Baja de la natalidad: no es el aborto, es la “infertilidad estructural”

Tener –o no– hijos es una decisión personal, pero las condiciones para que la reproducción de la vida sea posible nunca fueron exclusivamente privadas. Criar siempre necesitó de una trama: familias ampliadas, redes comunitarias, vecinas, escuelas, centros de salud, jardines, licencias, ingresos, vivienda y políticas públicas que repartan el costo y el tiempo de cuidar. Parte de esos soportes se debilitó, se volvió insuficiente o directamente desapareció, mientras muchas de esas responsabilidades regresaron puertas adentro de los hogares.

La antropóloga Paula Shabel habla de una “reprivatización” de la infancia, en la que el retroceso de las garantías estatales devuelve a las familias buena parte de la responsabilidad económica y cotidiana por los cuidados. Criar exige ingresos, tiempo y energía que se resuelven principalmente puertas adentro y siguen recayendo de manera desigual sobre las mujeres. La caída de la natalidad abre entonces otra pregunta: cuánto de lo necesario para sostener la vida sigue siendo una responsabilidad colectiva y cuánto quedó librado a cada hogar.

Esa distancia entre el deseo y las condiciones para concretarlo es uno de los hallazgos centrales de la primera Encuesta de Intenciones Reproductivas realizada en Argentina por UNFPA y Voices!. El estudio encontró que más de la mitad de las personas de entre 18 y 45 años todavía no alcanzó la cantidad de hijos que desea o hubiera deseado tener. La caída de los nacimientos no puede explicarse, entonces, como el resultado de una generación que simplemente dejó de querer formar familias. En muchos casos, el deseo existe, pero choca con condiciones económicas, laborales, habitacionales y de cuidado que vuelven difícil llevarlo adelante.

En Catamarca, esa conversación ya llegó a la agenda pública. La provincia proyecta una reducción sostenida de los nacimientos durante las próximas dos décadas y creó una comisión específica para estudiar el cambio demográfico. Antes de preguntarse cómo aumentar una tasa, sin embargo, hay otra pregunta posible: qué necesitan quienes desean maternar, qué garantías tienen quienes no quieren hacerlo y cómo deben prepararse las instituciones para una sociedad donde nacen menos personas y, a la vez, se vive durante más años.

La parte de la caída que cuenta otra historia

En el norte argentino, una parte de la reducción de los nacimientos es una buena noticia: se debe al descenso muy marcado de los embarazos durante la adolescencia. Entre 2017 y 2022, la tasa de fecundidad de adolescentes de 13 a 17 años cayó un 68 por ciento en Jujuy, un 64 por ciento en Santiago del Estero, un 63 por ciento en Tucumán, un 60 por ciento en Catamarca y un 57 por ciento en Salta. En Santiago del Estero, por ejemplo, pasó de 16,1 nacimientos cada mil adolescentes a 5,8 en apenas cinco años; en Catamarca, de 11,6 a 4,6.

Durante años, las provincias del NOA y del NEA estuvieron entre los territorios con mayores índices de embarazo adolescente del país y fueron, por esa razón, parte central del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, ENIA. La política funcionó entre 2017 y 2023 en 36 departamentos de doce provincias y articuló salud, educación y protección social, con asesorías, Educación Sexual Integral y acceso a métodos anticonceptivos, incluidos los de larga duración. Una evaluación realizada por CEDES y UNFPA estimó que durante su implementación se evitaron cerca de 94 mil embarazos adolescentes no intencionales y que la tasa específica de fecundidad adolescente en los territorios alcanzados se redujo un 50 por ciento entre 2018 y 2023.

Cecilia Canevari, investigadora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ve allí una de las claves para leer lo que pasó en el norte. No alcanza, dice, con mirar cuántos  menos nacimientos hubo: también importa saber cuáles fueron los embarazos que dejaron de ocurrir y en qué condiciones.

“En la última década hubo un descenso abrupto y, en las provincias del norte del país, se vincula fuertemente con la baja de la maternidad adolescente y se asocia directamente con la implementación del Plan ENIA —explica—. Es prioritariamente sobre esta franja etaria donde se observa el descenso, lo cual es un éxito, porque la gran mayoría de los embarazos de niñas son producto de un abuso y en las adolescentes son no intencionales.”

Canevari advierte también sobre lo que sucede cuando se interrumpe una política que había logrado modificar esos indicadores. El esquema nacional del ENIA fue desmantelado al inicio del gobierno de Javier Milei y numerosos equipos capacitados dejaron de sostener el trabajo territorial: “A medida que el efecto anticonceptivo de los implantes (colocados antes del final del programa) se agota, las jóvenes enfrentan incertidumbres sobre sus posibles decisiones reproductivas”, anticipa. En paralelo, la distribución nacional de implantes a las provincias del ENIA cayó un 94,5 por ciento entre 2023 y 2024: pasó de 76.150 unidades a apenas 4.200. 

En una misma tasa de natalidad decreciente conviven maternidades deseadas que se postergan por razones económicas y embarazos no intencionales que podrían evitarse. Mirar sólo el promedio borra esa diferencia.

Catamarca: qué hacer con veinte años de anticipación

En Catamarca, la discusión ya salió del terreno de las estadísticas. El Gobierno creó este año la Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica, cuyo decreto de origen establece entre sus objetivos elaborar estrategias y políticas públicas destinadas a promover un incremento de la tasa de natalidad. Con el correr de los meses, sin embargo, la agenda de la Comisión se amplió hacia otros problemas: hábitat, trabajo, educación, salud, cuidados y envejecimiento.

Durante 2026 la Comisión armó siete subcomisiones, avanzó en una cooperación técnica con UNFPA y reunió a más de 70 representantes de áreas estatales, universidades y otros sectores. Hasta ahora, sin embargo, el trabajo sigue concentrado en el diagnóstico y la planificación: no se hizo público un informe final con recomendaciones, metas, presupuesto ni medidas concretas surgidas de ese proceso. 

Qué tendría que cambiar para que quienes desean maternar puedan hacerlo y qué políticas habrá que preparar para una sociedad que tendrá menos niñas y niños y más personas mayores.

Alejandra Rosarolli, psicóloga y acompañante de procesos en salud mental con más de diez años de experiencia en salud sexual y reproductiva en Catamarca, propone empezar por algo básico: escuchar qué hay detrás de las decisiones que ya están tomando las personas. “Las mujeres tomamos decisiones en función de criterios de realidad. No decidimos en el vacío. Decidimos en relación con las condiciones concretas en las que nuestras vidas están dadas y con las garantías —o la falta de ellas— que el Estado ofrece para poder llevar adelante determinados proyectos”, señala. 

En el sistema de salud, cuenta, aparecen una y otra vez la vivienda, el empleo, los ingresos, las redes familiares, los vínculos afectivos y las posibilidades reales de cuidado cuando una persona evalúa continuar o interrumpir una gestación. Por eso cuestiona que una transformación demográfica mundial y multicausal termine explicándose otra vez desde las decisiones reproductivas individuales. 

Para Rosarolli, el riesgo empieza cuando las necesidades poblacionales del Estado se colocan por encima de la autonomía de quienes gestan: “La maternidad no puede convertirse en una obligación social ni en una respuesta a las necesidades del Estado. Defender los derechos sexuales y reproductivos es, justamente, defender la libertad de cada mujer y de cada persona para construir su propio proyecto de vida”. 

Así como muchas mujeres no desean maternar, las investigaciones muestran que muchas personas quieren tener hijos y no encuentran condiciones para hacerlo. Una política pública podría preguntarse menos cuántos nacimientos necesita y qué falta para sostener una crianza. Rosarolli insiste en que acompañar la maternidad y garantizar el aborto no son políticas incompatibles.

“Si realmente queremos construir una política provincial de natalidad, las mujeres y las personas gestantes tienen que ser protagonistas de esa construcción. No pueden ser solamente destinatarias de políticas diseñadas desde afuera. Hay que preguntarles qué necesitan para poder maternar cuando desean hacerlo y qué obstáculos encuentran cuando no desean o no pueden hacerlo”, destaca. 

No como dos agendas enfrentadas, sino como parte de una misma pregunta sobre las condiciones para decidir con libertad.

La crisis también se mide en tiempo para cuidar

Canevari ubica esa falta de condiciones dentro de algo más amplio: la precarización de la vida. Trabajo inestable, endeudamiento, alquileres difíciles de sostener, alimentos cada vez más caros, aislamiento y redes comunitarias que se achican. Todo eso se cruza, además, con una distribución de los cuidados que sigue siendo profundamente desigual.

“Las protagonistas del sostenimiento de la vida son las mujeres. Durante la pandemia se hizo muy evidente el protagonismo del trabajo de cuidados para la reproducción de la vida”, señala. No se trata solo de dinero. Criar también requiere tiempo, disponibilidad emocional y otras personas con quienes repartir responsabilidades durante años. Cuando todo eso se concentra en una sola persona, la posibilidad de asumir una crianza puede volverse difícil de imaginar.

Entre los apoyos que siguen faltando Canevari menciona espacios de cuidado accesibles para bebés, licencias parentales más extensas, vivienda, salud y educación de calidad, además del cumplimiento efectivo de las responsabilidades parentales de los varones. Y vuelve sobre una idea que suele aparecer en los debates sobre natalidad: si las políticas públicas realmente pudieran determinar de manera tan directa las decisiones reproductivas, entonces habría que preguntar qué ofrece el Estado a quienes sí quieren tener hijos, sostiene la investigadora.

En ese punto aparece la idea de “infertilidad estructural”: no una imposibilidad biológica, sino condiciones sociales que se meten de lleno en una decisión reproductiva. Una oportunidad para cambiar los sistemas.

Pensar el futuro

La transición demográfica obliga a planificar, pero tiene una particularidad: buena parte de sus efectos pueden anticiparse. La reducción sostenida de los nacimientos se traducirá en cohortes más pequeñas en los distintos niveles educativos y el aumento de la esperanza de vida hará crecer, al mismo tiempo, la demanda de salud y cuidados para personas mayores.

Un estudio reciente de CEPAL sobre los efectos de la baja natalidad en los sistemas educativos de América Latina plantea que, en países con caídas profundas como Argentina, una menor matrícula puede liberar recursos para mejorar calidad, equidad e inclusión, siempre que no se convierta en una excusa para reducir la inversión. En provincias con fuertes desigualdades territoriales, eso podría traducirse en aulas menos numerosas, más recursos por estudiante, mayor acompañamiento de las trayectorias y mejores condiciones para sostener escuelas rurales y ampliar la educación inicial.

Con la salud ocurre algo parecido. Menos nacimientos convivirán con una población que vive más años y necesitará atención para enfermedades crónicas, rehabilitación, salud mental y cuidados de larga duración. No harán falta menos políticas públicas, sino otras capacidades y otra forma de organizar los recursos. Así lo resume así Canervari: “La supuesta alerta demográfica es una oportunidad”.

No porque una población más chica sea en sí misma una buena noticia, sino porque obliga a decidir con anticipación qué hacer con ese cambio. Sí habrá menos estudiantes, cómo se usan los recursos educativos. Si habrá más personas mayores, quién las va a cuidar y con qué infraestructura. Y si muchas personas quieren tener hijos pero no encuentran las condiciones para hacerlo, qué parte de esa dificultad puede dejar de resolverse puertas adentro.

Esta nota pertenece a Punto de Encuentro — un especial de Amnistía Internacional Argentina junto a CENITAL. Podés leer todos los artículos acá.