Colombia, ¿un nuevo Chile?

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Hace dos años, Piñera llegó tarde. En el momento en que decidió frenar el aumento del precio del pasaje en el transporte público el reclamo ya había escalado. Los manifestantes le habían dado forma a la bronca: pedían una nueva Constitución en Chile. Dentro de dos semanas, esas mismas personas irán a las urnas para elegir a los 155 ciudadanos que formarán parte de la Convención Constituyente, el organismo encargado de redactar la nueva Constitución.

La mayor concentración pacífica de gente de toda su historia había consiguido lo que pedían aunque no sin dolor, más de treinta personas fueron asesinadas por la Policía, atropelladas o incendiadas en medio de las protestas.

Hace una semana, Colombia está en llamas. Las manifestaciones no paran a pesar de que Iván Duque retiró la reforma tributaria que llevó a la gente a las calles y terminó con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Entonces, ¿por qué protestan? ¿Qué piden? ¿Dónde terminará esto?

Existen varias explicaciones. Tres de ellas, estructurales. La primera tiene que ver con el desencanto con el modelo económico colombiano que mantuvo durante años un equilibrio macroeconómico prudente, con una inflación controlada, un tipo de cambio flexible y un marco fiscal que permitió que la economía creciera ininterrumpidamente desde el 2000 hasta la pandemia, pero con una profunda desigualdad social que lo ubica como el segundo país más desigual de América Latina, según datos de Cepal.

La segunda responde a una reforma policial. Muchos de los que están en las calles piden una nueva Policía y terminar con el Escuadrón Móvil Antidisturbios, más conocido como Esmad, una unidad creada durante el gobierno de Andrés Pasatrana en 1999 y formalizado durante la presidencia de Uribe. También con la militarización de la represión a las protestas que ha tenido consecuencias trágicas en la violación a los derechos humanos en Colombia. Esta última semana, al menos 24 personas murieron en el contexto de las manifestaciones, la mayoría de ellas asesinadas por armas de fuego en manos de la Policía. Además, existe casi un centenar de personas desaparecidas, según datos de la Defensoría del Pueblo.

Tercero, la fallida aplicación del Acuerdo de Paz. Tanto el expresidente Álvaro Uribe como el actual mandatario Iván Duque nunca respaldaron el acuerdo. En 2016, Uribe lideró la campaña del ‘no’ al acuerdo que terminó imponiéndose en el plebiscito por un 50.2%. El rechazo a dar vuelta la página responde a que el discurso belicista le permite al uribismo seguir vivo. Desde 2016, más de 450 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, según la ONU. Lo vimos esta semana, Duque continúa criminalizando cualquier manifestación social con las etiquetas de “guerrillera”, “terrorismo” y “narcotráfico” en un país donde esas palabras pesan doble.

Todo esto empeora con la pandemia. Colombia es uno de los países más golpeados en su economía. Pasó de una pobreza del 31% al 38%, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Esto significa que, en términos proporcionales, el incremento de la pobreza en ese país fue del 22% en 2020, uno de los más altos de América Latina.

“Cuando nos están dando a nosotros, ellos no se calman”, se escucha la voz de un manifestante en un video que muestra cómo prenden fuego una unidad policial con diez policías adentro. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, opositora a Duque, pidió con la voz quebrada a los más radicalizados que detengan la violencia. Sin embargo, esto fue usado por el gobierno de Duque para desplegar el discurso de “hay infiltrados” o “son terroristas”.

Tal vez suceda algo más triste de lo que describe el uribismo. Es posible que exista una parte del país que nació y creció hundido en una dinámica violenta y desigual que no conoce otras reglas y que, desencantado con todo, empujado a los márgenes de cualquier tipo de vida digna, siente que ya no tiene nada que perder.

Las demandas del Comité Nacional del Paro siguen siendo diversas y están fragmentadas. Piden una renta básica de, por lo menos, un sueldo mínimo; la defensa de la producción nacional; un plan de vacunación masivo; la implementación de la matrícula cero en todas las universidades públicas del país; subsidios a las pequeñas y medianas empresas; alcanzar la sobernaía alimentaria; frenar la discriminación de género y derogar el decreto 1174 que perjudica a los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo. Todos estos reclamos son los mismos que estuvieron presentes en las protestas de 2020.

Hace dos años, los manifestantes chilenos lograron darle forma al desencanto de tantos años. La denuncia de una desigualdad estructural encontró como respuesta el reclamo por una nueva Constitución. Esta no es la solución para los manifestantes en Colombia que lo que piden es respetar la Constitución de 1991.

En suma, la pregunta es si este ciclo de protestas que comenzó en noviembre de 2019 y que la pandemia interrumpió durante los primeros meses del 2020 hasta que fue retomado a finales del año pasado podrá aunar el descontento en una demanda clara que intente dar respuesta al enojo de tantos años.

Ayelén.