento del acceso, la mayor parte de las IVE se concentró entre las semanas 6 y 9 de gestación, con un pico en la semana 8, lo que indica que cuando el sistema responde, los procedimientos se realizan de forma temprana y segura. Sin embargo, en las ILE el pico se dio en las semanas 15 y 16, es decir, después del límite legal para la IVE (14 semanas). Si bien esto responde en parte a las causales sin tope gestacional, también revela demoras por falta de información, derivaciones tardías, trabas administrativas u objeciones de conciencia, según denuncian las organizaciones.

En un derecho que depende del tiempo, cada demora puede convertir un acceso temprano y sencillo en una práctica más compleja y riesgosa.

Aborto legal, seguro y ¿gratuito?

En septiembre de este año, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Sede Salta denunció que actualmente muchas personas no pueden acceder la práctica segura de aborto «porque tiene un costo aproximado de entre 150 y 180 mil pesos, que va en crecimiento”. “Esto también lleva a que las personas vuelvan otra vez a los abortos inseguros, clandestinos y corran peligro de vida”, denunciaron. 

Esta desfinanciación impacta de manera directa en el acceso a la IVE/ILE. “La ley dice aborto legal, seguro y gratuito, pero hoy muchas personas tienen que comprar la medicación”, explica Macarena Villena, médica de familia e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir en Salta: “Eso va en contra de la norma y vuelve a convertir el aborto en un privilegio”, insiste.

Uno de los datos más relevantes del informe del OVM es la distribución de las prácticas según el nivel de atención. Durante el primer semestre de 2022, el 44,5% de las interrupciones se realizaron en centros de salud y el 56,5% en hospitales. Sin embargo, la fuerte concentración de las ILE en hospitales (en particular en el Hospital Público Materno Infantil de Salta Capital) expone límites en la descentralización de la práctica y en la disponibilidad de equipos interdisciplinarios en los centros de salud. 

“La ley eliminó la exigencia de causales, pero también trajo una medicalización de la consulta —, advierte Villena —. Antes trabajábamos mucho en equipos con trabajo social y psicología. Hoy muchas de esas consultas recaen solo en las médicas, cuando son situaciones que requieren acompañamiento integral, sobre todo en términos de salud mental y contexto social”.

A nivel territorial, los mayores números absolutos de prácticas se concentran en Capital, General San Martín y Orán. No obstante, el análisis por tasas muestra que departamentos más pequeños como San Carlos, Cachi, Cerrillos o Cafayate presentan valores más altos en relación con la cantidad de mujeres. El OVM advirtió que allí donde existen efectores que garantizan la práctica, la demanda se expresa con mayor claridad, mientras que en otros territorios las barreras de acceso y el subregistro pueden estar ocultando necesidades insatisfechas.

La ausencia de tasas específicas por rango etario a nivel departamental limita una lectura más precisa de estas desigualdades y refuerza una de las alertas centrales del informe: el acceso sigue siendo desigual y dependiente del lugar de residencia.

Insumos y voluntad política 

Con falencias, retrocesos y amenazas, no es igual contar la ley que no tenerla. En los equipos de Salud marcan que fue un punto de inflexión: “A partir de que logramos esa sanción de la ley hubo una desestigmatización del aborto”, asegura Sofía Fernández, integrante de la Fuerza de las Mujeres y la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta. Y marca que los primeros años la práctica se garantizó “casi sin problema”. 

Sin embargo, en 2025 la violencia institucional sigue presente en los espacios de salud: “En algunos hospitales todavía se pregunta ‘¿estás segura?’, ‘mirá que es una provincia católica’, se dilatan los tiempos o se somete a las mujeres a tratos humillantes. Incluso hay abortos realizados sin anestesia. Todo eso nos llega por el relato de las usuarias”. Fernández marca la diferencia entre centros de salud y hospitales, porque marca que en los últimos, especialmente en los alejados de la capital, la violencia se ejerce en un mayor grado donde las organizaciones feministas no tienen una amplia presencia, impidiendo acciones inmediatas cuando se requieren. 

En esa línea habla Verónica Liendro, articulante en Salta de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, parte de la Asamblea Lesbotrasfeminista y actividad social, quién denuncia irregularidades en casos que requieren intervenciones como la aspiración manual uterina (AMEU): “Ha pasado en varias ocasiones que no se inyecta la cantidad necesaria de anestesia. Las personas gestantes sufren”, afirma. Lejos de tratarse de situaciones aisladas, remarca que es “una práctica histórica”. 

Fernández coincide, y en ese escenario confirma que el aborto sigue siendo un terreno de disputa política. “Nosotras decimos que es una decisión política el acceso al aborto, porque no es solamente misoprostol lo que se puede ofrecer. No se ofrece la AMEU, a pesar de que hay instrumental, hay profesionales capacitados y solo necesitarían abrir una habitación en los centros de salud para que se pueda hacer ahí”, señala. 

Liendro contó que estos hechos fueron formalmente denunciados. Contó que el reclamo sobre cómo se está aplicando la ley incluyó un pedido de informes ante el Ministerio de Salud Pública de la provincia, a cargo de Federico Mangione, presentado en agosto de este año. Hasta el momento, no obtuvieron respuestas.

Derecho propio

Fernández –integrante de la Fuerza de las Mujeres y la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta– está convencida: muchas de las mujeres que llegan al sistema de salud han sido testigos y protagonistas de la marea verde que empujó la legalización: “Hay una generación que creció luchando por el derecho al aborto. Esas compañeras de unos 26 años que hoy están accediendo, estuvieron en la lucha. Hicieron carne ese derecho”, afirma. “Me parece que tiene que ver con eso: asumir el derecho como propio y reclamarlo”, dice. 

El cruce generacional es elocuente. Las franjas etarias que hoy concentran la mayor cantidad de interrupciones —entre los 20 y los 34 años— coinciden con quienes en 2018 estaban en el secundario, en la universidad o dando sus primeros pasos en la militancia feminista. Es la generación que politizó el aborto antes de que fuera ley.

Al igual que en el resto del país, en Salta las movilizaciones masivas por el derecho al aborto se profundizaron a partir de 2018, pero tuvieron antecedentes claros desde 2015. Las calles teñidas de verde, los pañuelazos y las vigilias no solo empujaron la sanción de la Ley 27.610: produjeron una transformación cultural que hoy se expresa con nitidez en los datos sanitarios.

En ese sentido, para las profesionales y las organizaciones feministas, el impacto de la ley no se mide solo en números. “La ley fue un antes y un después”, sostiene Villena. “Hasta antes de la ley, las personas tenían que justificar por qué querían acceder a un aborto. Hoy la consulta es otra: no tener que dar cuenta del motivo. Eso cambia todo, incluso cuando todavía hay culpa o angustia”, manifiesta.

“La salida del clóset del aborto fue un proceso a partir de 2015, con mucha fuerza en el 2018”, explica Sofía Fernández, referenta feminista. “Fue un proceso largo, que lo comenzaron otras compañeras históricas hace más de 20 años. Y acá en Salta hubo hechos muy fuertes que nos impulsaron a luchar, como el caso de la violación en banda a Juana, la niña wichí. Eso fue un puntapié muy fuerte para las salteñas”. Juana es el nombre de fantasía para resguardar la identidad de la nena de 12 años de la comunidad de Alto La Sierra que en 2015 sufrió una violación grupal a manos de ocho perpetradores criollos.

Redes que sostienen el derecho

Frente a este contexto, las redes vuelven a ocupar un lugar central. “Estamos volviendo a trabajar como antes de la legalización: vaquitas, donaciones de medicamentos, articulación con socorristas”, describe Fernández. “Es paradójico: es mejor tener la ley que no tenerla, pero el acceso hoy es más difícil que en algunos momentos previos”, remarca.

Liendro asegura que la presencia “en las calles, en los barrios, para compartir la información” seguirá estando porque “hoy sabemos que ninguna persona gestante debería arriesgar su vida o su salud por un aborto”.

Desde el Estado provincial, Inés Bocanera, subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, reconoció el impacto del recorte nacional. “Históricamente la compra de anticonceptivos y misoprostol se hacía a nivel nacional. Hoy la provincia puede afrontar una parte, pero no en la misma magnitud. El desafío es la previsibilidad presupuestaria para garantizar el acceso en 2026 y los años siguientes”, advirtió. 

Bocanera destacó que, desde la implementación de la ley, los datos muestran un incremento que luego se sostiene en el tiempo: “No es un pico aislado. El acceso crece y se mantiene, incluso atravesado por la pandemia. Eso habla de un derecho que se ejerce cuando existe”.

A cinco años de la sanción de la Ley 27.610, el balance en Salta es claro: la norma transformó el acceso al aborto y salvó vidas, pero su cumplimiento pleno sigue lejos de estar garantizado. La desfinanciación, las resistencias institucionales y las desigualdades territoriales vuelven a poner en tensión un derecho que, aunque vigente, necesita ser defendido todos los días.“La ley sigue vigente y es fundamental que las personas lo sepan”, insiste Villena. “Con tanto discurso en contra y tanta falta de insumos, estamos viendo de nuevo abortos clandestinos. El derecho se ejerce en el presente, no mañana”.

Esta nota pertenece a Punto de Encuentro – un especial de Amnistía Internacional Argentina junto a CENITAL. Podés leer todos los artículos acá.