Chances perdidas: dos décadas de venta de tierras públicas

El suelo urbano es intrínsecamente escaso y los terrenos públicos bien podrían volcarse a otros usos.

En el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conviven dos gobiernos, el Nacional y el de la Ciudad, y ambas jurisdicciones poseen una inmensa cantidad de tierras e inmuebles localizados en el distrito con el metro cuadrado más caro de la Argentina. Muchos de ellos cumplen un rol clave y cotidiano: oficinas gubernamentales, parques públicos e infraestructuras esenciales como calles, autopistas, terrenos ferroviarios y zonas portuarias.

Otros, en cambio, permanecen inutilizados, y muchas veces se convierten en barreras urbanas que fracturan el territorio o donde anidan problemas de distinto tipo. Quizás el ejemplo más cercano en el tiempo es la cárcel de Devoto, que en breve despedirá a los últimos reclusos y sobre el que vale la pena discutir en qué se convertirá. Los numerosos playones ferroviarios en desuso en barrios como Caballito y Liniers son otro ejemplo de terrenos públicos sin destino cierto. Los de Palermo, en cambio, ya se vendieron para convertirse en proyectos residenciales para sectores de altos ingresos.

El Estado tiene varias opciones a la hora de decidir qué hacer con sus inmuebles, pero la más utilizada en la historia reciente fue, por lejos, su privatización. Dado el carácter intrínsecamente escaso que tiene el suelo urbano y la potencia que tendría volcarlo a otros usos, la venta de estos terrenos genera una sensación de oportunidad perdida. 

Breve historia

En la Ciudad, la venta de inmuebles del Estado tuvo tres grandes oleadas. Durante la última dictadura cívico-militar, el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz puso la lupa sobre los inmuebles públicos. No sabemos a ciencia cierta cuál fue el volumen de las ventas -las estimaciones más confiables dicen que se llegaron a liquidar 5.000 inmuebles- pero sí que sancionaron el Decreto Ley 22.423, aún vigente, que le permite al Poder Ejecutivo vender tierras a sola firma del presidente, sin pasar por el Congreso.

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En los noventa, Carlos Menem y su intendente Carlos Grosso gestaron la Corporación Puerto Madero S.A., que usó lo recaudado por las ventas de tierras públicas para financiar infraestructuras y espacio público de lo que se convirtió en el barrio más caro de la ciudad. La dinámica de venta de terrenos públicos se retomó en la ciudad a partir de 2007, momento en el que Mauricio Macri asumió como jefe de Gobierno, pero se profundizó a partir de 2015, cuando el dirigente del PRO llegó al Gobierno nacional y Horacio Rodríguez Larreta lo sucedió en la gestión local. 

El desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada le dio un nuevo empujón a la enajenación de tierras por medio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Entre diciembre de 2023 y julio de 2026, el Estado nacional subastó 28 inmuebles ubicados en la Ciudad, unos 100.572 metros cuadrados de tierras e inmuebles públicos. Sobre estos terrenos se habilitó un potencial constructivo de 335.294 metros cuadrados, cifra que equivale a más del doble de la oferta total de superficie de vivienda en alquiler en toda la ciudad.

Cuánto, cómo y para qué

No existen registros públicos disponibles y confiables que permitan conocer el acervo de tierras públicas localizadas en la Ciudad, lo cual es un dato en sí mismo. Sin embargo, se sabe que en los últimos 18 años se vendieron mediante subastas 235 terrenos e inmuebles de dominio público. Tomado a valores constantes, eso representó ingresos por un total de U$S 1.981 millones, que se repartieron en partes casi iguales entre el gobierno local y el nacional.

Al comparar lo recaudado se advierten varios contrastes. En casi todos los años entre 2007 y 2026 la Ciudad vendió tierras públicas, si bien en algunos logró recaudar más que en otros. En cambio, las ventas de tierras nacionales localizadas en la Ciudad fueron más espasmódicas y aparecieron con fuerza en los últimos dos años de la gestión de Cambiemos, entre 2017 y 2019, para retomarse con la llegada a Nación de La Libertad Avanza. Como se refleja en los números de recaudación, las tierras nacionales fueron de mayor envergadura que aquellas de dominio porteño, por tratarse sobre todo de grandes playones ferroviarios bien localizados. 

El mecanismo tardó poco más de un año desde la llegada del PRO en ponerse en marcha. Los primeros terrenos se vendieron en 2009 y a lo largo de las dos gestiones de Mauricio Macri (2007-2015) se privatizaron tierras a un ritmo promedio de 25 millones de dólares por año. En cambio, durante el período 2016-2025 el promedio anual de estas ventas aumentó siete veces y alcanzó los USD 175 millones. Esta aceleración se dio por dos factores. Por un lado, como mencionamos, a partir de 2016 se incorporaron las tierras de Nación a la política de subastas. Pero además, las ventas que cada jurisdicción llevó adelante fueron más voluminosas: se vendieron terrenos mejor ubicados y que permitían la construcción de una enorme cantidad de metros cuadrados.

Aunque las cifras de venta de estos lotes suenen altísimas -de hecho lo son para los números que maneja el mercado inmobiliario argentino-, se trata de montos ínfimos en términos del gasto público. El promedio de USD 175 millones significa apenas un 0,2% del presupuesto nacional, equivalente a menos de un día de gestión. En el caso de la Ciudad el peso es mayor, pero el impacto urbano de vender masivamente tierra pública y la potencialidad que se pierde para guiar el desarrollo de la ciudad obliga de todas formas a repensar la conveniencia del trade off.

Para qué

Los proyectos que se llevan adelante en estos terrenos sirven para reflexionar acerca de qué tipo de ciudad se construye sobre lo que alguna vez fue de todos.

Por un lado están las intervenciones grandes, llamadas Grandes Operaciones Inmobiliarias (GOI). Estas incluyen, por un lado, a los Grandes Proyectos Urbanos (GPU), intervenciones de gran escala en los que el Estado define normativas especiales (como por ejemplo alturas y usos permitidos en esa zona) e invierte recursos; y, por otro, desarrollos en terrenos individuales que no forman parte de un proyecto urbano pero que por escala y localización tienen gran impacto sobre su entorno.

Este conjunto de ventas explican un 30% de las operaciones (68 sobre 228 totales) pero casi un 90% de la recaudación total porque, dadas sus características, se subastaron por montos mucho mayores. Casi todas estas ventas se produjeron en los últimos diez años.

Entre los GPU están el Parque de la Innovación o los playones ferroviarios de Palermo, un nuevo polo de desarrollo inmobiliario. Entre los desarrollos individuales de gran escala e impacto se destacan el Edificio del Plata, también de IRSA, y el predio del hipermercado Coto, en el punto de encuentro entre la Villa 31 y una de las zonas más codiciadas del barrio de Retiro.

El otro 70% de operaciones está compuesto por cocheras, departamentos, lotes entre medianeras y algunos proyectos urbanos de escala más pequeña como el corredor Donado-Holmberg, que con el tiempo se consolidó como una área de renovación urbana, o la Villa Olímpica, donde aún quedan muchas tierras sin subastar. 

Del otro lado del mostrador

Si bien por lo general el foco está puesto en la venta del inmueble, del lado de los compradores esta modalidad de subastas resultó clave para los grandes desarrolladores, dado que la tierra urbana con buena cobertura de servicios es un bien que no abunda. 

Cada nuevo emprendimiento -sea una torre, un edificio o un centro comercial- requiere un nuevo suelo urbano escaso y de altísimo costo de producción. Se trata de una particularidad que tiene el desarrollo urbano. Si la demanda de ropa sube, el productor de algodón puede fabricar más materia prima para las marcas de ropa. Pero si la demanda de vivienda sube -lo hace constantemente- nadie tiene la fábrica de suelo urbano. Aunque el Estado pueda urbanizar, llevando servicios e infraestructura a nuevas zonas, le sale carísimo y no tiene demasiado sentido que lo haga si existen zonas ya urbanizadas aún con baja densidad. 

Siguiendo con la metáfora, el productor de algodón seguramente necesite de ciertas condiciones en su entorno para producir, pero no necesita que sus hectáreas tengan cerca un supermercado, una parada de colectivo, una escuela o una comisaría para que su negocio sea rentable. Además, puede producir año a año en la misma tierra, algo que el desarrollo inmobiliario no puede hacer. Por eso, las privatizaciones, tal y como fueron diseñadas, se convirtieron en la materia prima clave para las grandes desarrolladoras que intervienen en el mercado porteño, que se pueden contar con los dedos de una mano. 

Por la escala y el tipo de proyectos en los que suelen invertir, la adquisición de tierra pública es casi su única opción de negocios en la Capital. Es por eso que, en ausencia de venta de inmuebles públicos, estos grandes jugadores suelen centrarse en desarrollos en la periferia (por lo general en forma de barrios cerrados) o fuera del país. Por poner un ejemplo, Consultatio -la empresa de Eduardo Costantini- hace muchos años que no construye nada en la Ciudad, con excepción de sus proyectos sobre tierra pública.

Es que los terrenos que les ofrece el mercado privado de tierras dentro de la Ciudad no suelen cumplir con el tamaño o la capacidad constructiva necesaria para llevar adelante sus proyectos. Esto se puede ver si se comparan los 15 terrenos más caros vendidos por el Estado con los 15 más caros ofertados por el mercado privado entre 2007 y 2025: el terreno más caro ofertado por el mercado durante todos estos años salía U$S 45 millones, mientras que el más caro de los subastados por el Estado, el predio del Parque de la Innovación que compró la Familia Werthein, salió USD 151 millones en 2018 (USD 194 millones de hoy), es decir, cuatro veces más. 

¿Quiénes son?

Como estos montos elevadísimos de inversión son sólo accesibles a ese grupo de grandes desarrolladoras, la oferta pública de terrenos parece regirse más por la demanda de este segmento que por lo que pueda llegar a suceder allí una vez vendido el predio.

Saber quién adquirió la tierra nos permite entender qué se va a producir allí y, por lo tanto, cómo va a impactar en la morfología de la ciudad. Son los propios promotores inmobiliarios los que explican que, en un entorno sin crédito hipotecario ni crédito intermedio, sus productos están destinados a “los ricos de la Argentina”. Estos proyectos, a su vez, se convierten en hitos urbanos que, junto con la fuerte inversión pública que los acompaña, transforman su entorno, jerarquizando zonas y barrios enteros, promoviendo aumentos de los precios del suelo y los inmuebles en su entorno: produciendo una ciudad para ricos. 

Las tres empresas que más invirtieron en la adquisición de inmuebles estatales fueron Consultatio, primera cómoda en el ranking; Landmark, la rama inmobiliaria de la Familia Werthein, un grupo empresario local diversificado en una enorme cantidad de negocios; y el holding de Eduardo Elsztain, IRSA. Cada una de estas grandes desarrolladoras tuvo estrategias y proyectos particulares en los terrenos públicos adquiridos. 

Consultatio compró cuatro predios en diferentes zonas de Catalinas Norte, un predio sobre la Avenida Huergo, frente a Puerto Madero, una manzana completa en el Bajo Belgrano y la joya más preciada: el predio del Easy de Palermo, un macro lote para el que está elaborando un master plan del cual aún no se conocen detalles. 

La familia Werthein adquirió el lote del Parque de la Innovación sobre Libertador, la subasta más costosa en la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Allí está desarrollando un ambicioso proyecto de tres mega torres de lujo que arrancan en 8.000 dólares el metro cuadrado, el más caro de toda la ciudad.

En el caso de IRSA la estrategia es distinta, ya que apuesta a la compra de edificios para refuncionalizar. Allí se destacan el Edificio del Plata, el Centro Comunal de la Comuna 14 -lindero al Alto Palermo, shopping administrado por la empresa- y un viejo edificio público sobre el final de Huergo donde funcionaba el Ministerio de las Mujeres. Además, la firma de Elsztain adquirió varias parcelas en los playones ferroviarios de Palermo. 

Una ayuda extra

La decisión de vender inmuebles públicos parte del viejo y vigente principio de que el privado es por naturaleza un mejor administrador que el Estado. La contradicción de este modelo surge del hecho de que el éxito del negocio depende en gran medida de la propia acción del Estado ya que es éste quien tiene la tarea indelegable de producir la infraestructura, el espacio público y las vías de circulación que permiten que el área tenga algún valor. 

En otros casos, la ayuda pública también llega por vías más directas como exenciones impositivas o blanqueos de capital que sirven como boost para la inversión inmobiliaria. Un ejemplo es el Plan de reconversión del microcentro que implementó el Ejecutivo porteño y por el cual resignó más de USD 200 millones de recaudación para que el sector invierta en el alicaído microcentro porteño. La cifra supera el presupuesto total previsto en 2026 para el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y todos los programas habitacionales porteños juntos. 

Más de un tercio de ese monto se los llevó la refuncionalización del Edificio del Plata que lleva adelante IRSA en el edificio que le compró a la Ciudad en 2016 por USD 68 millones, cifra menor a la que luego recibió la firma en concepto de descuento al pago de los Ingresos Brutos. ¿Qué hubiera pasado si el Estado porteño no vendía ese predio y usaba el dinero de las exenciones impositivas para generar en ese terreno una infraestructura que respondiera a la necesidades de la población?

¿Qué hacemos con los terrenos públicos?

En 2002, Nora Clichevsky, arquitecta y especialista en mercados de suelo, advertía el potencial de los terrenos vacantes. Las razones, sostenía, eran varías. Por un lado, porque pueden cumplir una función clave en la planificación y la gestión urbana según el uso y el destino que se les asigne. Además, porque permiten redistribuir recursos a favor de determinados sectores sociales, por ejemplo, construyendo vivienda para sectores vulnerables que no acceden al mercado de vivienda privado. Una tercera opción es que el Estado aproveche esas tierras para intervenir directamente en el mercado inmobiliario de la ciudad, enviando señales de precios y tipologías que orienten el desarrollo privado. 

Por último, la autora mencionaba que, en algunos casos y en combinación con todas las opciones anteriores, los inmuebles públicos pueden ser una importante fuente de ingresos fiscales, pero que la clave es discutir el destino posterior de esos fondos.

Una cuenta rápida arroja que solamente en los terrenos vendidos durante los últimos dos años y pico se podrían haber construido unos 6.000 departamentos de 50 metros cuadrados cada uno, una oportunidad insoslayable de intervenir en el mercado locativo y ofrecer alquileres por debajo del precio de mercado.

En un esquema de colaboración con desarrolladores pequeños y medianos, se le podrían ceder unidades al sector privado para costear la intervención o generar un esquema de subsidios cruzados. Otra alternativa, muy explorada en otros países, es ceder el uso de la tierra a cooperativas y asociaciones sin fines de lucro que generen una oferta de vivienda más asequible.  

Por fuera del ámbito de la vivienda, los terrenos públicos pueden servir para combatir los múltiples déficits que tiene la Ciudad. Nuevos corredores verdes, polideportivos, escuelas, mercados, centros culturales, entre otros equipamientos urbanos. Es lo que suele hacerse en la gran mayoría de las capitales del mundo, que en ningún caso venden masivamente un activo estratégico como son sus inmuebles públicos. Imaginar otros destinos para estas tierras equivaldría nada más y nada menos a volver a tomar el control sobre la planificación de la ciudad.

Es magíster en Sociología Económica por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y becario del CONICET. Fue consultor del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Escribe sobre temas urbanos. Vivienda, transporte, infraestructura y espacio público son los ejes principales de su trabajo. Estudió Sociología en la UBA y cursó maestrías en Sociología Económica (UNSAM) y en Ciudades (The New School, Nueva York). Bostero de Román, en sus ratos libres juega a la pelota con amigos. Siempre tiene ganas de hacer un asado.