Cómo maternan las mujeres presas en Corrientes

“Mi hija tiene diez años. Sigue siendo mi bebé, pero ya está convirtiéndose en una señorita. Hay cosas de su crecimiento que me gustaría poder acompañar. No estuve en su graduación del jardín y tampoco voy a poder estar en la de la primaria”. 

Clara está detenida desde el 2019 en el Instituto Pelletier de la ciudad de Corrientes. Clara no es su nombre real, sino un seudónimo para preservar su identidad y la de su familia. Cumple una condena a 25 años de prisión por homicidio en un contexto de desigualdad de género que no fue valorado en la pena. Su hija, entonces, vive a 400 kilómetros.

En una cárcel, una visita familiar no es solamente un encuentro afectivo. Para las personas privadas de libertad, sostener los vínculos puede ser una parte fundamental del cuidado de la salud mental necesario para la reinserción. El contacto con familiares y personas significativas puede funcionar como una red de apoyo y como una forma de sostener la identidad y los proyectos que existen más allá de los muros.

Sin datos y sin políticas específicas

Sus voces llegan desde afuera, a veces por teléfono, a veces durante una visita. Son conversaciones que intentan achicar la distancia entre estas madres presas y sus hijos e hijas que atraviesan una etapa de su vida sin tenerlas físicamente a su lado. 

En el sistema penitenciario federal de Argentina hay 1.019 mujeres y 33 personas travesti-trans detenidas, a junio del 2026.  Lo que representa en conjunto el 8,5% de la población total. El 91,5% restante son hombres. 

57 de esas mujeres están alojadas en el Instituto Pelletier de Corrientes, de las cuales 46 corresponden al cumplimiento de una condena de la Justicia provincial, cinco están procesadas y cuatro con prisión preventiva. En cuanto a la Justicia federal, hay una mujer con condena firme, una detenida procesada y dos con prisión preventiva. El Instituto Pelletier tiene una capacidad de 45 plazas, por lo que la cantidad de alojadas actualmente genera una sobrepoblación en el pabellón de condenadas. 

El Servicio Penitenciario provincial no tiene una base de datos estadística y desagregada para relevar los contextos sociales de las detenidas que determinen variables como el sexo, cantidad de hijos/as a cargo, edad y sexo de los mismos/as, discapacidades y/o adultos a cargo.

Muchas de ellas tienen hijos e hijas extramuros. El artículo 195 de la Ley N.° 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad permite a las madres encarceladas convivir con sus hijos menores de cuatro años dentro del establecimiento penitenciario. Hoy no hay ningún caso de este tipo en la provincia. 

Cuando Clara fue detenida, su hijita ya pasaba la edad permitida. Todo se volvió cuesta arriba.

Maternar desde la pantalla del celular

Cada mañana, Clara se levanta en su celda, se maquilla y se arregla para la primera comunicación del día con su hija por videollamada. «Quiero que ella me vea bien», dice. El primer mes de detención la nena podía visitarla todos los días. Tenía 4 años. Luego, las visitas eran los miércoles y los domingos. «Mi mamá se enfermó y quedó en cama, así que mi hermano era quien llevaba a mi hija», cuenta. 

“Cuando era más chica, de seis o siete años, me decía: ‘Mami, no quiero hacer videollamada porque no es lo mismo. Yo te quiero ver’. Eso te duele muchísimo, pero una tiene que respirar hondo y no demostrarle fragilidad”, dice y se le quiebra la voz.

“Ahora hablamos antes de que vaya al colegio y también a la tarde, cuando termina la tarea. Los fines de semana y durante las vacaciones podemos pasar horas haciendo videollamadas”, relata Clara. 

Desde la detención, la niña cuenta con acompañamiento psicológico. «A mí me duele muchísimo todo lo que pasó y supongo que a ella también, aunque es más fuerte y no demuestra tanto”, asegura. La psicóloga de la nena le había recomendado visitarla una vez al mes, pero por cuestiones económicas las visitas presenciales solo ocurren cada tres o cuatro meses. 

La proporción y la pena 

La Procuraduría de Violencia Institucional realizó en el 2025 un informe sobre la incidencia del encierro en el ejercicio de las tareas de cuidado y el impacto del encierro en la vinculación de las mujeres madres con sus hijos o hijas. 

A partir de este relevamiento se dejó al descubierto el entramado complejo que supone el cuidado de los niños y niñas desde la detención de la madre. Este, en muchos casos, queda supeditado a los recursos y posibilidades de cada familia o referente afectivo disponible. 

“Generalmente, las personas que los cuidan son las mujeres de la familia: las abuelas, las hermanas, las tías o las hijas mayores. También hay casos en los que quedan al cuidado de hermanos mayores o, eventualmente, del padre, si está presente. Pero, fundamentalmente, el cuidado recae sobre las mujeres de la familia”, explica Hilda Presman, coordinadora del programa en Red Corrientes de Derechos Humanos.

Para garantizar el sostén de los vínculos familiares y, a diferencia de otras provincias, las personas detenidas en Corrientes tienen acceso a teléfonos celulares, aunque aún persiste una discriminación por género: los varones detenidos en las cárceles de Corrientes acceden a los dispositivos en un horario de corrido de 9 a 21 horas, mientras que las detenidas del Pelletier acceden a las comunicaciones de 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía y vuelven a tener los dispositivos por la tarde, de 17 a 20 horas. En muchos casos, el horario de las clases coincide con el horario en el que sus mamás podrían comunicarse. 

Sofía Domínguez Briceño, abogada integrante del Comité de Prevención de la Tortura asegura que el hecho de que el instituto Pelletier sea el único lugar para mujeres presas es un desafío adicional: “Dificulta muchísimo el acercamiento y la vinculación familiar, porque muchas de las mujeres tienen a sus familias en el interior. Las personas privadas de la libertad, en general, atraviesan situaciones de vulnerabilidad social y económica. No son personas que tengan recursos para viajar constantemente, por lo que la distancia se convierte en una dificultad adicional para sostener los vínculos”.

Además, denuncia que también existe una enorme burocracia administrativa: autorizaciones, notas, días y requisitos para las visitas. “Las requisas también pueden funcionar como un elemento disuasorio. Algunas familias pueden preferir no asistir a determinadas visitas para evitar procedimientos que consideran invasivos o humillantes”, explica. 

Domínguez Briceño explica otro problema importante y es que en Corrientes, “las mujeres y diversidades no cuentan con un dispositivo de semilibertad, entendiendo al régimen penitenciario como progresivo, en el que puedan acceder a distintos beneficios como salidas transitorias o la libertad condicional. Es decir, se va evaluando la conducta, la calificación, el comportamiento.”

La abogada sostiene que existe un discurso muy fuerte que las ubica como ciudadanas de segunda categoría: “Incluso las posiciones aparentemente más benignas suelen adoptar una mirada tutelar, como si  las mujeres detenidas fueran niñas a las que hay que proteger y controlar”. Marca la diferencia con los varones, que cuentan con la Unidad Penal Nº 4, conocida como la Granja Yatay, un dispositivo con un régimen diferente, compuesto por casitas y espacios donde desarrollan distintas actividades. Esa posibilidad está vedada para las mujeres detenidas en Corrientes.

“Las mujeres llegan mucho menos al sistema penal porque delinquen menos, pero cuando llegan se las juzga más severamente. El sistema penitenciario fue diseñado para hombres, por eso es necesario incorporar sus particularidades: las tareas de cuidado, la maternidad, la salud sexual y reproductiva, los vínculos familiares y las trayectorias previas de violencia”, asegura Domínguez Briseño. Señala que pensar en mujeres -en madres- presas no puede ser el resultado de pequeñas adaptaciones del sistema diseñado para hombres, sino que requiere políticas específicas.”

Una crianza posible

Brisa prefiere no decir su apellido. Tiene 26 años y está en su casa al cuidado de su hija de cuatro años. No puede llevarla a la plaza ni ir rápido a la esquina a hacer una compra. Estuvo detenida en el Instituto Pelletier de Corrientes pero hace dos meses le garantizaron la posibilidad de criar a su hija bajo arresto en su domicilio. Su condena es a seis años.

Tiene también un hijo de 12 años que vive con el padre. Fue mamá de otro bebé que falleció a los dos meses de vida. Vive con la familia de su cuñada y con la nena de 4. 

Durante los once meses que estuvo detenida, Brisa no pudo verla en persona, solo se comunicaba por videollamada por las tardes. En el horario en que tenía permitido usar el celular por la mañana, su hija estaba en el jardín. 

Ahora pueden convivir. “Me siento más tranquila, estoy mejor porque estoy junto a mi hija y no era lo mismo estando encerrada”, manifiesta. Todas las mañanas Brisa se levanta, le prepara el desayuno a su hija, la viste y prepara. Se despide en la puerta de la casa. El corto camino hasta el jardín lo hace su cuñado, su cuñada o el abuelo, los familiares con quienes vive y quienes la ayudan a salir adelante.

Cuando su hija está en el jardín ella se ocupa de las cosas de la casa. Empezó una huerta con la esperanza de cultivar sus propios vegetales y quizás vender a los vecinos, si la producción alcanza. 

Con pesar, Brisa cuenta que antes consumía mucho. Tras varias detenciones ocasionales por robos, terminó presa en el Pelletier. No tiene un mal recuerdo: «Esos meses que estuve en el Pelletier me hicieron bien, recapacité mucho y ahora yo pienso en salir adelante con mi hija». Su motor es poder darle el “cariño de madre” que no pudo mientras estuvo consumiendo. 

Presman del programa en Red Corrientes de Derechos Humanos reconoce que la prisión domiciliaria de mujeres madres “es una práctica que se está extendiendo, aunque también tiene problemas: una prisión domiciliaria no resuelve por sí sola la situación económica, social ni el cuidado de los hijos si la mujer no cuenta con una red de apoyo”. 

Un estudio realizado por el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, evaluó cómo las medidas de restricción de la libertad hacia una mujer que también es madre, traspasa la individualidad y se trasladan a sus redes vinculares y comunitarias, lo que “repercute en ellas como un plus de angustia y desvalorización”.

Una vida que espera afuera

Clara estudia la Licenciatura en Gestión y Desarrollo Cultural de la Universidad Nacional del Nordeste de manera remota desde la prisión. “Hay cosas que no se pueden recuperar», reconoce. Pero se prepara para el resto de su vida. Hoy su hija tiene 10 años. Cuando ella salga, va a tener alrededor de 19 años.  

Brisa inició con su abogado los trámites para poder terminar la secundaria. Sueña con llevar de la mano a su hija a la escuela y a pasear a la costanera. Ambas tienen un solo objetivo: ser un ejemplo de superación para sus hijas y el apoyo que ellas no tuvieron.

La tarde cae en el barrio y, en la vereda, la cuñada de Brisa acomoda la silleta y prepara el mate. La nena juega a su lado.

Brisa asoma hasta la puerta. La nena ve la escena y le recuerda una regla aprendida:

—No, mami, vos no podés salir.

Esta nota pertenece a Punto de Encuentro — un especial de Amnistía Internacional Argentina junto a CENITAL. Podés leer todos los artículos acá.